No se puede atender la pandemia con miedo, debe haber política

DECLARACIÓN DEL PARTIDO GEN
PANDEMIA Y ECONOMÍA

La pandemia del Covid 19 ha dejado al desnudo en Argentina, problemas preexistentes. Entre ellos, recesión, caída de la economía, endeudamiento, alta inflación, empobrecimiento de sectores medios y la debilidad de las instituciones. Todos esos conflictos se han agudizado en los 100 días que llevamos de aislamiento preventivo obligatorio y la parálisis de toda la actividad económica, comenzando a verse las consecuencias sociales que, ya se puede estimar, serán aún más brutales en los próximos tiempos.

En abril, la economía nacional se contrajo 26,4%, reflejando la peor caída de la historia económica del país. Si bien para muchas naciones la contracción ha sido la peor de su historia, la vuelta a la actividad económica viene siendo muy diferente. Al tiempo que el 40% de la economía local (AMBA) retorna a algo similar a la Fase 1, el resto de los países vuelve a retomar su actividad y el dato de abril se quedará atrás.

La construcción, los hoteles y los restaurantes lideran las caídas interanuales, pero también rubros como el agro o la salud, que sufrieron el impacto de la cuarentena en menor medida, terminaron con números negativos. Las fábricas, comercios y Pymes que cierran no tendrán revancha, al menos a corto plazo. Mientras que los trabajadores y trabajadoras monotributistas que viven de la diaria de su trabajo y esfuerzo personal sufren la angustia de la falta de respuestas: muchos no pudieron acceder a los préstamos a tasa 0 – y quienes lo hicieron tendrán que devolverlos cuando todavía estén sufriendo las consecuencias de estos tiempos.

Nos falta una respuesta de la política económica para dar soluciones a la falta de trabajo, de ingresos, de operaciones comerciales. La mayor preocupación surge sobre la falta de plan y la incapacidad de saber cuál será el horizonte de retorno a la actividad económica. El desempleo, que parte de 10,4% en el primer trimestre del año, podría duplicar esta cifra de continuar esta lógica y la pobreza podría alcanzar el 50%. Cada vez hay más trabas para garantizar el retorno del crédito internacional, ante la rigidez de los acreedores frente a un tema que debería haberse saldado hace mucho tiempo.

El gobierno ha desplegado una eficaz estrategia de miedo que contribuye a la paralización frente a la pandemia. Sin desconocer la importancia de las medidas sanitarias, hoy hace falta políticas. En un sentido institucional, para que el gobierno entienda que de estas situaciones se sale con diálogo entre todos los sectores políticos, sociales, económicos e intelectuales. Y con políticas públicas activas que preparen la salida y el retorno a la actividad productiva.

No vemos en funciones a un gabinete económico que transmita la tranquilidad de que están pensando en revertir los efectos de la crisis, acortando los tiempos y efectos. Ensayar modelos de asociación cooperativa, nuevas formas de la economía social, favorecer las redes y el acceso a la innovación y la tecnología. Todo eso requiere equipos y liderazgos. Solo eso nos hará salir del pavor frente al virus para que se pueda ver algo de luz al final de este túnel.

Margarita Stolbizer – Presidenta
Sergio Abrevaya – Secretario General


LA JUSTICIA ORDENA QUE LA LEGISLATURA TOME JURAMENTO A LA DIPUTADA MARIA LA ROSA DEL PARTIDO GEN

María La Rosa, diputada provincial del GEN, debió asumir a fines del año pasado por Ley de Paridad de Género. Ahora, la Justicia ordenó que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires le tome juramento.

En el año 2017 el Partido GEN conformó con el Frente Renovador, la alianza electoral 1PAIS. Como consecuencia del resultado, ingresaron a la Legislatura provincial por la 3ra.sección electoral Jorge D´Onofrio y Blanca Cantero, quedando como suplentes Nicolás Russo y María La Rosa. En diciembre pasado, la mencionada Cantero asumió el cargo de Intendenta del partido de Presidente Perón.

Aún antes de que se produjera la vacante, el Partido GEN reclamó la banca atendiendo a todos los antecedentes y la legislación que consagran que los reemplazos deben realizarse respetando el género por mismo género. En simultáneo también se inició una demanda judicial para obtener una declaración de certeza en tal sentido y que cumplidos los trámites procesales, fue recogido afirmativamente en la sentencia dictada por la Jueza en lo contencioso administrativo que resultaba competente.

Sin embargo, la Legislatura Provincial procedió a tomar juramento a Nicolás Russo, desoyendo el reclamo de María La Rosa y el Partido GEN. Y para hacer operativa aquella declaración de la justicia, en febrero se presentó nueva acción judicial para reclamar la nulidad y para que se disponga como medida cautelar, dejar sin efecto esa jura y se incorpore a María La Rosa como diputada provincial.

