Stolbizer demandó al Estado por el decreto 591

Permite importar desechos reciclables sin certificado de inocuidad

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ESTADO NACIONAL POR EL DECRETO 591

Margarita Stolbizer, Presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional por la firma del Decreto 591/2019, que permitirá el ingreso al país de materiales sin certificado de inocuidad.

Con el patrocinio de los Dres. Ramiro EGÜEN y Silvina MARTINEZ, solicitaron la nulidad absoluta de la norma firmada por el Presidente Mauricio Macri por contravenir el artículo 41 de la Constitución Nacional, según el cual: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Porque además el citado artículo concluye de manera categórica que: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

Asimismo, la demanda de la Asociación Bajo La Lupa solicitó la Medida Cautelar de suspensión de los efectos del decreto impugnado ya que su ejecución podría alterar, de manera negativa, la protección del medioambiente afectando derechos fundamentales.

La ley de residuos peligrosos también forma parte de una concepción integral del derecho protectorio que nuestro estado nacional ha adoptado frente al ambiente, los recursos naturales y los derechos humanos. El decreto cuestionado ha disminuido las exigencias que se requerían para la habilitación del ingreso y transporte de residuos considerados peligrosos, disminuyendo, por tanto, los niveles de protección.

Para Margarita Stolbizer, ello implica la violación del principio de progresividad que forma parte de la Ley Nacional de Gestión Ambiental N° 25675: “La legislación argentina ha experimentado una firme defensa del ambiente y los derechos de las personas que tienen su raigambre en el artículo 41 de la Constitución Nacional. La Ley Nacional de Ambiente establece una cantidad de principios sobre los que se debe regir la política ambiental. Entre ellos, el principio de progresividad es la prohibición del retroceso en términos de protección ambiental. Ello también concuerda con las normas internacionales a los que Argentina ha adherido. Las soluciones graduales implican la ampliación y nunca la reducción de los derechos ambientales. La protección no puede disminuir. Existe una prohibición de regresión ambiental. Esa es la violación más flagrante del Decreto presidencial. Es un retroceso inadmisible que debe ser suspendido en su ejecución hasta tanto se resuelva su nulidad”

Por otra parte, la demanda de Bajo La Lupa sostiene que el Decreto preocupa porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen. El decreto ni siquiera explica cuáles serían los beneficios que los argentinos podrían obtener con esas medidas en la importación de basura, ni mucho menos dónde radica la necesidad de esta decisión.

“Todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter precautorio, evitando las consecuencias. En ello radica el pedido que formulamos, para que se ordene la nulidad del decreto pero se resuelva de inmediato y como medida cautelar, la suspensión del mismo”.

El Decreto N° 591 fue publicado en el Boletín Oficial el 27 de agosto del corriente año, lleva la firma del Presidente Mauricio Macri y de parte de su Gabinete. Modifica normas vigentes (leyes y decretos) que establecían concretas restricciones a la importación, introducción y transporte de residuos, como también a la generación, tratamiento y disposición de aquellos considerados peligrosos. Esa normativa había establecido para todo el territorio nacional, adecuados estándares de protección ambiental en línea con normativas de jerarquía superior. Pero el reciente decreto presidencial implica un retroceso irrazonable y peligroso para el ambiente, los recursos naturales y los derechos consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Stolbizer preside la ONG Bajo La Lupa, creada en el año 2017 y que tiene, entre sus propósitos: “I) Incentivar una cultura de no impunidad de los crímenes de cualquier tipo, a través de la prevención, investigación, denuncia y condena. Para ello podrá promover como actor, denunciante y/o querellante acciones judiciales en cualquier fuero que tengan por objeto la lucha contra la corrupción, la transparencia en los tres poderes del ámbito estatal nacional, provincial o municipal o bien defender el cumplimiento de la Constitución Nacional.”

Demanda por decreto de residuos

IRREGULARIDADES EN LAS CONTRATACIONES DE ABOGADOS EXTERNOS POR EL PODER EJECUTIVO

NUEVO INFORME DE LA ONG BAJO LA LUPA
Buenos Aires, 07/11/2018.
STOLBIZER: «No se puede achicar el estado a costa de trabajadores y engrosar costos contratando a privados para que hagan lo mismo que se puede hacer con el personal de planta. Hemos detectado el mismo proceder que con la contratación de consultoras privadas»

La Asociación Civil Bajo La Lupa presidida por Margarita Stolbizer, detectó irregularidades en las contrataciones de estudios jurídicos y abogados externos realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional y un abuso en el mecanismo que implica mayores costos no justificados para el estado.

