Grúas y parquímetros en toda la ciudad, ¡no es justo!


Por Sergio Abrevaya. Diputado CABA.

Cuando a fines de diciembre de 2016 la Legislatura de la Ciudad votó los pliegos de licitación para parquímetro y acarreo para afectar una zona mucho más amplia de la que abarca en la actualidad –pasar del macro y microcentro a calles de 13 de las 15 comunas- nos manifestamos en contra por diferentes razones.

Lejos de resolver el problema de tránsito y de falta de estacionamiento lo van a dificultar. ¿Por qué cobrarle a quienes estacionan en calles sin tránsito complicado? Aquellos que van a trabajar a la casa de alguien, quienes van a visitar a un familiar, o poseen un auto familiar y otro para trabajar, no van a poder estacionar sin pagar, aunque sea en barrios tranquilos. Queda claro que es meramente recaudatorio, que no mejorará el tránsito ni el estacionamiento, pero complicará la vida en los barrios.

La Ciudad debería cobrar parquímetro por su cuenta en las centralidades barriales que requieren movilidad del auto que estaciona para que otro pueda hacerlo. Para los mal estacionados, si obstaculizan el tránsito o accesos, grúas propias o contratar independientes diversos haciendo cumplir la norma especialmente en los lugares de tránsito mas denso, donde el mal estacionamiento obstruye.

La experiencia nos lleva a las dos empresas de acarreo, DakotaSTO y BRDSEC, que durante 25 años estafaron a la Ciudad e hicieron todo tipo de trampas comprobadas para recaudar lo más posible y pagar a la CABA un canon irrisorio. Este sistema es sólo un negocio que no tiende a mejorar el estacionamiento sino que otorga a las empresas, cuyos contratos vencieron en 2001, una inmensa venia recaudatoria.

Faltan lugares de estacionamiento en los barrios y el ejecutivo es el que no ha cumplido. Hemos intentado paliar esta situación con la vigencia de la ley de estacionamiento a la izquierda y las dos leyes vigentes -de mi autoría- de estacionamiento subterráneo vecinal y estacionamiento subterráneo disuasorio, que preveían 40 playas bajo el pavimento y que todavía no han sido ejecutadas. Mientras tanto, se le regala a las empresas de grúas y parquímetros la posibilidad de llenarse de dinero a costas del ciudadano común, que carece de la posibilidad de estacionar.

Resta preguntarnos, ¿por qué el GCBA sigue aceptando los $55.000 en concepto de canon que pagan STO y SEC, insignificante suma en contraste a los millones que recaudan? O ¿cuál es la razón que hace que permitan que su situación siga siendo irregular luego de años de contrato vencido? Mientras tanto, el ABL, el transporte y las tarifas subieron, y vivir en la CABA es cada día más caro. ¿Hasta cuándo?

Fuente infonews

Abrevaya contra la adecuación tarifaria de agua para que las expensas bajen


Decenas de vecinos concurrieron a la nueva reunión de consorcistas organizada en Villa Urquiza en el marco del proyecto presentado por el diputado por CABA Sergio Abrevaya para bajar las expensas. «La gente reclama por las malas administraciones y mal funcionamiento del Registro Público del GCBA porque no controlan», manifestó el diputado y agregó: «Bajan los costos que ellos mismos inventaron pero no controlan los edificios».

Además de explicar en qué consiste el proyecto e interactuar con los copropietarios en respuesta a sus consultas, el funcionario junto a las asociaciones de consorcistas que lo acompañan, comunicó a los vecinos que mañana se presentará en la audiencia pública por adecuación tarifaria de agua, ya que la suba de tarifas tiene injerencia directa con la suba de expensas.

El diputado expresó: «En la audiencia por tarifas de agua solicitaré la colocación de medidores a cada unidad funcional en los edificios para que el copropietario pague de acuerdo a su consumo (no como sucede en la actualidad, que cada consorcista abona en relación a los m2 que ocupa su vivienda), tarifas especiales para consorcios en lugares comunes y quita del I.V.A. de las facturas, por ser AySA una empresa del Estado».