La nueva resolución acoge favorablemente ese pedido y ordena que la Cámara de Diputados suspenda los efectos de la incorporación de Russo y se proceda al ingreso de La Rosa, en reemplazo de Blanca Cantero y para desempeñar la actividad parlamentaria que en tal carácter le corresponde. Y establece de manera clara que: “…en el caso de reemplazo de candidatos y candidatas, el sistema de alternancia y secuencialidad deberá conjugarse teniendo en cuenta una efectiva participación igualitaria, tanto en la conformación de las listas como en la representación política”…

“La Legislatura debe acatar de inmediato la resolución judicial, a riesgo de que las leyes votadas por Russo puedan ser nulas, además de incurrir en el pago de astreintes por incumplir decisiones de la justicia. Es evidente la vocación hegemónica de quienes gobiernan y no aceptan las reglas de juego de la democracia, impidiendo el ingreso a la representación popular si no pertenece al partido oficialista. Se están vulnerando derechos civiles y políticos, de la persona y el partido excluídos, como de los bonaerenses que votaron una lista por todos sus integrantes y no solo por los de un sector”.

Adjunto gacetilla y respuesta de la Jueza María Ventura Martínez a la cautelar.

El Partido GEN reclama banca de la diputada provincial María Ángela La Rosa.

Respuesta a cautelar presentada por banca La Rosa

Cien días

Por Margarita Stolbizer (*) .

Cien días del aislamiento social preventivo y obligatorio. De saber que nos están cuidando y al mismo tiempo sentir que nuestras libertades están menguadas. De una fortaleza política inicial que decrece en la proporción en que sentimos una incertidumbre sin demasiadas respuestas. Argentina sigue sin poder construir visiones comunes en la diversidad y con un al menos mediano alcance.

La falta de convocatoria a un ámbito institucional y permanente como sería un Consejo Económico y social para acordar diagnóstico y acciones, sigue siendo un síntoma de nuestras precarias instituciones, lo que es malo en tiempos de bonanza y mucho peor cuando azotan las crisis.

Cien días del cierre de fábricas, comercios y servicios. Del parate para trabajadores y trabajadoras monotributistas que viven de la diaria de su trabajo y esfuerzo personal. De los que tienen que pagar salarios y facturas sin percibir ingresos. De la caída brutal de todos los indicadores económicos. Del teletrabajo, con sus más y con sus menos. De médicos, enfermeros y otros auxiliares del sistema de salud que arriesgan sus vidas en el día a día y casi no tienen reconocimientos reales más que los merecidos aplausos. De una deuda que no se termina de arreglar y un gabinete económico al que ni siquiera vemos ni escuchamos.

Cien días sin respuesta para quienes tomaron deudas en dólares, para quienes necesitan insumos esenciales para sus actividades productivas. Sin respuesta de los organismos de recaudación que no contemplan dificultades que permanecerán en el tiempo. Apenas propuestas de préstamos que ni siquiera llegan y que de todos modos tendrán que devolverse cuando todavía se estén sufriendo las consecuencias del parate.

De la falta de atención de otras enfermedades y las consultas a distancia. Del aprovechamiento de la situación para hacer compras y contrataciones «de emergencia» eludiendo procedimientos para decidir con amiguismo y sobreprecios. Del encarecimiento de precios en productos esenciales y la falta de controles.

Del cierre del Poder Judicial y las limitaciones de labor para los profesionales del derecho, con la negación del acceso a la justicia a millones de personas que esperan alguna resolución.

Más de tres meses de feria judicial, como si no se tratara de una actividad esencial. Como si no hubiera trabajadores esperando por una indemnización, cuestiones de familia o patrimoniales, o simplemente la demanda de un derecho por parte de quienes se han visto privados de su ejercicio.

No tiene razonabilidad la feria que suspende términos judiciales. Es razonable que sigan existiendo programas de entretenimientos en la televisión. Es realmente inconcebible que, protocolos mediante, no se puedan tomar audiencias y avanzar en los procesos judiciales.

Del aumento brutal de la violencia de género intradoméstica así como del castigo intrafamiliar de niñas y niños que perdieron el contacto salvador de la escuela para una maestra siempre alerta ante cualquier señal de lo que se vive dentro de muchos hogares.

El recrudecimiento del delito en sus formas más violentas, especialmente en un conurbano que se ha vuelto tierra de nadie y un estado ausente. Sí, ausente en momentos en que muchos se llenan la boca con la acción del estado que, en materia de seguridad, siempre va por detrás. No hay respuesta para las víctimas ni protección para las personas. Pero tenemos un ministro que juega a ser un nuevo Rambo frente a las cámaras de televisión y que se preocupa más por construir un proyecto personal que por exhibir un plan de acción frente al delito.

Cien días es mucho tiempo para que la mayoría de la dirigencia política nacional haya perdido la oportunidad para demostrar que estaban a la altura de las circunstancias, para hacer algún esfuerzo acorde a la situación que los demás vivimos y de todo lo que se nos pide.

