Categoría: Sergio Abrevaya

El Diputado Sergio Abrevaya (CABA), explicó el por qué su voto negativo a la UniCABA: “Creo que la política tiene que dejar de tirar por la borda todo aquello que tiene muchos años e intentar reemplazarlo, por el contrario, tiene que aprovecharlo. Muchos de los institutos de formación docente tienen más de 100 años y si hay algo que corregir, hay que hacerlo sobre la base de estos institutos que son muy buenos, tienen una identidad y una cultura organizacional probada y prestigiosa. Cuando nos preguntamos si deben ser modernizados, la respuesta es afirmativa; pero como Estado debemos marcarles hacia dónde vamos para saber qué exigirles. Además, se puede descentralizar el formato de cada Instituto para que cada uno -con su propia mirada- haga un aporte a las decisiones del Estado”.

Además, Abrevaya indicó: “Por otro lado, como la oferta de universidades es enorme, no hace falta que se invierta más dinero para la creación de una nueva universidad como la UniCABA: desde el punto de vista de lo pedagógico existen la UNIPE, el INFOD así como las carreras de Filosofía y Letras de la UBA, que fueron pensadas para lo pedagógico. Un exceso que confunde y desorienta”.

Encabezan el ranking de sancionados por Defensa al Consumidor de la Ciudad.

Que liquidan las expensas de forma sospechosa. Que no mantienen los espacios comunes. Que no muestran la documentación. En la Ciudad, hay más de tres denuncias por día contra administradores de consorcios. Y son los más sancionados por Defensa al Consumidor, con multas que totalizaron más de $ 4,8 millones entre enero y abril.

Así lo reveló la Dirección de Defensa al Consumidor, que depende de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno porteño, que en el primer cuatrimestre del año recibió 327 denuncias contra administradores. La mayoría de los casos no lograron resolverse en la audiencia de mediación y terminaron en el labrado de multas.

La infracción más frecuente es la falta de transparencia en la liquidación de expensas, con un 28,3% de las sanciones. En un 17,5% de los casos los administradores no se ocupaban de mantener las áreas comunes. Y un 15% de los vecinos se quejó de que no les permitían ver la documentación del consorcio. Otros motivos de reclamo son no ejecutar lo que decidió la asamblea de propietarios (13%), y pedir que se depositen los fondos en la cuenta del propio administrador en lugar de en la del consorcio (6%).

Las denuncias en Defensa al Consumidor contra empresas o comercios suelen resolverse en audiencia de conciliación en ocho de cada diez casos. En cambio, si los denunciados son administradores, así se zanjan apenas dos de cada diez conflictos. Es por eso que lideran el ranking de infracciones en esa área: 161 multas, equivalentes a $ 4.821.048 en total.

La actividad es regulada desde 2003 por la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios, que depende de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Ese registro fue pensado para asesorar a los vecinos consorcistas y recibir las denuncias por incumplimientos a la norma.

A Adrián Hilarza, de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), no lo sorprenden estas estadísticas oficiales. “Sé que hay administradores que no cumplen la ley: muchos se creen que son dueños y terminan siendo desprolijos en el manejo del dinero -acepta-. Pero la poca participación de los propietarios en las asambleas también lleva a que aumente el nivel de choque. Se quejan después de que las decisiones ya fueron tomadas”.

El legislador Sergio Abrevaya (GEN) es autor de la Ley 3.254, que modifica la Ley 941 y establece más controles a las administraciones por parte de los vecinos. Desde el año pasado el diputado se reúne con asociaciones de consorcistas para diseñar un proyecto de baja de expensas. “El 80% de los problemas de los que nos hablan tienen que ver con administradores”, cuenta. Y reclama más controles por parte del Gobierno porteño, porque “la gente que fue al Registro Público de Administradores dice que no encuentra soluciones”.

Una de las que recurrió al Gobierno porteño fue Elena P. (83), que no se llama así pero prefiere mantener su apellido en reserva. Vive en Palermo, en un departamento con cochera que quiso poner a nombre de sus hijas. Cuando fue a hacer el trámite, vio que la administración había dejado sin abonar las rentas de su garaje durante todo un año. Tras el reclamo, la administradora pagó las tasas que debía, pero luego las cobró en las expensas a todos los consorcistas. “Ya la denunciamos con abogado porque no liquida los gastos con el formato que exige el Gobierno de la Ciudad. En la audiencia de conciliación dijo que iba a cumplir, pero nunca lo hizo”, recuerda.

