La diputada nacional Margarita Stolbizer, junto a la diputada provincial Mónica Peralta, presentaron una serie de proyectos para combatir el narcotráfico y la inseguridad, enfocados en profundizar los controles sobre rutas y accesos, hidrovía, precursores químicos, desarme y la optimización en el funcionamiento de la UIF.
Fuerzas federales. Conocer los controles preventivos en rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, e intensificar las medidas de prevención del delito complejo para disminuir los niveles de violencia existente en el Gran Rosario.
Desarme. Funcionamiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en la provincia de Santa Fe. Qué operativos se encuentran vigentes, y qué trabajos realiza el Ministerio de Seguridad de la Nación con la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego. Cuál es la Agenda Federal de Desarme Voluntario 2023 para el Gran Rosario.
Hidrovía. Detalle de los operativos de control realizados por Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas federales, en coordinación con otras agencias gubernamentales. Qué recursos tecnológicos cuenta la Terminal Puerto Rosario (TPR) y otras de la región, en relación a las distintas etapas del control. Cuál es la participación que Santa Fe tiene en relación a la Hidrovía en materia de seguridad.
Unidad de Información Financiera (UIF). Cuándo estará operativa la Agencia Regional Central con sede en la ciudad de Rosario. Cuál será su distribución territorial, equipamiento, presupuesto y cantidad de personal afectado. De qué manera se establecerá la logística para la actuación sobre causas penales que permitan impulsar investigaciones patrimoniales y decomiso de bienes relacionados con el lavado de activos con énfasis en los casos de narcotráfico. Cantidad de reportes de conductas u operaciones sospechosas fueron recibidas desde el año 2020 a la fecha; indicando si existió un aumento en el número de reportes con respecto a años anteriores en la provincia de Santa Fe.
Precursores químicos. Cuál es el funcionamiento del Registro de Precursores Químicos (RENPRE) en el ámbitó de la provincia de Santa Fe. Procedimientos de fiscalización,́ inspecciones e intervenciones practicados en el territorio santafesino durante los años̃ 2020, 2021 y 2022. Informe de resultados del funcionamiento del Consejo Federal de Precursores Quimicoś.
Los proyectos fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. “No se puede abordar la problemática del narcotráfico sin una mirada y un plan integral. A delitos complejos con respuestas complejas. Controles sobre rutas e hidrovía, atacar la economía del delito desbaratando cuevas donde guardan la plata. Fortalecer la justicia federal y mejorar la preparación de las fuerzas federales, entre otras medidas imprescindibles. No se puede pensar en medidas aisladas ni de corto plazo. Se necesita un estado presente, eficiente y transparente, con altas capacidades y desmantelamiento del sistema de complicidades.”
“La falta de luz y agua durante tantos días es la negación de derechos fundamentales, demuestra la incapacidad del Estado y la falta de controles para garantizar el servicio”
A partir de los hechos de público conocimiento respecto de las deficiencias e interrupciones del suministro eléctrico, diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, encabezados por Margarita Stolbizer (GEN), solicitaron citar con urgencia a la Secretaria de Energía de la Nación, Ing. Flavia Royón, y al interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.
La iniciativa busca que ambos funcionarios informen al Plenario de la Cámara sobre los motivos que ocasionaron la interrupción del servicio de energía eléctrica que afectó a seis millones de hogares en distintas provincias del país el miércoles 1° de marzo de este año, y que, en algunos casos se prolongó durante varios días o que incluso no se encuentra restablecido en algunos hogares.
Reclaman datos para conocer acciones y determinar responsabilidades sobre las fallas del servicio eléctrico que aún afectan a miles de usuarios; piden explicaciones sobre la aplicación del Decreto DCTO-2022-332-APN-PTE – Régimen de segmentación de subsidios- ; y advierten sobre la falta de controles realizados en los últimos cuatro años sobre la prestación del servicio, integralidad, calidad y universalidad, entre otras cuestiones que esperan plantear ante la presencia de los funcionarios.
Los legisladores y legisladoras también demandan conocer las razones por las que no se ha considerado la cancelación de la concesión oportunamente otorgada a la empresa EDESUR, pese a haberse constatado las irregularidades, incumplimientos y comisión de delitos de que da cuenta la denuncia penal presentada por el ENRE; así como las multas impuestas a Edesur y Edenor desde el año 2020 hasta la fecha y los mecanismos de control aplicados para garantizar que los usuarios reciban las correspondientes compensaciones.
Además de Stolbizer, firman el proyecto de resolución los diputados Domingo Amaya, Sebastián García De Luca, Emilio Monzó, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, María Sotolano, Pablo Torello, Gustavo Bouhid, Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Gerardo Cipolini, Adriana Ruarte, Pamela Verasay y Marcela Antola.
La diputada nacional Margarita Stolbizer solicitará la interpelación de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) comunicara irregularidades en las compras y contrataciones realizadas por ese Ministerio durante la emergencia sanitaria declarada por COVID 19. Además, Stolbizer presentó una denuncia ante la fiscalía de investigaciones administrativas para que se investigue la posible comisión de delitos.
“Ni el Estado ni la declaración de emergencia pueden ser usados para amparar conductas ruines y delictivas porque, una vez más, se juega con la vida y la salud de las personas. Los funcionarios deben dar explicaciones en el Congreso y la Justicia debe investigar”, enfatizó la diputa.
Estamos nuevamente frente a un episodio en el que funcionarios del Gobierno nacional actúan fuera de la ley. No es la primera vez que la emergencia es utilizada para sortear procedimientos formales y normados para las contrataciones y compras públicas, pese a que ello no debería en ningún caso considerarse una habilitación para dejar de lado la integridad y transparencia que debe existir en todas las acciones que los funcionarios llevan a cabo en tan condición.
Dentro de los hallazgos de la AGN -no siendo los únicos-, se puede mencionar:
– No se han presentado las declaraciones juradas relacionadas con intereses que pudieran afectar a los involucrados.
– Los productos adquiridos no contaban con la obligatoria certificación de ANMAT.
