El presidente del Partido GEN, Sergio Abrevaya, se reunió con Alfredo Cornejo para expresar el apoyo a la candidatura a gobernador de la provincia. «Mendoza es productiva y pujante gracias a su gente y a las sucesivas buenas gestiones que ha tenido», afirmó Abrevaya.
La diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, se diferenció de Bullrich y dijo que las declaraciones de Carrió sobre los vínculos del frente de frentes con el narcotráfico tienen «mala intención»
Para la diputada nacional Margarita Stolbizer la propuesta de Patricia Bullrich y otros dirigentes opositores de modificar el marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico “es un ejemplo de una respuesta simplista a un problema complejo”. México y Colombia lo intentaron y fracasaron, advierte Stolbizer, que se reunió este martes con el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
En diálogo con La Capital, la principal dirigente del GEN dijo que la acusación de Elisa Carrió respecto a los supuestos vínculos de sectores del frente de frentes con el narcotráfico tiene “mala intención” y apunta a obtener lugares en las listas, advirtió que los candidatos de Juntos y del Frente de Todos están más pendientes del debate interno y en “ver qué frase fuerte pueden decir” y señaló que “hay un final ya escrito para el kirchnerismo”.
—¿Cómo ve la situación de Rosario y Santa Fe, en particular la cuestión de la violencia?
—Si bien entiendo la gravedad que tiene la situación particular en Rosario, tengo la convicción de que no se trata de un problema estrictamente local. Por lo tanto, las respuestas nunca pueden ser estrictamente locales. Por otro lado, estamos hablando de la actividad de organizaciones criminales y del delito complejo, y las respuestas deben ser tan complejas como son los crímenes. Esto significa que hay que salir de las propuestas espontáneas y que no tengan que ver con un plan integral. Lamentablemente, en Rosario vemos una disputa de bandas que han ganado el territorio, que pone en evidencia la ineficacia del Estado. En este tiempo muchos discuten sobre el tamaño del Estado y nosotros insistimos en que lo que hay que discutir son las capacidades estatales. Esta es una de las pruebas de que el Estado debe tener los recursos suficientes para atender los problemas. Otra cuestión en relación a este tipo de delitos es que tenemos que empezar a usar la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas para que el Estado no vaya, como siempre, por detrás de los acontecimientos.
—¿Cómo podría utilizarse la inteligencia artificial en este caso?
—Hay que mirar a otros países. Hoy la inteligencia artificial se utiliza, entre otras cosas, para fabricar armas autónomas. Estoy en absoluto desacuerdo y creo que deberían prohibirse, pero hay sistemas de drones que no tienen capacidad de ataque, pero sí de detectar determinadas cosas. Sin ir más lejos, los escáneres que en Europa detectan la droga que llega por contrabando de lugares como la Argentina, donde nadie detecta nada. La tecnología es muy importante, pero necesitamos apostar también a una integridad del funcionariado. La corrupción siempre causa mucho daño: si no hubiera complicidades en áreas claves, como la policía, la Justicia y las aduanas, estos delitos no se podrían cometer. Fallan los sistemas de transparencia del Estado que deberían actuar.
—En Juntos por el Cambio hay dirigentes como Patricia Bullrich que plantean modificar la normativa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir más activamente en el combate al narcotráfico, ¿cuál es su opinión?
—No lo comparto. Es un ejemplo de una respuesta simplista a un problema complejo. La militarización de las fuerzas de seguridad no es buena consejera, porque tenemos experiencias más que suficientes del fracaso de lo que esto ha sido en países como México, donde las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de perseguir el narcotráfico. En Colombia pasó exactamente lo mismo. El resultado es muchas más violaciones a los derechos humanos y mucha mayor complejidad. Nosotros insistimos en la necesidad de un plan integral: no se trata simplemente de fuerzas de seguridad persiguiendo delincuentes; queremos atacar la economía del delito, ver cómo hacemos para perseguir esas cuevas donde las organizaciones criminales pueden seguir escondiendo su dinero. Mientras la Argentina no tenga un control sobre el dinero que va desde y hacia los paraísos fiscales y se siga pudiendo hacer esto con absoluta libertad, sin que haya un control sobre los reportes de las operaciones financieras de las organizaciones criminales, va a ser muy difícil enfrentar esto, por más Ejército que pongamos. Por último, las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer eso. Deberíamos trabajar en capacitar a las fuerzas de seguridad o en fuerzas especiales para hacerse cargo de la lucha del narcotráfico, pero no en las Fuerzas Armadas, que están diseñadas para defender las fronteras y otras tareas.
