Debate sobre “Ley de Góndolas”

El Salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura porteña fue sede del debate sobre el proyecto de “Ley de Góndolas”, presentada por el Dip. LCABA Sergio Abrevaya en abril del corriente año.

ndolas

Este proyecto tiene el espíritu de fomentar la competencia, evitar distorsiones de precios y permitir el acceso a una oferta variada que incluya a los pequeños y medianos productores locales, contribuir a que el precio de los productos ofrecidos a los consumidores sea transparente, y aportar en combatir prácticas de posición dominante o concentración en ciertas áreas de producción para posterior venta de productos evitando así generar perjuicios en los consumidores.

El panel, integrado por el Diputado Abrevaya, Yolanda Durán (Presidenta de C.E.D.E.A.P.S.A –supermercadistas chinos), el Dr. Claudio Boada (Unión de Usuarios y Consumidores), el Dr. Héctor Polino (Consumidores Libres) y el Dr. Lucas Piaggio (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), fue coordinado por el Licenciado Javier Gentilini (Subsecretario de Relación con Organizaciones de la Sociedad Civil).

Tanto Boada como Polino se manifestaron abiertamente a favor del proyecto e indicaron que plantea limitaciones que son necesarias, porque hay abusos monopólicos detrás de los que están sólo dos o tres productores. En el mismo sentido, manifestaron que debería aplicarse en super e hipermercados por la dinámica con que trabajan y porque a las grandes corporaciones les es más fácil tratar únicamente con grandes corporaciones .

Por su parte, Lucas Piaggio manifestó que, al parecer de Copal, el proyecto atenta contra la Ley de Mercado y la Ley de Oferta y Demanda cuando refiere a la disposición de los productos en góndola porque “el espacio que ocupa un producto en la góndola es dado por la demanda del mismo”. En tanto, Yolanda Durán expresó que debería aplicarse en comercios cuyas superficies sean mayores a 1000m2.

En el cierre, los disertantes coincidieron en que abrir el debate fue una propuesta importante, un gran paso para que todos los actores pudieran intercambiar puntos de vista; asimismo, los organizadores lamentaron la ausencia de Juan Vasco Martínez –representante de la Asociación de Supermercadistas Unidos- quien se excusó por un problema personal.

Pedimos URGENTE la Reglamentación de la LEY para Celíacos

Pedimos URGENTE la Reglamentación de LEY para Celíacos aprobada el 16 de Agosto de 2018 presentada por Sergio Abrevaya.

Hace un año se aprobó la ley para que Celíacos e Intolerantes al Gluten puedan comer en restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires sin poner en riesgo su salud. La Agencia Gubernamental de Control aún no la reglamentó. Ayudanos a que nos escuchen #ReglamentaciónYA

Comunicado GEN sobre Servicio Cívico Voluntario

NO SE PUEDE DELEGAR LA ENSEÑANZA DE VALORES DEMOCRÁTICOS Y REPUBLICANOS EN UNA FUERZA DE SEGURIDAD.

Solicitamos dejar sin efecto la Resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad, presentada por el Presidente de la Nación, y se activen con urgencia los mecanismos y políticas de Estado que deben destinarse a la atención de la vulnerabilidad social de jóvenes a quienes se deberá incorporar en programas especiales de los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Producción/Trabajo.

La solución frente al grave problema de niños, niñas y jóvenes en condición de pobreza no es meterlos en los cuarteles a cumplir con una «colimba encubierta», sino asegurarles a ellos y a sus familias los derechos básicos para una vida digna. Necesitan escuelas, talleres y universidades donde canalizar sus capacidades y aptitudes para ser copartícipes de un proyecto de desarrollo colectivo basado en valores.

No es posible admitir la instalación de un Servicio Cívico de Reclutamiento de jóvenes a cargo de una fuerza de seguridad que tampoco puede distraerse de las tareas importantes y propias que la ley le asigna.

Consideramos la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación como una intromisión improcedente en áreas de atención que corresponden a otros sectores de gestión, y que no puede el Estado eludir sus responsabilidades frente a la crisis socioeconómica que expulsa a los jóvenes de los ámbitos naturales de la educación y el empleo, o que no les abre las oportunidades y condiciones para su inclusión y promoción.

Rechazamos, además, los intentos de imponer de esta manera un electoralismo barato, impropio de democracias serias que deben destinar recursos a garantizar los derechos de todas las personas, evitando cualquier intento de utilización de las condiciones de pobreza o marginalidad que deben resolverse a través de los organismos y las políticas públicas eficaces y coherentes con la finalidad que se debería perseguir.

