Los jubilados no pueden seguir pagando las emergencias y las cuentas de los demás

20 de Mayo de 2020

COMUNICADO DEL PARTIDO GEN

La decisión por Decreto del Poder Ejecutivo de planchar el aumento de las jubilaciones en el 6,12%, pone al descubierto el rostro más inhumano del actual gobierno.

En los últimos 4 meses, la inflación en el precio de los alimentos ha sido superior al 15% y la de medicamentos del 17%. Aumentarán mucho más en junio y los jubilados deberán soportar la llegada del invierno y sus consecuencias en la salud en esas condiciones.

Todos los gobiernos prometen mejoras pero cargan sobre los jubilados el costo de las crisis, las emergencias, como también gastos y errores.

Las promesas de Alberto Fernández se esfumaron rápidamente y dejaron al descubierto que los cambios en la ley no iban a ser para mejor. Al contrario, el ajuste por decreto, además de quedar por debajo de la inflación y las necesidades de la canasta básica, hasta les hace perder lo poco que les había reconocido la ley del gobierno de Macri. Apenas casi la mitad de lo que les hubiere correspondido.

Eso hace que la decisión sea, además de injusta y arbitraria, claramente inconstitucional por implicar un retroceso en los derechos adquiridos, y por la obligatoria progresividad de los derechos humanos.

Pero también los jubilados quedarán atrapados en la deserción que estamos viendo en un poder judicial que no asume responsabilidades frente a la crisis, sigue «de feria» y los únicos que parecen tocar papeles son los que sirven a la impunidad del poder.

Argentina atraviesa la peor crisis económica, con una pobreza que ya afecta a más de la mitad de la población y siempre los mismos, pagan los platos rotos.

La política nacional no ha hecho gestos. Bajar los sueldos de los funcionarios podría verse como un gesto de demagogia, usan como pretexto. Y no se les cae la cara de vergüenza cuando les sacan a los jubilados lo que en realidad les corresponde.

Exigimos una inmediata rectificación de la medida y del rumbo, la convocatoria al Consejo Económico y Social y la conformación de un comité de crisis para abordar la problemática económica, social, productiva y del empleo.

La emergencia por la pandemia no puede tener hijos y entenados. El esfuerzo debe ser de todos, empezando por los grupos más favorecidos y garantizando los mínimos derechos de una vida con dignidad para los niños y los adultos mayores.

 

Margarita Stolbizer – Presidenta
Sergio Abrevaya – Secretario General

El GEN apoya la prolongación del aislamiento, exige testeos masivos y un Comité de Crisis

El GEN apoya la prolongación del aislamiento, exige testeos masivos y un Comité de Crisis para abordar la cuestión de la producción y el empleo. Advierten sobre la gravedad de la corrupción en tiempos de emergencia

En el marco de la situación que Argentina está viviendo, el Partido GEN publicó una declaración en la que afirma que las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han resultado oportunas para mitigar en los primeros tiempos una mayor propagación del virus, y reclamó al gobierno sobre la necesidad de planificar una salida escalonada, sin afectar la salud individual o colectiva.

Además, expresa que no parece razonable la pretensión de celebrar los bajos números que ofrece hoy el desarrollo de la pandemia en nuestro territorio comparado con otros, por cuanto no se han realizado testeos masivos y se trata de una práctica necesaria y de ejecución demasiado demorada.

Frente a las compras de alimentos con sobreprecios manifestaron que se impone una severa investigación y la determinación de responsabilidades penales a quienes corresponda, ya que es imposible mirar para otro lado como si nada hubiera ocurrido.

Puntos más salientes de la declaración:

– Apoyo a las medidas de aislamiento frente a la pandemia, debiéndose disponer con premura la realización de testeos masivos para mejorar el diagnóstico y la atención temprana de los infectados. Urgente implementación del Programa de Emergencia y Asistencia al Trabajo y la Producción.

– Se demanda la puesta en marcha de un plan específico frente a la crisis para paliar la situación de los sectores económicos y productivos dentro de los que se encuentran las pymes, monotributistas y autónomos. Se sugiere constituir un Comité de crisis con personas reconocidas y grupos universitarios, para asesorar al Presidente de la Nación en el abordaje de la emergencia económico-social, productiva y del empleo, y las futuras etapas de salida del aislamiento preventivo obligatorio.

– Se reclama una severa investigación de responsabilidades por las compras de alimentos con sobreprecios. La corrupción es siempre condenable, pero es imprescindible que no quede impune el aprovechamiento de esta extrema situación de emergencia.

Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19

ARGENTINA Y EL MUNDO FRENTE A LA PANDEMIA

Buenos Aires, abril de 2020.

Argentina está viviendo, al igual que gran parte del mundo, los graves efectos de la pandemia originada por el virus Covid-19, que impacta de lleno en la salud de la población y en el sistema sanitario, pero que además tendrá consecuencias muy severas de índole económico y social, afectando a las personas, comunidades y en general a las posibilidades de desarrollo de los pueblos.

En ese marco, adherimos a la Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19. Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras.

La situación se torna aún más dramática por cuanto se ignoran las causas del fenómeno, tanto como la secuencia que podrá tener esta pandemia tanto a nivel global como regional y local, los costos humanos y económicos finales y su desenlace. La incertidumbre genera procesos de depresión, ansiedad, angustia y sufrimiento que también deben ser considerados.

Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han resultado oportunas para mitigar en los primeros tiempos una mayor propagación del virus. Entendemos correcta la prolongación de ellas, así como la necesidad de planificar una salida escalonada para que, sin afectar la salud individual o colectiva, busque aminorar las tremendas complicaciones que ya se ven por la parálisis de la economía y el empleo, sobre todo en sectores autónomos e informales.

