Los administradores de consorcios en la mira: hay tres denuncias por día

Encabezan el ranking de sancionados por Defensa al Consumidor de la Ciudad.

Que liquidan las expensas de forma sospechosa. Que no mantienen los espacios comunes. Que no muestran la documentación. En la Ciudad, hay más de tres denuncias por día contra administradores de consorcios. Y son los más sancionados por Defensa al Consumidor, con multas que totalizaron más de $ 4,8 millones entre enero y abril.

Así lo reveló la Dirección de Defensa al Consumidor, que depende de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno porteño, que en el primer cuatrimestre del año recibió 327 denuncias contra administradores. La mayoría de los casos no lograron resolverse en la audiencia de mediación y terminaron en el labrado de multas.

La infracción más frecuente es la falta de transparencia en la liquidación de expensas, con un 28,3% de las sanciones. En un 17,5% de los casos los administradores no se ocupaban de mantener las áreas comunes. Y un 15% de los vecinos se quejó de que no les permitían ver la documentación del consorcio. Otros motivos de reclamo son no ejecutar lo que decidió la asamblea de propietarios (13%), y pedir que se depositen los fondos en la cuenta del propio administrador en lugar de en la del consorcio (6%).

Las denuncias en Defensa al Consumidor contra empresas o comercios suelen resolverse en audiencia de conciliación en ocho de cada diez casos. En cambio, si los denunciados son administradores, así se zanjan apenas dos de cada diez conflictos. Es por eso que lideran el ranking de infracciones en esa área: 161 multas, equivalentes a $ 4.821.048 en total.

La actividad es regulada desde 2003 por la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios, que depende de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Ese registro fue pensado para asesorar a los vecinos consorcistas y recibir las denuncias por incumplimientos a la norma.

A Adrián Hilarza, de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), no lo sorprenden estas estadísticas oficiales. “Sé que hay administradores que no cumplen la ley: muchos se creen que son dueños y terminan siendo desprolijos en el manejo del dinero -acepta-. Pero la poca participación de los propietarios en las asambleas también lleva a que aumente el nivel de choque. Se quejan después de que las decisiones ya fueron tomadas”.

El legislador Sergio Abrevaya (GEN) es autor de la Ley 3.254, que modifica la Ley 941 y establece más controles a las administraciones por parte de los vecinos. Desde el año pasado el diputado se reúne con asociaciones de consorcistas para diseñar un proyecto de baja de expensas. “El 80% de los problemas de los que nos hablan tienen que ver con administradores”, cuenta. Y reclama más controles por parte del Gobierno porteño, porque “la gente que fue al Registro Público de Administradores dice que no encuentra soluciones”.

Una de las que recurrió al Gobierno porteño fue Elena P. (83), que no se llama así pero prefiere mantener su apellido en reserva. Vive en Palermo, en un departamento con cochera que quiso poner a nombre de sus hijas. Cuando fue a hacer el trámite, vio que la administración había dejado sin abonar las rentas de su garaje durante todo un año. Tras el reclamo, la administradora pagó las tasas que debía, pero luego las cobró en las expensas a todos los consorcistas. “Ya la denunciamos con abogado porque no liquida los gastos con el formato que exige el Gobierno de la Ciudad. En la audiencia de conciliación dijo que iba a cumplir, pero nunca lo hizo”, recuerda.

Mario C. (65) también prefiere mantener en reserva su identidad. Vive en Villa Urquiza, a pocas cuadras de la estación de subte Echeverría. Dice que el administrador cobra las expensas en su cuenta bancaria personal en lugar de en la que está a nombre del consorcio. Dice que maneja los fondos del edificio como si fuera su propio dinero. Y que las obras que inicia pocas veces son autorizadas por la asamblea. Lo denunció ante Defensa al Consumidor y logró que se le aplicaran multas por $ 45.000. “Me enteré de que es reincidente, por eso la sanción fue tan severa”, precisa.

Desde Atención Ciudadana explican que los consorcistas tienen herramientas a mano. Por ejemplo, pueden remover al administrador. El primer paso es llamar a asamblea y pedir que se incluya ese punto dentro del orden del día. Si no hay quórum, quienes estén presentes pueden igualmente votar la remoción pero, para que la decisión quede firme, deberán pasar 15 días desde la notificación. En ese período, los vecinos que no asistieron podrán pronunciarse a favor o en contra.

A su vez, si los propietarios detectan que las expensas se liquidaron de forma incorrecta, pueden intentar recuperar el dinero, pero para eso es necesario denunciar penalmente al administrador si este cometió un delito tipificado. También pueden pedir un embargo cautelar para que no se frustre el reclamo si el administrador decidiera declararse insolvente.

Para resolver problemas en las administraciones, Atención Ciudadana creó la herramienta Consorcio Participativo, cuyo proyecto fue enviado la semana pasada a la Legislatura. Se trata de una plataforma gratuita que les permitirá a los vecinos visualizar toda la información del edificio donde viven, votar online y acceder a un chat interno para hacer y valorar propuestas. Los administradores podrán usarla para liquidar expensas, pagar salarios del personal, emitir comunicados y llevar un sistema de tickets para los reclamos que hagan los vecinos.