Mario C. (65) también prefiere mantener en reserva su identidad. Vive en Villa Urquiza, a pocas cuadras de la estación de subte Echeverría. Dice que el administrador cobra las expensas en su cuenta bancaria personal en lugar de en la que está a nombre del consorcio. Dice que maneja los fondos del edificio como si fuera su propio dinero. Y que las obras que inicia pocas veces son autorizadas por la asamblea. Lo denunció ante Defensa al Consumidor y logró que se le aplicaran multas por $ 45.000. “Me enteré de que es reincidente, por eso la sanción fue tan severa”, precisa.

Desde Atención Ciudadana explican que los consorcistas tienen herramientas a mano. Por ejemplo, pueden remover al administrador. El primer paso es llamar a asamblea y pedir que se incluya ese punto dentro del orden del día. Si no hay quórum, quienes estén presentes pueden igualmente votar la remoción pero, para que la decisión quede firme, deberán pasar 15 días desde la notificación. En ese período, los vecinos que no asistieron podrán pronunciarse a favor o en contra.

A su vez, si los propietarios detectan que las expensas se liquidaron de forma incorrecta, pueden intentar recuperar el dinero, pero para eso es necesario denunciar penalmente al administrador si este cometió un delito tipificado. También pueden pedir un embargo cautelar para que no se frustre el reclamo si el administrador decidiera declararse insolvente.

Para resolver problemas en las administraciones, Atención Ciudadana creó la herramienta Consorcio Participativo, cuyo proyecto fue enviado la semana pasada a la Legislatura. Se trata de una plataforma gratuita que les permitirá a los vecinos visualizar toda la información del edificio donde viven, votar online y acceder a un chat interno para hacer y valorar propuestas. Los administradores podrán usarla para liquidar expensas, pagar salarios del personal, emitir comunicados y llevar un sistema de tickets para los reclamos que hagan los vecinos.

“Desde la Ciudad tenemos el objetivo de profesionalizar la actividad y generar herramientas de participación que aseguren la mayor transparencia posible”, explica Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Los administradores no ven con buenos ojos la iniciativa. “Ahora el Estado tendrá acceso a todos los intercambios entre consorcistas y administradores, y eso es información privada que luego puede ser comercializada”, advierte Hilarza.

Por otra parte, las administraciones están incluidas en el plan del Gobierno porteño para bajar las expensas. En marzo se derogó la disposición que las obligaba a llevar un libro de datos periódicos, lo cual demandaba $1.000 por año.

Según las agrupaciones de consorcistas, el 80% de las expensas son para pagar el sueldo del portero. Es por eso que, como parte de un plan del Gobierno porteño para reducirlas, se propone eliminar del Código de Edificación el requisito de construir vivienda para el encargado en los edificios de más de 15 unidades.

En marzo, los porteros cerraron una paritaria del 12% en dos tramos y una suma no remunerativa de $ 6.000 en tres cuotas. Para septiembre se prevé una revisión, en función de la inflación. En 2016 habían obtenido una suba de casi el 40%, y en 2017, del 21% con cláusula gatillo. Los consorcistas se quejan porque el Suterh, el gremio de los encargados, discute paritarias con los administradores, cuando los verdaderos empleadores son los vecinos.

Fuente clarin

14/05/2018. Sergio Abrevaya, CABA. Fuente La Nación
En cientos de hogares, el corte del servicio se prolonga porque los vecinos no pueden afrontar el costo de arreglar las instalaciones; ante los trastornos para bañarse y cocinar, hay quienes optan por mudarse

Alexis Panozzo descubrió que le habían cortado el gas del mismo modo en que lo descubre mucha gente, cuando quiso encender las hornallas y quedó en el intento. Desde entonces vive dentro de una pesadilla habitual para cientos de porteños: lleva más de cinco meses sin servicio y no sabe por cuánto más se extenderá la falta de suministro. «Mi encargado me dijo que esto iba para largo… Y tenía razón», se queja. Este vecino del barrio de Palermo debió comprar un horno eléctrico y una ducha eléctrica que calienta el agua en el momento, que es su gran temor cada vez que se baña: «Ahora tardo más tiempo en cocinar y menos en bañarme», dice con una risa de resignación.