Muchos legisladores y funcionarios provinciales han formalizado descuentos en sus haberes sin que hayamos visto nada, solo el rechazo, por parte de las máximas autoridades del gobierno y el Congreso de la nación. La contracara de estos y de los aumentos de salarios en el ámbito de la política es la falta de inclusión de los bomberos en la distribución de beneficios, o la escasez de lo que se ha otorgado a los que trabajan en el sistema sanitario. Poco, muy poco. El tiempo también deja la ejemplaridad en el olvido.

Para quienes hemos acumulado canas, años y experiencias, es una enorme proporción de la vida que nos queda. Para todos, son días, horas, minutos y segundos sin abrazos. O sea, significan mucho más de lo que el reloj nos marca. No solo podemos citar las referencias de lo que nos pasa y de lo que estamos privados en nuestro presente.

Tal vez lo que más preocupa es la salida, que no podemos prever cuándo ni cómo, pero que, sin duda, requiere una preparación seria para enfrentar las consecuencias de esta pandemia que, ya sabemos, serán brutales, letales e irreversibles para muchos.

La estrategia de atención sanitaria procurando mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de camas, insumos y servicios, ha sido exitosa frente al virus y los riesgos de contagio. Pero nos falta una respuesta de la política económica para evitar una mayor propagación de los efectos por la falta de trabajo, de ingresos, de operaciones comerciales. Se debe atender a las consecuencias económicas y sociales, especialmente en los mayoritarios sectores medios, que hoy sufren el presente pero además expresan la angustia por el contexto de desolación que tendrá la calle al tiempo de la salida.

Resulta insuficiente cualquier proclama de Vamos, Juntos, Unidos, si no hay claridad sobre lo que viene. No alcanza el asesoramiento de médicos prestigiosos. Falta bastante para que podamos decir que se están ocupando integralmente de la crisis que nos ha tocado. Son bajas las demandas. Se han encontrado con una pasividad obligada y tranquilizadora. Ese es otro de los beneficios del aislamiento. Rumiamos las protestas en el interior de la vivienda o, a lo sumo, en redes y grupos de Whatsap. Frente a un gobierno al que se le pide planificar, preparar, convocar, resolver y construir, aunque hoy se vea a la pandemia como una ayuda para transitar estos meses hasta el próximo proceso electoral.

Cien días son demasiados para tantas nuevas historias de caídas, frustraciones y una escalada de nuevos pobres. No se trata de buscar culpables. Pero sí necesitamos encontrar responsables. Hoy más que nunca, se necesitan líderes estadistas y ejemplares como lo fueron Raúl Alfonsín o Hermes Binner. O, en su defecto, la construcción de una trayectoria colectiva, un proyecto de Nación, para saltar esa grieta que se ha transformado en una fosa inútilmente peligrosa. Cien días. Es tiempo.

(*) Presidenta Partido GEN.

Carta al Presidente Alberto Fernandez por causa Vicentin

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2020

Sr. Presidente de la Nación Argentina
Dr. Alberto Fernández

S/D
De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestra condición de Presidenta y Secretario General del Partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional), con gran respeto y ánimo de colaboración, para hacerle llegar lo que consideramos puede ser, no solamente la posición de un partido político frente a un problema determinado y actual de la Argentina, sino una salida que merece ser explorada para afrontar el conflicto relacionado con la situación de la Empresa Vicentin SAIC.

Se trata de las conclusiones del intercambio que hemos sostenido con personas que, en algunos casos, ocupan lugares relevantes en gestiones locales, otras se vinculan con el sector empresario agrícola, o con el cooperativismo o la academia. Con ellos hemos observado además, legislaciones y políticas en otros países que podrían ser utilizadas en una visión más amplia de la decisión a tomar. Y en conjunto hemos arribado a una propuesta que, entendemos, podría ser considerada y contribuir como una opción diferente del camino que se ha emprendido y que, de continuar, podría acarrear demasiados riesgos para el sector, para las comunidades y productores y también para el estado. Por eso, presentamos una alternativa diferenciada que, recogiendo las buenas intenciones que Ud. mismo ha expresado, tutele en simultáneo los distintos intereses en juego, principalmente el bien común, el trabajo genuino y la fuente que lo genera, así como el desarrollo e impulso de nuestras capacidades productivas.

Como se sabe, la Empresa Vicentín, fundada en 1929, se encuentra radicada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, posee un volumen agroexportador de 10 millones de toneladas aproximadamente (9% del total de la oferta exportable), cubre 5628 puestos de trabajo, se dedica al procesamiento y exportación de granos y subproductos (harinas y aceites), ocupando el 6º lugar en el ránking agroexportador. Tiene origen familiar y es particularmente reconocida en la comunidad local donde se encuentran inserta y a la cual pertenece, no solo por su enclave territorial sino por sus fuertes lazos sociales y culturales, además del potencial económico y laboral.