La ONG fue constituida en el 2017 y tiene por finalidad promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, mejorando la gestión y el uso de los recursos públicos.

En esta oportunidad se ha hecho un relevamiento de diferentes contrataciones de abogados y estudios jurídicos para asesoras o representar al estado desde la externalidad de la estructura institucional. Los departamentos jurídicos de los ministerios y organismos del estado cuentan con un plantel aproximado de 5000 profesionales. Sin embargo, se utiliza de manera recurrente la contratación para cubrir acciones que, según dice el informe de Bajo La Lupa, bien podría realizarse con dichos planteles.

Según se detalla en el Informe, los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5000 profesionales, sin embargo, se
contrata a estudios o abogados externos. Durante Abril de 2018 detectaron 100 contratos que no están debidamente justificados. «Se están privatizando tareas que son propias del Estado».

A título de excepción, las normas que regulan la defensa del Estado Nacional admiten la posibilidad de contratación de abogados para la representación y patrocinio en juicio del Estado Nacional. No obstante, su excepcionalidad y especial naturaleza pública, y la Procuración del Tesoro ha sostenido que las actividades del Cuerpo no resultan susceptibles de “tercerización” como si fuera un servicio privado. Frente a una situación de excepción, debería justificarse mediante un informe circunstanciado que lo fundamente y cumplimentar los demás recaudos exigidos para integrar el Cuerpo de Abogados del Estado.

«Analizamos las contrataciones y detectamos dificultades para identificarlas por la escasa información brindada. En la mayoría de los casos no nos brindaron información sobre los montos ni sobre el cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos. La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado», explicó Stolbizer.

Según explicaron desde la asociación Bajo La Lupa, este análisis fue llevado adelante con el objetivo de “promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, para reconstruir la confianza social en las instituciones públicas y privadas, como también incentivar la transparencia, el control público y social y la rendición de cuentas como atributos de la gestión”.

Entre las conclusiones, el Informe registra que existen contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia y no discrecionalidad que debería tener la gestión. Y que la Administración cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tarea. Por tanto, esas contrataciones implican también un sobrecostos que no están suficientemente justificados.

Manejos irregulares de fondos públicos


18/10/2018.
UNIVERSIDAD DE SAN LUIS: Las irregularidades en la suscripción de Convenios sin las necesarias aprobaciones del Consejo y las decisiones sobre gastos, podrían suponer la comisión de delitos penales que requieren ser incorporados a la investigación judicial que ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades.

Stolbizer: «Durante el gobierno anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dineros públicos que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades extrañas a las casas de estudios».

MARGARITA STOLBIZER (Partido GEN), Presidenta de la ONG Bajo La Lupa se presentó ante la Justicia Penal Federal en la causa en la que se investigan las irregularidades cometidas para el desvío de fondos públicos a través de las Universidades Nacionales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Solicitó ser tenida como amicus curiae para cooperar con la causa judicial. La denuncia está basada en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Profesor Eduardo Borkowski de la Universidad Nacional de San Luis y el abogado Juan Carlos Calabria.

En el año 2016 ellos solicitaron información al Consejo Superior de la Universidad sobre transferencias millonarias que habrían recibido por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Stolbizer entiende que las irregularidades en la suscripción de Convenios sin las necesarias aprobaciones del Consejo, y las decisiones sobre gastos podrían suponer la comisión de delitos penales que requieren ser incorporados a la investigación judicial que ya se encuentra en marcha en Comodoro Py con relación a situaciones similares en otras universidades. «Durante el gobierno anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dineros públicos que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades extrañas a las casas de estudios.
Ello puso de manifiesto la discrecionalidad, falta de transparencia y la posible comisión de delitos que deben ser investigados.»

«En los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales. En realidad, se trataba de un mecanismo para vehiculizar partidas millonarias destinadas a universidades públicas alineadas con el discurso oficialista y también para desviar recursos públicos que terminaban en manos privadas, sin controles, a través de mecanismos de tercerización de servicios o contrataciones que realizaban las instituciones educativas. En muchos casos se trató de un mecanismo para “ejecutar programas” de diverso interés que permitían liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Así, el Estado y sus universidades conformaron un esquema de financiamiento manejado de forma discrecional que podría implicar la comisión de delitos por desvío de fondos públicos y que debe ser cuidadosamente investigado», explicó Stolbizer.