No hay cifras que especifiquen cuántos hogares no tienen hoy gas en Buenos Aires y en los 11 municipios bonaerenses abastecidos por Metrogas. Voceros de la empresa señalaron que solamente el 0,02% de sus 2,5 millones de clientes resulta afectado: es decir, 500 hogares. Pero la estadística es de 2016 y no la actualizan porque, argumentaron, no poseen «la tecnología para hacerlo».

«Metrogas vino porque un vecino los llamó después de sentir olor a gas. La empresa descubrió la pérdida y nos cortaron el servicio», cuenta Panozzo, de 30 años. Efectivamente, las denuncias anónimas suelen desencadenar los cortes. El encargado del edificio de 16 departamentos donde vive el joven fue el único testigo de la presencia de los inspectores de Metrogas. Fue una visita breve: cortaron y se fueron, sin más. «Tenemos la facultad de suspender la distribución sin previo aviso porque responde a un criterio de seguridad», explicaron desde la distribuidora a LA NACION.

Metrogas deja a los clientes una serie de pasos por seguir para recomponer el suministro. No son pedidos caprichosos, sino que son demandas avaladas por la regulación vigente. Los requerimientos son diversos: puede ser colocar una ventilación para que rote el aire en la cocina, cambiar caños viejos, o medir la distancia entre la llave de gas y las hornallas. «El hogar tiene que ser 100% seguro», defendió la compañía.

«Lo que hace Metrogas es abusivo. Cada vez que aprueba nuevas medidas sobre la instalación pretende que la ciudad se adecue e invade la competencia del gobierno porteño. Deberían hacer saber a todos los propietarios cuáles son las nuevas normas de seguridad de instalación y, más allá de la existencia o no de fuga, que estos puedan decidir. Es como impedir que un vehículo circule porque no tiene airbag», consideró Sergio Abrevaya, diputado porteño por GEN, quien presentó un proyecto de ley que busca quitarle competencias a la distribuidora. Por el momento, está en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.

Un edificio sin gas provoca una suerte de laberinto en el que los vecinos quedan atrapados. Las reformas edilicias suelen ser costosas. Para cubrir los gastos, los consorcios cobran expensas extraordinarias. Entre los residentes no acuerdan rápido al momento de elegir al gasista: piden presupuestos, analizan y solo después contratan al matriculado.

La demora puede empezar en el palier. Eso ocurrió en el PH situado en Floresta donde vive Virginia Vera Alonso, de 50 años. Como hubo una pérdida en el caño que conectaba a todos los departamentos, la compañía cortó el suministro. Cada una de las 30 viviendas debía desembolsar $8000 para afrontar la obra. Algunos no alcanzaban a juntar la plata, otros peleaban por los presupuestos presentados por los gasistas: «Y así estamos, sin gas hace seis meses. Al final compramos una garrafa», se lamenta.

La solución más fácil

Para los propietarios más pudientes o para los inquilinos, la salida más fácil es la mudanza. Vera Alonso está pensando en vender su casa. En el edificio de Alexis Panozzo cuatro departamentos -el 25% del total- quedaron deshabitados tras el corte del gas. Él también se va a ir en febrero, una vez que culmine su contrato.

María José Del Bó, de 34 años, eligió el mismo camino. Alquilaba un dos ambientes en Montserrat al que debió transformar en un hogar electrointensivo para combatir el corte. Durante un año, invirtió en aparatos para enchufar a 220 voltios: compró un horno eléctrico, un termotanque pequeño, una pava eléctrica. El propietario no le reconoció los gastos. Es habitual: en algunas ocasiones, los dueños no devuelven el dinero invertido en artefactos vitales para paliar la falta de gas o directamente no se hacen cargo de la situación. María José se hartó de pelear con el propietario, como también se hartó del frío del invierno porque no le quisieron comprar una estufa eléctrica. Ahora vive en Congreso. «Desde entonces, mi vida mejoró un ciento por ciento. Mudarme me cambió todo», dice.

Metrogas pone el foco de la demora en los gasistas matriculados: «Se atrasan en entregar los pedidos de inspección. Una vez que lo hacen, nosotros tenemos hasta 10 días hábiles para hacer los chequeos correspondientes y, si todo está en condiciones, reponer el servicio. Ese periodo está regulado», argumentaron voceros de la distribuidora.