Manifestamos nuestra firme oposición a la puesta en marcha de la creación del Servicio Cívico Voluntario en valores por parte del Ministerio de Seguridad como pretendido ámbito de cohesión e integración social dirigido a jóvenes de 16 a 20 años para ser implementado por la Gendarmería Nacional.

Reclamamos con urgencia que se deje sin efecto este nuevo disparate y se de intervención a los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, y Producción/Trabajo para implementar de inmediato un programa de atención de la problemática de la vulnerabilidad social de los jóvenes.

Presidenta, Margarita Stolbizer
Secretario General, Sergio Abrevaya


POR QUÉ NO PODEMOS SER CAMBIEMOS

Y VAMOS POR UNA CONFLUENCIA SOCIALDEMÓCRATA EN ARGENTINA

1. Porque la Coalición de gobierno, -liderada en exclusiva por el PRO-, no cree en la política ni en el estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales.

2. Porque aumentaron en 2.2 millones de personas pobres como consecuencia del desastre de su política económica. Nos dicen que hay que crecer para repartir, nosotros decimos que hay que repartir si queremos crecer. El crecimiento debe tener una base moral, sobre todo si reconocemos que el principal problema, junto con la pobreza, es la desigualdad. No resolvieron ninguno de los problemas que tenemos, los que subestimaron, -como la inflación-, y demostraron impericia, falta de ideas e insensibilidad para resolver los aumentos de tarifas.

Porque creen en una sociedad de pobres contenidos con impuestos de la clase media, pero donde nunca se toca a los que más tienen y pueden. Y tampoco construyeron una empatía ética para alivianar la carga de lo que sufren.

3. Porque creemos en una integración inteligente con el mundo, reduciendo la dependencia, la vulnerabilidad y el endeudamiento, en modelo de desarrollo con eje en la sociedad-naturaleza, donde se atiendan las necesidades presentes y de generaciones futuras. Y ellos han hecho exactamente lo contrario y hoy el 20% de nuestros ingresos van al pago de intereses de la deuda, superando el presupuesto destinado a salud, educación o ciencia y técnica.

4. Porque defendemos la educación como un derecho humano y social esencial y ellos lo ponen en la columna de las mercancías o de los gastos. Defendemos la escuela pública y la universidad como parte de un proyecto de país que asegure igualdad de posibilidades a todas las personas, para el acceso a un empleo de calidad.

5. Porque sin atender las problemáticas de trabajadores y pymes, aprueban compensaciones económicas a sectores agropecuarios, mineros, financieros y a los concesionarios viales. Aquellos sostienen el empleo y son perseguidos por los organismos de recaudación que no van igual contra los grandes evasores.

6. Porque descalifican las protestas sociales sin analizar causas y promueven la represión, la mano dura y que se armen los que quieran. La seguridad debe ser garantizada por el estado. Ellos condecoran al policía que mata por la espalda y nosotros consideramos que es un crimen.

7. Porque pasaron más de tres años. No reformaron la ley de ética pública, no resolvieron sino que aumentaron los conflictos de intereses y los negocios de particulares con el estado. No son lo transparentes que prometieron y pusieron al área anticorrupción en un ridículo lugar de dependencia de los mismos funcionarios que deben controlar.

Sobran las razones por las que nunca podríamos compartir una coalición con Cristina Kirchner o con quienes siguen sosteniendo su liderazgo (por convicción o por conveniencia), porque ellos nos hundieron en la mezcla de pobreza, aislamiento y corrupción. Y porque no promovemos una vuelta al pasado. Argentina necesita una verdadera alternativa. Y eso no es sumándose a la grieta sino confrontando con ella. Superando esa falsa opción binaria (Un buen negocio electoral con efectos perversos para la Nación).

No somos ni seremos parte de esa grieta. Estamos fuera de ella promoviendo una confluencia socialdemócrata para un país mejor. Y como tales, como expresión de los muchos argentinos y argentinas que tampoco quieren volver a correr el riesgo de caer en ese abismo, tendremos una expresión electoral este año, que no será ninguno de los términos que expresan Cambiemos ni el kirchnerismo.