En el escrito, Stolbizer menciona la suscripción de diferentes convenios entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de San Luis durante los años 2014 y 2015 y sus derivaciones como probables constitutivas de hechos de desvío de recursos públicos. A través de las resoluciones N° 1551/2014, 2534/14, 1041/15, 1042/15, 2349/2015, 2886/15, de la Secretaria de Políticas Universitarias se asignaron fondos significativos a la Universidad Nacional de San Luis: en total durante los años 2014 y 2015 se transfirieron $47.830.500.

«Se destaca la inexistencia de motivaciones legales, fundamentos jurídicos y económicos que validen estos convenios que no siguieron los procesos normales de contratación de la universidad. Tampoco contaban con el aval ni la homologación del Consejo Superior». La ex diputada del GEN explicó que la Universidad solicitaba la contratación de conformidad con las pautas que brindaba el Ministerio de Educación y era este último quien le enviaba el listado de los proveedores con su presupuesto y un análisis de idoneidad y experiencia en el rubro. La Universidad luego contrataba directamente de acuerdo al encuadre y pre-adjudicación del Ministerio y el Rector justificaba la contratación directa sin intervención del Consejo Superior ni del servicio Jurídico de la Universidad. y sin la conformidad fehaciente de la prestación del servicio contratado. Es decir, la Universidad pagaba a los proveedores sin saber si efectivamente el servicio se había cumplido.
De esa forma se simuló la financiación de actividades en Tecnópolis, en Villa Gesell, en Mar del Plata, entre otras, todas ajenas a los roles propios de la Universidad, con la repetición de empresas beneficiarias y el perjuicio evidente a las arcas del estado y de la Universidad.

Stolbizer solicita que se investigue la ejecución del «Plan Nacional Tres Mil Jardines»

27/06/2018.
Margarita Stolbizer, Presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa, pidió a la Justicia Federal que se investigue la posible comisión de delitos en perjuicio de la administración pública por la construcción de jardines de infantes licitados y adjudicados en el año 2016 por el Ministerio de Educación.

El Presidente Mauricio Macri prometió durante su campaña electoral la construcción de 3000 jardines de infantes. Llegados a la gestión, mutaron el objetivo a la construcción de 10000 salas para anexar a establecimientos en funcionamiento.

Realizaron 5 Licitaciones públicas Internacionales y 4 de ellas fueron adjudicadas a una misma UTE constituida por dos empresas del sur del país (ESCARABAJAL INGENIERIA SRL y BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL). Esas contrataciones comprendían algo más de 100 jardines, pero la mencionada unión empresaria tuvo un nivel Cero de efectividad, NO TERMINÓ NINGUNA DE LAS OBRAS. Se ha constatado además que tiene deudas por aportes previsionales y una gran cantidad de cheques rechazados durante el año siguiente.

Stolbizer había solicitado informes de conformidad con lo dispuesto por la ley de acceso a la información y la respuesta enviada por el Ministerio solo registraba las adjudicaciones con datos de la localidad y provincia de localización. No se emitió información sobre la competencia empresaria y los motivos de la adjudicación, como tampoco las certificaciones de obras, pagos realizados, adelantos financieros, constatación de niveles de ejecución, ni se enviaron los respectivos contratos. Ese es el motivo principal de la presentación de la denuncia para que se investigue si ha existido malversación de recursos públicos, administración fraudulenta y/o violación de los deberes de funcionario público.

De todo lo comprometido apenas se inauguraron 14 jardines y el resto de las obras están paralizadas.

El plazo de ejecución era de 5 meses a cumplimentarse durante el año 2017. Stolbizer y la Asociación Bajo la Lupa realizaron un relevamiento que da cuenta de la falta de ejecución. Sin embargo, se registra la ejecución de las partidas presupuestarias por más de 3.000 millones de pesos. Las licitaciones y adjudicaciones se hicieron por presupuestos que, en conjunto, implican más de 1.800 millones. Lo cierto es que hoy no están los jardines de infantes prometidos ni tampoco la plata en el Tesoro Nacional.