– Ausencia de informes técnicos en ocasiones en que correspondía haber contado con ellos.
– Falta de vinculación entre expedientes de compra y expedientes de pago.
– Errores de confección en la documentación que producen dudas respecto de la transparencia del proceso.
– Diferencias importantes entre las notas de crédito emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos.
– Diferencias entre las órdenes de pago y lo efectivamente facturado por las empresas.
– No hay informes de la Dirección de Contabilidad y Tesorería ni intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Y no se ha garantizado la integridad en la contratación y la observancia de la Ley de Ética Pública respecto de alguna de las empresas intervinientes, pudiendo observarse el conflicto de intereses o la comisión de delitos más graves contra la administración pública.
– No hay documentación respaldatoria de los precios de mercado y en muchos casos el monto de la compra excede el que estaba habilitado por la normativa.
Sin duda hay anomalías de índole administrativa pero también aparecen hechos que podrían constituir delito y esa es la razón que motiva una denuncia penal. Ellas son: las diferencias entre pagos autorizados y los efectivamente hechos, excediendo los montos; la compra de insumos que no contaban con la aprobación técnica del organismo a cargo, ANMAT; la AGN ha detectado también que la empresa privada Aeromedical S.A contó con un trato preferencial, incluso se emitió en su favor una orden de pago por la provisión de más de 3 millones de barbijos siendo que la firma ni siquiera había sido evaluada y no contaba con los informes que la norma requiere. Más grave aún es que el titular de dicha firma privada era un agente contratado por el estado en el mismo Ministerio que estaba contratando con ella.
La diputada Nacional, Margarita Stolbizer, y el presidente del partido GEN, Sergio Abrevaya, recorrieron el Astillero Rio Paraná Sur y dialogaron con representantes de la empresa acerca de la actual situación económica.
Durante la visita, recorrieron las instalaciones y conocieron los trabajos en los que avanza el personal del astillero ubicado en el partido bonaerense de Zárate. «La hidrovía tiene un enorme valor estratégico y económico. Al igual que otros sectores, éste tiene la necesidad de que las acciones aisladas se conviertan en políticas públicas porque de esa manera es posible generar más y mejor empleo», sostuvo la diputada nacional.
En tanto, Abrevaya destacó la urgencia de comenzar a pensar y establecer medidas de mediano y largo plazo y de la conformación de mesas «en las que se sienten los distintos sectores de la economía y la política para definir políticas públicas porque la coordinación entre los distintos actores es la única manera en que Argentina puede salir adelante».
Fundada en 2015, Astilleros Río Paraná Sur, emplea a un centenar de personas y ha participado individualmente tanto en el sector público como en el privado, desempeñando tareas de campo en la construcción de buques y embarcaciones fluviales. Dicha experiencia le permite realizar los actuales diseños y desarrollos de ingeniería con una mejor perspectiva.
Santa Cruz recibió el mismo porcentaje en obras que Provincia de Buenos Aires (0,5 y 38% población total del país). Si todas las obras fueran necesarias las hubieran hecho! Cobraron sin terminar o tardaron más tiempo de lo debido. Fueron decisiones políticas discrecionales.
VERDAD 1
Baéz era solo un funcionario de Banco hasta que en el 2003 (Kirchner Presidente) “lo hacen” empresario de la construcción.
MENTIRA 2
Las oficinas participantes en ess adjudicaciones no cumplían directivas institucionales sino que eran parte de la organización criminal que les asignaba roles para apropiarse de recursos del estado y que estaba lideraba por ambos ex presidentes.
VERDAD 2
Báez era amigo de la familia y ha tenido muchos negocios y sociedades en común (no negadas, comprobadas). Luego devino en un amigo beneficiado con las contrataciones del estado con ganancias que también compartieron.
MENTIRA 3
Las leyes y presupuestos aprobados por el Congreso nunca adjudicaron obras a Báez. Eso lo hizo el Ejecutivo.
VERDAD 3
Conformaron una Asociación Ilícita (la organización de más de 3 personas con la finalidad de delinquir) de la que fueron jefes los ex presidentes y estaba integrada por los funcionarios y empresarios que participaban de las maniobras. Un verdadero sistema de vínculos para apropiarse de recursos del estado.
MENTIRA 4
El PEN no presionaba, solo hacía abuso de su mayoría parlamentaria, incluso impidiendo los controles.
VERDAD 4
Para tener por probada la asociación ilícita no hace falta ningún contrato. Es suficiente visualizar las etapas, los roles de los integrantes y la finalidad que quedó perfectamente consumada: se enriquecieron con lo que el estado y los argentinos perdían.
MENTIRA 5
El kirchnerismo impidió una reglamentación de los DNU para frenar su ejercicio abusivo, arbitrario e inconstitucional, haciendo que el Decreto tuviera vigor solo con aprobación de una cámara.
VERDAD 5
Las obras adjudicadas a las empresas del Grupo Báez fueron pagadas por adelantado, con prioridad respecto a los plazos que tenían otras empresas, muchas estaban inconclusas o se entregaron con demoras.
MENTIRA 6
La existencia previa del fideicomiso no les autorizaba a su utilización discrecional, lo que efectivamente se hizo para las obras de Santa Cruz y el pago a empresas de Báez.
VERDAD 6
Santa Cruz recibió casi el 12% del total de las obras adjudicadas a nivel nacional (igual que la Provincia de Buenos Aires). De esas obras, las empresas de Báez fueron adjudicatarias en el 80%, obteniendo una ganancia superior a los $ 16.000 millones (valores 2015).
MENTIRA 7
Todo el sistema de controles del kirchnerismo era tan caprichoso como delictivo. Se controlaban a sí mismos. Los expedientes pasaban por varias esferas administrativas donde se autorizaban entre ellos. Recordar la esposa de De Vido era la titular de la Sindicatura.
VERDAD 7
La demora promedio con que cobraban las empresas de Báez era de 34 días. Para el resto de las empresas la demora promediaba 231 días.