En el intervalo la empresa se corre del escenario y los gasistas toman el control. Son los responsables de trabajar los arreglos y de contactar a la compañía para que hagan los controles. Desde la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos (CAIF), que entre otros nuclea a los gasistas matriculados, denunciaron que «muchas veces los usuarios contratan a gasistas no matriculados cuyos arreglos están en contravención con la reglamentación vigente, lo que provoca serias irregularidades. En otras oportunidades, el consorcio demora en tomar la decisión final de a quién encomendarle el trabajo». Agregaron, por otro lado, que «el interés de los gasistas reside en que el trabajo se complete, y eso únicamente ocurre cuando Metrogas repone el servicio».

08/05/2018. Por Sergio Abrevaya, diputado GEN CABA.

Mauricio Macri asumió la Ciudad y le quitó apoyo a la separación en origen, con lo que empujó el negocio de la basura otra vez. Así, se continuó enterrando todo lo posible, relegando el remanente de reciclado a un precario acuerdo con cooperativas.

En 2012, el entonces gobernador Daniel Scioli dijo «basta», y exigió que ya no se enterraran en el Conurbano las seis mil toneladas diarias provenientes de la Ciudad, ante el hartazgo de las poblaciones cercanas a los basurales. Acordaron entonces la reducción de entierro y la ley de basura cero asomó. Se reimpulsó la separación con mejoras, pero no la infraestructura ni centros verdes suficientes a las cooperativas.

En 2014, el Consejo Económico y Social de CABA abordó el tema como una política pública. Es un órgano constitucional compuesto por 26 organizaciones, gremiales, empresariales, académicas, profesionales y credos, y por unanimidad recomendó sobre residuos: «La disposición final de los desechos húmedos podrá hacerse mediante tratamiento térmico, valorización energética de residuos (Waste to Energy)». Me tocó ser entonces su presidente y, convencido ayer (y hoy), sostengo lo que le recomendamos hace 4 años al Estado porteño.

Mientras la discusión continúa, seguimos enterrando la basura en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que asumir como aún inalcanzable el reciclado del cien por ciento. Pero también que las metas de reciclado no se cumplieron y generaron un «mientras tanto» que sigue sufriendo el Conurbano con el entierro diario. Ese «mientras tanto» lleva ya 10 años y, si no fuera por el debate actual, seguiría otros tantos, con más o menos reciclado.

No es progresista enterrar, ni en basurales ni en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), porque surgen enfermedades de todo tipo y contaminación de napas. Nada es más contaminante que enterrar. Por eso la ley de basura cero permitía la «combustión» una vez cumplido el 75% de reciclado previo. Los vecinos de la Ciudad enterramos nuestra basura en tierra bonaerense desde la dictadura militar. Basura que no se ve, contaminación que no se siente. Hay formas de solucionarlo.

El continente europeo es el que más atención le prestó al medio ambiente, con estándares muy exigentes. Subsidiaron las plantas de termovalorización energética y así resolvieron el problema del basural hipercontaminante. Sus informes técnicos dicen que estas plantas contaminan muchísimo menos que un basural y de manera mucho más controlada. Allá no hubo «mientras tanto», porque a medida que mejoraban los porcentajes de basura reciclada construyeron 600 plantas para termovalorizar y hoy trabajan para reconvertir la industria en productos 100% reciclables. París tiene la suya en la ribera del Sena, que además calienta los edificios públicos. Lo mismo ocurre en Berlín, Madrid y Londres. En nuestra ribera portuaria del Río de la Plata tenemos dos plantas termoeléctricas que generan electricidad quemando gas, gasoil y fuel oil.

Ahora modificamos en la ley el límite del 75%, inalcanzable incluyendo los estándares europeos (expresamente la directiva 2010/75/UE de control medio ambiental y 2008/98CE de eficiencia energética), y la nueva exigencia frente a la termovalorización «previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados, principalmente cartón, papel y polietileno».

El cambio es una herramienta y una posibilidad. Si se invierte en reciclar como en termovalorizar lo no reciclable y se dejan de lado los negocios que suelen acompañar la basura, estaremos en el camino de las grandes capitales del mundo. Nosotros vamos a controlar al gobierno para que las cosas se hagan bien. Hay que invertir en opciones limpias además de la planta, así como en la concientización social en la separación en origen. Qué hacer con la basura debe ser un problema de todos los vecinos de la Ciudad y debemos resolverlo entre todos.

Fuente infobae