MARGARITA STOLBIZER
SERGIO ABREVAYA

Hay que corregir sobre la base de los institutos de formación docente


El Diputado Sergio Abrevaya (CABA), explicó el por qué su voto negativo a la UniCABA: “Creo que la política tiene que dejar de tirar por la borda todo aquello que tiene muchos años e intentar reemplazarlo, por el contrario, tiene que aprovecharlo. Muchos de los institutos de formación docente tienen más de 100 años y si hay algo que corregir, hay que hacerlo sobre la base de estos institutos que son muy buenos, tienen una identidad y una cultura organizacional probada y prestigiosa. Cuando nos preguntamos si deben ser modernizados, la respuesta es afirmativa; pero como Estado debemos marcarles hacia dónde vamos para saber qué exigirles. Además, se puede descentralizar el formato de cada Instituto para que cada uno -con su propia mirada- haga un aporte a las decisiones del Estado”.

Además, Abrevaya indicó: “Por otro lado, como la oferta de universidades es enorme, no hace falta que se invierta más dinero para la creación de una nueva universidad como la UniCABA: desde el punto de vista de lo pedagógico existen la UNIPE, el INFOD así como las carreras de Filosofía y Letras de la UBA, que fueron pensadas para lo pedagógico. Un exceso que confunde y desorienta”.

El Estado debe intervenir ya para frenar la inflación

03/09/2018.
El gobierno debe sentarse con todos los sectores políticos y de la economía. La emergencia en la que estamos lo obliga a buscar con urgencia: a) frenar el traslado de devaluación a los precios, b) frenar la ansiedad de salvar los ahorros en dólares.


El gobierno fue el mayor promotor de la inflación aumentando de manera descomunal las tarifas de servicios, de la de la empresa estatal Aguas Argentinas y del transporte; combo que impactó en toda la economía interna. Hoy importa frenar esas subas, y en lo posible bajar las actuales, para empezar a construir una barrera entre la depreciación del peso frente al dólar y lo que los argentinos debemos afrontar en la economía de todos los días.

El gobierno tiene que ocuparse de la economía interna con más urgencia que del frente internacional. Se tiene que preocupar por los precios y la economía real de quienes tienen que pagar sus cuentas. Si atiende con prioridad esas preocupaciones tiene la oportunidad de demostrar que escucha y recuperar algo de la confianza que perdió.

El nuevo valor del dólar permite restituir el valor de las retenciones a las exportaciones primarias sin causarle perjuicio económico al campo, al tiempo que debe instaurarse la obligación de liquidar divisas antes de los 180 días.

No se puede seguir vendiendo dólares a la especulación o a la desesperación. Se deben dar señales muy fuertes de que el peso vale en la economía interna, y no se deprecia frente a lo que tenemos que pagar todos los días. Y eso se hace recomponiendo paritarias y frenando la suba de precios. Puede inyectar más pesos en el mercado, con su espalda financiera ante el nuevo valor que licúa el déficit del Ejecutivo. Sin embargo, es necesaria la reactivación de la economía real que solo se logra equiparando la pauta salarial a la inflación.

Si el estado, primer formador de pesos con tarifas, detiene su inflación, puede sentarse con las alimenticias a exigir lo mismo, y así sector por sector: dialogar con cada sector productivo para contener el impacto del nuevo valor de la moneda a lo que exclusivamente influye en el costo de los productos de manufactura argentina.

El Banco Central informó que en julio se vendieron 3900 millones de dólares y se fugaron 4400. Hace falta que el Banco Central opere urgente en el sistema financiero y obligue a bajar las tasas usurarias que triplican la inflación en las tarjetas de crédito. También debe solicitar a los países destinatarios los nombres de quienes recibieron dólares en forma de depósito o compras en los últimos dos años, para gravarlos a límites casi confiscatorios. En un año regalaron más de 30 mil mi­llo­nes de
dó­la­res, superando el rescate hasta ahora del FMI. La única medida que se les ocurrió fue triplicar las LEBCAS que nos heredó CFK a tasas del 60%.

Los K en el 2008 promovieron la fu­ga de 24 mil mi­llo­nes de dó­la­res con un dólar que atesoraron mas de un mi­llón de ar­gen­ti­nos, o los viajes a dólar bajo de los dos Gobiernos de CFK, con su consiguiente devaluación del 230% entre 2012 a 2015. En las dos fórmulas rematamos dó­la­res baratos que resultan necesarios para la ac­ti­vi­dad
eco­nó­mi­ca.