MENTIRA 8
Si los jefes de gabinete eran quienes tomaban las decisiones, tal vez deban ser incluídos en la investigación. Eso no exime de responsabilidad a los demás imputados.
VERDAD 8
Pese a los permanentes incumplimientos, nunca tuvieron penalidades y, al contrario, seguían recibiendo beneficios.
MENTIRA 9
Los funcionarios de Planificación y de Vialidad son parte de las maniobras y de la asociación ilícita. Su participación directa y su responsabilidad no excluye a los Presidentes de quienes dependían.
VERDAD 9
Algunas de las obras fueron pagadas con sobreprecios, calculados a valores nominales de entonces con diferencias abismales respecto de costos promedio.
MENTIRA 10
No es cierto que en los gobiernos de NK y CFK se hayan fortalecido los sistemas de información sobre cuentas públicas ni que haya habido una política de estado que facilitara los controles.
VERDAD 10
Austral Construcciones (empresa insignia del Grupo Báez) fue emisora de facturas truchas (investigación judicial) para incrementar ganancias, con la complicidad de AFIP que solo persiguió a quienes las usaban y no a quienes las emitían.
MENTIRA 11
Los que debían revisar las cuentas eran los mismos implicados y la mayoría parlamentaria sistemáticamente impidió en el Congreso el control sobre inversiones y cuentas públicas.
VERDAD 11
Los certificados de obra eran descontados en el Banco Nación a través de un fideicomiso creado por Leonardo Fariña según su propia confesión y las pruebas documentales que existen. Allí dejó un pasivo del que nadie se hizo cargo Y esas maniobras solo fueron posibles por tratarse de un amigo de la intimidad de la Flia Kirchner.
MENTIRA 12
Las empresas de Báez cobraban anticipadamente las obras que realizaban tarde o no realizaban, descontaban certificados en el Banco Nación a través de maniobras ilegales y con trato privilegiado en relación a otras empresas.
VERDAD 12
Báez ha sido condenado por lavado de dinero, habiendo sacado del país recursos provenientes de ilícitos penales. Sin embargo, el estado le seguía adjudicando negocios que lo hicieron multimillonario.
MENTIRA 13
Haya habido reunión o no en la fecha indicada, está claro que el plan “limpiar” existió como estrategia de ocultamiento de los negociados antes de la llegada del nuevo gobierno y por eso Báez y sus empresas se retiraron e incluso dejaron trabajadores en la calle.
VERDAD 13
Baéz era beneficiado con contratos del Estado, al igual que Cristóbal López y Fabián De Souza, entre otras cosas, adjudicaciones y evasión de impuestos (causa Oil Combustibles). Ambos devolvían al circuito de la familia Kirchner parte de las ganancias del estado que habían obtenido.
MENTIRA 14
Confirmado: las relaciones comerciales entre Báez y la Flia Kirchner eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas por la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz: Le adjudicaban las obras que Báez cobraba y luego pagaba retornos. Un circuito absolutamente comprobado!!! Siempre las relaciones comerciales entre un funcionario público (Presidentes) y un contratista del estado implican conflicto de intereses, además de otros delitos sancionados por el código penal.
VERDAD 14
Que los jefes del estado tengan negocios privados con empresarios contratistas del estado es delito, aquí y en cualquier lugar del mundo.
MENTIRA 15
CFK y antes NK eran los jefes de una organización compuesta por los funcionarios que adjudicaron y pagaron las obras y que respondían a las directivas de aquellos. No es cierto que la Presidenta no deba responder por irregularidades de los funcionarios cuando las coimas habidas por éstos terminan yendo a las cuentas de aquellos.
VERDAD 15
Las fortunas de los empresarios pueden constituir solamente las ganancias mal habidas por los negocios que hicieron con el estado. O también podría pensarse en que han sido prestanombres de los verdaderos dueños de esas fortunas.
MENTIRA 16
Más que alertas hubo denuncias explícitas sobre como se llevaban a cabo las adjudicaciones de obras en los gobiernos de NK y CFK. Los sobreprecios y la discrecionalidad en la asignación de obras están probados.
VERDAD 16
Baéz (causa Vialidad) transfería sumas millonarias a las cuentas de la Familia Kirchner. Cristina, como sus hijos Máximo y Florencia, retiraban personalmente el dinero sin siquiera considerar las normas legales sobre distribución de dividendos en las sociedades. No han cumplido jamás con las obligaciones que a las personas jurídicas les corresponden y jamás fueron intimados ni sancionados por ello.
MENTIRA 17
La concentración que favoreció a Báez en las obras de Santa Cruz no tiene comparables ni antecedentes. Y el empresario era nada menos que amigo personal y socio de los ex presidentes.
VERDAD 17
Las fortunas de los miembros de la familia Kirchner solamente se explican a partir de la corrupción y del aprovechamiento de los recursos del estado y las coimas que pagaban los sectores empresarios.
MENTIRA 18
NK y CFK tenían también tomadas las decisiones de las provincias a través de sus funcionarios y representantes.
VERDAD 18
Las investigaciones judiciales deben ser miradas de manera integral. Porque demuestran un circuito muy claro de negocios ilegales, retorno de ganancias (dádivas) y la conformación de una organización con un plan para enriquecerse, que llevaron a cabo entre los años 2003 y 2015.
MENTIRA 19
Los sobreprecios están acreditados y saltan a la vista en la comparación de cualquier revista especializada. Y sobre todo de la inexistencia de cotejo de precios porque en las licitaciones las empresas que cotizaban eran todas del mismo Báez.
VERDAD 19
No es posible para un funcionario público obtener un nivel de riqueza como el que han obtenido Néstor y Cristina Kirchner y que hoy exhiben sus hijos.
MENTIRA 20
La demora en la finalización de las obras o la falta de ejecución en otras ha sido suficientemente demostrada, del mismo modo que el pago adelantado.
VERDAD 20
La Causa Vialidad, la exposición pública de las pruebas acumuladas en la investigación de los fiscales y la falta de defensa judicial de los imputados, dan cuenta de la existencia de los delitos y la responsabilidad que les corresponde.