“Desde la Ciudad tenemos el objetivo de profesionalizar la actividad y generar herramientas de participación que aseguren la mayor transparencia posible”, explica Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Los administradores no ven con buenos ojos la iniciativa. “Ahora el Estado tendrá acceso a todos los intercambios entre consorcistas y administradores, y eso es información privada que luego puede ser comercializada”, advierte Hilarza.

Por otra parte, las administraciones están incluidas en el plan del Gobierno porteño para bajar las expensas. En marzo se derogó la disposición que las obligaba a llevar un libro de datos periódicos, lo cual demandaba $1.000 por año.

Según las agrupaciones de consorcistas, el 80% de las expensas son para pagar el sueldo del portero. Es por eso que, como parte de un plan del Gobierno porteño para reducirlas, se propone eliminar del Código de Edificación el requisito de construir vivienda para el encargado en los edificios de más de 15 unidades.

En marzo, los porteros cerraron una paritaria del 12% en dos tramos y una suma no remunerativa de $ 6.000 en tres cuotas. Para septiembre se prevé una revisión, en función de la inflación. En 2016 habían obtenido una suba de casi el 40%, y en 2017, del 21% con cláusula gatillo. Los consorcistas se quejan porque el Suterh, el gremio de los encargados, discute paritarias con los administradores, cuando los verdaderos empleadores son los vecinos.

Fuente clarin

Vivir sin gas: una pesadilla cotidiana que puede durar más de seis meses


14/05/2018. Sergio Abrevaya, CABA. Fuente La Nación
En cientos de hogares, el corte del servicio se prolonga porque los vecinos no pueden afrontar el costo de arreglar las instalaciones; ante los trastornos para bañarse y cocinar, hay quienes optan por mudarse

Alexis Panozzo descubrió que le habían cortado el gas del mismo modo en que lo descubre mucha gente, cuando quiso encender las hornallas y quedó en el intento. Desde entonces vive dentro de una pesadilla habitual para cientos de porteños: lleva más de cinco meses sin servicio y no sabe por cuánto más se extenderá la falta de suministro. «Mi encargado me dijo que esto iba para largo… Y tenía razón», se queja. Este vecino del barrio de Palermo debió comprar un horno eléctrico y una ducha eléctrica que calienta el agua en el momento, que es su gran temor cada vez que se baña: «Ahora tardo más tiempo en cocinar y menos en bañarme», dice con una risa de resignación.

No hay cifras que especifiquen cuántos hogares no tienen hoy gas en Buenos Aires y en los 11 municipios bonaerenses abastecidos por Metrogas. Voceros de la empresa señalaron que solamente el 0,02% de sus 2,5 millones de clientes resulta afectado: es decir, 500 hogares. Pero la estadística es de 2016 y no la actualizan porque, argumentaron, no poseen «la tecnología para hacerlo».

«Metrogas vino porque un vecino los llamó después de sentir olor a gas. La empresa descubrió la pérdida y nos cortaron el servicio», cuenta Panozzo, de 30 años. Efectivamente, las denuncias anónimas suelen desencadenar los cortes. El encargado del edificio de 16 departamentos donde vive el joven fue el único testigo de la presencia de los inspectores de Metrogas. Fue una visita breve: cortaron y se fueron, sin más. «Tenemos la facultad de suspender la distribución sin previo aviso porque responde a un criterio de seguridad», explicaron desde la distribuidora a LA NACION.

Metrogas deja a los clientes una serie de pasos por seguir para recomponer el suministro. No son pedidos caprichosos, sino que son demandas avaladas por la regulación vigente. Los requerimientos son diversos: puede ser colocar una ventilación para que rote el aire en la cocina, cambiar caños viejos, o medir la distancia entre la llave de gas y las hornallas. «El hogar tiene que ser 100% seguro», defendió la compañía.

«Lo que hace Metrogas es abusivo. Cada vez que aprueba nuevas medidas sobre la instalación pretende que la ciudad se adecue e invade la competencia del gobierno porteño. Deberían hacer saber a todos los propietarios cuáles son las nuevas normas de seguridad de instalación y, más allá de la existencia o no de fuga, que estos puedan decidir. Es como impedir que un vehículo circule porque no tiene airbag», consideró Sergio Abrevaya, diputado porteño por GEN, quien presentó un proyecto de ley que busca quitarle competencias a la distribuidora. Por el momento, está en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.

Un edificio sin gas provoca una suerte de laberinto en el que los vecinos quedan atrapados. Las reformas edilicias suelen ser costosas. Para cubrir los gastos, los consorcios cobran expensas extraordinarias. Entre los residentes no acuerdan rápido al momento de elegir al gasista: piden presupuestos, analizan y solo después contratan al matriculado.