En fecha 10 de febrero de 2020, la sociedad VICENTIN S.A.I.C. se presentó en concurso preventivo con una deuda denunciada de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 99.345.263.086,50), quedando dicho proceso radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe.

No vamos a detenernos a repasar ni analizar los manejos financieros de la empresa ni su vinculación con instituciones bancarias públicas o privadas que han generado en gran medida ese enorme pasivo. No vamos a hacer calificación de ello, aunque creemos que las personas que han estado a cargo del manejo de la empresa deberán asumir sus responsabilidades de todo tipo y en todos los ámbitos que correspondan, sean de índole fiscal, administrativa, judicial, o penal, etc.

Sin embargo, creemos imprescindible contemplar que, probablemente, la resolución de la situación mediante el iniciado proceso de Concurso traerá como consecuencia la insatisfacción de los acreedores, además de la ruptura de la cadena de pagos e impredecibles efectos negativos en cada una de estas cooperativas y pequeños productores, entre otras empresas y personas damnificadas, así como una probable concentración y extranjerización del mercado.

O sea, el campo de los perdidosos o dañados según cuál sea el camino a tomar, parece ser en todos los casos, demasiado amplio y complejo.

En consecuencia, creemos conveniente que, para “asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio” (texto DNU 522/2020), debería reconducirse este decisorio con la finalidad específica de constituir una Cooperativa que a futuro desarrolle las actividades hasta acá conducidas por el grupo Vicentín. La entidad asociativa deberá estar integrada por productores agropecuarios, cooperativas primarias y otros actores del sector.

A esos fines, el Sr. Presidente podría solicitar, a través del Banco de la Nación Argentina como parte del Comité de Acreedores, al Sr. Juez a cargo del proceso concursal ya iniciado, que se tomen las medidas que la ley autoriza, salvaguardando la continuidad de la producción, el trabajo y la comercialización, pero siempre al efecto de la constitución de una entidad cooperativa. De este modo se desarrollará la actividad tomándose las decisiones de forma democrática desde un prisma más humano y solidario, sosteniendo el valor productivo de la empresa, con un mejor efecto distributivo e impacto positivo en el desarrollo del interior del país, asumiendo un rol decisivo en la regulación del mercado del sector.

Incluir y promover, como objetivo del Estado Nacional, la cultura del cooperativismo haciendo eje en la economía social y las formas más equitativas del esfuerzo y la distribución de los recursos.

Hemos tomado algunos ejemplos. En el plano nacional, el caso de SanCor CUL, que desde sus orígenes hasta los últimos años fue un positivo regulador y facilitador del desarrollo en la cadena de valor láctea. Mirando el contexto internacional y en lo que respecta específicamente a granos, en Australia, el Grupo CBH es la cooperativa más grande del país y un líder en la industria granífera, con operaciones que se extienden a lo largo de la cadena de valor. Tiene la propiedad y control de aproximadamente 3900 negocios de cultivo de granos de Australia Occidental, cumpliendo el propósito de crear y devolver valor a los productores de manera sostenible, regulando además el mercado. Como cooperativa, ha sido recientemente calificada como una de las mejores empresas del país.

Podríamos apoyar un procedimiento que se consolida en el ámbito judicial, únicamente si se participa a todos los actores regionales en la formalización de un modelo cooperativo.

Nos parece que la tramitación de una declaración de utilidad pública con destino de expropiación no es el camino más conveniente, aunque no hemos venido por la presente a hacer cuestionamiento de vuestras decisiones, sino simplemente a aportar otro camino para que pueda ser considerado. Siguiendo en la línea de lo propuesto, entendemos que se logrará el objetivo de preservar los intereses nacionales y muchos otros efectos positivos a través de la conformación de una Cooperativa que, sin dudarlo, podrá hacerse cargo de los negocios de la empresa Vicentin, poniendo la actividad en manos de sus principales protagonistas a través de un sistema más solidario, con mayor transparencia y eficacia en el desarrollo de su capacidad productiva, y que ha sido creado, para satisfacer de manera más justa las necesidades y expectativas de la humanidad.

Sin otro particular, saludamos a usted con distinguida consideración.

Margarita Stolbizer – Presidenta
Sergio Abrevaya – Secretario General

Carta completa al Presidente Fernández por causa Vicentin

El Partido GEN se reunió con monotributistas. Manifestaron apoyo a sus demandas

Preocupados por la situación en tiempos de pandemia, representantes de la Mesa Nacional del Partido GEN se reunieron con miembros de MARA (Monotributistas Asociados de la República Argentina), una asociación nacional que nuclea a 160 mil monotributistas de todo el país, quienes les manifestaron los inconvenientes por los que están atravesando a causa de su imposibilidad de trabajar.