La Ley de Presupuesto es mucho más que la mera autorización de gastos por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. El Presupuesto muestra y ordena cómo la sociedad, a través de nosotros que somos sus representantes, decide dotar de recursos al Estado y como asignarlos. El Presupuesto es la herramienta para construir la visión del país que queremos. O sea, el Presupuesto debe dar certezas.
Pero, cómo pedir a este proyecto que nos brinde lo que no está brindando un gobierno que se expresa por sus contradicciones, marchas y contramarchas y la falta de rumbo. Un principal problema que tiene la Argentina es la Incertidumbre, que impacta en la sociedad, en la vida cotidiana, en las instituciones y sobre todo en la economía que siempre está relacionada con la inestabilidad de la política.
El otro problema es la Inflación, que expresa cuán sana o enferma está la economía. Y no solo destruye del poder de compra de la sociedad en general y de los asalariados en particular, sino que también impide planificar debidamente, justamente por la falta de certezas. Y eso es lo que debería tener un presupuesto.
Si no se estima bien la inflación no podemos planificar bien las erogaciones ni los recursos con los cuales contará el Estado. No podemos saber si vamos a incrementar o reducir gastos en determinadas partidas porque el Estado se encuentra con más ingresos nominales producto de la mayor inflación y con la necesidad de incrementar los créditos presupuestarios producto del aumento de precios. Poco le aportaríamos a la sociedad si hoy aprobamos un presupuesto para que a los pocos meses el Poder Ejecutivo por DNU distribuya discrecionalmente esos recursos adicionales generados por el aumento de precios entre las distintas áreas que van a necesitar incrementar sus créditos presupuestarios por el efecto de aumento de los precios, o sea por una Inflación mal calculada.
Por eso es tan importante que el Ministro de Economía y luego el presidente de la Comisión hayan aceptado incorporar la propuesta que le formulamos en su primera visita, ya que es indispensable incorporar ésta que hemos llamado la “cláusula gatillo” del artículo 137, para que si la inflación supera a la estimada sea el Congreso el que decida en qué asignar los nuevos recursos, o como financiar las necesidades de nuevas erogaciones. De hecho, la propia inflación no es un dato caído del cielo. Si la inflación supera a la estimada es razonable que el Ejecutivo venga al Congreso, no solo a traer un nuevo proyecto, sino también a rendir cuentas sobre las razones de esos desvíos.
De lo contrario, -de no tener el presupuesto esta cláusula que hemos propuesto incorporar-, todo lo que hagamos hoy pierde sentido por el efecto del desvío entre la inflación prevista y la real. Una cosa es que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta como el presupuesto para gestionar, y otra muy distinta es que por efecto de la propia inflación termine asignando los ingresos no presupuestados alterando los techos y créditos previstos.
Un presupuesto puede tener un error de cálculo y eso se podría subsanar. Pero lo que debemos despejar es cualquier duda sobre la intencionalidad que pudiera tener la subestimación calculada para generar un importante recurso con la posibilidad de distribuirlo discrecionalmente.
La inflación, como el Presupuesto, también son cuestiones de confianza.
Quiero, además, dejar planteado que vemos muy inconveniente en el contexto actual que el Poder Ejecutivo tenga facultades para incrementar derechos de exportación. SI el Ejecutivo entiende durante el ejercicio 2023 que es necesario incrementarlos, que envíe el proyecto pertinente al Congreso. Terminemos de una vez con esta manía de trasladarle al Ejecutivo la posibilidad de incrementar impuestos. Somos los legisladores quienes debemos hacerlo. Es al Congreso a quien la Constitución le asigna la responsabilidad de legislar en materia impositiva.
SI queremos mejorar las instituciones, -y necesitamos hacerlo-, una cuestión básica y elemental es que cada poder del Estado cumpla su rol. Necesitamos un Congreso que esté a la altura de los desafíos de nuestra sociedad, no un Congreso que se quite de encima responsabilidades para pasarlas a otro poder. Parte de la calidad institucional perdida la vamos a empezar a recuperar cuando cada Poder cumpla su rol. Hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución. A nuestro país siempre le fue bien cuando la respetamos, y muchos problemas hemos tenido cuando dejamos de hacerlo.
El otro debate es la equidad que debe existir en la composición de la masa de recursos que el presupuesto asigna o distribuye y la calidad que debe tener el gasto.
De la calidad de las instituciones también depende la calidad de vida que vamos a garantizar al pueblo que representamos.
La diputada nacional y presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, sostiene que el rol de la oposición frente al actual contexto de “tensión” política en el Gobierno nacional debe ser “acompañar al Poder Judicial para que trabaje con independencia” pero “sin tener injerencia” en una eventual sentencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El rol de Juntos, consideró, debe ser “prepararse para ganar las elecciones y no fracasar como gobierno”, aunque para eso “tiene que definir para qué queremos gobernar”.
En su visita, le brindó una entrevista a LA CAPITAL y no se guardó nada. Habló del “fracaso” del gobierno de Macri, de los desafíos de Juntos, su simpatía por Facundo Manes, su valoración de Horacio Rodríguez Larreta, de la imagen “deteriorada” de Alberto Fernández, el juicio que tiene en la mira a Cristina Kirchner y de su ex aliado Sergio Massa.
-¿Cómo analiza el actual escenario político?
-Ya veníamos con un gobierno muy debilitado. Argentina es un país presidencialista, pero hemos ido perdiendo eso. Tenemos un Presidente con una figura muy debilitada, deteriorada. Está desdibujado, ni siquiera ha podido mantener los ministros que quería. Sumado a eso, los ataques de la propia vicepresidenta fueron haciéndole perder autoridad presidencial.
-¿Qué opina de la reacción que se generó tras el pedido de condena del fiscal Luciani?