La demora puede empezar en el palier. Eso ocurrió en el PH situado en Floresta donde vive Virginia Vera Alonso, de 50 años. Como hubo una pérdida en el caño que conectaba a todos los departamentos, la compañía cortó el suministro. Cada una de las 30 viviendas debía desembolsar $8000 para afrontar la obra. Algunos no alcanzaban a juntar la plata, otros peleaban por los presupuestos presentados por los gasistas: «Y así estamos, sin gas hace seis meses. Al final compramos una garrafa», se lamenta.

La solución más fácil

Para los propietarios más pudientes o para los inquilinos, la salida más fácil es la mudanza. Vera Alonso está pensando en vender su casa. En el edificio de Alexis Panozzo cuatro departamentos -el 25% del total- quedaron deshabitados tras el corte del gas. Él también se va a ir en febrero, una vez que culmine su contrato.

María José Del Bó, de 34 años, eligió el mismo camino. Alquilaba un dos ambientes en Montserrat al que debió transformar en un hogar electrointensivo para combatir el corte. Durante un año, invirtió en aparatos para enchufar a 220 voltios: compró un horno eléctrico, un termotanque pequeño, una pava eléctrica. El propietario no le reconoció los gastos. Es habitual: en algunas ocasiones, los dueños no devuelven el dinero invertido en artefactos vitales para paliar la falta de gas o directamente no se hacen cargo de la situación. María José se hartó de pelear con el propietario, como también se hartó del frío del invierno porque no le quisieron comprar una estufa eléctrica. Ahora vive en Congreso. «Desde entonces, mi vida mejoró un ciento por ciento. Mudarme me cambió todo», dice.

Metrogas pone el foco de la demora en los gasistas matriculados: «Se atrasan en entregar los pedidos de inspección. Una vez que lo hacen, nosotros tenemos hasta 10 días hábiles para hacer los chequeos correspondientes y, si todo está en condiciones, reponer el servicio. Ese periodo está regulado», argumentaron voceros de la distribuidora.

En el intervalo la empresa se corre del escenario y los gasistas toman el control. Son los responsables de trabajar los arreglos y de contactar a la compañía para que hagan los controles. Desde la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos (CAIF), que entre otros nuclea a los gasistas matriculados, denunciaron que «muchas veces los usuarios contratan a gasistas no matriculados cuyos arreglos están en contravención con la reglamentación vigente, lo que provoca serias irregularidades. En otras oportunidades, el consorcio demora en tomar la decisión final de a quién encomendarle el trabajo». Agregaron, por otro lado, que «el interés de los gasistas reside en que el trabajo se complete, y eso únicamente ocurre cuando Metrogas repone el servicio».

Termovalorizar basura no reciclable contamina menos que enterrarla


08/05/2018. Por Sergio Abrevaya, diputado GEN CABA.

Mauricio Macri asumió la Ciudad y le quitó apoyo a la separación en origen, con lo que empujó el negocio de la basura otra vez. Así, se continuó enterrando todo lo posible, relegando el remanente de reciclado a un precario acuerdo con cooperativas.

En 2012, el entonces gobernador Daniel Scioli dijo «basta», y exigió que ya no se enterraran en el Conurbano las seis mil toneladas diarias provenientes de la Ciudad, ante el hartazgo de las poblaciones cercanas a los basurales. Acordaron entonces la reducción de entierro y la ley de basura cero asomó. Se reimpulsó la separación con mejoras, pero no la infraestructura ni centros verdes suficientes a las cooperativas.

En 2014, el Consejo Económico y Social de CABA abordó el tema como una política pública. Es un órgano constitucional compuesto por 26 organizaciones, gremiales, empresariales, académicas, profesionales y credos, y por unanimidad recomendó sobre residuos: «La disposición final de los desechos húmedos podrá hacerse mediante tratamiento térmico, valorización energética de residuos (Waste to Energy)». Me tocó ser entonces su presidente y, convencido ayer (y hoy), sostengo lo que le recomendamos hace 4 años al Estado porteño.

Mientras la discusión continúa, seguimos enterrando la basura en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que asumir como aún inalcanzable el reciclado del cien por ciento. Pero también que las metas de reciclado no se cumplieron y generaron un «mientras tanto» que sigue sufriendo el Conurbano con el entierro diario. Ese «mientras tanto» lleva ya 10 años y, si no fuera por el debate actual, seguiría otros tantos, con más o menos reciclado.

No es progresista enterrar, ni en basurales ni en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), porque surgen enfermedades de todo tipo y contaminación de napas. Nada es más contaminante que enterrar. Por eso la ley de basura cero permitía la «combustión» una vez cumplido el 75% de reciclado previo. Los vecinos de la Ciudad enterramos nuestra basura en tierra bonaerense desde la dictadura militar. Basura que no se ve, contaminación que no se siente. Hay formas de solucionarlo.