Margarita Stolbizer, Sergio Abrevaya y Marcelo Díaz expresaron su inquietud e incertidumbre, no sólo por el momento actual sino por cómo será la salida de la situación, teniendo en cuenta que de los 3,6 millones de monotributistas que hay en Argentina, 2 millones están inscriptos en las categorías más bajas.

Noelia Villafañe, presidenta de MARA, manifestó que desde la asociación se encuentran trabajando para dar respuestas y proteger los derechos de los monotributistas, quienes, en su mayoría, no fueron alcanzados por las medidas económicas tomadas por el gobierno, no pudiendo acceder a créditos a tasa 0 ni a la IFE. Para ello, como parte de la solución a corto plazo, propusieron que mientras no puedan facturar o cobrar, se les permita una exención de pago del monotributo y la posibilidad de recategorización (por ejemplo, alguien que está inscripto en categoría “H” pasaría a una categoría inferior de acuerdo a su facturación actual, y los saldos a favor se irían imputando a los periodos subsiguientes), ambas medidas retroactivas al mes de marzo. Villafañe concluyó: “Es importante generar políticas económicas para crear cadenas de valor para ayudar al monotributista cuando salgamos de la pandemia”.

Stolbizer expresó: “Hoy sólo tenemos incertidumbre y es difícil saber si podrán pagar los préstamos, aún cuando éstos sean blandos. Los monotributistas son los más abandonados, nunca tuvieron que pedir una ayuda, son los que soportan todo con su esfuerzo”.
Por su parte, Sergio Abrevaya les manifestó: “En CABA, he presentado un proyecto para que se exima del pago de Ingresos Brutos a las categorías A, B, C y D y continuaremos trabajando por esta causa”.

En el mismo sentido, Díaz se comprometió a promover los cambios necesarios en el régimen tributario en provincia de Buenos Aires.

Margarita Stolbizer – Presidenta
Sergio Abrevaya – Secretario General


Stolbizer sobre la reforma judicial

En el marco de las declaraciones del presidente Alberto Fernández quien volvió a referirse a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y de ex funcionarios, y planteó el deseo de reformar el Poder Judicial bajo la frase “quiero una mejor justicia”, Margarita Stolbizer declaró que “es raro sentir estos anticipos casi como una amenaza: ‘Ojo, que estamos redactando la reforma’, ‘Ya se viene una profunda reforma de la justicia’, ‘Vamos a terminar con …’, entre otras expresiones que los medios vienen recogiendo. Poco podemos hablar de contenidos que no se conocen.

Desde el Partido GEN creemos que una reforma al sistema de administración de justicia es tan necesaria como oportuna. Pero para alcanzar un buen resultado y no simplemente un traje a medida para quienes pretenden evadirla, se debería contar con un buen diagnóstico. Es decir: tener claridad absoluta sobre cuáles son los problemas a abordar y solucionar, cuáles son los conflictos, las materias, los procedimientos, etc.

Asimismo, respecto a las declaraciones del Presidente de la Nación, que expresó que hay que revisar muchas instituciones y adelantó que convocó a un “Consejo Asesor» para que trabajen “en un remedio para la justicia”, Stolbizer afirmó que es imposible pensar, diagramar, redactar una reforma judicial que no sea el resultado de una mesa de trabajo amplia, equilibrada, con tiempos prudentes y composición diversa, con los jueces, fiscales, defensores, miembros del Consejo de la Magistratura, abogados, académicos y expertos, asociaciones, sin exclusión de todos aquellos que pudieran aportar para una mejor tarea. También incorporar en el debate a destacadas personas del área de la ciencia y de la técnica y de la innovación, que exista una digitalización plena, la creación de una justicia ambiental.

En el mismo sentido, no debemos avanzar salvando jueces de procesos en los que deberían ser investigados y sancionados. Tampoco con los intentos de injerencia que implican hasta las mínimas opiniones que sobre la justicia parten desde los otros poderes.

Alguna vez pensemos que nuestras acciones u omisiones del presente impactarán de lleno en aquellos que se harán cargo de los tiempos por venir. Estamos obligados a dejar un mundo mejor, con menos desigualdad y más futuro.

Los jubilados no pueden seguir pagando las emergencias y las cuentas de los demás

20 de Mayo de 2020

COMUNICADO DEL PARTIDO GEN

La decisión por Decreto del Poder Ejecutivo de planchar el aumento de las jubilaciones en el 6,12%, pone al descubierto el rostro más inhumano del actual gobierno.

En los últimos 4 meses, la inflación en el precio de los alimentos ha sido superior al 15% y la de medicamentos del 17%. Aumentarán mucho más en junio y los jubilados deberán soportar la llegada del invierno y sus consecuencias en la salud en esas condiciones.

Todos los gobiernos prometen mejoras pero cargan sobre los jubilados el costo de las crisis, las emergencias, como también gastos y errores.