—¿Cómo está viendo el escenario político de Santa Fe?
—Santa Fe no escapa al enredo y la incertidumbre general que tiene el escenario político nacional. Lo que veo un poco desde afuera es que hay una gestión provincial que ha fracasado en todos los objetivos que se planteó. Y, por lo tanto, esto abre una expectativa muy importante para que la oposición se piense realmente con chance de ser gobierno. Esto no es distinto a lo que pasa a nivel nacional, donde las expectativas que habían generado el gobierno de Fernández y la llegada de Massa se han frustrado. El gobierno está prácticamente en retirada y no ha acertado en atender las problemáticas más importantes. Tanto en el plano nacional como en la provincia el desafío principal que tienen las fuerzas políticas de la oposición es recuperar credibilidad y la confianza de la sociedad en la política. Por lo tanto, lo que hay que hacer es prepararse para el desafío de llegar a gobernar.
—El fin de semana Carrió hizo acusaciones muy fuertes sobre el nuevo frente opositor que se está armando en Santa Fe, relacionando a sectores políticos con el narcotráfico. ¿Cuál es su opinión sobre esas declaraciones?
—No comparto. Hasta me parece de mala intención que plantee que como no le dan los lugares que quiere en una lista son todos narcotraficantes. Si le daban los lugares no eran tan malos y sí lo son porque no se los dan. No se puede admitir de ninguna manera. Ella ya ha tenido antes expresiones de este tipo y no las compartimos. Ni como diagnóstico ni mucho menos, como especulación para obtener algo.
Con @monicacperalta entregamos al Intendente @pablojavkin proyectos para provincia y Nación como parte d un plan integral p/abordar tema narcotráfico. Fortalecer justicia federal, apuntar al lavado y economía del delito,control en rutas e hidrovía. Estado eficiente y transparente pic.twitter.com/iJdL6Gyr7y— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) March 21, 2023
—La llevo al plano nacional. Estamos en zona de definición de candidaturas, ¿cómo ve el escenario de Juntos?
—Juntos atraviesa una situación bastante parecida a la de la coalición que gobierno. Hay una discusión que tiene que ver con lo endogámico, con lo interno, que con una discusión hacia afuera. Como decía antes, el desafío que hoy tiene Juntos es recuperar un marco de confianza y credibilidad. Eso se hace discutiendo seriamente un plan de gobierno sobre cómo resolver los problemas. En el gobierno de Cambiemos, del que no formamos parte, subestimaron el problema de la inflación y terminamos peor de cómo había empezado. Me da alguna tranquilidad que he estado en reuniones con los equipos técnicos y los veo trabajando con una seriedad que debería ser trasladada al marco de los candidatos, que están más en ver qué frase fuerte pueden decir. La sociedad no necesita frases de impacto, sino un plan de estabilización, que es lo que la Argentina necesita para recuperar crecimiento, credibilidad, inserción internacional. ¿Quién invierte en un país que tiene diez tipos distintos de dólar, una inflación al 100% anual y el cambio de reglas de juegos permanente? Es imposible. Que no haya inversión, tanto extranjera como local, es menos producción y menos generación de empleo, y, por lo tanto, más pobreza. Esa es la radiografía de la Argentina de hoy.
—Este lunes estuvo Macri en Rosario, ¿cree que va a ser candidato?
—Creo que pocos deben saber qué está buscando. Sin duda, él está poniendo en valor un liderazgo que tiene en su fuerza política, que es el PRO. Obviamente, nosotros no desconocemos esta situación, pero cualquier decisión deberá formar parte de una discusión de Juntos por el Cambio. Nosotros buscamos que en caso de llegar al gobierno la coalición funcione como tal. Eso no pasó en el gobierno de Cambiemos e hizo que se cometieran errores. Hoy los demás partidos de la coalición tenemos otra vocación de participación, para que no haya liderazgos tan excluyentes. Sería malo si pensamos en las complejidades que va a recibir el nuevo gobierno, mucho peores que las de 2015.