No hay duda, que frente a estas situaciones debemos revalorar dos cuestiones: a) el papel del estado: hoy más que nunca se advierte la importancia del gasto público sobre todo en la salud y la seguridad social, así como en lo que hace a la conducción del proceso y la toma de decisiones. b) la solidaridad y responsabilidad colectiva: que implica el cuidado propio y de los demás y la activación de mecanismos eficaces para destinar los mayores esfuerzos de los sectores que se encuentran en mejores situaciones hacia los que se encuentran en posiciones más vulnerables.

En el medio de ambas cuestiones es necesario resaltar que la emergencia no suspende garantías individuales ni la obligación de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Al contrario, deben extremarse los cuidados, medidas y acciones para que todas las personas puedan contar con la mayor tranquilidad en el ejercicio de sus derechos individuales. Y el gobierno no puede soslayar de ninguna manera la implementación de buenas prácticas y controles exhaustivos en la ejecución de las partidas presupuestarias.

Frente a las compras de alimentos con sobreprecios se impone una severa investigación y la determinación de responsabilidades penales a quienes corresponda. Es imposible mirar para otro lado como si nada hubiera ocurrido. La corrupción es siempre condenable, pero es imprescindible que no quede impune el aprovechamiento de esta extrema situación de emergencia.

La participación ciudadana, el funcionamiento de una institucionalidad confiable para sostener el diálogo entre todos los sectores políticos, socioeconómicos, intelectuales, tanto frente a las actuales urgencias como en el retorno a la estabilidad, resultan esenciales para trasportar en el tiempo las enseñanzas que esta situación nos está brindando.

Del mismo modo en que se ha conformado un Comité Científico que asesora al Presidente en materia sanitaria, debería crearse, con carácter de urgente, un ámbito similar para abordar las cuestiones económicas, productivas, laborales, con personas de reconocida trayectoria técnica, a fin de establecer las medidas y la planificación necesaria para cada etapa.

No parece razonable la pretensión de celebrar los bajos números que ofrece hoy el desarrollo de la pandemia en nuestro territorio comparado con otros. No hemos llegado al punto en el que sí se encuentran otros países, pero tampoco tenemos resultados ciertos y suficientes por cuanto no se han realizado testeos masivos y se trata de una práctica necesaria y de ejecución demasiado demorada.

Argentina viene sufriendo una pobreza estructural del 35% y más de ese porcentaje engrosa las estadísticas del trabajo informal, con 8 años de recesión que viene golpeando a las pymes y su capacidad de asegurar fuentes de empleo, sumado al tremendo endeudamiento del país. Estas cuestiones, como el problema de la inflación y otros, no deberían quedar tapados por la pandemia ni descuidar los esfuerzos para encontrar soluciones urgentes.

El sufrimiento económico va a ser grande. Tenemos que estar preparados, y mirar con atención hacia aquellos con mayores dificultades. No será igual para quienes tengan un sueldo asegurado que los cuentapropistas. No va a ser igual para grandes empresas con espalda que para la pyme. No es lo mismo para quienes tienen techo y comida que para los privados de esos derechos fundamentales. Hay que pensar en los más pobres, pero también en quienes pasarán a esa franja como consecuencia de la pandemia. De manera particular, habrá que atender con subsidios a quienes producen, al que tiene un pequeño comercio o una de las tantas prestaciones de servicios de las que han quedado paralizadas. No sirven los créditos que se ofrecen y cuyas tasas siguen estando en niveles intolerables y marcados aún por la especulación en la emergencia.

La salida del aislamiento deberá ser escalonada, permitiendo a los distintos sectores sociales, económicos y productivos, acceder a su vuelta al trabajo, sin poner en riesgo la salud.

Hay que terminar con la cultura de individualismo, la salvación individual o echando la culpa a otros. Hay que asumir con responsabilidad comunitaria las obligaciones del presente y también el mediano y largo plazo, con un sentido trascedente y cooperativo. El pánico no puede ganarle a la vida, ni la sensación de un enemigo invisible.

Hoy más que nunca se impone la urgencia de la ejemplaridad desde todos los liderazgos, para reconstruir una cultura de cooperación y confianza por la que podremos salir adelante y reforzar los valores éticos de la convivencia.

Por todo lo expuesto, y a mérito de la situación conocida, el Partido GEN declara:

1.Apoyamos las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales frente a la pandemia, debiéndose disponer con premura la realización de testeos masivos que puedan mejorar nuestro diagnóstico y la atención temprana de los infectados; y solicitamos la urgente reglamentación e implementación del Decreto N° 332/2020 del PEN, Programa de Emergencia y Asistencia al Trabajo y la Producción.

2.Sugerimos constituir un Comité de crisis con personas reconocidas y grupos universitarios, para asesorar al Presidente de la Nación en el abordaje de la emergencia económicosocial, productiva y del empleo, y las futuras etapas de salida del aislamiento preventivo obligatorio.

3.Demandamos la puesta en marcha de un plan específico frente a la crisis para paliar la situación de los sectores económicos y productivos dentro de los que se encuentran las pymes, monotributistas y autónomos. Así como instamos al gobierno a agilizar la puesta en marcha de una agenda económica que atienda la problemática de la inflación y la deuda, trabajando a nivel global para demandar las contribuciones necesarias de los organismos internacionales de crédito y una mayor cooperación de las naciones desarrolladas.

4.Reclamamos dejar sin efecto cualquier política dirigida al control social que pueda ser restrictiva de la libertad de expresión o que de cualquier manera pueda conculcar derechos fundamentales de las personas. Y a asegurar el funcionamiento pleno del sistema de justicia, evitando decisiones que puedan mostrar la existencia de privilegios o fueros de personas o sectores, afectando la igualdad ante la ley.