Del 26% de pobres del Gobierno anterior pasamos al 34% y sin inversiones, resultando un país inviable que convive con la inmoralidad de casi 400 mil mi­llo­nes de dó­la­res de ar­gen­ti­nos que fugaron de la economía argentina para ser colocados en el exterior. Se debe imponer una nueva legislación, como en los países del primer mundo que regule la salida de la moneda extranjera, con gravámenes. Pero sobretodo es el precio el que la desalienta.

Las empresas de energía han vuelto a ganar millones, así como los bancos no pararon de acumular ganancias, mientras que la Argentina y los argentinos estamos al borde de la peor crisis económica de los últimos años. Debemos echar manos a la teoría del esfuerzo compartido de la Corte Suprema en 2002, por la que los grandes ganadores se empezarían a hacer cargo de parte de esta crisis.

Los administradores de consorcios en la mira: hay tres denuncias por día

Encabezan el ranking de sancionados por Defensa al Consumidor de la Ciudad.

Que liquidan las expensas de forma sospechosa. Que no mantienen los espacios comunes. Que no muestran la documentación. En la Ciudad, hay más de tres denuncias por día contra administradores de consorcios. Y son los más sancionados por Defensa al Consumidor, con multas que totalizaron más de $ 4,8 millones entre enero y abril.

Así lo reveló la Dirección de Defensa al Consumidor, que depende de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno porteño, que en el primer cuatrimestre del año recibió 327 denuncias contra administradores. La mayoría de los casos no lograron resolverse en la audiencia de mediación y terminaron en el labrado de multas.

La infracción más frecuente es la falta de transparencia en la liquidación de expensas, con un 28,3% de las sanciones. En un 17,5% de los casos los administradores no se ocupaban de mantener las áreas comunes. Y un 15% de los vecinos se quejó de que no les permitían ver la documentación del consorcio. Otros motivos de reclamo son no ejecutar lo que decidió la asamblea de propietarios (13%), y pedir que se depositen los fondos en la cuenta del propio administrador en lugar de en la del consorcio (6%).

Las denuncias en Defensa al Consumidor contra empresas o comercios suelen resolverse en audiencia de conciliación en ocho de cada diez casos. En cambio, si los denunciados son administradores, así se zanjan apenas dos de cada diez conflictos. Es por eso que lideran el ranking de infracciones en esa área: 161 multas, equivalentes a $ 4.821.048 en total.

La actividad es regulada desde 2003 por la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios, que depende de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Ese registro fue pensado para asesorar a los vecinos consorcistas y recibir las denuncias por incumplimientos a la norma.

A Adrián Hilarza, de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), no lo sorprenden estas estadísticas oficiales. “Sé que hay administradores que no cumplen la ley: muchos se creen que son dueños y terminan siendo desprolijos en el manejo del dinero -acepta-. Pero la poca participación de los propietarios en las asambleas también lleva a que aumente el nivel de choque. Se quejan después de que las decisiones ya fueron tomadas”.

El legislador Sergio Abrevaya (GEN) es autor de la Ley 3.254, que modifica la Ley 941 y establece más controles a las administraciones por parte de los vecinos. Desde el año pasado el diputado se reúne con asociaciones de consorcistas para diseñar un proyecto de baja de expensas. “El 80% de los problemas de los que nos hablan tienen que ver con administradores”, cuenta. Y reclama más controles por parte del Gobierno porteño, porque “la gente que fue al Registro Público de Administradores dice que no encuentra soluciones”.

Una de las que recurrió al Gobierno porteño fue Elena P. (83), que no se llama así pero prefiere mantener su apellido en reserva. Vive en Palermo, en un departamento con cochera que quiso poner a nombre de sus hijas. Cuando fue a hacer el trámite, vio que la administración había dejado sin abonar las rentas de su garaje durante todo un año. Tras el reclamo, la administradora pagó las tasas que debía, pero luego las cobró en las expensas a todos los consorcistas. “Ya la denunciamos con abogado porque no liquida los gastos con el formato que exige el Gobierno de la Ciudad. En la audiencia de conciliación dijo que iba a cumplir, pero nunca lo hizo”, recuerda.

Mario C. (65) también prefiere mantener en reserva su identidad. Vive en Villa Urquiza, a pocas cuadras de la estación de subte Echeverría. Dice que el administrador cobra las expensas en su cuenta bancaria personal en lugar de en la que está a nombre del consorcio. Dice que maneja los fondos del edificio como si fuera su propio dinero. Y que las obras que inicia pocas veces son autorizadas por la asamblea. Lo denunció ante Defensa al Consumidor y logró que se le aplicaran multas por $ 45.000. “Me enteré de que es reincidente, por eso la sanción fue tan severa”, precisa.