—Hasta ahora, la principal hipótesis es un balotaje entre Juntos y el Frente de Todos. ¿Puede meterse Milei en una segunda vuelta si se sigue deteriorando la situación económica?
—Atrás de Milei hay una protesta más antisistema que lo que tiene que ver con sus propias ideas. Creo que cuando llegue el momento de votar, y ojalá no fuera así, la gente termina votando para que no gane el otro. Ahí es donde una opción diferente como la de Milei puede terminar sin el resultado electoral que pretende. Me da la impresión de que hoy no tiene chance de ingresar en un balotaje.
—¿Observa a Cristina y al kirchnerismo en una etapa de declive final?
—Tengo una mirada muy crítica del gobierno y del papel de Cristina. La falta de resolución y la agudización en algunos casos de los principales problemas de la Argentina es por la responsabilidad, o la irresponsabilidad, de la decisión que ella tomó en su momento de poner a Alberto Fernández en la fórmula y no darle las libertades necesarias para que él pudiera ejercer la magistratura. Quizás él no tuvo las capacidades para poder hacerlo, pero hay un fracaso contundente. Por lo tanto, tenemos que pensar que hay un final ya escrito para el kirchnerismo. A esto se suma, por supuesto, la situación particular y personal de Cristina Fernández. Esa es su mayor preocupación: su relación con la Justicia. Tiene una condena que no está firme, que no le impide presentarse como candidata para ningún cargo, pero es una condena por corrupción. También tiene otras causas pendientes en el mismo sentido. Esto no puede no afectarla a ella y a su movimiento político.
A partir de la situación de violencia de público conocimiento que atraviesa la ciudad de Rosario, desde el partido GEN consideramos que es momento de que el Gobierno nacional ponga fin a su desidia y conforme un Comité de Crisis para ejercer de manera coordinada y con un mando unificado los cuerpos de policías y Fuerzas de Seguridad federales y provinciales en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
Tal como ha planteado el Intendente de Rosario Pablo Javkin, se requiere que Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, reglada en el art. 2 de la Ley 25.520, lleve adelante labores de Inteligencia en los Servicios Penitenciarios federales y provinciales en los que se hayan alojados presos y procesados por delitos de narcotráfico. Desde dichos espacios se gestan los hechos delictivos que se cometen afuera.
Además de un presupuesto destinado y pensado para implementar un plan de seguridad en el que se contemple un incremento importante en la cantidad de los móviles patrulleros en las calles de Rosario, que permitan bajar el nivel de violencia imperante. Resulta imperioso también que se designen más fiscales auxiliares y federales, cubriendo vacantes en espera y ampliando el accionar de la Justicia.
Todo ello requiere políticas urgentes, pero la mirada integral del flagelo nos obliga a pensar en las experiencias más exitosas en otras ciudades del Latinoamérica que han abordado de manera integral, resolviendo cuestiones sociales a la par de la inseguridad. Así, el intendente de Rosario ha reclamado entre otras cuestiones más fondos para urbanizar distintas zonas, disminuyendo la cantidad de crímenes como ha sucedido en los barrios en los que Rosario abrió calles, construyó veredas, y amplió la presencia del Estado en servicios.
Esta lamentable situación exige que el Gobierno nacional haga frente al narcotráfico y que el gobernador de Santa Fe Omar Perotti disponga de voluntad y trabaje en conjunto con las autoridades municipales que se encuentran solas combatiendo la violencia que sufre la ciudad.
La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió hoy y manifestó preocupación ante la grave situación económica que el Gobierno Nacional le dejará al próximo gobierno que no hace más que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente. Asimismo consideraron que la situación será mucho peor de la recibida en el 2015.