-Este juicio por corrupción es solamente por la causa de Vialidad, que está totalmente probada. Luciani cumple con su deber, está en el proceso para acusar, es su rol. Y acusa porque tiene todas las pruebas. Esa acusación debió haber pasado como un trámite más. Y la vicepresidenta, como imputada, debió haber esperado el turno de sus defensores para hacer el acto procesal que corresponde y esperar una sentencia. En cambio hizo un stand up, con incitaciones a la violencia. En vez de ejercer su defensa, ella prende su ventilador y empieza a ser la fiscal de otras personas, otras causas y otros hechos. Embarra toda la cancha y todo lo que se generó estos días nos ha puesto en un clima muy violento, demasiado tenso, que distrae la atención de los problemas reales, pero al mismo tiempo tiene su impacto.
-¿Dice que la tensión política repercute en la situación económica?
-Los problemas del país real son la inflación que no cede, la pobreza, la educación muy deteriorada. Argentina arrastra problemáticas muy fuertes. No puede ser que esté el país entero atrás de a las cosas que a la vicepresidenta la enferman, que son sus causas judiciales. Se está perdiendo el valor del salario real y la jubilación. El principal temor de la gente es que no le alcanza la plata para comprar lo que compraba hace una semana. Nadie sabe dónde va a ir a parar. Y con un gobierno sin rumbo ni autoridad, ¿Cómo vamos a estar dentro de un año? Pero si en vez de certezas agregan este clima hostil y brutal en lugar de transmitir tranquilidad… la esposa de Kirchner es la jefa de la coalición que gobierna y la vicepresidenta. Entonces, señora, llámese un poco a la tranquilidad. Deje sus problemas personales de lado y pónganse a gobernar.
-¿Qué opina de la actitud del Presidente ante estas circunstancias?
-Tremendamente reprochable. Está totalmente desdibujado y de la peor manera intenta volver al escenario. No me puedo explicar cómo su equipo de comunicación lo asesora para que se presente en un programa de televisión (TN), sabiendo que si lo sacan del libreto mete la pata y es capaz de decir cualquier cosa. Lo someten a una entrevista donde los periodistas no lo ponen en ninguna incomodidad, se embarra solo y termina diciendo bestialidades, como que la acusación del fiscal es una persecución judicial, una injerencia sobre el Poder Judicial que afecta su independencia y viola la Constitución. Pero además, otra atrocidad fue comparar el tema de Nisman con el fiscal Luciani. Al menos por su responsabilidad, no puede hacer semejante comparación. Es tremendamente grave.
-Después de eso, Juntos impulsó un pedido de juicio político, ¿estuvo de acuerdo?
-Sí, desde Juntos hicimos una presentación para pedir un juicio político, pero sabemos que no tiene viabilidad porque no tenemos el número de votos para avanzar.
-Entonces, ¿fue solo una expresión política?
-Sí… lo que hicimos fue advertir sobre la gravedad de lo que el Presidente dijo. Sabemos lo que significa pedir un juicio político. Pero tiene que servir también para darle fuerza a los que están investigando, marcar que estamos mirando lo que está sucediendo, que no pasa inadvertido.
“Hay que reconocer que entre 2015 y 2019 no se hicieron todas las cosas bien. Esa es una de las principales diferencias que tenemos con algunos del PRO”.
-Compartió años atrás un proyecto político con Sergio Massa (1País), ¿Cómo vio su designación como superministro en este Gobierno?
-La designación de Massa termina de debilitar al Presidente. Argentina debería fortalecer la figura de su Presidente y no seguir debilitándolo. Pero Massa no es alguien que estaba estudiando en el exterior, lo convocan y viene. Cambió de sillón. Y tenía un sillón no menos importante. Como presidente de la Cámara de Diputados estaba en la línea sucesoria presidencial. Massa es responsable del desastre que han hecho de este país en estos casi tres años de gobierno, ha formado parte de ese trípode de decisiones. Los desastres que se han hecho son obra de Alberto, Cristina y Massa. Entonces, ¿por qué pensar que porque cambió de sillón ahora va a resolver las cosas? Massa tiene capacidades, pero el contexto que él mismo hizo generar como parte del gobierno es muy difícil de revertir. Fue una sorpresa, no que sea ministro, sino que en 2019 decidiese acompañar ese proyecto. El Massa que yo conocí es el que decía que los iba a meter presos, no éste.
-¿Cuál es o debería ser el rol de Juntos frente a este escenario?
-Juntos no tiene ni debería tener demasiado rol en todo esto. Tenemos que acompañar al Poder Judicial para que funcione con toda la independencia. Lo que hicimos fue presentar en el Congreso ese pedido de juicio político que está bien desde el lugar de plantar una advertencia. Pero no es nuestro rol tener ningún tipo de injerencia, porque ir más allá nos pone en un lugar que no debemos tener.
-¿Cree que la coalición saca provecho de esta situación?
-La coalición tiene que prepararse para ganar elecciones y no fracasar en el gobierno. Nosotros tenemos que armar un buen programa de gobierno y sellar nuestra unidad en un programa. No importa quiénes ganen las PASO. Lo que importa es que el que pierda no se vaya a su casa, que sea un jefe de gabinete, un ministro, que todos en conjunto puedan trabajar para dar respuestas. Algunos tienen que juntar votos, otros buscar soluciones a los problemas. No se puede aspirar a gobernar sin saber qué vamos a hacer con la inflación, con la inseguridad, con la pobreza…
-¿Da por hecho que habrá PASO en Juntos?
-Sí, va a haber una PASO. Y no me preocupa que haya muchos candidatos, al contrario, eso es una demostración de la fortaleza de la coalición. Y la PASO resuelve quién es el que llega. Lo importante es que todos los demás formen parte del mismo equipo.
-Habla de un proyecto unificado, ¿Qué diferencias tendría con el del gobierno de Macri?
-Hay que reconocer que entre 2015 y 2019 no se hicieron todas las cosas bien. Esa es una de las principales diferencias que tenemos con algunos del PRO, que creen que no se equivocaron en nada. Las cosas fracasaron en términos económicos e institucionales, pero hubo otras cuestiones que estuvieron muy bien. Hay que aprender de lo que estuvo bien y corregir lo que no fue así.