El continente europeo es el que más atención le prestó al medio ambiente, con estándares muy exigentes. Subsidiaron las plantas de termovalorización energética y así resolvieron el problema del basural hipercontaminante. Sus informes técnicos dicen que estas plantas contaminan muchísimo menos que un basural y de manera mucho más controlada. Allá no hubo «mientras tanto», porque a medida que mejoraban los porcentajes de basura reciclada construyeron 600 plantas para termovalorizar y hoy trabajan para reconvertir la industria en productos 100% reciclables. París tiene la suya en la ribera del Sena, que además calienta los edificios públicos. Lo mismo ocurre en Berlín, Madrid y Londres. En nuestra ribera portuaria del Río de la Plata tenemos dos plantas termoeléctricas que generan electricidad quemando gas, gasoil y fuel oil.

Ahora modificamos en la ley el límite del 75%, inalcanzable incluyendo los estándares europeos (expresamente la directiva 2010/75/UE de control medio ambiental y 2008/98CE de eficiencia energética), y la nueva exigencia frente a la termovalorización «previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados, principalmente cartón, papel y polietileno».

El cambio es una herramienta y una posibilidad. Si se invierte en reciclar como en termovalorizar lo no reciclable y se dejan de lado los negocios que suelen acompañar la basura, estaremos en el camino de las grandes capitales del mundo. Nosotros vamos a controlar al gobierno para que las cosas se hagan bien. Hay que invertir en opciones limpias además de la planta, así como en la concientización social en la separación en origen. Qué hacer con la basura debe ser un problema de todos los vecinos de la Ciudad y debemos resolverlo entre todos.

Fuente infobae

Ley de convivencia en Vía Pública

Diputado Sergio Abrevaya (GEN) C.A.B.A.

Las conductas, por repetidas, tienden a transformarse en hábitos. Y que duda cabe que los piquetes lo son: en las últimas dos semanas, dos importantes protestas inhabilitaron parte de la circulación en Capital. Una de ellas, doce días atrás, impidió la circulación del Metrobus en pleno horario pico de ingreso a la Ciudad; la 9 de Julio quedó interrumpida de lado a lado. Y las calles fueron un pandemonio. Este miércoles, diferentes organizaciones sociales, cortaron 30 esquinas. Según un informe privado, los piquetes se dispararon en marzo y aumentaron un 40% en el país, en relación a febrero.

Estas protestas volvieron a poner en foco el grave problema que arrastra la Ciudad desde, al menos, 2001. Aquel año las calles y las avenidas se transformaron en el lugar en donde visibilizar el enorme conflicto social y económico que se venía gestando y que explotó en diciembre. Aunque la gente salió a la calle en todo el país, Buenos Aires fue el epicentro de las protestas. Aquellos sucesos y la represión policial dejaron un saldo de 38 muertos. ¿La sombra de «diciembre de 2001» se ciñe aún sobre la 9 de Julio? ¿Por qué no fue posible recuperar la civilidad y normalizar el derecho de protestar y el de circular?

Horacio Rodríguez Larreta: «Hay que modificar la legislación penal para poder detener a los violentos en las protestas»

Como se dijo, marzo fue un mes conflictivo en las calles. Hubo 517 piquetes en todo el país, 101 en la Ciudad y 122 en Provincia de Buenos Aires. En enero hubo 347: 64 en Ciudad y 71 en Provincia. Y en febrero fueron 369: 61 y 80, respectivamente. A nivel nacional, en los tres meses, fueron un total de 1.233. Según las estadísticas de la consultora Diagnóstico Político, se trata de «uno de los inicios de año más conflictivos desde 2009». Trabajadores estatales y organizaciones sociales fueron los principales protagonistas de estos cortes.

La conflictividad sigue en la calle, latente. Y no es que no haya habido ensayos y anuncios sobre métodos para contener los piquetes. El último fue el mentado «protocolo antipiquetes» que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en febrero de 2016. Envalentonado por el triunfo de diciembre en las elecciones, el PRO intentó dar cumplimiento a una de las demandas de los vecinos, ordenar las protestas para circular con previsibilidad. El protocolo debía ser puesto en marcha por todas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y porteñas. Básicamente, los efectivos debían intervenir en caso de que los manifestantes utilizaran palos, tuvieran las caras cubiertas o manipularan bombas molotov; y también cuando no permitieran la libre circulación.

Pablo Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y lleva años estudiando el fenómeno de las protestas. Sentencia: «En nuestro país no hay legislación relacionada con protocolos, no poseen una categoría jurídica y no tienen alcance legal para ser aplicados. Por otra parte, el Código Penal no permite que accionen las fuerzas de seguridad sin amparo judicial. A todo esto se suma que en las últimas marchas estuvieron interviniendo fuerzas de seguridad sin identificar, vestidos de civil, y el protocolo no menciona nada al respecto, de la misma manera que no dice si pueden usar armas de fuego o no. En concreto, todo es irregular, por eso, no es aplicable». Por otro lado, recordó que las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional se manifestaron críticas del protocolo.

Frente a esta situación el diputado Sergio Abrevaya (GEN) ingresó en la Legislatura un proyecto con el que busca incluir la «obstrucción de la vía pública» como un delito contravencional. Las sanciones prevén entre 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre $200 y $1.000.