Desde Atención Ciudadana explican que los consorcistas tienen herramientas a mano. Por ejemplo, pueden remover al administrador. El primer paso es llamar a asamblea y pedir que se incluya ese punto dentro del orden del día. Si no hay quórum, quienes estén presentes pueden igualmente votar la remoción pero, para que la decisión quede firme, deberán pasar 15 días desde la notificación. En ese período, los vecinos que no asistieron podrán pronunciarse a favor o en contra.

A su vez, si los propietarios detectan que las expensas se liquidaron de forma incorrecta, pueden intentar recuperar el dinero, pero para eso es necesario denunciar penalmente al administrador si este cometió un delito tipificado. También pueden pedir un embargo cautelar para que no se frustre el reclamo si el administrador decidiera declararse insolvente.

Para resolver problemas en las administraciones, Atención Ciudadana creó la herramienta Consorcio Participativo, cuyo proyecto fue enviado la semana pasada a la Legislatura. Se trata de una plataforma gratuita que les permitirá a los vecinos visualizar toda la información del edificio donde viven, votar online y acceder a un chat interno para hacer y valorar propuestas. Los administradores podrán usarla para liquidar expensas, pagar salarios del personal, emitir comunicados y llevar un sistema de tickets para los reclamos que hagan los vecinos.

“Desde la Ciudad tenemos el objetivo de profesionalizar la actividad y generar herramientas de participación que aseguren la mayor transparencia posible”, explica Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Los administradores no ven con buenos ojos la iniciativa. “Ahora el Estado tendrá acceso a todos los intercambios entre consorcistas y administradores, y eso es información privada que luego puede ser comercializada”, advierte Hilarza.

Por otra parte, las administraciones están incluidas en el plan del Gobierno porteño para bajar las expensas. En marzo se derogó la disposición que las obligaba a llevar un libro de datos periódicos, lo cual demandaba $1.000 por año.

Según las agrupaciones de consorcistas, el 80% de las expensas son para pagar el sueldo del portero. Es por eso que, como parte de un plan del Gobierno porteño para reducirlas, se propone eliminar del Código de Edificación el requisito de construir vivienda para el encargado en los edificios de más de 15 unidades.

En marzo, los porteros cerraron una paritaria del 12% en dos tramos y una suma no remunerativa de $ 6.000 en tres cuotas. Para septiembre se prevé una revisión, en función de la inflación. En 2016 habían obtenido una suba de casi el 40%, y en 2017, del 21% con cláusula gatillo. Los consorcistas se quejan porque el Suterh, el gremio de los encargados, discute paritarias con los administradores, cuando los verdaderos empleadores son los vecinos.

Fuente clarin

Vivir sin gas: una pesadilla cotidiana que puede durar más de seis meses


14/05/2018. Sergio Abrevaya, CABA. Fuente La Nación
En cientos de hogares, el corte del servicio se prolonga porque los vecinos no pueden afrontar el costo de arreglar las instalaciones; ante los trastornos para bañarse y cocinar, hay quienes optan por mudarse

Alexis Panozzo descubrió que le habían cortado el gas del mismo modo en que lo descubre mucha gente, cuando quiso encender las hornallas y quedó en el intento. Desde entonces vive dentro de una pesadilla habitual para cientos de porteños: lleva más de cinco meses sin servicio y no sabe por cuánto más se extenderá la falta de suministro. «Mi encargado me dijo que esto iba para largo… Y tenía razón», se queja. Este vecino del barrio de Palermo debió comprar un horno eléctrico y una ducha eléctrica que calienta el agua en el momento, que es su gran temor cada vez que se baña: «Ahora tardo más tiempo en cocinar y menos en bañarme», dice con una risa de resignación.

No hay cifras que especifiquen cuántos hogares no tienen hoy gas en Buenos Aires y en los 11 municipios bonaerenses abastecidos por Metrogas. Voceros de la empresa señalaron que solamente el 0,02% de sus 2,5 millones de clientes resulta afectado: es decir, 500 hogares. Pero la estadística es de 2016 y no la actualizan porque, argumentaron, no poseen «la tecnología para hacerlo».

«Metrogas vino porque un vecino los llamó después de sentir olor a gas. La empresa descubrió la pérdida y nos cortaron el servicio», cuenta Panozzo, de 30 años. Efectivamente, las denuncias anónimas suelen desencadenar los cortes. El encargado del edificio de 16 departamentos donde vive el joven fue el único testigo de la presencia de los inspectores de Metrogas. Fue una visita breve: cortaron y se fueron, sin más. «Tenemos la facultad de suspender la distribución sin previo aviso porque responde a un criterio de seguridad», explicaron desde la distribuidora a LA NACION.