Por otro lado, indicó que otro tema que están abordando incluye a las paritarias: «Nos encontramos a días de presentar un amparo ante el Ministerio de Trabajo para que las asociaciones de consorcistas participen de las paritarias con el SUTERH. El gobierno escuchó sólo una parte del reclamo que le hicimos, vamos por todas las aristas que nos permitan que el valor de las expensas baje de verdad».

Desde principios de 2017, Abrevaya recorre los barrios y realiza reuniones con los vecinos copropietarios, «quienes nos manifiestan los principales problemas que enfrentan», con el fin de que las expensas sean accesibles.

Margarita Stolbizer pide que se investiguen irregularidades en el INTI


14/03/2018, Buenos Aires.
«Acompañamos a los trabajadores y advertimos que, por detrás del conflicto social, existe un intento de vaciamiento del estado y el ocultamiento de contrataciones poco transparentes que deben ser investigadas.»

Margarita Stolbizer presentó hoy un escrito ante la Procuración de Investigaciones Administrativas para que se investigue la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública dentro del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

«La política de persecución de los empleados públicos durante el kirchnerismo estaba motivada por un sistema de complicidades que expulsaba a quienes resistían convalidarlo. Hoy existe algo parecido: los despidos en el INTI también tienen como destinatarios a trabajadores, -algunos técnicos y profesionales con mucha antigüedad- que formulan observaciones y ponen límites a la contratación de obras privadas en las que se observan irregularidades, favoritismos y sobreprecios. Esas conductas podrían constituir delitos que deben ser investigados, y por eso nos presentamos ante la Fiscalía con competencia en delitos complejos, para que determinen ellos el encuadramiento que corresponda», aseguró la ex diputada.

Stolbizer presentó esta mañana una denuncia solicitando se investiguen una serie de irregularidades detectadas en el INTI a partir de la nueva gestión que encabeza Javier Ibañez. Se advierte sobre empresas que son beneficiadas por el mecanismo de la contratación directa, -o sea sin pasar por la licitación pública- usando la justificación de la urgencia. Sin embargo, ha transcurrido más de un año desde que debía estar terminada y no se ha cumplido ese plazo establecido, pese a que se le han aprobado ampliaciones y se le ha seguido pagando sin que pese ningún tipo de sanción sobre la empresa.

Ello se da también a partir del ingreso de nuevos funcionarios y familiares con los que se ha «corrido» al personal técnico de las decisiones operativas sobre adjudicaciones, controles, etc. en relación a las empresas proveedoras.

Asimismo, con motivo de los festejos del aniversario, se realizaron una serie de contrataciones por obras de arte, absolutamente injustificadas y sobrevaluadas, y se pagaron sumas importantes para la realización de videos institucionales pese a contar con equipos del propio Instituto en condiciones de realizarlos.

Según Margarita Stolbizer, hubo una serie de decisiones y medidas adoptadas por los funcionarios del INTI, que podrían configurar algunas de las conductas tipificadas y reprimidas en el título de los delitos contra la administración pública y en el Código Penal. En la mayoría de las contrataciones mencionadas es posible advertir pago de adicionales a las empresas sin suficiente justificación, sobreprecios en los costos, puesta en funcionamiento de oficinas paralelas para favorecer a las empresas contratantes, diferencias en las mediciones realizadas en las obras por los inspectores y los certificados abonados a las empresas.

«Estas decisiones implican un perjuicio grave para los empleados, para el Instituto y su sustentabilidad financiera. Hechos de esta naturaleza lesionan la credibilidad pública y social en las instituciones, y degradan el estado de derecho, investigarlos es un imperativo para la justicia como es para quienes lo denunciamos, una simple obligación en nuestro carácter de ciudadanos bregando por una mejor administración», finalizó Stolbizer.

Tres exsecretarios argentinos de Ambiente a punto de ir a juicio por incumplir la ley


San Juan, 12/03/2018.
Primera vez en la historia Argentina que se lleva a juicio a funcionarios públicos por no cumplir una Ley Ambiental. Ello fue posible gracias a los testimonios de científicos argentinos que declararon en la causa.

Tres exsecretarios argentinos de Ambiente podrían ser juzgados por incumplimiento de la Ley de Glaciares, debido a una serie de derrames de la multinacional Barrick Gold en el país.

