La Ley de Presupuesto es mucho más que la mera autorización de gastos por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. El Presupuesto muestra y ordena cómo la sociedad, a través de nosotros que somos sus representantes, decide dotar de recursos al Estado y como asignarlos. El Presupuesto es la herramienta para construir la visión del país que queremos. O sea, el Presupuesto debe dar certezas.
Pero, cómo pedir a este proyecto que nos brinde lo que no está brindando un gobierno que se expresa por sus contradicciones, marchas y contramarchas y la falta de rumbo. Un principal problema que tiene la Argentina es la Incertidumbre, que impacta en la sociedad, en la vida cotidiana, en las instituciones y sobre todo en la economía que siempre está relacionada con la inestabilidad de la política.
El otro problema es la Inflación, que expresa cuán sana o enferma está la economía. Y no solo destruye del poder de compra de la sociedad en general y de los asalariados en particular, sino que también impide planificar debidamente, justamente por la falta de certezas. Y eso es lo que debería tener un presupuesto.
Si no se estima bien la inflación no podemos planificar bien las erogaciones ni los recursos con los cuales contará el Estado. No podemos saber si vamos a incrementar o reducir gastos en determinadas partidas porque el Estado se encuentra con más ingresos nominales producto de la mayor inflación y con la necesidad de incrementar los créditos presupuestarios producto del aumento de precios. Poco le aportaríamos a la sociedad si hoy aprobamos un presupuesto para que a los pocos meses el Poder Ejecutivo por DNU distribuya discrecionalmente esos recursos adicionales generados por el aumento de precios entre las distintas áreas que van a necesitar incrementar sus créditos presupuestarios por el efecto de aumento de los precios, o sea por una Inflación mal calculada.
Por eso es tan importante que el Ministro de Economía y luego el presidente de la Comisión hayan aceptado incorporar la propuesta que le formulamos en su primera visita, ya que es indispensable incorporar ésta que hemos llamado la “cláusula gatillo” del artículo 137, para que si la inflación supera a la estimada sea el Congreso el que decida en qué asignar los nuevos recursos, o como financiar las necesidades de nuevas erogaciones. De hecho, la propia inflación no es un dato caído del cielo. Si la inflación supera a la estimada es razonable que el Ejecutivo venga al Congreso, no solo a traer un nuevo proyecto, sino también a rendir cuentas sobre las razones de esos desvíos.
De lo contrario, -de no tener el presupuesto esta cláusula que hemos propuesto incorporar-, todo lo que hagamos hoy pierde sentido por el efecto del desvío entre la inflación prevista y la real. Una cosa es que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta como el presupuesto para gestionar, y otra muy distinta es que por efecto de la propia inflación termine asignando los ingresos no presupuestados alterando los techos y créditos previstos.
Un presupuesto puede tener un error de cálculo y eso se podría subsanar. Pero lo que debemos despejar es cualquier duda sobre la intencionalidad que pudiera tener la subestimación calculada para generar un importante recurso con la posibilidad de distribuirlo discrecionalmente.
La inflación, como el Presupuesto, también son cuestiones de confianza.
Quiero, además, dejar planteado que vemos muy inconveniente en el contexto actual que el Poder Ejecutivo tenga facultades para incrementar derechos de exportación. SI el Ejecutivo entiende durante el ejercicio 2023 que es necesario incrementarlos, que envíe el proyecto pertinente al Congreso. Terminemos de una vez con esta manía de trasladarle al Ejecutivo la posibilidad de incrementar impuestos. Somos los legisladores quienes debemos hacerlo. Es al Congreso a quien la Constitución le asigna la responsabilidad de legislar en materia impositiva.
SI queremos mejorar las instituciones, -y necesitamos hacerlo-, una cuestión básica y elemental es que cada poder del Estado cumpla su rol. Necesitamos un Congreso que esté a la altura de los desafíos de nuestra sociedad, no un Congreso que se quite de encima responsabilidades para pasarlas a otro poder. Parte de la calidad institucional perdida la vamos a empezar a recuperar cuando cada Poder cumpla su rol. Hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución. A nuestro país siempre le fue bien cuando la respetamos, y muchos problemas hemos tenido cuando dejamos de hacerlo.
El otro debate es la equidad que debe existir en la composición de la masa de recursos que el presupuesto asigna o distribuye y la calidad que debe tener el gasto.
De la calidad de las instituciones también depende la calidad de vida que vamos a garantizar al pueblo que representamos.