5.Exigimos al gobierno en todos sus niveles, llevar adelante una gestión efectiva, oportuna y acorde a las necesidades del momento, dejando de lado especulaciones políticas y conflictividades internas, y asegurando siempre la transparencia y buena inversión de los recursos públicos. A esos fines, se ve conveniente la conformación de ámbitos de participación y control ciudadano, procedimientos que aseguren la eficacia y transparencia de la inversión, y la rendición de cuentas y una profunda investigación sobre las compras de alimentos con sobreprecios.

6.Instamos a cumplir con responsabilidad todas las medidas de distanciamiento social preventivo, y las que de manera particular deban cumplirse respecto de las personas afectadas y vulnerables. Y apoyamos la promoción de una cultura de cooperación, solidaridad y atención de los más necesitados con el apoyo de los grupos más favorecidos.

7.Manifestamos nuestro acompañamiento a las víctimas y familias de personas afectadas por el coronavirus y nuestra solidaridad y gratitud con todas aquellas que realizan tareas indispensables para el bien de la comunidad, como todo el personal del sistema de salud, bomberos, fuerzas de seguridad, transporte, comercio, servicios y producción de insumos y alimentos, entre otras.

Tenemos dos grandes tareas: enfrentar la urgencia y pensar el futuro. No puede haber antinomia entre salud y economía. Hay que preservar la salud, hay que recuperar las escuelas, las fábricas y el comercio. En conjunto, trabajar para superar la pobreza y la marginación social, el atraso y la decadencia. Salir de la coyuntura y la emergencia hacia una sociedad más justa, más de iguales, desterrando privilegios, asegurando derechos, superando confrontaciones inútiles y fortaleciendo la democracia.

 

Presidenta, Margarita Stolbizer
Secretario General, Sergio Abrevaya

Referentes del Partido GEN se reunieron con Eugenio Semino

JUBILADOS.
Preocupados por el recorte en los haberes sufrido por los jubilados, Margarita Stolbizer, Sergio Abrevaya y otros referentes del Partido GEN se reunieron con Eugenio Semino, quien está al frente de la demanda colectiva para detener la aplicación del decreto 163/2020, para brindarle su apoyo. Con el aumento por decreto, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo se verán beneficiados por un incremento cercano al 13%. Sin embargo, los que cobran haberes por encima de los $18.000 verán recortados sus ingresos.

Durante el encuentro, Semino explicó: «Cuando iban a anunciar la movilidad, a nadie parecía importarle. Durante el 2018 y 2019, según cifras oficiales el adulto mayor perdió un 19.5%, aunque nuestra medición indica un 24%. El año pasado, la canasta era de $37.800 cuando había mínimas de $10.000. Hoy las mínimas (entre 14 y 18 mil) son percibidas por cerca de 4 millones de jubilados sobre 6 millones». Además, el letrado agregó: «La quita en los haberes superiores a $ 18.000 redunda en falta de equidad y justicia. Ahora empezó a profundizarse la reforma que comenzó en diciembre de 2017 y que quedó solapada bajo la aplicación de la fórmula. Todo esto atenta contra lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Adulto Mayor que prevé la no regresividad de los derechos del adulto mayor. Cuando se hizo el anuncio, había una enorme confusión. El daño que se hace al adulto mayor ante la incertidumbre es inmenso».

Por su parte, Margarita Stolbizer expresó: “Año tras año y gobierno tras gobierno, los que pierden siempre son los mismos. Los jubilados y la clase media siempre a la cabeza de los que pagan los ajustes. Acompañamos a Eugenio Semino en la demanda contra la inconstitucionalidad de la reforma que deja sin efecto la movilidad jubilatoria. Y que no quieran tapar esa realidad con la reforma de los regímenes especiales (que que no está mal) pero que en el marco de la anterior solo es jugadita para la tribuna”.

En el mismo sentido, Sergio Abrevaya manifestó: El costo de vida está cerca de $40.000; a esas personas les llegó el ajuste y eso es falta de equidad y justicia”.

Margarita Stolbizer visitó a Mario Negri en la Cámara de Diputados

Lo hizo acompañada del diputado electo Marcelo Díaz, a quien denuncian que se proscribe en su derecho de ingreso al Congreso de la Nación.

Marcelo Díaz ha solicitado por nota al Presidente de la Cámara, Sergio Massa, ser convocado para jurar en reemplazo de José de Mendiguren, quien asumió como Presidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).

«Se han llevado adelante una serie de maniobras para impedir el ingreso de Díaz solamente porque no formará parte del bloque oficialista. Se concedió una licencia a de Mendiguren que es inconstitucional y contraria al estatuto del BICE, negándose a incorporar al suplente, afectando su derecho, tanto como la representación partidaria y de la provincia de Buenos Aires», aseguró la ex Diputada nacional y Presidenta del Partido GEN .

Stolbizer y Díaz expusieron ante el Jefe del Interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, los fundamentos del reclamo y la decisión de iniciar una acción judicial de amparo.

Negri manifestó su apoyo para acompañar el pedido para que la Cámara incorpore al diputado Díaz en reemplazo del diputado con licencia, sin perjuicio del cuestionamiento que también pesa sobre esa decisión.

La conversación también giró en torno a la situación nacional y la preocupación compartida sobre las cuestiones sociales y económicas. Coincidieron, además, sobre las intenciones de interferencias frente a la acción de la justicia, que ponen en riesgo la independencia y debilitan el funcionamiento institucional.

70 DÍAS DE UN NUEVO GOBIERNO

DECLARACIÓN DE LA MESA EJECUTIVA NACIONAL DEL PARTIDO GEN.

Argentina goza de una democracia formal consolidada que, sin embargo, no ha logrado satisfacer integralmente los derechos principales del ser humano. Las libertades esenciales son conquistas que no admiten retroceso y que nos han permitido construir una convivencia social basada en algunos principios comunes. Pese a ello, la enorme brecha de desigualdad viene siendo desde hace muchos años una marca registrada tanto en otros países de América Latina como en el nuestro. Las políticas focalizadas de combate a la pobreza no han sido eficaces para revertir esa situación y sus dramáticas estadísticas.