Además, la conducción nacional se expresó en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias. Con esto, el Gobierno Nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo Gobierno.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento público tuvo un aumento récord: creció ya en el equivalente a USD 83 mil millones, lo que genera una crisis de financiamiento en pesos que tuvo su epicentro en junio de 2022. Desde entonces, el Banco Central se vio obligado a comprar deuda pública por el equivalente a 2,3% del PIB, burlando los límites al financiamiento al Tesoro que fija su Carta Orgánica. Por su parte, el Tesoro Nacional comenzó a ejecutar sucesivos canjes de deuda que maquillan la falta de financiamiento genuino, a fin de evitar un nuevo default o una mayor monetización de la deuda pública. A pesar de la negación del Gobierno, esto ha puesto al país ante un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica. En suma, una situación que, lejos de resolver los problemas, intenta irresponsablemente desplazar su impacto al día después de las elecciones.
Repudiamos la entrega arbitraria, por parte del Estado Nacional, de tierras a supuestos mapuches, que no son originarios del territorio argentino, y ratificamos que esa decisión va a ser dejada sin efecto por un próximo gobierno de Juntos por el Cambio. En este marco nos solidarizamos con los mendocinos.
Por otro lado, ratificaron el cumplimiento de las reglas electorales establecidas para todos los distritos por parte de la Mesa Nacional y la última declaración de los presidentes de los partidos. Además, se decidió el armado de una mesa política con dos representantes de cada partido para abordar la situación de las provincias con elecciones desdobladas.
Durante el encuentro, los presidentes de las fundaciones de los partidos expusieron acerca de los planes de gobierno en los que se vienen trabajando. Los acuerdos programáticos están muy avanzados desde el punto de vista técnico. Además, se convocará una jornada para trabajar sobre ellos y empezar a transmitirle a la sociedad cómo vamos a sacar a la Argentina del letargo en que la tiene este Gobierno.
Participaron de la reunión los presidentes de los partidos Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC), Patricia Bullrich (PRO), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Sergio Abrevaya (GEN). También participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; los senadores nacionales Humberto Schiavoni (PRO), Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau (UCR); los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado (PRO), Mario Negri y Emiliano Yacobitti (UCR), Juan Manuel López (CC), Margarita Stolbizer (GEN), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Alberto Asseff (UNIR); la diputada provincial Maricel Etchecoin (CC); los dirigentes Ramón Puerta (ERF) y Ernesto Sanz (UCR); los secretarios ejecutivos Jorge Triaca (PRO), Ramón Mestre (UCR), Andrés de Leo (CC) y Jorge Franco (ERF). También participaron los economistas Eduardo Levy Yeyati, Milagros Gismoldi, Hernán Lacunza Juan Carlos Sanchez Arnau, Luciano Laspina y Matías Sturt; y los presidentes de las fundaciones que integran Juntos por el Cambio: Agustín Campero (Alem); Franco Moccia (Pensar), Fernando Sánchez (Hannah Arendt) y Eduardo Mondino (Encuentro Federal).
La coalición Juntos por el Cambio debe reunir a los partidos nacionales y a sus interbloques del Congreso Nacional para formular una estrategia y una alternativa de esperanza ante el accionar peligroso e insensato del presidente de la Nación Alberto Fernández, acompañado de un puñado de gobernadores oficialistas respondiendo a las estrategias de Cristina Fernández de Kirchner.
El GEN reclama una reunión de la coalición Juntos por el Cambio para evaluar mecanismos que sirvan para detener el avasallamiento de las instituciones y del sistema republicano de nuestro país.
Desde hace dos semanas vemos cómo el oficialismo se embandera en un relato que busca desprestigiar el sistema Judicial y llevarse por delante a miembros de la Corte. El oficialismo ve como enemigo a aquellos que buscan terminar con la corrupción, la impunidad y el manejo inconstitucional. Es así, que tras la condena de CFK, cualquier resolución judicial es cuestionada y denostada.
Juntos por el Cambio será Gobierno. Es tiempo de frenar el atropello, terminar con los comportamientos feudales y avanzar con un plan concreto que garantice institucionalidad, estabilice la economía y asegure el crecimiento con equidad.
Tristemente para los argentinos y argentinas, estamos otra vez frente a actos que tienen como fin el avasallamiento de las instituciones. En este capítulo, nada más y nada menos que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores oficialistas, se alistan detrás de una idea que es impulsar un «juicio político» al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones».