La denuncia se presenta acompañada de fotografías que evidencian la parálisis de las obras y los carteles que indican que debieron haberse terminado hace un año. Los casos presentados fueron registrados en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires (Bahia Blanca y San Pedro).

«Hemos vivido historias similares en gobiernos anteriores: Millones del tesoro nacional destinados a obras que nunca se terminaron. Empresas que incumplen sus contratos, pero no reciben sanciones. Empleados que se ven afectados por la falta de los aportes patronales. Y un estado ausente que no controla, no sanciona. No podemos esperar que cambie un gobierno para empezar a auditar la obra pública, los gastos o sancionar los manejos arbitrarios de fondos públicos. Y especialmente, siempre los sectores más frágiles y desprotegidos como víctimas de la mala y poco transparente administración de los recursos públicos», finalizó Stolbizer.


Plan Nacional Tres Mil Jardines – Bahía Blanca, Buenos Aires.


Plan Nacional Tres Mil Jardines – Granadero Baigorria, Santa Fe.


Plan Nacional Tres Mil Jardines – San Pedro, Buenos Aires.

Desafuero de CFK


26/03/2018. Memorándum de Entendimiento con Irán.
«No se puede ser juez y parte. Los senadores que deben resolver el desafuero de la senadora Fernández de Kirchner podrían ser investigados e imputados en la misma causa por la responsabilidad que les cabe habiendo aprobado el Memorándum para liberar a los iraníes y garantizarles impunidad».

Margarita Stolbizer presentó hoy una nota a la Presidenta del Senado de la Nación, Gabriela Michetti y al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, indicando que los legisladores que votaron a favor del Pacto con Irán están inhabilitados para pronunciarse en el pedido de desafuero de la Senadora Cristina Fernández, teniendo en cuenta que algunos de ellos mismos podrían llegar a ser investigados y/o imputados en la misma causa, atento las responsabilidades que se investigan como parte del encubrimiento de los responsables iraníes del atentado a la AMIA.

En su calidad de Presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa, Stolbizer se enmarca en el acuerdo secreto de kirchnerismo con el país asiático, llamado Memorándum de Entendimiento, que fue firmado por Argentina e Irán. «El mayor cuestionamiento que pesa sobre el valor de ese acuerdo se relaciona con la decisión de sustraer a los imputados de la acción de la justicia argentina para someternos a una revisión a cargo de una Comisión especial por fuera de ese ámbito, así como el levantamiento de las órdenes de detención internacional emitidas a través de las alertas rojas mediante la inmediata comunicación a Interpol», expresó.

Según la ex legisladora, «pese a que el Memorándum contemplaba que ambos países se comprometían a girar el acuerdo a los sendos parlamentos para su aprobación, Irán no lo hizo en ningún momento, y en Argentina, por expresa disposición y directiva impartida por la entonces presidenta Fernández de Kirchner, el proyecto fue rápidamente enviado a la Cámara de Senadores y luego a la de Diputados, en donde tuvo una rápida sanción para su promulgación posterior por la titular del Poder Ejecutivo. No caben dudas que tanto el Poder Ejecutivo, como Legislativo tuvieron una acción positiva en la invasión de las atribuciones jurisdiccionales, dando vigor al acuerdo, primero con su firma y luego con la ratificación parlamentaria. De aquí surge la decisión judicial de ampliar la investigación hacia la determinación de la amplia responsabilidad que cabe sobre todos aquellos que fueron parte del grave acto de encubrimiento».

«La aprobación del pacto con Irán fue una orden directa de la ex presidenta a sus legisladores y hoy, quienes deben votar el pedido de desafuero realizado por el magistrado, son muchos de los mismos senadores que acataron las órdenes de CFK y fueron partícipes de la maniobra por la cual está procesada».

Cabe recordar que el Dr. Bonadío dictó el procesamiento a Cristina E. Fernández de Kirchner, Héctor M. Timerman, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli Carlos A. Zannini, Angelina M. E. Abbona, Juan M. Mena y Andrés Larroque. Lo mismo se resolvió con relación a Jorge A. Khalil, Luis A. D´Elía y Fernando Esteche. A estas personas se las procesó por haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina , según lo resuelto en la investigación realizada en la causa N° 8.566/96 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado. Pero no fueron solamente las acciones de estas personas, sino que la aprobación parlamentaria del acuerdo fue determinante para el levantamiento de las alertas rojas que constituía la mayor preocupación del gobierno iraní. De ahí, la responsabilidad compartida que habrá de investigarse en cabeza de los legisladores que lo aprobaron.