Las promesas de Alberto Fernández se esfumaron rápidamente y dejaron al descubierto que los cambios en la ley no iban a ser para mejor. Al contrario, el ajuste por decreto, además de quedar por debajo de la inflación y las necesidades de la canasta básica, hasta les hace perder lo poco que les había reconocido la ley del gobierno de Macri. Apenas casi la mitad de lo que les hubiere correspondido.

Eso hace que la decisión sea, además de injusta y arbitraria, claramente inconstitucional por implicar un retroceso en los derechos adquiridos, y por la obligatoria progresividad de los derechos humanos.

Pero también los jubilados quedarán atrapados en la deserción que estamos viendo en un poder judicial que no asume responsabilidades frente a la crisis, sigue «de feria» y los únicos que parecen tocar papeles son los que sirven a la impunidad del poder.

Argentina atraviesa la peor crisis económica, con una pobreza que ya afecta a más de la mitad de la población y siempre los mismos, pagan los platos rotos.

La política nacional no ha hecho gestos. Bajar los sueldos de los funcionarios podría verse como un gesto de demagogia, usan como pretexto. Y no se les cae la cara de vergüenza cuando les sacan a los jubilados lo que en realidad les corresponde.

Exigimos una inmediata rectificación de la medida y del rumbo, la convocatoria al Consejo Económico y Social y la conformación de un comité de crisis para abordar la problemática económica, social, productiva y del empleo.

La emergencia por la pandemia no puede tener hijos y entenados. El esfuerzo debe ser de todos, empezando por los grupos más favorecidos y garantizando los mínimos derechos de una vida con dignidad para los niños y los adultos mayores.

 

Margarita Stolbizer – Presidenta
Sergio Abrevaya – Secretario General

El GEN apoya la prolongación del aislamiento, exige testeos masivos y un Comité de Crisis

El GEN apoya la prolongación del aislamiento, exige testeos masivos y un Comité de Crisis para abordar la cuestión de la producción y el empleo. Advierten sobre la gravedad de la corrupción en tiempos de emergencia

En el marco de la situación que Argentina está viviendo, el Partido GEN publicó una declaración en la que afirma que las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han resultado oportunas para mitigar en los primeros tiempos una mayor propagación del virus, y reclamó al gobierno sobre la necesidad de planificar una salida escalonada, sin afectar la salud individual o colectiva.

Además, expresa que no parece razonable la pretensión de celebrar los bajos números que ofrece hoy el desarrollo de la pandemia en nuestro territorio comparado con otros, por cuanto no se han realizado testeos masivos y se trata de una práctica necesaria y de ejecución demasiado demorada.

Frente a las compras de alimentos con sobreprecios manifestaron que se impone una severa investigación y la determinación de responsabilidades penales a quienes corresponda, ya que es imposible mirar para otro lado como si nada hubiera ocurrido.

Puntos más salientes de la declaración:

– Apoyo a las medidas de aislamiento frente a la pandemia, debiéndose disponer con premura la realización de testeos masivos para mejorar el diagnóstico y la atención temprana de los infectados. Urgente implementación del Programa de Emergencia y Asistencia al Trabajo y la Producción.

– Se demanda la puesta en marcha de un plan específico frente a la crisis para paliar la situación de los sectores económicos y productivos dentro de los que se encuentran las pymes, monotributistas y autónomos. Se sugiere constituir un Comité de crisis con personas reconocidas y grupos universitarios, para asesorar al Presidente de la Nación en el abordaje de la emergencia económico-social, productiva y del empleo, y las futuras etapas de salida del aislamiento preventivo obligatorio.

– Se reclama una severa investigación de responsabilidades por las compras de alimentos con sobreprecios. La corrupción es siempre condenable, pero es imprescindible que no quede impune el aprovechamiento de esta extrema situación de emergencia.

Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19

ARGENTINA Y EL MUNDO FRENTE A LA PANDEMIA

Buenos Aires, abril de 2020.

Argentina está viviendo, al igual que gran parte del mundo, los graves efectos de la pandemia originada por el virus Covid-19, que impacta de lleno en la salud de la población y en el sistema sanitario, pero que además tendrá consecuencias muy severas de índole económico y social, afectando a las personas, comunidades y en general a las posibilidades de desarrollo de los pueblos.

En ese marco, adherimos a la Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19. Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras.

La situación se torna aún más dramática por cuanto se ignoran las causas del fenómeno, tanto como la secuencia que podrá tener esta pandemia tanto a nivel global como regional y local, los costos humanos y económicos finales y su desenlace. La incertidumbre genera procesos de depresión, ansiedad, angustia y sufrimiento que también deben ser considerados.

Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han resultado oportunas para mitigar en los primeros tiempos una mayor propagación del virus. Entendemos correcta la prolongación de ellas, así como la necesidad de planificar una salida escalonada para que, sin afectar la salud individual o colectiva, busque aminorar las tremendas complicaciones que ya se ven por la parálisis de la economía y el empleo, sobre todo en sectores autónomos e informales.