«Juez Sebastián Casanello cerró la etapa de instrucción de la causa por incumplimiento de la Ley de Glaciares», anunciaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

El caso fue delegado en el fiscal Ramiro González, quien deberá pronunciarse sobre la conveniencia de realizar el juicio oral y público antes de que el expediente vuelva a manos del magistrado.

De este modo, es muy probable que Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, secretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se sienten en el banquillo de los acusados por violar la ley.

También el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba, quien estuvo en ese cargo fue hasta octubre de 2017, está acusado de no realizar el inventario de los glaciares que ordenaba la normativa.

Esta causa es una ramificación de otro caso que investiga tres derrames de la empresa de origen canadiense Barrick Gold entre 2015 y 2017 en la mina aurífera Veladero, en la provincia de San Juan (noroeste).

El objeto de la pesquisa es determinar los «diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y por ende con los derrames».

El expediente surgió a partir de una denuncia de la Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en la causa, tras los derrames de agua cianurada de Barrick Gold en Veladero que afectaron su localidad.

La investigación de estos incidentes quedó a cargo de la justicia provincial de San Juan.

Pero en paralelo, Casanello comenzó a investigar la supuesta responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad ante la falta de control de la explotación del yacimiento Veladero.

La Ley de Glaciares, sancionada en septiembre de 2010, prohíbe cualquier actividad minera o industrial sobre los glaciares o sobre áreas periglaciares, además de exigir un inventario que debía haber sido finalizado en marzo de 2011.

Fuente (Sputnik)

«No podemos permitir que un gobierno municipal tenga prácticas mafiosas»


Quilmes, Buenos Aires, 11/03/2018.
La concejal, por el partido GEN PROGRESISTA, Gabriela Fernández. Presentó un pedido de informes al Concejo Deliberante, por los hechos de violencia que sufrieron: Las 2 delegadas gremiales, Patricia Pallero y Laura González. Y el ex funcionario de GIRSU, Jonathan Marcelo a raíz de la denuncia publica hecha el día 7 Febrero.

HECHOS DE VIOLENCIA

A la delegada Laura González la sorprendieron en su domicilio, junto a su hijo. Los golpearon y producto de ese ataque, permaneció en coma durante dos días.

En el caso de Jonathan Marcelo fue atropellado, a la salida de su casa, esto le provocó una fractura en la pierna. También sufrió golpes, de parte de tres individuos, seguido de una amenaza de muerte por el tema GIRSU.

Y por último, Patricia Pallero fue atropellada por un funcionario de la actual gestión, la misma había pedido una explicación por los compañeros que fueron despedidos.

INFORME AL HCD

Dicho esto, en el informe entregado por la concejal, se solicita: Información sobre un vehículo blindado, que fuera otorgado al secretario, Sergio Chomyszyn. También se precisa: Un informe que explique las denuncias que fueron entregadas por los tres afectados, a los maltratos anteriormente mencionados.

«No podemos permitir, que un gobierno municipal tenga practicas mafiosas, que quieran ser justificadas, atreves del gasto publico. Es alarmante la situación, más allá de cualquier medida, los trabajadores son ciudadanos que tienen Familia, y prestaban servicio a la comuna. Rechazamos la violencia institucional, el patoterismo y la prepotencia. Ya que consideramos gravísimo, cuando el estado, se maneja por fuera de la ley. No solo estamos hablando de insensibilidad, sino estamos hablando de atropello y abuso de poder. Entendemos que esta responsabilidad recae en el intendente Martiniano Molina».

info: quilmesdiario.com

«Hay que reagrupar el Progresismo pensando en la educación, el trabajo y el papel del Estado»


Buenos Aires 09/03/2018.
STOLBIZER Y EL PARTIDO GEN EN PLENA ACTIVIDAD.
«Hay que reagrupar el Progresismo pensando en la educación, el trabajo y el papel del Estado. El Centenario de la Reforma Universitaria será uno de los ejes que vamos a tomar para discutir el proyecto de País»

Esta semana el Partido GEN ha realizado una serie de actividades para reposicionar al progresismo en el debate político y social.