-Dentro de las figuras presidenciables para el 2023, ¿Está más cerca de Facundo Manes?
-Yo sí. Manes tiene varias cuestiones a su favor. Es una persona preparada, capaz de liderar equipos y está formado profesionalmente. Pero también tiene a su favor el contexto. Hay tan baja credibilidad en la política tradicional, que una persona que viene sin esas trayectorias tradicionales puede aportar una mirada más de sentido común y cercana a la gente. Yo me siento muy cercana a Manes, pero no debe ser en desmedro de otros. Yo respeto muchísimo a Larreta por ejemplo. Ha sido una persona con una muy buena trayectoria. Creo que la Argentina necesita un proyecto más humanista y más progresista como el de Manes, pero Larreta también está en condiciones de gobernar.
-¿A Cristina también la ve candidata en 2023?
-Creo que sí. No sé si como candidata a presidenta o a senadora en la provincia de Buenos Aires. Ella va a buscar preservar sus fueros y eso lo va a conseguir más fácilmente en una candidatura a senadora que con una candidatura a presidenta, pero no descarto nada de parte de ella.
-¿Cuál es su aspiración personal para los próximos años?
-Tengo tres años más como diputada nacional. Ojalá me tocara acompañar un gobierno de Juntos por el Cambio en un lugar ejecutivo. Me encantaría.
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Panel «Tendencias en transformación digital para fomentar la transparencia y contrarrestar la desinformación»
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Panel: «Tendencias en transformación digital para fomentar la transparencia y contraatacar la desinformación».
El desafío de construir Estados Abiertos
A casi 40 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno en nuestro país, se impone el desafío de avanzar en la democratización del ejercicio de la función pública, tanto en los ámbitos ejecutivos, como legislativos y judiciales.
Las gestiones de gobierno deben impulsar un cambio cultural profundo en donde el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se conviertan en ejes transversales e inherentes a las mismas.
Argentina tiene avances considerables en materia legislativa sobre instrumentos que garantizan el acceso a la información pública y la participación ciudadana, sin embargo, en la práctica no todos los poderes del Estado ni sus niveles de gobierno han desarrollado políticas concretas para garantizar tales derechos.
Hoy no resulta suficiente que hablemos de Gobiernos Abiertos. La pérdida de confianza en las instituciones públicas y la necesidad de relegitimar el accionar de los Estados y las prácticas democráticas nos interpela y nos obliga a construir Estados Abiertos, en donde su gobierno, sus órganos legislativos y judiciales impulsen verdaderos procesos de democratización. El desarrollo de las nuevas tecnologías y las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19 nos brinda una excelente oportunidad de transformación en ese sentido.
La Transparencia no debe pensarse como un fin sino como una herramienta imprescindible para el Buen Gobierno, que es lo que da sentido a la acción política y a la representación popular.
Parlamentos Abiertos: información, participación, rendición de cuentas y transparencia
Este panel tiene como uno de sus objetivos debatir cómo los parlamentos pueden, a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, garantizar el derecho de acceso a la información pública, la rendición de cuentas por parte de los parlamentarios, facilitar la participación ciudadana y, como correlato de lo anterior, alcanzar mayores niveles de transparencia.
Volvemos al concepto antes mencionado de Parlamento Abierto entendido éste como un modelo de gestión e innovación que, a través de procesos de co-creación entre las y los legisladores, funcionarios y funcionarias, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía en general, tiene como propósito fortalecer las funciones parlamentarias para continuar consolidando la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana inclusiva, la ética y la probidad en favor del sistema democrático”.
4 pilares de la apertura legislativa
Transparencia y acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que permite la rendición de cuentas, favorece la transparencia, garantiza el ejercicio de otros derechos (por ejemplo, la participación ciudadana) y contribuye al desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente. Es un derecho humano porque hace a la prerrogativa del individuo de obtener información pública, procesarla, analizarla e iniciar un proceso individual o colectivo de co-creación. Asimismo, es un derecho ciudadano y colectivo porque es inherente a la República garantizar la información y la transparencia de los actos públicos y porque la información pública no se agota en el pedido de acceso que la generó, sino que la misma es un bien público que puede ser reutilizada por el conjunto de la ciudadanía. Asimismo, la transparencia permite que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y otras partes interesadas puedan participar y monitorear asuntos públicos, fortaleciendo así la lucha contra la corrupción y la legitimidad de instituciones públicas.
La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho exigible a los poderes y una responsabilidad cívica. Todo proceso de participación ciudadana requiere de una ciudadanía activa que busque expresar y defender sus intereses y potenciar sus capacidades a través de la cooperación y colaboración con los órganos del Estado. Las políticas de participación ciudadana deben ser fomentadas por el Estado a partir de una firme decisión política, mediante la asignación de recursos y creando las condiciones favorables para la instrumentación de las mismas.
La rendición de cuentas es unos de los principios básicos del sistema democrático que implica la obligación de funcionarios y funcionarias de dar cuenta de sus acciones en el ejercicio de la función pública y el derecho ciudadano de exigir que se publiciten actos de gobiernos y se puedan fundamentar las decisiones alcanzadas. Los parlamentos cumplen un rol importante en la rendición de cuentas de los Ejecutivos ejerciendo las funciones de contralor correspondientes, pero a su vez, se encuentran obligados a generar procedimientos internos de rendición que den cuenta de sus acciones ante la sociedad a la que representan.
El ejercicio de la función pública basado en la ética y la probidad contribuye, sin lugar a dudas, a mejorar la legitimidad, la credibilidad y la confianza en las instituciones.
Nuevas tecnologías y apertura legislativa
La participación ciudadana, la rendición de cuentas y, por ende, las formas y niveles que alcanza la transparencia de los gobiernos, se han visto sustancialmente transformadas con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) generando un fuerte impacto sobre las democracias.