No hay duda, que frente a estas situaciones debemos revalorar dos cuestiones: a) el papel del estado: hoy más que nunca se advierte la importancia del gasto público sobre todo en la salud y la seguridad social, así como en lo que hace a la conducción del proceso y la toma de decisiones. b) la solidaridad y responsabilidad colectiva: que implica el cuidado propio y de los demás y la activación de mecanismos eficaces para destinar los mayores esfuerzos de los sectores que se encuentran en mejores situaciones hacia los que se encuentran en posiciones más vulnerables.

En el medio de ambas cuestiones es necesario resaltar que la emergencia no suspende garantías individuales ni la obligación de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Al contrario, deben extremarse los cuidados, medidas y acciones para que todas las personas puedan contar con la mayor tranquilidad en el ejercicio de sus derechos individuales. Y el gobierno no puede soslayar de ninguna manera la implementación de buenas prácticas y controles exhaustivos en la ejecución de las partidas presupuestarias.

Frente a las compras de alimentos con sobreprecios se impone una severa investigación y la determinación de responsabilidades penales a quienes corresponda. Es imposible mirar para otro lado como si nada hubiera ocurrido. La corrupción es siempre condenable, pero es imprescindible que no quede impune el aprovechamiento de esta extrema situación de emergencia.

La participación ciudadana, el funcionamiento de una institucionalidad confiable para sostener el diálogo entre todos los sectores políticos, socioeconómicos, intelectuales, tanto frente a las actuales urgencias como en el retorno a la estabilidad, resultan esenciales para trasportar en el tiempo las enseñanzas que esta situación nos está brindando.

Del mismo modo en que se ha conformado un Comité Científico que asesora al Presidente en materia sanitaria, debería crearse, con carácter de urgente, un ámbito similar para abordar las cuestiones económicas, productivas, laborales, con personas de reconocida trayectoria técnica, a fin de establecer las medidas y la planificación necesaria para cada etapa.

No parece razonable la pretensión de celebrar los bajos números que ofrece hoy el desarrollo de la pandemia en nuestro territorio comparado con otros. No hemos llegado al punto en el que sí se encuentran otros países, pero tampoco tenemos resultados ciertos y suficientes por cuanto no se han realizado testeos masivos y se trata de una práctica necesaria y de ejecución demasiado demorada.

Argentina viene sufriendo una pobreza estructural del 35% y más de ese porcentaje engrosa las estadísticas del trabajo informal, con 8 años de recesión que viene golpeando a las pymes y su capacidad de asegurar fuentes de empleo, sumado al tremendo endeudamiento del país. Estas cuestiones, como el problema de la inflación y otros, no deberían quedar tapados por la pandemia ni descuidar los esfuerzos para encontrar soluciones urgentes.

El sufrimiento económico va a ser grande. Tenemos que estar preparados, y mirar con atención hacia aquellos con mayores dificultades. No será igual para quienes tengan un sueldo asegurado que los cuentapropistas. No va a ser igual para grandes empresas con espalda que para la pyme. No es lo mismo para quienes tienen techo y comida que para los privados de esos derechos fundamentales. Hay que pensar en los más pobres, pero también en quienes pasarán a esa franja como consecuencia de la pandemia. De manera particular, habrá que atender con subsidios a quienes producen, al que tiene un pequeño comercio o una de las tantas prestaciones de servicios de las que han quedado paralizadas. No sirven los créditos que se ofrecen y cuyas tasas siguen estando en niveles intolerables y marcados aún por la especulación en la emergencia.

La salida del aislamiento deberá ser escalonada, permitiendo a los distintos sectores sociales, económicos y productivos, acceder a su vuelta al trabajo, sin poner en riesgo la salud.

Hay que terminar con la cultura de individualismo, la salvación individual o echando la culpa a otros. Hay que asumir con responsabilidad comunitaria las obligaciones del presente y también el mediano y largo plazo, con un sentido trascedente y cooperativo. El pánico no puede ganarle a la vida, ni la sensación de un enemigo invisible.

Hoy más que nunca se impone la urgencia de la ejemplaridad desde todos los liderazgos, para reconstruir una cultura de cooperación y confianza por la que podremos salir adelante y reforzar los valores éticos de la convivencia.

Por todo lo expuesto, y a mérito de la situación conocida, el Partido GEN declara:

1.Apoyamos las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales frente a la pandemia, debiéndose disponer con premura la realización de testeos masivos que puedan mejorar nuestro diagnóstico y la atención temprana de los infectados; y solicitamos la urgente reglamentación e implementación del Decreto N° 332/2020 del PEN, Programa de Emergencia y Asistencia al Trabajo y la Producción.

2.Sugerimos constituir un Comité de crisis con personas reconocidas y grupos universitarios, para asesorar al Presidente de la Nación en el abordaje de la emergencia económicosocial, productiva y del empleo, y las futuras etapas de salida del aislamiento preventivo obligatorio.

