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30/10/2017.
En la lucha contra la corrupción, no se da lo que dice el refrán popular “Muerto el perro se acabó la rabia”. Preso un corrupto no se acabó la corrupción.

Y por eso, más allá del enorme peso de las imágenes que muestran al diputado Julio De Vido detenido en el marco de las investigaciones por hechos ilícitos cometidos durante el gobierno anterior, es necesario reconocer la insuficiencia de estos pasos. Siempre parece que tanto la justicia como la política solo se van haciendo cargo parcialmente de la responsabilidad de sanear instituciones y crear bases para condenar los hechos del pasado y para impedir repeticiones en el futuro.

La Cámara de Diputados actuó en el ejercicio de lo que al mismo tiempo es una atribución constitucional y un mandato institucional, aprobando el desafuero solicitado por el poder judicial y que determinaba a posteriori la detención del diputado. Importa aclarar que sendos pedidos responden a las investigaciones que llevan el Juez Rodriguez respecto de los delitos de abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público; y el Juez Bonadío en relación a los de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. El conjunto de las responsabilidades que se imputan a De Vido lo pone hoy en clave de la aplicación del artículo 36 de la Constitución Nacional que describe y sanciona las conductas de quienes atenten contra los poderes constituidos y respecto de quienes, incluso, reconoce a los ciudadanos su derecho a la resistencia. Esa misma norma pone en paridad de condición a “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinan para ocupar cargos o empleos públicos”.

El enriquecimiento personal, con fortunas imposibles de justificar, ha sido la marca de muchísimos funcionarios que acompañaron al matrimonio Kirchner durante sus 12 años de gestiones presidenciales. Y ellos mismos parecen ser los beneficiarios más directos del corretaje de bolsos, valijas, mochilas y sobres que corrieron durante aquellos años y también como parte de los episodios desopilantes de los que hemos sido expectadores en estos últimos cuando ya no les quedaban muchas guaridas para esconder y hasta pensaron en un convento atentido por unas aparentes ingenuas y engañadas monjitas.

La primera fortuna inexplicable es la de la familia Kirchner que incluye a su joven hija sentada sobre una caja fuerte de la que saltan los billetes de los millones de dólares que su corta vida le ha permitido atesorar. Cabe por supuesto suponer que incluso parte de las fortunas que exhiben otros funcionarios y empresarios amigos beneficiados con contrataciones de miles de millones, tampoco les pertenecen en su totalidad sino que bien podrían haber cumplido con el papel de testaferros confiables al punto de ni siquiera hoy en prisión plantearse un arrepentimiento para aportar elementos en contra de sus jefes.

Por eso, es que necesitamos mirar integralmente estas situaciones. Porque de lo contrario nos quedaremos con una foto y olvidaremos las secuencias fílmicas con el resto de sus actores, incluso aquellos que han llevado el mayor peso en la toma de decisiones.

Observar la detención de De Vido nos brinda la tranquilidad de una justicia que actúa, pero no quiero soslayar la idea de que a esta justicia siempre parece que se les olvida algo. Es imposible pensar que tanto funcionariato responsable de los delitos en contra de la administración pública que devinieron en enriquecimiento personal, hayan podido actuar sin la orden, la aquiescencia y la receptividad de quienes ejercieron el gobierno desde la máxima autoridad y con un criterio centralista y vertical que nunca o casi nunca mostró dobleces ni rebeldías.

En el Congreso hay otros actores principales. Y se prepara para recibir algunos más. Es tiempo de no quedarnos. Es tiempo de un gran pacto de la política por un Nunca Más de la Corrupción. Tenemos muchas deudas con el pasado, con las víctimas, y muchos más con el futuro. Es necesario refundar el Estado y terminar con los nichos de impunidad de los corruptos. Decimos Nunca Más a los desvíos y abusos de poder y la impunidad del poder en todas sus formas, porque los costos se traducen en privación de derechos, en desigualdad de acceso y ejercicio de los derechos humanos. Es necesario poner una lupa sobre la gestión de la política y de la justicia. Sin celebrar apenas algún episodio al que, sin restar la importancia que tiene, no podemos adjudicar más que lo que es: un eslabón en una cadena de respuestas que debemos impulsar.