Metrogas deja a los clientes una serie de pasos por seguir para recomponer el suministro. No son pedidos caprichosos, sino que son demandas avaladas por la regulación vigente. Los requerimientos son diversos: puede ser colocar una ventilación para que rote el aire en la cocina, cambiar caños viejos, o medir la distancia entre la llave de gas y las hornallas. «El hogar tiene que ser 100% seguro», defendió la compañía.

«Lo que hace Metrogas es abusivo. Cada vez que aprueba nuevas medidas sobre la instalación pretende que la ciudad se adecue e invade la competencia del gobierno porteño. Deberían hacer saber a todos los propietarios cuáles son las nuevas normas de seguridad de instalación y, más allá de la existencia o no de fuga, que estos puedan decidir. Es como impedir que un vehículo circule porque no tiene airbag», consideró Sergio Abrevaya, diputado porteño por GEN, quien presentó un proyecto de ley que busca quitarle competencias a la distribuidora. Por el momento, está en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.

Un edificio sin gas provoca una suerte de laberinto en el que los vecinos quedan atrapados. Las reformas edilicias suelen ser costosas. Para cubrir los gastos, los consorcios cobran expensas extraordinarias. Entre los residentes no acuerdan rápido al momento de elegir al gasista: piden presupuestos, analizan y solo después contratan al matriculado.

La demora puede empezar en el palier. Eso ocurrió en el PH situado en Floresta donde vive Virginia Vera Alonso, de 50 años. Como hubo una pérdida en el caño que conectaba a todos los departamentos, la compañía cortó el suministro. Cada una de las 30 viviendas debía desembolsar $8000 para afrontar la obra. Algunos no alcanzaban a juntar la plata, otros peleaban por los presupuestos presentados por los gasistas: «Y así estamos, sin gas hace seis meses. Al final compramos una garrafa», se lamenta.

La solución más fácil

Para los propietarios más pudientes o para los inquilinos, la salida más fácil es la mudanza. Vera Alonso está pensando en vender su casa. En el edificio de Alexis Panozzo cuatro departamentos -el 25% del total- quedaron deshabitados tras el corte del gas. Él también se va a ir en febrero, una vez que culmine su contrato.

María José Del Bó, de 34 años, eligió el mismo camino. Alquilaba un dos ambientes en Montserrat al que debió transformar en un hogar electrointensivo para combatir el corte. Durante un año, invirtió en aparatos para enchufar a 220 voltios: compró un horno eléctrico, un termotanque pequeño, una pava eléctrica. El propietario no le reconoció los gastos. Es habitual: en algunas ocasiones, los dueños no devuelven el dinero invertido en artefactos vitales para paliar la falta de gas o directamente no se hacen cargo de la situación. María José se hartó de pelear con el propietario, como también se hartó del frío del invierno porque no le quisieron comprar una estufa eléctrica. Ahora vive en Congreso. «Desde entonces, mi vida mejoró un ciento por ciento. Mudarme me cambió todo», dice.

Metrogas pone el foco de la demora en los gasistas matriculados: «Se atrasan en entregar los pedidos de inspección. Una vez que lo hacen, nosotros tenemos hasta 10 días hábiles para hacer los chequeos correspondientes y, si todo está en condiciones, reponer el servicio. Ese periodo está regulado», argumentaron voceros de la distribuidora.

En el intervalo la empresa se corre del escenario y los gasistas toman el control. Son los responsables de trabajar los arreglos y de contactar a la compañía para que hagan los controles. Desde la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos (CAIF), que entre otros nuclea a los gasistas matriculados, denunciaron que «muchas veces los usuarios contratan a gasistas no matriculados cuyos arreglos están en contravención con la reglamentación vigente, lo que provoca serias irregularidades. En otras oportunidades, el consorcio demora en tomar la decisión final de a quién encomendarle el trabajo». Agregaron, por otro lado, que «el interés de los gasistas reside en que el trabajo se complete, y eso únicamente ocurre cuando Metrogas repone el servicio».

Termovalorizar basura no reciclable contamina menos que enterrarla


08/05/2018. Por Sergio Abrevaya, diputado GEN CABA.