3.Demandamos la puesta en marcha de un plan específico frente a la crisis para paliar la situación de los sectores económicos y productivos dentro de los que se encuentran las pymes, monotributistas y autónomos. Así como instamos al gobierno a agilizar la puesta en marcha de una agenda económica que atienda la problemática de la inflación y la deuda, trabajando a nivel global para demandar las contribuciones necesarias de los organismos internacionales de crédito y una mayor cooperación de las naciones desarrolladas.

4.Reclamamos dejar sin efecto cualquier política dirigida al control social que pueda ser restrictiva de la libertad de expresión o que de cualquier manera pueda conculcar derechos fundamentales de las personas. Y a asegurar el funcionamiento pleno del sistema de justicia, evitando decisiones que puedan mostrar la existencia de privilegios o fueros de personas o sectores, afectando la igualdad ante la ley.

5.Exigimos al gobierno en todos sus niveles, llevar adelante una gestión efectiva, oportuna y acorde a las necesidades del momento, dejando de lado especulaciones políticas y conflictividades internas, y asegurando siempre la transparencia y buena inversión de los recursos públicos. A esos fines, se ve conveniente la conformación de ámbitos de participación y control ciudadano, procedimientos que aseguren la eficacia y transparencia de la inversión, y la rendición de cuentas y una profunda investigación sobre las compras de alimentos con sobreprecios.

6.Instamos a cumplir con responsabilidad todas las medidas de distanciamiento social preventivo, y las que de manera particular deban cumplirse respecto de las personas afectadas y vulnerables. Y apoyamos la promoción de una cultura de cooperación, solidaridad y atención de los más necesitados con el apoyo de los grupos más favorecidos.

7.Manifestamos nuestro acompañamiento a las víctimas y familias de personas afectadas por el coronavirus y nuestra solidaridad y gratitud con todas aquellas que realizan tareas indispensables para el bien de la comunidad, como todo el personal del sistema de salud, bomberos, fuerzas de seguridad, transporte, comercio, servicios y producción de insumos y alimentos, entre otras.

Tenemos dos grandes tareas: enfrentar la urgencia y pensar el futuro. No puede haber antinomia entre salud y economía. Hay que preservar la salud, hay que recuperar las escuelas, las fábricas y el comercio. En conjunto, trabajar para superar la pobreza y la marginación social, el atraso y la decadencia. Salir de la coyuntura y la emergencia hacia una sociedad más justa, más de iguales, desterrando privilegios, asegurando derechos, superando confrontaciones inútiles y fortaleciendo la democracia.

 

Presidenta, Margarita Stolbizer
Secretario General, Sergio Abrevaya

Referentes del Partido GEN se reunieron con Eugenio Semino

JUBILADOS.
Preocupados por el recorte en los haberes sufrido por los jubilados, Margarita Stolbizer, Sergio Abrevaya y otros referentes del Partido GEN se reunieron con Eugenio Semino, quien está al frente de la demanda colectiva para detener la aplicación del decreto 163/2020, para brindarle su apoyo. Con el aumento por decreto, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo se verán beneficiados por un incremento cercano al 13%. Sin embargo, los que cobran haberes por encima de los $18.000 verán recortados sus ingresos.

Durante el encuentro, Semino explicó: «Cuando iban a anunciar la movilidad, a nadie parecía importarle. Durante el 2018 y 2019, según cifras oficiales el adulto mayor perdió un 19.5%, aunque nuestra medición indica un 24%. El año pasado, la canasta era de $37.800 cuando había mínimas de $10.000. Hoy las mínimas (entre 14 y 18 mil) son percibidas por cerca de 4 millones de jubilados sobre 6 millones». Además, el letrado agregó: «La quita en los haberes superiores a $ 18.000 redunda en falta de equidad y justicia. Ahora empezó a profundizarse la reforma que comenzó en diciembre de 2017 y que quedó solapada bajo la aplicación de la fórmula. Todo esto atenta contra lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Adulto Mayor que prevé la no regresividad de los derechos del adulto mayor. Cuando se hizo el anuncio, había una enorme confusión. El daño que se hace al adulto mayor ante la incertidumbre es inmenso».

Por su parte, Margarita Stolbizer expresó: “Año tras año y gobierno tras gobierno, los que pierden siempre son los mismos. Los jubilados y la clase media siempre a la cabeza de los que pagan los ajustes. Acompañamos a Eugenio Semino en la demanda contra la inconstitucionalidad de la reforma que deja sin efecto la movilidad jubilatoria. Y que no quieran tapar esa realidad con la reforma de los regímenes especiales (que que no está mal) pero que en el marco de la anterior solo es jugadita para la tribuna”.

En el mismo sentido, Sergio Abrevaya manifestó: El costo de vida está cerca de $40.000; a esas personas les llegó el ajuste y eso es falta de equidad y justicia”.