El crecimiento y el desarrollo dependen, en gran medida, del conjunto de normas e instituciones que rigen la vida democrática. Debemos reconocer el alto grado de precarización institucional que también afecta la confianza social. Revertir esta situación es un imperativo para que la educación, la producción y el empleo vuelvan a ser los puentes hacia un futuro de bienestar.

La política no ha estado a la altura. Tampoco el sector privado. La polarización, como estrategia electoral y comunicacional, ha penetrado también culturalmente creando divisiones irreconciliables que impiden reconocer errores propios como virtudes ajenas. Hay que reconstruir una voluntad de diálogo y cooperación con valores éticos, y una visión compartida del destino que queremos para nuestra Nación.

A 70 días del nuevo gobierno y en medio de una expectativa social que será difícil sostener, el desafío principal es dar vuelta la página del retroceso para salir de ese destino inexorable, poniendo eje en el respeto a los derechos, el acceso al conocimiento, la justa distribución de ingresos y recursos.

El gobierno de Mauricio Macri fue una sucesión de errores y políticas deshumanizadas. No resolvieron problemas, dejaron el país peor de lo que recibieron y fueron responsables de la vuelta a un pasado que debíamos superar. Y que regresa sin autocrítica con el riesgo de repetir lo que ya vivimos.

La justicia como garantía de derechos o como reaseguro de impunidad.

Nos preocupan los condicionamientos con que parece haber llegado el Presidente Alberto Fernández y que se manifiestan en la ocupación de cargos estratégicos y sensibles por personas vinculadas de manera directa con Cristina Fernández de Kirchner y la impronta de su último gobierno. Y también en los debates abiertos en torno a la justicia, la investigación de los hechos de corrupción, entre otros, que implican severas interferencias del poder ejecutivo sobre el judicial.

Entre esas cuestiones cabe mencionar la paralización de nombramientos, el retiro de pliegos, el intento de penalizar el negacionismo, el absurdo proyecto para crear un control de convencionalidad para prisiones preventivas en casos de corrupción o el intento de intervención del poder judicial de Jujuy.

La Justicia debe estar en el centro de la agenda política, pero no puede haber reforma creada por detrás de un escritorio en el poder ejecutivo para ser aprobada por el legislativo e impuesta sobre el poder judicial. Debe ser el resultado de un trabajo serio, académico, que rescate como objetivos la celeridad de los procedimientos, la eficacia de los resultados evitando la impunidad y garantizando derechos, y recuperando credibilidad en el sistema de justicia y sus actores.

El constante y agudo momento de violencia social.

Esta cuestión debe implicar también políticas públicas y un mayor compromiso social para disminuir los preocupantes niveles de violencia que enfrentamos a diario en distintas manifestaciones. La muerte de un joven a manos de otros jóvenes o la cantidad de mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia y discriminación por género, son un fracaso que debemos asumir desde el estado y como sociedad, porque no estamos haciendo lo suficiente para que la interacción humana se base principalmente en el ideal de igualdad y respeto.

La economía sin plan, con único foco en la deuda.

Al mismo tiempo, creemos que, sin perjuicio de la centralidad del tema de la deuda, no puede éste ser el tema excluyente de la agenda económica de la Argentina. Retomar una senda de crecimiento y desarrollo, combatir eficazmente la pobreza y la desigualdad, depende de otras discusiones y decisiones, y sobre todo de la existencia de un plan integral que atienda la situación de la inflación, la productividad, empleo y salario, relaciones internacionales, inversión en la ciencia y la técnica, promoción de economías regionales y pymes. Hoy todo parece enfrascado en una difícil negociación con acreedores, a la que tampoco ayudan los conflictos internos en el gobierno que debilitan la autoridad del Presidente.

La economía no funciona sin plan y solo con manotazos para sostenerse a flote. Hay que salir del cortoplacismo y construir una nueva convivencia social.

A esos fines, esperamos que a la brevedad se avance en la creación de un ámbito institucional y permanente de diálogo y discusión de políticas públicas del estado como sería un Consejo Económico y Social con una amplia participación de actores de diversos ámbitos, en especial técnicos y universitarios, políticos, empresariales, gremiales y culturales.

Partido GEN: Nuestro aporte.

Nos comprometen las necesidades sociales y nos moviliza escuchar y atender las demandas y las expectativas del conjunto. Queremos cooperar en el debate de un mejor presente y un futuro con progreso e igualdad. Promovemos una cultura política con ideas y valores, con mayor protagonismo de mujeres y jóvenes que vienen abriendo el debate sobre una nueva ciudadanía. Y creemos en el progresismo de ideales y acciones que supere el relato y la mentira. Trabajamos para corregir nuestros errores, para mejorar cada día y recuperar la política como herramienta de transformación al servicio de un proyecto igualitario.

Margarita Stolbizer – Presidenta
Sergio Abrevaya – Secretario General


EL PARTIDO GEN DENUNCIA MANIOBRA POLITICA DEL OFICIALISMO PARA IMPEDIR EL INGRESO DEL DIPUTADO MARCELO DIAZ

En la sesión del día de la fecha (29/01/2020), la Cámara de Diputados aceptó la licencia de José de Mendiguren, impidiendo el ingreso de Marcelo Díaz, diputado electo por la Alianza 1País en el año 2017.

De Mendiguren será designado por el Poder Ejecutivo para ser Director del Banco de Inversión y Comercio (BICE). El Estatuto del organismo prohíbe de manera terminante que los directores sean miembros del Congreso, lo que impide de manera clara que sea resuelto con una licencia. Se trata de una maniobra ilegal para obstruir el ingreso de quien ha sido electo y continúa en el orden de lista, solamente porque Díaz no formará parte del bloque oficialista.