«El protocolo es un conjunto de medidas internas de la Policía, como un organigrama. Lo que nosotros proponemos es una ley y una prohibición concreta: uno o dos carriles libres en calles y avenidas donde haya transporte público. Y el texto combina derechos: libertad de manifestar sin interrupción del tránsito. Creemos que, con una ley en la mano, para la Policía va a ser mas sencillo controlar un piquete», explicó. Según su visión, son tantos los cortes que pierden efecto porque «al gobierno deja de interesarle. En tanto muchos vecinos no entienden por qué es la protesta y finalmente la situación les genera un enorme rechazo». En ese sentido, Abrevaya valora que, por ejemplo, la organización Barrios de Pie, en las últimas protestas, haya dejado carriles liberados: «Si el piquete no te complica la vida, es más fácil tener empatía».

Durante años, el argumento del Gobierno local fue no disponer de policía propia para actuar en estos casos. Pero esa fuerza funciona desde enero de 2017. Habrá quien recuerde que, poco antes, el presidente Mauricio Macri le pidió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, frenar los piquetes.

Como había informado Clarín, hubo cruces dentro del macrismo por este tema: para funcionarios de Nación, el control depende de la Ciudad mientras que, según sus colegas porteños, el conjunto de reglas propuesta es inaplicable y los reclamos se dirigen, básicamente, hacia Nación.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad dijeron a Clarín off the record que trabajan “fuertísimo” en conjunto, que “hay menos cortes totales y que “se llegó a un acuerdo para que no se corte el Metrobus”.

Los agentes de policía porteños ya están. Queda por ver qué sucederá cuando, además, el Ejecutivo cuente con una ley.

Fuente: Clarin

El conflicto por las expensas llegó a la Justicia


Sergio Abrevaya, CABA 13/04/2018.
Los propietarios piden discutir el sueldo de los porteros, dicen que los dejan afuera del debate, del que participan los administradores y el gremio. Quieren que se revea el acuerdo que es hizo para este año y que fijó un 12% de aumento.

El conflicto por las expensas llegó a la Justicia. Las asociaciones de consorcistas, que representan a los propietarios, interpusieron tres amparos en los últimos días. Lo hicieron en los fueros Civil, Laboral y Contencioso Administrativo y Tributario federal. Los tres amparos se enfilan detrás de una demanda: que los consorcistas formen parte de la discusión del salario de los encargados.

El 75% de las viviendas de la Ciudad son departamentos. En los últimos años, las expensas se convirtieron en un fuerte gasto para las familias que viven en edificios. Al punto que muchas llegan a endeudarse. Algunos de los factores que más influyeron en la suba de estos montos mensuales fueron la inflación, los aumentos de tarifas y el sueldo de los encargados. Sobre este último punto, los consorcistas dicen no tener voz.

La paritaria es una negociación salarial constituida por representantes de patrones y obreros en número igual y con los mismos derechos. Así lo dice el diccionario. Pero, en el caso de las paritarias de los encargados, la definición se vuelve difusa. Su discusión salarial es controvertida, no sólo por el impacto económico que tiene, sino también porque la representación es desigual.

La negociación que alcanza a las diferentes categorías de encargados y empleados de edificios es llevada adelante, por un lado, por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales (FATERyH), que dirige Víctor Santa María, presidente del PJ porteño. Por el otro lado están la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHAI), la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH).

Este año, por primera vez participó la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH). La decisión de sumar a ese actor fue tomada desde el Ministerio de Trabajo y se leyó como una acción para bajar el peso de Santamaría, a quienes muchos señalaban por “haberse armado una paritaria a su medida”. El problema era que no había ninguna entidad que representara a los propietarios, reales empleadores de los encargados.

“Para las asociaciones de consorcistas esa incorporación no es genuina y no alcanza. La balanza sigue desequilibrada. Y esa diferencia perjudica a los propietarios”, dice el legislador porteño Sergio Abrevaya, que en este caso actúa como abogado de las asociaciones de consorcistas que presentaron los amparos.

De los actores participantes, la CAPHAI es el más antiguo y el único que, a veces, se opone al gremio. Las otras dos organizaciones, UADI y AIERH, surgieron hacia fines de los 80. Según confirmaron fuentes del sector, en cada paritaria la situación se repite: las dos entidades más jóvenes siguen el pedido del sindicato, con lo cual las votaciones salen, como mínimo, de 2 a 1. Y la suma de APH, reclaman, no altera de manera concreta los números. Los consorcistas demandan acciones más profundas: corregir y cambiar la composición de la mesa paritaria y garantizar la legalidad de las representaciones.

“El Ministerio de Trabajo debe incorporar a la patronal, o sea los consorcistas. El fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal debe ordenar al Ejecutivo a convocarlos. Y por último se recurre al fuero Civil para que a los administradores les retiren la representación que se arrogan. La representatividad del sector empleador es de los consorcistas”, agrega Abrevaya.

A fines de marzo, los encargados de edificios cerraron una paritaria de 12% en dos tramos. La primera cuota, del 8%, se cobró este mes y la siguiente, del 4%, en septiembre. Para entonces se prevé una revisión en caso de que la inflación a esa fecha supere el acuerdo. Con los amparos, las asociaciones de consorcistas piden que se revea esa paritaria.