Durante el ultimo fin de semana todos los militantes participaron de diversas jornadas de reflexión e todo el país sobre la identidad, el ideario, acciones y estrategias. Ello puso en valor el sentido de pertenencia y la necesidad de dar fuerza a una alternativa de fuerte contenido progresista y ético. » El gobierno es puro maquillaje. Celebramos que tomen la agenda de género que nosotros impulsamos desde hace años, pero no es creíble en un gabinete que no tiene mujeres. Igual que con el discurso de transparencia que se contrapone a los negocios y conflictos de intereses de los funcionarios.»

El lunes pasado el Plenario Nacional recibió en Rosario al Gobernador de Santa Fe Miguel Lifchitz. Y hoy Stolbizer encabeza un Plenario de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de 9 de julio, junto a sus autoridades Ricardo Vázquez y Marianela Lopez, donde también se reunirán los concejales del Partido GEN.
«En los años en que no hay competencia electoral, los Partidos se deben replegar a reflexionar para prepararse, formar a sus cuadros políticos y demostrar que pueden hacer las cosas mejor.»

Además, esta semana se puso en marcha un grupo de presentación con expertos y se aprobó una declaración que pone eje para este año en el centenario de la reforma universitaria. La actividad central se realizará en la Universidad de Córdoba y también en otras de distintas provincias.
Otro grupo ya prepara una presentación para comparar el modelo educativo de la Ciudad de Bs As y el de Santa Fe: «Una diferencia fundamental que nos distancia es que ellos ni creen en el estado. Y nosotros pensamos que no es el mercado el que puede garantizar iguales posibilidades. por eso defendemos la educación pública, la innovación y el trabajo.»

Argentina necesita una alternativa orientada en los principios políticos, sociales y éticos del progresismo


El Partido GEN realizó su primera reunión anual en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, habiendo asumido la Presidencia de la Mesa de la Junta Ejecutiva Nacional la Sra. Mónica Peralta, quien estuvo secundada por Juan Carlos Passo, Secretario General y Margarita Stolbizer y Fernando Machado como Presidenta y Vicepresidente del Congreso.

Durante la reunión se realizó un debate amplio sobre la situación del partido en cada una de las provincias donde se encuentra constituído y reconocido y se diagramó un programa de recorridos para el primer semestre del año.

Se ha fijado como punto central de la agenda de actividades del año, el Centenario de la Reforma Universitaria, habiéndose resuelto realizar un acto central de reinvindicación del aniversario en Mayo en la Ciudad de Córdoba; y se elaborará otro calendario en otras universidades del país para deliberar sobre el rol transformador de la universidad pública en el siglo XXI y su vinculación con el trabajo y la matriz productiva para el progreso de la Argentina.

Los miembros del Partido GEN recibieron la visita del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, quien analizó las dificultades para el progresismo en el contexto regional e internacional y al mismo tiempo la oportunidad para ocupar una vacancia en Argentina frente a un gobierno que expresa a la centroderecha. También se hizo presente para saludar el Concejal Pablo Javkin y al finalizar el encuentro, los representantes del GEN hicieron una visita al Acuario junto a la Intendenta Mónica Fein.

Como conclusión, se aprobó una declaración titulada ARGENTINA NECESITA UNA ALTERNATIVA ORIENTADA EN LOS PRINCIPIOS POLITICOS, SOCIALES Y ETICOS DEL PROGRESISMO.

Stolbizer solicitó investigar contrataciones del Ministerio de Modernización


LA EMPRESA CONTRATADA NO POSEE EMPLEADOS, TIENE COMO ÚNICOS INGRESOS LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD, Y SUS SOCIOS ERAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL MOMENTO DE GANAR LA LICITACIÓN.

«Debe investigarse a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con los deberes que las leyes les imponen. Y debe revisarse un mecanismo de contratación poco transparente»

Buenos Aires, 6 de Marzo. Margarita Stolbizer ha cuestionado la sobreutilización del mecanismo de contratación de empresas privadas para realizar las tareas que deberían estar a cargo de los empleados públicos. «Se prescinde del estado para que algunas empresas privadas hagan buenos negocios. Resultan ser amigos o parientes y se les exime de cumplir las leyes al tiempo que se les otorgan contratos millonarios. Algunos mecanismos son demasiado parecidos a los usados en el gobierno anterior: las empresas se crean al solo efecto de contratar con el estado.»