El Partido GEN apoya el reclamo formulado por Marcelo Díaz, quien se presentará a la Cámara de Diputados para solicitar ser admitido y que se le tome juramento, y también sostiene la violación del principio de representación territorial por cuanto la provincia de Buenos Aires verá disminuida su representación legislativa.

Se trata de un atropello institucional que vulnera derechos individuales y afecta la pluralidad democrática que debe resguardar el Congreso de la Nación.

Por otra parte, de acuerdo a la Constitución Nacional, los legisladores no pueden aceptar empleos o comisiones del Poder Ejecutivo que, en este caso, es quien, por decreto designa a de Mendiguren para ocupar el Directorio del BICE.

“Es una demostración de la falta de vocación democrática cuando se llega a esta situación para forzar una representación mayoritaria del bloque oficialista. Reclamamos la inmediata incorporación del diputado Marcelo Díaz en reemplazo del saliente de Mendiguren. Vamos a denunciar la ilegalidad de la maniobra de exclusión para llegar a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales para que no se salgan con la suya”, afirmó Margarita Stolbizer, presidenta del Partido GEN

“No se pueden manipular las normas para aplicarlas con discrecionalidad y ponerlas a disposición de la conformación del bloque oficialista. Porque ello implica un grave precedente para el funcionamiento de las instituciones de la República. Ni de Mendiguren puede seguir formando parte del Congreso (y eso ocurre mientras se encuentre en uso de licencia) si forma parte de un organismo que lo prohíbe; ni se puede usar su licencia para impedir el ingreso del diputado electo a quien le corresponde el reemplazo”, sostuvo Stolbizer.

Adjuntamos solicitud de Marcelo Díaz.

Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de discriminación y/o violencia de géneros, diversidades y disidencias

Ver Protocolo prevención y actuación ante discriminación-violencia de géneros-diversidades-disidencias PARTIDO GEN

Este protocolo constituye una herramienta para todas las personas que estén atravesando o tengan conocimiento de situaciones de violencia, discriminación o acoso dentro del ámbito partidario. Tiene como objetivo principal proponer mecanismos de prevención y establecer el procedimiento institucional y los principios rectores para la actuación ante dichas situaciones.

El enfoque de géneros constituye una metodología que analiza y visibiliza las desigualdades a partir de las diferencias que atraviesan las relaciones sociales. Con la mirada puesta en revertir las injusticias que viven las personas a partir de las asimetrías de géneros, el Partido GEN incorpora esta perspectiva para contribuir con diferentes acciones a la reflexión sobre los desafíos que se les plantean a las instituciones partidarias, a sus autoridades y a sus adherentes, militantes y afiliadxs, promoviendo la igualdad, la no discriminación y la no violencia.

El trabajo en la prevención respecto de la violencia de géneros, deberá comprender un abordaje integral abarcando diferentes iniciativas como la concientización y sensibilización, el trabajo en red, producción de recursos comunicacionales y la realización de talleres de capacitación.

OBJETIVOS

– Garantizar un ambiente libre de discriminación, acoso, hostigamiento y violencias, en cualquiera de sus formas, promoviendo condiciones de igualdad y equidad.

– Adoptar y promover medidas de prevención, sensibilización, capacitación y cualquier otra acción que se considere pertinente, como herramientas para erradicar y combatir todo tipo de discriminación, acoso, hostigamiento y violencias, en cualquiera de sus formas.

– Poner a disposición de las personas afectadas el asesoramiento y asistencia integral, sin excluir otros mecanismos previstos por las leyes.

– Propiciar un ambiente de contención para que las personas afectadas puedan denunciar dichas situaciones de forma inmediata.

– Generar ámbitos de confianza y seguridad para que las personas afectadas puedan exponer su situación, a fin de hacerla cesar de inmediato y establecer, en su caso y a través de los procedimientos de investigaciones vigentes, las responsabilidades y sanciones correspondientes.

– Establecer el procedimiento institucional y los principios rectores para la actuación en el ámbito partidario ante situaciones de discriminación y/o cualquier hecho que implique violencia de géneros.

– Generar un proceso transparente frente al tratamiento de las situaciones de discriminación, acoso, hostigamiento y violencias, en cualquiera de sus formas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Este Protocolo se aplica a todas las personas adherentes, militantes y afiliadas al Partido GEN en todo el territorio argentino (de aquí en más, denominadas militantes). Regirá sobre las relaciones interpersonales dentro del ámbito de la militancia y del trabajo en los ámbitos de actividad partidaria. Éstas incluyen las comunicaciones o contactos establecidos a través de medios tecnológicos y/o virtuales, tales como teléfonos, internet, redes sociales y otros.

PREVENCION

Todas las sedes partidarias deberán tener un cartel a la vista con la siguiente inscripción: “El Partido GEN cuenta un protocolo de actuación frente a situaciones de discriminación y/o violencia de géneros, diversidades y disidencias. Todas las personas están protegidas frente a estas situaciones. Vía de comunicación: noalaviolencia@partidogen.org.ar ”.

Con el fin evitar las situaciones que pudieran importar alguna forma de discriminación, acoso, hostigamiento y violencias, en cualquiera de sus formas, las autoridades del partido serán responsables de la creación de un entorno en el que la dignidad de las personas sea respetada.

Será evitado todo tipo de hostigamiento sea en los niveles de dependencia jerárquica como entre pares. Se fomentará un buen clima de participación y respeto, con una cultura de la prevención para evitar situaciones de conflicto derivadas de las cuestiones definidas en este protocolo. Se incentivará la cooperación y confianza en las relaciones entre todas las personas y de manera permanente.