A fines de marzo, los encargados de edificios cerraron una paritaria de 12% en dos tramos. La primera cuota, del 8%, se cobró este mes y la siguiente, del 4%, en septiembre. Para entonces se prevé una revisión en caso de que la inflación a esa fecha supere el acuerdo. Con los amparos, las asociaciones de consorcistas piden que se revea esa paritaria.
Fuente Clarin

Grúas y parquímetros en toda la ciudad, ¡no es justo!


Por Sergio Abrevaya. Diputado CABA.

Cuando a fines de diciembre de 2016 la Legislatura de la Ciudad votó los pliegos de licitación para parquímetro y acarreo para afectar una zona mucho más amplia de la que abarca en la actualidad –pasar del macro y microcentro a calles de 13 de las 15 comunas- nos manifestamos en contra por diferentes razones.

Lejos de resolver el problema de tránsito y de falta de estacionamiento lo van a dificultar. ¿Por qué cobrarle a quienes estacionan en calles sin tránsito complicado? Aquellos que van a trabajar a la casa de alguien, quienes van a visitar a un familiar, o poseen un auto familiar y otro para trabajar, no van a poder estacionar sin pagar, aunque sea en barrios tranquilos. Queda claro que es meramente recaudatorio, que no mejorará el tránsito ni el estacionamiento, pero complicará la vida en los barrios.

La Ciudad debería cobrar parquímetro por su cuenta en las centralidades barriales que requieren movilidad del auto que estaciona para que otro pueda hacerlo. Para los mal estacionados, si obstaculizan el tránsito o accesos, grúas propias o contratar independientes diversos haciendo cumplir la norma especialmente en los lugares de tránsito mas denso, donde el mal estacionamiento obstruye.

La experiencia nos lleva a las dos empresas de acarreo, DakotaSTO y BRDSEC, que durante 25 años estafaron a la Ciudad e hicieron todo tipo de trampas comprobadas para recaudar lo más posible y pagar a la CABA un canon irrisorio. Este sistema es sólo un negocio que no tiende a mejorar el estacionamiento sino que otorga a las empresas, cuyos contratos vencieron en 2001, una inmensa venia recaudatoria.

Faltan lugares de estacionamiento en los barrios y el ejecutivo es el que no ha cumplido. Hemos intentado paliar esta situación con la vigencia de la ley de estacionamiento a la izquierda y las dos leyes vigentes -de mi autoría- de estacionamiento subterráneo vecinal y estacionamiento subterráneo disuasorio, que preveían 40 playas bajo el pavimento y que todavía no han sido ejecutadas. Mientras tanto, se le regala a las empresas de grúas y parquímetros la posibilidad de llenarse de dinero a costas del ciudadano común, que carece de la posibilidad de estacionar.

Resta preguntarnos, ¿por qué el GCBA sigue aceptando los $55.000 en concepto de canon que pagan STO y SEC, insignificante suma en contraste a los millones que recaudan? O ¿cuál es la razón que hace que permitan que su situación siga siendo irregular luego de años de contrato vencido? Mientras tanto, el ABL, el transporte y las tarifas subieron, y vivir en la CABA es cada día más caro. ¿Hasta cuándo?

Fuente infonews

Abrevaya contra la adecuación tarifaria de agua para que las expensas bajen


Decenas de vecinos concurrieron a la nueva reunión de consorcistas organizada en Villa Urquiza en el marco del proyecto presentado por el diputado por CABA Sergio Abrevaya para bajar las expensas. «La gente reclama por las malas administraciones y mal funcionamiento del Registro Público del GCBA porque no controlan», manifestó el diputado y agregó: «Bajan los costos que ellos mismos inventaron pero no controlan los edificios».

Además de explicar en qué consiste el proyecto e interactuar con los copropietarios en respuesta a sus consultas, el funcionario junto a las asociaciones de consorcistas que lo acompañan, comunicó a los vecinos que mañana se presentará en la audiencia pública por adecuación tarifaria de agua, ya que la suba de tarifas tiene injerencia directa con la suba de expensas.

El diputado expresó: «En la audiencia por tarifas de agua solicitaré la colocación de medidores a cada unidad funcional en los edificios para que el copropietario pague de acuerdo a su consumo (no como sucede en la actualidad, que cada consorcista abona en relación a los m2 que ocupa su vivienda), tarifas especiales para consorcios en lugares comunes y quita del I.V.A. de las facturas, por ser AySA una empresa del Estado».

Por otro lado, indicó que otro tema que están abordando incluye a las paritarias: «Nos encontramos a días de presentar un amparo ante el Ministerio de Trabajo para que las asociaciones de consorcistas participen de las paritarias con el SUTERH. El gobierno escuchó sólo una parte del reclamo que le hicimos, vamos por todas las aristas que nos permitan que el valor de las expensas baje de verdad».

Desde principios de 2017, Abrevaya recorre los barrios y realiza reuniones con los vecinos copropietarios, «quienes nos manifiestan los principales problemas que enfrentan», con el fin de que las expensas sean accesibles.