La denuncia presentada está referida a una contratación del Ministerio de Modernización para que la consultora realice la tarea de «seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización.» fue la única empresa presentada en la licitación que se le adjudicó por un monto de $ 1.260.000.

Los estados contables de la empresa Labcom SA demuestran que ha ganado varias licitaciones públicas y que sus únicos ingresos declarados durante los años 2016 y 2017 provienen de la administración pública nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no registra empleados ni contratación de aseguradora de riesgos del trabajo y no registra aportes de ningún tipo.

“Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados registrados. Esta información puede comprobarse solo al analizar los estados contables de la empresa en los cuales no existen rubros que estén destinados al pago de cargas sociales o salarios. Tampoco surge información en los organismos tributarios y de seguridad social tal como puede comprobarse en base de datos públicas, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones públicas impulsadas desde el Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires.”, explicó Stolbizer.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. Sus socios son Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. El primero de ellos era titular de Nación Fideicomisos al momento de ganar la licitación.

Luciano Elizalde es investigador del Conicet, y comparte en condominio hectáreas en Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri a través de Tykey SRL. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas como entrega de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en 2015.

Y el tercer socio, Luciano Alejandro Alonso se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas ya que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad”, aseguró Stolbizer en su denuncia.

«Las normas de contrataciones con la administración pública y de servicios de consultoría en ámbitos estatales, así como la Ley de Etica en la función pública, intentan proteger a la administración pública en general, tratando de preservar la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidas por el acto arbitrario de los funcionarios que se involucren para obtener un beneficio personal o bien un beneficio para un tercero. Se ha violado la ley de contrataciones del estado, la que regula la contratación de consultorías privadas y la ley de ética pública. Los funcionarios podrían estar incursos en la comisión de delitos penales y por eso estamos pidiendo la investigación de los hechos denunciados».

«El Gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir”, finalizó Stolbizer.

La denuncia será investigada en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío

Sergio Abrevaya en la Audiencia Pública por Tarifas de GAS


Sergio Abrevaya, Diputado por CABA y presidente del GEN CABA, se presentó como orador en la Audiencia Pública por aumento de tarifas de gas natural.

Durante su exposición, Abrevaya hizo hincapié en la necesidad de no tomar los aumentos en forma individual sino abordarlos a través de una revisión integral de tarifas, para evaluar cómo influyen al bolsillo del ciudadano en su conjunto y no en forma parcial. “El aumento durante estos dos años alcanza el 1000% promedio”, indicó el diputado y agregó: “No es una adecuación de la tarifa, la rechazamos”.

Más tarde, el diputado por CABA solicitó –una vez más- tarifas diferenciadas para consorcios, en especial para aquellos que tienen servicios centrales. Éstos están incluidos en la categoría más alta de tarifas, como si fueran industrias cuando en realidad “son multiviviendas habitadas por jubilados o trabajadores”, resaltó.

Por último, Abrevaya reiteró el pedido realizado oportunamente acerca del quite impuesto del IVA de los servicios, por ser regresivo, y manifestó: “El gobierno pudo quitar impuestos a transacciones bancarias y a comercializadoras de cereales, pero no lo hizo con este proceso distorsivo permanente. El Estado no está cumpliendo su rol”.

INTERVENCION DE HOTESUR: El fiscal Pollicita aceptó el pedido de Stolbizer


Es necesario que la justicia siga reaccionando frente a los intentos de burlar sus decisiones por parte de la familia Kirchner, dispuesta a entorpecer las investigaciones de los hechos de corrupción. HOTESUR es la sociedad usada como base del circuito económico usado por Néstor y Cristina Kirchner y basado en la actividad hotelera para canalizar dinero proveniente de los pagos realizados por el empresario Lázaro Báez, el amigo, socio, tal vez testaferro, que fue más beneficiado por las decisiones políticas del matrimonio en sus respectivas presidencias.