A los fines de la prevención también se realizarán capacitaciones y campañas de difusión, poniendo énfasis en los factores de riesgo y en la formación necesaria para la detección de situaciones particulares que deban ser atendidas.

CONSULTAS Y/O DENUNCIAS.

Las consultas y/o denuncias podrán ser iniciadas por las personas involucradas (militantes del Partido GEN o no) o por cualquier miembro del partido que sea testigo de los derechos vulnerados por las situaciones que este Protocolo contempla. En este último caso, se promoverá una entrevista con la persona afectada siempre y cuando esto no implique su revictimización.

Actuación de oficio: Más allá de lo establecido en los puntos anteriores, le cabe a las autoridades partidarias la facultad de la actuación de oficio.

En todo lo que no se disponga expresamente en este Protocolo, deberá atenderse a lo dispuesto en la Ley 26.485 y concordantes.

DEFINICIONES BÁSICAS.

VIOLENCIA DE GÉNEROS, DIVERSIDADES Y DISIDENCIAS

A los efectos de este Protocolo, se entiende por violencia toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, afecte la vida, salud, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o seguridad personal.

Tipos de violencia:
Violencia física: Es el uso intencional de la fuerza física hacia una persona, grupo o comunidad, que tiene como consecuencias probables lesiones físicas o daños psicológicos.

Violencia psicológica: Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, acoso, hostigamiento, humillación o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo integral o la autodeterminación, que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de las personas, y demás situaciones expresadas en la ley 26.485, artículo 5, inc. 2.

Violencia sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, no consentido por parte de quien lo recibe, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante, ofensivo u hostil.

Violencia Laboral: Toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada.

Violencia Simbólica: La que a través de patrones y estereotipos, nos dicen “cómo debemos ser”. Es decir, cuando a través de mensajes, valores, íconos e imágenes, se transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación. Incluye el desprecio y la burla por identidades de géneros, el temor o desconfianza y la justificación de la violencia o subordinación.

Violencia política: La descalificación y/o denigración de la participación política, realizada públicamente o de manera privada, basadas en razones de géneros, identidades diversas o disidentes. Este tipo de violencia también incluye el impedimento u obstaculización de la realización de la carrera política.

Acoso por razón de géneros: Cualquier comportamiento realizado en función del género de una persona o grupo de personas, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona o del grupo, o de crear un entorno intimidatorio, degradante, ofensivo u hostil. El condicionamiento de un derecho o la una expectativa de derecho, están contemplados en esta definición cuando implica la aceptación de una situación de hostigamiento o la manifestación de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales.

DISCRIMINACIÓN

Se entenderá́ como acto discriminatorio cualquier acción u omisión que tenga por finalidad realizar distinción, exclusión o restricción al desenvolvimiento de una persona o que afecte su dignidad, basado en motivos tales como la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la religión o creencia, la sindicalización o participación en organizaciones gremiales, las identidades de géneros, el estado civil, la edad, la apariencia, la enfermedad o discapacidad.

PRINCIPIOS RECTORES.

Perspectiva de géneros, diversidades y disidencias, reconociendo las asimetrías de poder existentes.
Celeridad y eficacia: Se deberá actuar con la mayor celeridad posible a los fines de una actuación efectiva.

Intervención: Garantizar un procedimiento que satisfaga los recaudos de confidencialidad e imparcialidad, de un justo proceso, el derecho a la defensa, la razonabilidad de los plazos y la garantía en la resolución de conflictos.

No revictimización: Quien consulte o denuncie debe ser escuchada/o con respeto y de manera confidencial, en un entorno de contención y reserva, sin menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos irrelevantes, resguardando la voluntad de quien denuncia. Deberá evitarse la innecesaria exposición y reiteración de actos de las personas afectadas (denunciado/a y denunciante), como así también su exposición pública o datos que permitan identificarlas/os.

Asistencia integral: Deberá procurarse asistencia integral a la persona afectada en todo trámite que efectúe a partir de la denuncia.

Información: Las personas involucradas deberán, en todo momento, tener a su alcance información útil y clara respecto del procedimiento y de los derechos que les asisten.

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE DENUNCIA.

El procedimiento es confidencial, no se difundirán datos personales de quienes intervengan en el proceso.

Las consultas y/o denuncias se realizarán ante el Tribunal Nacional de Ética y Garantías o, en su defecto, ante el/la Presidente/a del Partido Nacional. El Tribunal Nacional de Ética y Garantías será el responsable por el desarrollo del sumario, a pedido de la persona denunciante o del/la Presidente/a del Partido, ya que este/a último/a deberá compeler a la acción al Tribunal Nacional de Ética y Garantías.

La consulta y/o denuncia podrán ser realizadas en forma presencial, por correo postal o al correo electrónico: noalaviolencia@partidogen.org.ar, casilla de correo que será administrada por el Tribunal Nacional de Ética y Garantías. El Tribunal Nacional de Ética y Garantías tendrá la responsabilidad y obligación de difundir dicha dirección de correo electrónico a través de las páginas oficiales del partido, tanto nacional como provinciales.

Formulada la denuncia, el Tribunal Nacional de Ética y Garantías solicitará una entrevista personal, virtual o telefónica que se deberá pactar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, respetando la privacidad y principios rectores.

Quien reciba la denuncia deberá confeccionar un informe por escrito con relato de lo sucedido, que será parte de las actuaciones.

A los efectos de llevar adelante los procedimientos instructivos se designará una Comisión Ad Hoc cuya integración numérica deberá ser impar, contando con un mínimo de 3 (tres) integrantes, uno/a de ellos/as será designado/a como coordinador/a. Estas personas deberán acreditar experiencia y/o formación en la defensa de los derechos humanos, de las mujeres y de las disidencias.