Mauricio Macri asumió la Ciudad y le quitó apoyo a la separación en origen, con lo que empujó el negocio de la basura otra vez. Así, se continuó enterrando todo lo posible, relegando el remanente de reciclado a un precario acuerdo con cooperativas.

En 2012, el entonces gobernador Daniel Scioli dijo «basta», y exigió que ya no se enterraran en el Conurbano las seis mil toneladas diarias provenientes de la Ciudad, ante el hartazgo de las poblaciones cercanas a los basurales. Acordaron entonces la reducción de entierro y la ley de basura cero asomó. Se reimpulsó la separación con mejoras, pero no la infraestructura ni centros verdes suficientes a las cooperativas.

En 2014, el Consejo Económico y Social de CABA abordó el tema como una política pública. Es un órgano constitucional compuesto por 26 organizaciones, gremiales, empresariales, académicas, profesionales y credos, y por unanimidad recomendó sobre residuos: «La disposición final de los desechos húmedos podrá hacerse mediante tratamiento térmico, valorización energética de residuos (Waste to Energy)». Me tocó ser entonces su presidente y, convencido ayer (y hoy), sostengo lo que le recomendamos hace 4 años al Estado porteño.

Mientras la discusión continúa, seguimos enterrando la basura en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que asumir como aún inalcanzable el reciclado del cien por ciento. Pero también que las metas de reciclado no se cumplieron y generaron un «mientras tanto» que sigue sufriendo el Conurbano con el entierro diario. Ese «mientras tanto» lleva ya 10 años y, si no fuera por el debate actual, seguiría otros tantos, con más o menos reciclado.

No es progresista enterrar, ni en basurales ni en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), porque surgen enfermedades de todo tipo y contaminación de napas. Nada es más contaminante que enterrar. Por eso la ley de basura cero permitía la «combustión» una vez cumplido el 75% de reciclado previo. Los vecinos de la Ciudad enterramos nuestra basura en tierra bonaerense desde la dictadura militar. Basura que no se ve, contaminación que no se siente. Hay formas de solucionarlo.

El continente europeo es el que más atención le prestó al medio ambiente, con estándares muy exigentes. Subsidiaron las plantas de termovalorización energética y así resolvieron el problema del basural hipercontaminante. Sus informes técnicos dicen que estas plantas contaminan muchísimo menos que un basural y de manera mucho más controlada. Allá no hubo «mientras tanto», porque a medida que mejoraban los porcentajes de basura reciclada construyeron 600 plantas para termovalorizar y hoy trabajan para reconvertir la industria en productos 100% reciclables. París tiene la suya en la ribera del Sena, que además calienta los edificios públicos. Lo mismo ocurre en Berlín, Madrid y Londres. En nuestra ribera portuaria del Río de la Plata tenemos dos plantas termoeléctricas que generan electricidad quemando gas, gasoil y fuel oil.

Ahora modificamos en la ley el límite del 75%, inalcanzable incluyendo los estándares europeos (expresamente la directiva 2010/75/UE de control medio ambiental y 2008/98CE de eficiencia energética), y la nueva exigencia frente a la termovalorización «previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados, principalmente cartón, papel y polietileno».

El cambio es una herramienta y una posibilidad. Si se invierte en reciclar como en termovalorizar lo no reciclable y se dejan de lado los negocios que suelen acompañar la basura, estaremos en el camino de las grandes capitales del mundo. Nosotros vamos a controlar al gobierno para que las cosas se hagan bien. Hay que invertir en opciones limpias además de la planta, así como en la concientización social en la separación en origen. Qué hacer con la basura debe ser un problema de todos los vecinos de la Ciudad y debemos resolverlo entre todos.

Fuente infobae

Ley de convivencia en Vía Pública

Diputado Sergio Abrevaya (GEN) C.A.B.A.

Las conductas, por repetidas, tienden a transformarse en hábitos. Y que duda cabe que los piquetes lo son: en las últimas dos semanas, dos importantes protestas inhabilitaron parte de la circulación en Capital. Una de ellas, doce días atrás, impidió la circulación del Metrobus en pleno horario pico de ingreso a la Ciudad; la 9 de Julio quedó interrumpida de lado a lado. Y las calles fueron un pandemonio. Este miércoles, diferentes organizaciones sociales, cortaron 30 esquinas. Según un informe privado, los piquetes se dispararon en marzo y aumentaron un 40% en el país, en relación a febrero.