Sergio Abrevaya en la Audiencia Pública por Tarifas de GAS


Sergio Abrevaya, Diputado por CABA y presidente del GEN CABA, se presentó como orador en la Audiencia Pública por aumento de tarifas de gas natural.

Durante su exposición, Abrevaya hizo hincapié en la necesidad de no tomar los aumentos en forma individual sino abordarlos a través de una revisión integral de tarifas, para evaluar cómo influyen al bolsillo del ciudadano en su conjunto y no en forma parcial. “El aumento durante estos dos años alcanza el 1000% promedio”, indicó el diputado y agregó: “No es una adecuación de la tarifa, la rechazamos”.

Más tarde, el diputado por CABA solicitó –una vez más- tarifas diferenciadas para consorcios, en especial para aquellos que tienen servicios centrales. Éstos están incluidos en la categoría más alta de tarifas, como si fueran industrias cuando en realidad “son multiviviendas habitadas por jubilados o trabajadores”, resaltó.

Por último, Abrevaya reiteró el pedido realizado oportunamente acerca del quite impuesto del IVA de los servicios, por ser regresivo, y manifestó: “El gobierno pudo quitar impuestos a transacciones bancarias y a comercializadoras de cereales, pero no lo hizo con este proceso distorsivo permanente. El Estado no está cumpliendo su rol”.

Abrevaya pidió tarifas preferenciales para consorcios en la Audiencia Pública por Tarifas de Luz


C.A.B.A.
«Los consorcios no son fábricas, no pueden pagar la tarifa de un gran consumidor, son multiviviendas», expresó el legislador electo por CABA, Sergio Abrevaya, quien se presentó como orador en la Audiencia Pública por Tarifas de Electricidad ante el inminente incremento de este servicio.

“En estas audiencias siempre manifestamos que las tarifas deben ser consideradas en su conjunto, por el impacto que tienen en el salario. En el caso de los consorcios, debemos hablar de las tres, gas, luz y agua, porque ésta también está avanzando sobre el prorrateo dentro de las expensas”, sostuvo Abrevaya, quien además indicó: “Solicitamos la creación de una tarifa social para los consorcistas que puedan acceder a ella, pero no pueden pedirla porque el consorcio no está considerado como una multivivienda.”

El referente del GEN recordó: «Hoy existen edificios que son exclusivamente eléctricos, no consumen gas pero pagan altísimas tarifas de luz, esto debería analizarse y entenderse normativamente, dos de los tres millones de ciudadanos de CABA viven en consorcios.»

Para finalizar, el Legislador electo explicó: «Estamos en un marco económico complicado en relación a la inflación, el gobierno se dio cuenta de esto y ha tomado medidas inconvenientes desde el Banco Central, una vieja receta monetarista para frenarla, pero mientras tanto incrementa las tarifas”, y agregó: “Me parece un sinsentido, el gobierno debería centrarse en un análisis de desarrollo de la Argentina y desde allí pensar las medidas a tomar para ir en ese rumbo».

Margarita Stolbizer junto a Tomboloni y Abrevaya en «LA LUPA» 27 09 2017


Margarita Stolbizer, Sergio Abrevaya y Matias Tomboloni – Candidatos de1País.

Sobre la entrevista de Cristina Kirchner

Margarita Stolbizer: ‘Hay tanta hipocresía, ni un poco de autocrítica’. ‘Estoy convencida de que ella es la responsable de los délitos que yo denuncié’.

Matías Tombolini: ‘Si tenía origen de dinero que no quería explicar tiene que pagar multa. El último blanqueo de Cristina Kirchner duró 27 meses’. ‘El resultado fue muy magro’.

MS: ‘Quiero hacer una aclaración respecto al lavado de dinero. Es un delito que siempre necesita de uno precedente que genera plata sucia. Ella constituyó una asociación ilícita que se enriquecía con la plata del estado’.

Paulino Rodrigues: ‘Con Lázaro Báez y Cristobal López’.

MS: ‘Primero estuvieron las irregularidades de la adjudicación de obras públicas’.

Sobre Julio De Vido.

MS: ‘Es factible que vaya preso con la cantidad de causas’. ‘Hoy fue a juicio oral por la lucha que dieron los familiares de Causa Once’. ‘En algún punto hay que reformar la justicia’. ‘Es el sector que genera mayor desconfianza social’. ‘En algún punto hay que discutir eso, dejemos de hablar de la campaña y discutamos Argentina’. ‘Es necesario un mecanismo de control ciudadano sobre los jueces’. ‘Hay que reformar el Consejo de la Magistratura’. ‘Es increíble la burocracia’. ‘La justicia tiene varios problemas, la lentitud, no es justicia si llega tarde, la falta de resultados y la baja credibilidad’. ‘Hay que reconstruir esos tres aspectos’.

Sobre la polarización en la Ciudad.