Inhabilidades / Recusaciones.
En caso de que existan conflictos de interés respecto de algún miembro de la Comisión Ad Hoc, dicho miembro podrá ser recusado, a solicitud del mismo, de una de las partes, o de un tercero interesado en el procedimiento.

Los criterios para determinar el conflicto de interés serán, entre otros, los siguientes:
Relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con las personas involucradas en la denuncia.

Relación conocida de amistad.
Ser denunciado/a o denunciante.
Relación de subordinación de la persona denunciante respecto del miembro de la Comisión Ad Hoc.

Cualquiera de las/os integrantes de dicha comisión podrá ser recusada/o tanto por el/la denunciante como por el/la denunciado/a. Esta recusación podrá ser sin causa en una oportunidad y sólo contra un miembro de la Comisión Ad Hoc. En caso de existir más de una objeción, éstas deben ser argumentadas en relación a las inhabilidades detalladas en los párrafos precedentes.

Si la situación expuesta habilita la vía judicial, la persona consultante/denunciante podrá hacer uso o no de esa instancia, pero en ningún caso las acciones que deban tramitarse en el marco de este procedimiento interno dependerán del inicio o del resultado de las acciones civiles y/o penales.

Durante el período de investigación la Comisión Ad Hoc tendrá la facultad de indagar sobre los hechos guardando la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a la reserva e intimidad de todas/os las/os implicadas/os.

Prueba.
La Comisión Ad Hoc receptará todos los medios de prueba presentados por las partes y podrá, asimismo, gestionar los que estime pertinentes.
El período de investigación no podrá exceder el plazo de veintún (21) días corridos.
Terminado este período, la Comisión Ad Hoc deberá enviar a las partes los puntos de prueba a controvertir.

Las partes, a su vez, contarán con un plazo de siete (7) días hábiles para hacer observaciones a la prueba rendida por la contraparte. Será obligación de la parte que sus testigos presenten prueba durante este plazo.

Decisión.
Finalizada la etapa de la investigación, la Comisión Ad Hoc en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, elevará un informe al Tribunal Nacional de Ética y Garantías donde dictaminará si es aplicable este Protocolo y si los hechos denunciados constituyen una vulneración de derechos y garantías aquí tutelados. Si el dictamen resultara afirmativo, el Tribunal Nacional de Ética y Garantías determinará la sanción y verificará el cumplimiento de la misma.

APELACIÓN.
El dictamen emitido por la Comisión Ad Hoc podrá ser apelado ante la Mesa Nacional dentro de un plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la notificación a las partes de dicho dictamen.

MEDIDAS CAUTELARES.
Cuando la gravedad de los hechos denunciados lo amerite, o exista la probabilidad de la continuidad del daño sufrido por la víctima, la Comisión Ad Hoc podrá solicitar al Tribunal Nacional de Ética y Garantías la aplicación de medidas cautelares tales como la suspensión provisoria de la afiliación, la separación del/a denunciado/a de cualquier actividad donde participe la militancia o la suspensión de los cargos partidarios si los tuviere.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
El Tribunal Nacional de Ética y Garantías tendrá la responsabilidad y obligación de difundir el presente Protocolo de manera tal que cada persona adherente, militante y afiliada al Partido GEN tenga conocimiento del mismo.

Ver Protocolo prevención y actuación ante discriminación-violencia de géneros-diversidades-disidencias PARTIDO GEN

Argentina: Estado, Ética y Sociedad

Ciclo UCES 2019.
«Busco ‘pincharte’ en la necesidad de nuevos liderazgos para esa gente que está en la búsqueda de alguien en quién creer», Stolbizer.

En tiempos en que en nuestro país se está discutiendo una economía de emparche, Facundo Manes y Margarita Stolbizer mantuvieron una interesante charla acerca de la Argentina que necesitamos y cómo construir un proyecto político para nuestro país.

Durante el encuentro, Manes manifestó la necesidad de generar un modelo de conocimiento diferente: «Argentina aspira a cierto bienestar, pero no generamos la riqueza para 45 millones de personas. Si no cambiamos el paradigma estamos condenados al fracaso de las administraciones. Nos mentimos, creemos que somos ricos pero el país está en el ranking 47 en riqueza. La Argentina nunca hizo lo que tenía que hacer para desarrollarse, que es invertir lo suficiente y estratégicamente en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, y vincularlo a la industria, esa es la verdadera inversión».

El neurocientífico también se expresó acerca de la grieta: «Tenemos que pensar un proyecto de país que supere la grieta y esto se hace entre todos, con empatía, con un proyecto colectivo. En 1983 todos tuvimos el proyecto de vivir en democracia y luego las cosas sucedieron: se normalizaron la justicia, el fútbol, la universidad… Uno debe ir por un sueño y después todo se acomoda. ¿Cuál debe ser el sueño de Argentina? Entender que lo que importa es el valor agregado, no podemos dar bienestar a 45 millones con la economía que tenemos. Si nos ponemos de acuerdo, más allá de los partidos políticos, en que tenemos que ser el doble de ricos para dar bienestar a 45 millones después vamos a tener justicia, educación y salud. Nunca en la historia argentina se invirtió en investigación y desarrollo como para dar vuelta el PBI. Corea del Sur e Israel invierten 4% en desarrollo, Argentina sólo 0.5%. Argentina no puede darle de comer a 45 millones con una economía primarista, sólo exportando, no es el campo el que va a hacer la diferencia. Hay que volver a esa Argentina donde ser honesto, trabajar duro, estudiar y pensar en la comunidad, era sinónimo de movilidad social».