¿Qué hay detrás esta idea absurda? Seguimos afirmando que hay una acción clara que pone en alerta el sistema republicano. Acciones que se reiteran cada vez que las cosas no salen como a ellos les gustaría. La Justicia resolvió que la Ciudad de Buenos Aires debe recibir el 2,95 % de la coparticipación. Desde ese momento, el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández pone trabas y amenaza permanentemente con avanzar contra todo, incluso contra la Justicia.
Detrás de estas acciones vemos la desilusión de muchos al advertir que la impunidad a la que están acostumbrados empieza a llegar a su fin. La condena a CFK y la resolución de la Corte son ejemplos de eso.
Es necesario que entiendan que no se puede tener al sistema judicial (y a la población) todo el tiempo en vilo. Es muy grave que el Gobierno Nacional y Cristina Fernández de Kircher amenacen a un Poder Judicial que está resolviendo temas que son de su competencia. La Justicia debe ser independiente y es nuestra obligación hacer que eso sea así.
No tenemos que detenernos. Debemos estar unidos para avanzar en proyectos que sean serios y tener un plan concreto para que este ataque a uno de los poderes de nuestro sistema democrático se detenga y para que de una buena vez el foco del gobierno esté puesto en mejorar y no en hacer trampa para que todo sea como les gusta o les conviene.
El compromiso del Partido GEN está puesto en construir un proyecto político amplio que mejore la vida de los argentinos y las argentinas a través del respeto a las instituciones y el fortalecimiento de la Democracia.
En un contexto de baja credibilidad del gobierno
La diputada nacional Margarita Stolbizer (Encuentro Federal – JxC) presentó un proyecto de ley que busca ordenar la transición presidencial, es decir, el período entre la proclamación de la fórmula ganadora y la asunción del cargo. “El proyecto surge porque es necesario fortalecer la Democracia con diálogo, con pactos que cuenten con sentido de futuro y continuidad del Estado, mediante un régimen de transición ordenado y transparente”, explicó la diputada.
En el proyecto presentado -que surge en un contexto de baja credibilidad del Gobierno y que pone en permanente estado de alarma a nuestro sistema democrático- se establece la creación de una «Comisión de Transición” integrada en partes iguales por representantes del gobierno saliente y del entrante, cuyo objeto es la realización de un diagnóstico e informe del estado general del gobierno y de las cuentas públicas. Además, la Comisión deberá preparar y acordar todos los aspectos técnicos, organizativos, administrativos y logísticos para la asunción del nuevo gobierno.
“Es importante y necesario establecer un marco o régimen permanente de cooperación para transitar el tiempo entre un gobierno que debe dejar el poder y otro que lo asumirá por que es así como se puede recuperar la confianza social en las instituciones y tener mayor previsibilidad para las inversiones, el crecimiento, el empleo y para combatir la pobreza”, enfatizó Stolbizer.
Asimismo, a través de su proyecto la diputada establece que durante el período de transición se prohíbe la incorporación de nuevo personal a planta permanente como así también contraer deudas o comprometer el crédito público. “Lamentablemente, estas son prácticas frecuentes y recurrentes en los gobiernos cuando deben entregar el poder a un nuevo gobierno que no tiene el mismo color político”, remarcó Stolbizer.
Por irregularidades detectadas por la AGN
La diputada nacional Margarita Stolbizer solicitará la interpelación de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) comunicara irregularidades en las compras y contrataciones realizadas por ese Ministerio durante la emergencia sanitaria declarada por COVID 19. Además, Stolbizer presentó una denuncia ante la fiscalía de investigaciones administrativas para que se investigue la posible comisión de delitos.
“Ni el Estado ni la declaración de emergencia pueden ser usados para amparar conductas ruines y delictivas porque, una vez más, se juega con la vida y la salud de las personas. Los funcionarios deben dar explicaciones en el Congreso y la Justicia debe investigar”, enfatizó la diputa.