Sergio Abrevaya: ‘Es una ciudad cara, más cara que nunca’. ‘Cómo suben los precios inmobiliarios, las expensas porque los impuestos suben, hay que cobrar la registración de ascensores… hay que dejar de ver a Cristina Kirchner en la Ciudad y votar lo que soluciona. El gobierno hace obras que parecen lindas pero no resuelve esto, que la Ciudad está cara’. ‘La plata no alcanza, como dice Matías’.

Cancelare: ‘Cuando quisieron resolver como con la ley de inquilinos, inmobiliarios reaccionaro’.

SA: ‘El mercado inmobiliario ha estado a sus anchas y la ciudad fue regulada por el crecimiento de villas y el crecimiento especulativo, porque el Estado no intervino costruyendo’. ‘Hay que acceder al crédito… primero hay riesgo, la hipoteca es una doble garantía’. ‘Este es el problema de fondo, si no lo paga el inquilino lo paga el propietario, no desprecio la ley pero no alcanza, hay un problema de fondo’.

Sobre el supuesto ‘arranque’ de la economía.

MT: ‘Se le acabaron las malas noticias al gobierno en lo que queda del 2017, va a crecer dos puntos, comparado al año pasado que nos fuimos a la b’. ‘La expansión es parecida a la del 2015’. ‘Es cierto que la macro esta mas ordenada, pero a nivel nacional la discusión es que modelo de país queremos para los próximos 20 años’. ‘El parlamento va a discutir una reforma tributaria que transita de una generación a otra, no tenemos que permitir que la política se quede con la tuya, con el IVA, el impuesto al cheque. el impuesto a las ganancias, el presidente prometió que no iba a haber más y hoy la esta cobrando’. ‘Queremos soluciones para esas cosas. La reforma tiene que ser de cara a la gente’. ‘Discutir la competitividad de

Argentina es crucial, pero atentos que la economía de conocimiento

no es la misma en Estados Unidos que en Buenos Aires, donde hay en zona sur miles de pibes desnutridos’. ‘La reforma laboral se discute caracterizando la Argentina que queremos para adelante, como al reforma educativa. Nadie va a poner como problema la práctica laboral, el problema es si lo pensas como puente o como renta de empresas, y ahí hay que ver de que lado está cada uno. 1País está del lado del salario y el gobierno de la renta’.

Sobre el blanqueo laboral.

MT: ‘Es falta de calle. El blanqueo solo no se piensa’. ‘Hay que hacer una reforma integral ntes’. ‘El tipo que no blanquea al empleado, no quiere hacerlo solo por un impuesto. Te lo dice alguien que viene del sector privado’. ‘No sólo tiene que blanquear el ingreso, sino la salida’. ‘No es la idea de vamos con un blanqueo y ahora si todos juntos de la mano’.

Paulino Rodrigues: ‘falta un incentivo a los empresarios’.

MS: ‘El empresario pyme no quiere echar trabajadores, necesita dinero para máquinas y contratar doble turno’.

Sobre la reforma impositiva.

MS: ‘Es más importante que la laboral. Nuestro sistema es regresivo e injusto’. ‘Hay que eliminar el IVA de los alimentos de la canasta, para que les quede más plata al jubilado, al trabajador’. ‘Ese jubilado al que le quedó un peso, compra un juguete para el nieto. Pone en marcha la dinámica del consumo que arranca un país’. ‘Es inmoral que el estado se cuelgue de un trabajador, donde vienen los bancos extranjeros, hacen negocios con las lebac sin pagar impuestos’.

Sobre la economía.

MS: ‘El gobierno nos cuenta promediando situaciones. Se venden autos lujosos, pero cae el consumo de la leche. Eso muestra la brecha que se hace más grande’.

Sobre la deuda externa.

MT: ‘El año que viene pagaremos más cara la luz, el gas, el boleto de colecitivo. Habia que bajar subsidios, perfecto. Por primera vez en la década vamos a pagar más de intereses de deuda que de subsidios económicos’. ‘Se murió Maria Julia y nos trajo a la memoria la epoca de bonanza mientras se enfilaba a estrolarse contra lo que pasó en el 2001’. ‘El crecimiento de la deuda pública termina siempre de la misma forma si sigue con el modelo que crece con la deuda’. ‘Si en vez de gastar tanto en subsidios al transporte, no reemplazamos el subsidio al litro de gasoil y usamos biodiesel a precio de exportación’.

Sobre la ley penal empresarial.

MS: ‘Es una ley necesaria. Argentina es miembro de la Convención Antisoborno y sin embargo no cumplimos con ella’. ‘Es una ley necesaria’. ‘Cuando la ODE que nos esta reclamando esto, 30 de los países nos dan inversión directa’. ‘Tiene normas para que la plata no se fugue a paraísos fiscales, y argentina es el quinto país con más plata en paraísos’.

Sobre la ley de emergencia social.

SA: ‘Los índices son los de Tombolini’. ‘La ciudad tiene una grieta de pobreza con el sur’.

Sobre Sergio Massa.

MS: ‘Me siento muy cómoda. Representa un nuevo peronismo’. ‘Argentina necesita representación de los sectores progresistas’.