Por su parte, Margarita Stolbizer aseveró que «hay una crisis muy fuerte vinculada con el sistema de representación, con una pérdida de credibilidad muy grande. La crisis moral a veces queda atrapada en el moralismo y no en la falta de igualdad, hay gente que pelea por la supervivencia diaria cuando nosotros pensamos en la supervivencia generacional. La prioridad es el acceso a los recursos, la diferencia entre los que acceden y los que no. Creo que las derechas generan violencia y la socialdemocracia tiene que estar vinculada a subsanar la desigualdad». En este sentido, la líder del GEN invitó a Manes a integrarse a la política: «Busco ‘pincharte’ en la necesidad de nuevos liderazgos para esa gente que está en la búsqueda de alguien en quién creer».

Ver charla completa.

LUCES Y SOMBRAS DE LOS NUEVOS ANUNCIOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO DE ALBERTO FERNANDEZ

Las medidas anunciadas por el gobierno y el proyecto de ley enviado al Parlamento, se pueden dividir en dos grandes partes: el otorgamiento de facultades delegadas y el paquete de medidas económicas.

Las facultades delegadas, un mecanismo innecesario. Lo mejor es que el gobierno empiece profundizando el ejercicio democrático y sumando propuestas de todas las voces del Parlamento.

Si bien creemos que, en anteriores oportunidades, frente a un nuevo gobierno, corresponde colaborar en la consideración e implementación de las primeras herramientas de gestión, actuando sin prejuicios y presuponiendo las buenas intenciones para lograr las mejoras que la Argentina necesita en la búsqueda del bien común, no se puede empezar negando al Congreso sus facultades.

El paquete de iniciativas que forman parte del Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación deberá pasar por un amplio y profundo debate que ponga al Parlamento en el lugar de la construcción democrática y el sistema republicano. Por eso creemos que debe preservarse la institucionalidad y la división de poderes, erradicando cualquier forma de discrecionalidad en la toma de decisiones y, especialmente en el manejo de los recursos públicos.

Advertimos, en este sentido, que resulta abusiva e injustificada la casi ilimitada delegación de atribuciones que el Poder Ejecutivo pretende que le otorgue el Legislativo.

Es razonable que la declaración de la emergencia vaya acompañada de una cantidad de medidas de excepcionalidad que permitan abordarla con la eficacia que la situación requiere. Pero en ningún caso podrán ser el salvoconducto para que la administración se aparte de las reglas, normas y controles para asegurar el manejo transparente y eficiente de los recursos y bienes públicos. Y para ello será imprescindible contar con los organismos a cargo en una actuación independiente y dispuestos a una permanente rendición de cuentas.

Lo que no está en la ley, pero es imprescindible: Consejo Federal Económico y Social

Sin perjuicio de ello, entendemos que debe ponerse en marcha de manera inmediata el funcionamiento de un organismo autónomo y permanente para institucionalizar un diálogo permanente con distintas representaciones políticas, sociales, económicas, académicas, que permitan en conjunto y de manera eficaz, no solo abordar las urgencias del presente, sino abrir un camino de certezas hacia el mejor futuro que esperamos para la Argentina. Nos referimos a la necesidad de que las diferentes medidas a adoptar sean resultado de consensos que no sólo se deben alcanzar en la formalidad de encuentros bilaterales con actores de áreas específicas, sino a través de un Consejo Federal Económico y Social que pueda abarcar con integralidad los conflictos, las soluciones, y las expectativas para construir una visión compartida de Nación.

El objetivo de las medidas económicas es dar señales al FMI ante la búsqueda de renegociación inminente de los nuevos vencimientos de deuda.

De acuerdo a la presentación del Ministro de Economía, las medidas están orientadas a sostener el equilibrio fiscal, la no emisión y cuidar al extremo los dólares de que dispone el Poder Ejecutivo.

El equilibrio fiscal por el lado de los ingresos, vía incremento de impuestos en retenciones y consumos en el exterior, con una contracción del gasto ajustando vía las jubilaciones y pensiones, con cambio en la modalidad de pago, hace que se cumplan las metas.

Así como nos parecen adecuadas las medidas que apuntan a atender las situaciones de emergencia social, promover la reactivación productiva y alcanzar la solvencia fiscal, consideramos imprescindible la aplicación de criterios de equidad distributiva de recursos y esfuerzos.

La fijación de un gravamen a la renta financiera a través del impuesto a los depósitos a plazo fijo, fue un avance del Congreso de la Nación y no existe ninguna razón que justifique abandonar esa medida. Al contrario, y reiterando una posición que hemos sostenido desde hace muchos años, resulta insoslayable una discusión honesta, académica de amplia participación, para una reforma del sistema impositivo que finalmente nos ponga en el camino de la equidad.

Se ajusta a los jubilados, toda vez que se le quita un incremento por ley y se le otorga dos bonos excepcionales para compensar la quita.

Entendemos que las medidas que apuntan a un achatamiento de emergencia del sistema previsional con la eliminación de la movilidad de ajuste prevista en las leyes vigentes son muy negativas, tiene raigambre constitucional, en el art.14 bis y apunta a atender el impacto de la inflación en los haberes del sector pasivo, un conflicto grave que afecta nuestra vida cotidiana y nuestra economía y que no parece tener vía ni propuesta de solución. En igual sentido nos manifestamos sobre la eliminación de la garantía de pago del 82% móvil para algunas jubilaciones, como las del personal docente. Esto también implica un retroceso inconstitucional ya que los derechos humanos y en particular en las relaciones laborales, deben respetar el principio de progresividad que se estaría afectando.

Finalmente, creemos que Argentina está frente al desafío de salir de la crisis asegurando y ampliando derechos, nunca a la inversa. Y para ello, debe contar con un funcionamiento de las instituciones que así lo garanticen. Y una ampliación acorde de la agenda de prioridades del estado que no puede postergar las reformas necesarias en las áreas de la educación y de la justicia.

Comprometemos nuestro esfuerzo y apoyo para el futuro mejor que nos merecemos.

Presidenta, Margarita Stolbizer
Secretario General, Sergio Abrevaya