El concepto de democracia, por su amplitud, debió ser siempre acompañado por adjetivos calificativos que dieran cuenta la especificidad de esta forma de gobierno en cada contexto. Hablamos de democracias directas e indirectas; de democracias representativas y delegativas; de democracias participativas, entre otras, y hoy hablamos de “democracias digitales” para definir las características que adquiere esta forma de gobierno al incorporar las TIC como herramienta de representación y participación política.
Cuando hablamos de este tipo democracia moderna, debemos pensar en ciudadanos y ciudadanas que también han visto transformado su accionar cívico y político a partir del uso de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de personas que hoy no se conforman con participar políticamente cada 2 o 4 años cuando hay convocatorias a elecciones, nos encontramos frente a personas que no canalizan sus inquietudes a través de las instituciones tradicionales de la democracia como los partidos políticos.
Vivimos en una sociedad que demanda una participación mayor en los asuntos públicos y lo hace a través de nuevos canales de comunicación. Se expresa a través de las redes sociales; instala temas en las agendas públicas y moviliza colectivos sociales para legitimar su demanda; exige información y rendición de cuentas por medios digitales, forma parte de las políticas públicas a través de espacios virtuales de participación y espera respuestas de gobiernos que aún son reacios o sienten temor frente a la apertura de información pública y el crecimiento de la participación ciudadana.
Las demandas sociales y las manifestaciones también han sido revitalizadas sustancialmente en la era de Internet. En los últimos años, las redes sociales han demostrado ser el motor de las manifestaciones democráticas, movilizando a grandes sectores de la sociedad en post de exigir la instrumentación de determinadas políticas públicas. En Argentina hemos evidenciado el movimiento de miles de personas militando en las calles la sanción de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo o la petición de políticas para prevenir la violencia de género a través del colectivo Ni Una Menos.
Debemos poder diferenciar entre el uso de tecnologías aplicados a los mecanismos tradicionales de participación política, como puede ser el uso de sistemas electrónicos para la emisión del voto o las firmas de peticiones digitales, de aquellas nuevas formas de participación política que provienen del uso de las TIC o las denominadas “innovaciones digitales democráticas”.
Estas últimas pueden impactar directamente sobre la calidad de la participación ciudadana de la democracia, convirtiéndola en más inclusiva, deliberativa y eficaz. La mirada no está puesta en la cantidad de las personas que participan si no en los colectivos sociales que serán objetos de las políticas públicas y del alcance o profundidad de las mismas. Innovaciones digitales democráticas han favorecido la inserción y la participación política de sectores a veces relegados de la vida política como las mujeres, los jóvenes o los grupos vulnerables. Grupos sociales que no demandan por cuestiones abstractas de la política sino por temas puntuales que afectan sus propios intereses y, mediante las formas tradicionales de participación política no lograban ser escuchados.
Ventajas de la tecnología puesta al servicio de la apertura democrática
Aumenta la transparencia y reduce las posibilidades de corrupción. La utilización de plataformas digitales contribuye a transparentar la información pública y fomenta las buenas prácticas relativas a la rendición de cuentas.
Facilita el acceso a la información pública. Las innovaciones digitales mejoran la transparencia de los gobiernos a partir de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la apertura de datos públicos. La rendición de cuentas por parte de funcionarios y funcionarias públicos se convierte en casi en una consecuencia lógica y deseable de la mirada permanente de la ciudadanía sobre las políticas públicas.
Promueve esquemas colaborativos y de co-gestión. En los ámbitos parlamentarios la sanción participada de normas otorga mayores niveles de legitimidad y de consensos para lograr su cumplimiento. Asimismo, se va generando un clima de confianza necesario y saludable para la gobernabilidad democrática que debemos reconstruir. La participación activa y responsable sumada a la utilización de nuevas tecnologías promueven un escenario virtuoso para la colaboración y la co-creación de políticas públicas, promoviendo gobiernos más eficaces, más abiertos y transparentes.
Humaniza la representación. Las innovaciones digitales pueden cambiar la manera en que la representación se realiza, haciéndola más sensible. La “sanción participada de normas” es quizás el cambio más innovador que haya tenido lugar en los parlamentos en los últimos siglos, permitiendo a los ciudadanos colaborar en la redacción de nueva legislación y, por lo tanto, participar en la elaboración de leyes. Cada vez son más los partidos políticos y legisladores que impulsan plataformas digitales de participación para elaborar sus agendas de trabajo y/o incorporar la mirada de los interesados en el resultado final de política o de la legislación. Frente al trabajo de reducidos equipos de especialistas hoy se erige la participación de un número importante de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con causas o intereses colectivos.
Favorece la inclusión. A medida que la brecha digital vaya disminuyendo y que se garanticen el acceso a internet y a los dispositivos tecnológicos lograremos mayor inclusión de aquellos grupos marginados o lejanos a las grandes urbes. Internet garantiza a los ciudadanos mayor igualdad y la no discriminación en el sentido que todos pueden interactuar sin importar la condición de sexo, raza, edad o la situación económica, política, social y cultural.
Moderniza el Estado. El uso de la nueva tecnología en la administración pública permite la modernización del Estado, haciéndolo más eficiente.
Innovación digital y apertura legislativa en la HCDN de Argentina
En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, muchos ámbitos legislativos han iniciado sus procesos de digitalización y de apertura legislativa, buscando poner a la ciudadanía en el centro de estos esfuerzos.
En el marco del Cuarto Plan de Argentina ante la Alianza de Gobierno Abierto, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lleva adelante el Plan de Acción de Congreso Abierto (2021-2022). La iniciativa está integrada por un conjunto de compromisos (5) que buscan promover la apertura a través del diálogo y la participación ciudadana en los procesos legislativos.
Los compromisos alcanzados y sobre los cuales se instrumentan diversas acciones son:
Compromiso de Igualdad de 1). Género y Diversidad Sexual. El mismo busca brindar información sobre la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en la HCDN y promover la participación de la ciudadanía.