Esta sociedad fue la punta de la investigación realizada por Margarita Stolbizer y Silvina Martinez, cuando detectaron las irregularidades de la entidad sobre la que la entonces Presidenta Cristina Fernández declaraba en el 2012 un paquete accionario de casi $ 10 millones.

Esa primera investigación permitió detectar que la sociedad no presentaba balances, no llevaba libros en legal forma, no actualizaba directorio ni pagaba tasas. Y hasta tenía un domicilio falso. A partir de esos datos, se llegó a la conclusión de que Hotesur administraba el Hotel Alto Calafate, usado para disimular los pagos realizados por las empresas de Lázaro Baez bajo la apariencia de alquiler de habitaciones y salones.

Hotesur constituye la punta para desenmascarar los sucios negocios de los Kirchner con la obra pública. Por eso esta causa judicial está emparentada con aquellas donde se investigan las irregularidades en las licitaciones de obras, en la ruta del dinero K y también con Los Sauces, la otra sociedad, de actuación similar dedicada al alquiler de inmuebles y otras operaciones sospechosas con los mismos grupos empresarios.

A la muerte de Néstor Kirchner, su esposa y sus hijos Máximo y Florencia adquirieron el manejo de los negocios y percibieron los pagos con dinero de origen ilegal.
La Sra.de Kirchner en una primera maniobra que denunciamos como de «insolvencia fraudulenta» transmitió a sus hijos la totalidad de su patrimonio, dinero, acciones, inmuebles. Hicieron sospechosas transferencias de dinero entre cuentas de los miembros de la familia y también hicieron ocultamiento de parte del patrimonio.

Pero rápidamente la justicia detectó la situación y dispuso medidas cautelares que, sin embargo, fueron una y otra vez, quebrantadas por los mencionados: constituyeron un condominio para ocultar las transferencias. Cobraron alquileres millonarios desviados del del control judicial. Instruyeron al contador Manzanares para cobrar los alquileres a través de otras cuentas bancarias y seguir burlando las decisiones judiciales. Múltiples y diversas maniobras demostraron la misma intención: distanciar el dinero que manejaban de su origen ilegal y simular esa condición ingresándolo al circuito normal.

El 20 de diciembre del 2017 se realizó la última asamblea (o parodia de asamblea) de Hotesur. No se hizo en el domicilio de la sociedad sino en el de Romina Mercado y no consta la convocatoria para su realización. Recordemos las tachaduras y adulteraciones de los libros que hasta fueron reconocidas x Manzanares actuando bajo las órdenes de Cristina Kirchner.
Esta nueva Asamblea viola las medidas cautelares dispuestas en la investigación judicial: la veeduría jurídico contable, la inhibición gral. de bienes, la prohibición de innovar en la sociedad. Y por supuesto, la distribución de utilidades que se encontraba absolutamente prohibida. Se ha dejado acéfala la sociedad con las renuncias de Romina Mercado y Rocío García, lo que constituye un grave perjuicio para la sociedad y para el estado en el intento de recupero de activos.

Por lo tanto, entendiendo que corresponde INTERVENIR LA SOCIEDAD HOTESUR, STOLBIZER lo solicitó y hoy fue aceptado por el Fiscal Pollicita, estando a la resolución del Juez Julian Ercolini.

La causa está también en condiciones de ser cerrada, con pruebas suficientes, para su elevación a juicio oral en el que finalmente sean juzgados los responsables de maniobras ilícitas en perjuicio del estado y como encubrimiento de otros delitos, lavándose el dinero de origen ilegal.

«LOS ARGENTINOS NECESITAMOS UN SISTEMA DE JUSTICIA QUE FUNCIONE EFICAZMENTE Y A TIEMPO, PARA QUE LOS QUE COMETIERON DELITOS PAGUEN POR ELLOS Y DEVUELVAN EL RESULTADO DE LOS ILICITOS CON LOS QUE SE HAN ENRIQUECIDO PERSONALMENTE. DEBIENDOSE TAMBIEN APLICAR LA SANCION CONSTITUCIONAL DE SU INHBILITACION PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS», afirmó Margarita Stolbizer