Tres exsecretarios argentinos de Ambiente a punto de ir a juicio por incumplir la ley


San Juan, 12/03/2018.
Primera vez en la historia Argentina que se lleva a juicio a funcionarios públicos por no cumplir una Ley Ambiental. Ello fue posible gracias a los testimonios de científicos argentinos que declararon en la causa.

Tres exsecretarios argentinos de Ambiente podrían ser juzgados por incumplimiento de la Ley de Glaciares, debido a una serie de derrames de la multinacional Barrick Gold en el país.

«Juez Sebastián Casanello cerró la etapa de instrucción de la causa por incumplimiento de la Ley de Glaciares», anunciaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

El caso fue delegado en el fiscal Ramiro González, quien deberá pronunciarse sobre la conveniencia de realizar el juicio oral y público antes de que el expediente vuelva a manos del magistrado.

De este modo, es muy probable que Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, secretarios de Ambiente que se sucedieron en el cargo bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se sienten en el banquillo de los acusados por violar la ley.

También el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba, quien estuvo en ese cargo fue hasta octubre de 2017, está acusado de no realizar el inventario de los glaciares que ordenaba la normativa.

Esta causa es una ramificación de otro caso que investiga tres derrames de la empresa de origen canadiense Barrick Gold entre 2015 y 2017 en la mina aurífera Veladero, en la provincia de San Juan (noroeste).

El objeto de la pesquisa es determinar los «diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y por ende con los derrames».

El expediente surgió a partir de una denuncia de la Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en la causa, tras los derrames de agua cianurada de Barrick Gold en Veladero que afectaron su localidad.

La investigación de estos incidentes quedó a cargo de la justicia provincial de San Juan.

Pero en paralelo, Casanello comenzó a investigar la supuesta responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad ante la falta de control de la explotación del yacimiento Veladero.

La Ley de Glaciares, sancionada en septiembre de 2010, prohíbe cualquier actividad minera o industrial sobre los glaciares o sobre áreas periglaciares, además de exigir un inventario que debía haber sido finalizado en marzo de 2011.

Fuente (Sputnik)

Ley de Glaciares: Declaración del Partido GEN


La agenda ambiental es nuestra agenda. Y no aceptamos retrocesos. Los gobiernos cambian pero los privilegios subsisten.

La Ley de Glaciares fue una verdadera conquista social para la tutela y preservación de nuestros recursos naturales, que soportó presiones, obstáculos y el veto presidencial en el 2008, hasta obtener sanción definitiva 2 años después. No han cesado desde entonces los intentos de neutralizar, incumplir, tolerar y flexibilizar su aplicación.

Aquella frase emblemática de “EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO”, que expresa la lucha a pulmón de asambleas vecinales y movimientos ciudadanos en defensa de los derechos colectivos, sintetiza el más férreo rechazo social a un modelo productivo extractivista y depredatorio de nuestros recursos naturales que despoja a comunidades enteras de sus derechos presentes y futuros, y cuyos esfuerzos terminan yendo al bolsillo de unos pocos.

Los derrames de cianuro y otras sustancias tóxicas en Veladero, como los verdaderos cráteres sociales que la actividad genera, han demostrado que ya no se trata de accidentes, sino que son fruto de la causalidad, agudizan la crisis de un modelo altamente contaminante y desafían a los funcionarios en todos los niveles del Estado a un abordaje serio y responsable de la cuestión.

La quita a las retenciones mineras dispuesta a tan sólo 2 meses de asumir el nuevo gobierno a fines del 2015, fue una mala señal: un guiño a las multinacionales y un premio a quienes actúan en el marco de la ilegalidad y la absoluta impunidad por la generación de pasivos socio-ambientales irreparables. Y esas ventajas no se han traducido en inversiones y fuentes de empleo que las justificaron.

Ahora ha tomado estado público la intención del Gobierno de «revisar» la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, permitiendo la destrucción y la afectación de nuestros recursos, especialmente hídricos.

El Partido GEN rechaza cualquier intento de modificación o alteración de la legislación actual, por la vigencia del principio de no regresión ambiental, por implicar la pérdida de los actuales estándares de protección, y porque el Derecho al Agua, constituye un derecho humano inalienable y cualquier restricción de los derechos ambientales de futuras generaciones es violatorio del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Rechazamos las expresiones del Ministro, no seremos tolerantes frente a ningún retroceso en la protección del ambiente en su conjunto y de nuestros recursos naturales en particular, porque ello importa quebrar un orden a favor de la defensa de nuestro ecosistema, obtenido por leyes nacidas de las reivindicaciones sociales y la voluntad popular (Ley Nacional de Bosques Nº 26331 y Ley Nacional de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglaciar Nº 26639).

Llamamos a ratificar el compromiso del estado y de la ciudadanía en la preservación de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, protegiendo el ambiente y los recursos naturales en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, para mejorar nuestro presente y la sustentabilidad del bienestar colectivo de las generaciones futuras.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 2017.