Estamos nuevamente frente a un episodio en el que funcionarios del Gobierno nacional actúan fuera de la ley. No es la primera vez que la emergencia es utilizada para sortear procedimientos formales y normados para las contrataciones y compras públicas, pese a que ello no debería en ningún caso considerarse una habilitación para dejar de lado la integridad y transparencia que debe existir en todas las acciones que los funcionarios llevan a cabo en tan condición.
Dentro de los hallazgos de la AGN -no siendo los únicos-, se puede mencionar:
– No se han presentado las declaraciones juradas relacionadas con intereses que pudieran afectar a los involucrados.
– Los productos adquiridos no contaban con la obligatoria certificación de ANMAT.
– Ausencia de informes técnicos en ocasiones en que correspondía haber contado con ellos.
– Falta de vinculación entre expedientes de compra y expedientes de pago.
– Errores de confección en la documentación que producen dudas respecto de la transparencia del proceso.
– Diferencias importantes entre las notas de crédito emitidas y el anticipo financiero previsto en los contratos.
– Diferencias entre las órdenes de pago y lo efectivamente facturado por las empresas.
– No hay informes de la Dirección de Contabilidad y Tesorería ni intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Y no se ha garantizado la integridad en la contratación y la observancia de la Ley de Ética Pública respecto de alguna de las empresas intervinientes, pudiendo observarse el conflicto de intereses o la comisión de delitos más graves contra la administración pública.
– No hay documentación respaldatoria de los precios de mercado y en muchos casos el monto de la compra excede el que estaba habilitado por la normativa.
Sin duda hay anomalías de índole administrativa pero también aparecen hechos que podrían constituir delito y esa es la razón que motiva una denuncia penal. Ellas son: las diferencias entre pagos autorizados y los efectivamente hechos, excediendo los montos; la compra de insumos que no contaban con la aprobación técnica del organismo a cargo, ANMAT; la AGN ha detectado también que la empresa privada Aeromedical S.A contó con un trato preferencial, incluso se emitió en su favor una orden de pago por la provisión de más de 3 millones de barbijos siendo que la firma ni siquiera había sido evaluada y no contaba con los informes que la norma requiere. Más grave aún es que el titular de dicha firma privada era un agente contratado por el estado en el mismo Ministerio que estaba contratando con ella.
La decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, fogoneada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que tiene como estrategia la descalificación de jueces, de no acatar la resolución de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia respecto de la distribución de los fondos de coparticipación a las provincias genera un clima de inestabilidad política e institucional preocupante.
El motivo de semejante postura es evidente: las provincias que gobiernan quienes comparten el signo político del Gobierno nacional presionan porque perderían los favores traducidos en partidas económicas que la Nación otorga de manera arbitraria y discrecional.
La actitud del primer mandatario es inaceptable en términos constitucionales y democráticos y es pasible de ser penada por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El sistema republicano consagrado por la Constitución Nacional se sostiene sobre la base de la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un sistema de frenos y contrapesos que, claramente, no está siendo respetado por el Presidente y pone en juego el Estado de Derecho.
Debe quedar en claro que no se trata de una supuesta defensa del federalismo como el Gobierno intenta presentar esta situación. La Corte decidió darle la razón a la Ciudad en un reclamo presentado en 2020, cuando Fernández le recortó fondos al Gobierno porteño para otorgar un aumento a la Policía Bonaerense, en medio de una protesta de dicha fuerza. Eso había obligado a la Ciudad a armar un presupuesto de contingencia que incluyó la creación de impuestos a los gastos realizados con tarjetas de crédito.
Lo que el máximo tribunal judicial argentino dictaminó es que el Ejecutivo nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 2,95% de la masa coparticipable, aún cuando el reclamo exigía el 3,5% de reintegro. Desde 2020, la CABA perdió $250 mil millones.
El país necesita de manera imperiosa estabilidad política y las reglas deben cumplirse, más allá de que sean o no del agrado o conveniencia de cada uno.
El Gobierno emprende, así, un camino hacia el autoritarismo y la suma del poder público que nos preocupa porque un Gobierno que no acata una resolución judicial, puede no aceptar una derrota electoral, no entregar el mando y pretender eternizarse en el poder.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
Ahora, por tanto,
La Asamblea General,
Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