Estas protestas volvieron a poner en foco el grave problema que arrastra la Ciudad desde, al menos, 2001. Aquel año las calles y las avenidas se transformaron en el lugar en donde visibilizar el enorme conflicto social y económico que se venía gestando y que explotó en diciembre. Aunque la gente salió a la calle en todo el país, Buenos Aires fue el epicentro de las protestas. Aquellos sucesos y la represión policial dejaron un saldo de 38 muertos. ¿La sombra de «diciembre de 2001» se ciñe aún sobre la 9 de Julio? ¿Por qué no fue posible recuperar la civilidad y normalizar el derecho de protestar y el de circular?

Horacio Rodríguez Larreta: «Hay que modificar la legislación penal para poder detener a los violentos en las protestas»

Como se dijo, marzo fue un mes conflictivo en las calles. Hubo 517 piquetes en todo el país, 101 en la Ciudad y 122 en Provincia de Buenos Aires. En enero hubo 347: 64 en Ciudad y 71 en Provincia. Y en febrero fueron 369: 61 y 80, respectivamente. A nivel nacional, en los tres meses, fueron un total de 1.233. Según las estadísticas de la consultora Diagnóstico Político, se trata de «uno de los inicios de año más conflictivos desde 2009». Trabajadores estatales y organizaciones sociales fueron los principales protagonistas de estos cortes.

La conflictividad sigue en la calle, latente. Y no es que no haya habido ensayos y anuncios sobre métodos para contener los piquetes. El último fue el mentado «protocolo antipiquetes» que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en febrero de 2016. Envalentonado por el triunfo de diciembre en las elecciones, el PRO intentó dar cumplimiento a una de las demandas de los vecinos, ordenar las protestas para circular con previsibilidad. El protocolo debía ser puesto en marcha por todas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y porteñas. Básicamente, los efectivos debían intervenir en caso de que los manifestantes utilizaran palos, tuvieran las caras cubiertas o manipularan bombas molotov; y también cuando no permitieran la libre circulación.

Pablo Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y lleva años estudiando el fenómeno de las protestas. Sentencia: «En nuestro país no hay legislación relacionada con protocolos, no poseen una categoría jurídica y no tienen alcance legal para ser aplicados. Por otra parte, el Código Penal no permite que accionen las fuerzas de seguridad sin amparo judicial. A todo esto se suma que en las últimas marchas estuvieron interviniendo fuerzas de seguridad sin identificar, vestidos de civil, y el protocolo no menciona nada al respecto, de la misma manera que no dice si pueden usar armas de fuego o no. En concreto, todo es irregular, por eso, no es aplicable». Por otro lado, recordó que las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional se manifestaron críticas del protocolo.

Frente a esta situación el diputado Sergio Abrevaya (GEN) ingresó en la Legislatura un proyecto con el que busca incluir la «obstrucción de la vía pública» como un delito contravencional. Las sanciones prevén entre 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre $200 y $1.000.

«El protocolo es un conjunto de medidas internas de la Policía, como un organigrama. Lo que nosotros proponemos es una ley y una prohibición concreta: uno o dos carriles libres en calles y avenidas donde haya transporte público. Y el texto combina derechos: libertad de manifestar sin interrupción del tránsito. Creemos que, con una ley en la mano, para la Policía va a ser mas sencillo controlar un piquete», explicó. Según su visión, son tantos los cortes que pierden efecto porque «al gobierno deja de interesarle. En tanto muchos vecinos no entienden por qué es la protesta y finalmente la situación les genera un enorme rechazo». En ese sentido, Abrevaya valora que, por ejemplo, la organización Barrios de Pie, en las últimas protestas, haya dejado carriles liberados: «Si el piquete no te complica la vida, es más fácil tener empatía».

Durante años, el argumento del Gobierno local fue no disponer de policía propia para actuar en estos casos. Pero esa fuerza funciona desde enero de 2017. Habrá quien recuerde que, poco antes, el presidente Mauricio Macri le pidió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, frenar los piquetes.

Como había informado Clarín, hubo cruces dentro del macrismo por este tema: para funcionarios de Nación, el control depende de la Ciudad mientras que, según sus colegas porteños, el conjunto de reglas propuesta es inaplicable y los reclamos se dirigen, básicamente, hacia Nación.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad dijeron a Clarín off the record que trabajan “fuertísimo” en conjunto, que “hay menos cortes totales y que “se llegó a un acuerdo para que no se corte el Metrobus”.

Los agentes de policía porteños ya están. Queda por ver qué sucederá cuando, además, el Ejecutivo cuente con una ley.

Fuente: Clarin