Por su parte, los compromisos de 2). apertura, accesibilidad e interoperabilidad de documentos legislativos, 3). de acceso a la información pública de comisiones parlamentarias, y 4). de agenda abierta virtual apuntan a compartir con la ciudadanía los procesos de la gestión legislativa. A través de herramientas digitales se da publicidad, por ejemplo, a documentos de trabajo de las comisiones y reuniones que lleven adelante diputadas/os y autoridades políticas de la HCDN.
Por último, el compromiso de 5). promoción de la participación ciudadana en el proceso legislativo implica rediseñar y/o generar estrategias que logren aumentar la participación plural y federal en la elaboración de leyes.
Algunas acciones desarrolladas en el marco del Plan:
Mapa de inclusión laboral Travesti Trans
Mapa de indicadores de presencia de mujeres y personas LGBTIQ+ en la HCDN para relevar su participación laboral y política en este espacio.
Encuentros de «Congreso Participativo» para debatir sobre diferentes mecanismos de participación en el proceso parlamentario
Se avanzó en la digitalización de los documentos, actividades y demandas relevadas de la HCDN a través del proyecto del “Gestor Parlamentario Documental”.
Se desarrolló un sistema interno para mejorar la calidad y cantidad de información que se registra sobre la actividad de comisiones de la HCDN
Se avanzó en el sistema de agenda abierta y en el Manual de Ética Parlamentaria.
Otras innovaciones digitales de la HCDN
INNOVACIÓN
Laboratorios de Nuevas Tecnologías – DIPLAB: es un espacio para experimentar, investigar y capacitar sobre nuevas tecnologías y sus implicancias sobre la sociedad, la economía, la política y, fundamentalmente, el ámbito legislativo.
Parlamento remoto: se desarrolló una aplicación propia de participación remota con certificación de identidad y se adaptó el recinto y la plataforma de videoconferencias para realizar sesiones virtuales mixtas, garantizando el funcionamiento del Congreso durante la pandemia del COVID-19. Se dispuso una nueva modalidad para que los proyectos puedan ser enviados por diputados y diputadas vía mail desde cualquier punto del país y recibidos en formato digital.
Gestor Parlamentario Documental – GPD: permite la gestión y la firma digital de informes y dictámenes por parte de las diputadas y diputados.
TRANSPARENCIA
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Con la mirada puesta en una agenda legislativa ambiental, la Diputada Nacional Margarita Stolbizer presentó su proyecto sobre Justicia Ambiental ante organizaciones socioambientales, legisladores y especialistas.
Durante el primer tramo del encuentro, Stolbizerexplicó el espíritu del proyecto: “Estamos llamados a brindar más eficacia al funcionamiento del poder judicial cuando se trata de temas específicos que requieren el tratamiento por tribunales especializados y con la capacidad de comprender la conflictividad. Porque por detrás de esas situaciones están las personas, los ambientes y el conjunto de derechos que la Constitución manda a proteger. Nuestra intención es iniciar con la Justicia Ambiental una agenda a tratar a lo largo del año en el Congreso de la Nación.El ambiente es un temaque tiene que ponernos por sobre los conflictos y las divisiones de Argentina, trabajando la problemática de manera transversal”, y agregó: “Tenemos múltiples conflictos ambientales y leyes muy buenas, pero que no se cumplen. Frente a todo eso, se hace necesario contar con una justicia especializada en la temática ambiental que no solo contemple, como dice el art.41 de la Constitución, el derecho individual y colectivo al ambiente sano, equilibrado y sustentable, sino también la certeza de que el daño ambiental será reparado”.
Por su parte, los especialistas y ONGs participantes celebraron la presentación de este proyecto y el compromiso de los legisladores presentes para con el ambiente.
La Senadora Gladys González,Presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, manifestó: “Necesitamos de otras herramientas, como la Justicia Ambiental, que nos permitan ejercer nuestro derecho de manera real y tener acceso a poder exigir el respeto de ese derecho cuando es vulnerado”. Asimismo, la Diputada Graciela Camaño expresó: “Damos la bienvenida a que podamos avanzar y ser muy ambiciosos en materia de ambiente, porque vivimos en un país que tiene todos los recursos naturales pero también es extremadamente pobre y lo que tenemos que aprender es a sustentar las cuestiones ambientales con las del desarrollo productivo”. El Diputado Domingo Amaya se refirió a la gestión ambiental de los gobiernos municipales, la cuestión de los residuos y la responsabilidad de productores.
Más tarde, la Diputada Stolbizer -junto a los presentes- escuchó a las organizaciones socioambientales, que expusieron las problemáticas sobre las que se encuentran trabajando, y los comprometió a seguir generando intercambios a fin de poder plasmar sus trabajos en proyectos y vehiculizarlos a la Honorable Cámara de Diputados. “Reconocer a quienes vienen trabajando y haciendo cosas desde antes, es una forma de darle sentido a la representación que tenemos y legitimar con más fuerza las iniciativas parlamentarias y las leyes que se aprueben”, declaró.
Durante la charla-debate, surgieron temas concretos para trabajar en la agenda anual, tales como reconocimiento a las empresas de interés colectivo y triple impacto, responsabilidad extendida de productores, referido a colillas y neumáticos, y la formalización del Acuerdo de Escazú, entre otros.
Para finalizar, Stolbizer indicó: “Nuestra agenda de trabajo tiene que avanzar en el tratamiento, el debate y la aprobación de temas que son muy importantes para nuestra legislación, así como también ver cómo se establecen alianzas con los decisores político-económicos que garanticen que las buenas intenciones alcancen los objetivos buscados”.
Participaron de la reunión Dr. Mariano Aguilar de la Asociación Argentina Abogados Ambientalistas de la Patagonia; la Senadora Nacional Gladys González; las Diputadas Graciela Camaño, Camila Crescimbeni, Dolores Martínez y el Diputado Domingo Amaya. Entre las organizaciones presentes: Fundación Expoterra; Asociación Argentina de Justicia Constitucional; Centro de Estudios (Cenad) UBA; Legisladores por el Ambiente, EcoDerecho, Consciente Colectivo, Alianza por el Clima, Jóvenes por el Clima Argentina y EcoHouse Global.