Así como los jueces deben inhibirse de actuar en causas en las que tuvieren un interés directo, del mismo modo, los senadores que tienen el interés en el resultado del mismo proceso en el que podrían quedar involucrados, deben estar impedidos o inhabilitados para actuar en la consideración del desafuero solicitado por el juez Bonadío. Stolbizer considera que deben quedar inhabilitados para votar afirmativa o negativamente el pedido de desafuero de la senadora Fernández de Kirchner, todos los senadores que en igual cargo o siendo diputados en febrero del 2013, aprobaron el Memorándum firmado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Y hace expresa reserva de solicitarlo judicialmente si el Senado actuara de manera contraria a lo indicado. El impedimento debe regir tanto para la Comisión de Asuntos Constitucionales como para la votación de la Cámara en plenario.

«El Congreso de la Nación no es una guarida para quien haya delinquido. La protección constitucional que tienen los legisladores de ninguna manera los hace impunes. Lo que está en discusión es si todos los presuntos delincuentes deben responder ante la justicia o hay algunos que, por tener “chapa” de senadores o diputados, tienen un seguro. Nadie puede eximirse de responsabilidad por el hecho de estar sentado en una banca», finalizó.

Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA»


02/02/2018. Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA» promoviendo un recurso de amparo por inconstitucionalidad del mega decreto 27/2018.

El decreto de necesidad y urgencia n° 27/2018 firmado por el presidente Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del congreso”.

“vamos a solicitar a la justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la constitución nacional y la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación”.

Margarita Stolbizer, Presidenta de la ONG Bajo la Lupa, presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia N° 27/2018 de “Desburocratización y Simplificación”, porque no existen las condiciones que justifiquen su excepcionalidad para derogar o modificar esas diferentes leyes.

«Se quebranta así el principio de legalidad esencial en el Estado de Derecho, base de la República, que es la división de poderes, cuyo quebrantamiento pondría al gobierno en un peligroso camino de autoritarismo, que la ciudadanía y la justicia no pueden consentir», explicó la presidenta de Bajo la Lupa

Según Stolbizer, el Decreto No 27/2018 modifica cuestiones sustanciales que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, se realizan cambios en el régimen de embargo de la cuenta sueldo perjudicando a los trabajadores, se establece una reducción de sanciones a empresas que hayan evadido leyes laborales y tributarias en materia de cargas sociales y a las que no hayan registrado o hayan registrado defectuosamente a los trabajadores. El trabajo en negro no solo perjudica a los trabajadores directamente afectados, que se ven privados de aportes, que no tienen ART, que no tienen obra social y que en poseen peores condiciones que los trabajadores registrados, sino también al sistema de seguridad social en su conjunto, porque la Anses no percibe los aportes y las contribuciones con que se financia. Estas modificaciones, además, terminan por perjudicar a los empleadores que cumplen con la ley y pagan lo que es debido.

«El DNU 27/18 tiene graves deficiencias a la hora de justificar la urgencia de sus disposiciones, además, varias de ellas no se vinculan con las aducidas “desburocratización” y “simplificación”, y otras tantas ni siquiera requerían el dictado de un decreto de este estilo.Otros artículos, aluden en efecto a la “simplificación”, aunque es difícil encontrarles coherencia jurídica: la habilitación de los camiones con doble acoplado, la ampliación de las facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para labrar actas de infracción en rutas nacionales, la introducción de cambios respecto a la apelación de las decisiones del
ENARGAS».

«El PEN ha asumido de modo inconstitucional facultades legislativas que le están vedadas, ya que no se cumplen las condiciones o requisitos que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso y habilitar esa prerrogativa reservada para situaciones de excepcionalidad. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano fijado por la Constitución Nacional, que estipula que las leyes solo se dictan
y modifican mediante una ley del Congreso Nacional».

El DNU 27/2018 por su manifiesta ilegalidad, es inconstitucional y debería ser invalidado por la Justicia.

En cuanto a la legitimación del amparo presentado, Stolbizer explicó que: «así como todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución para acatarla, están también igualmente habilitados para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo la amenaza cierta de ser alterada de manera diferente a la que prevé». Por otro lado, en el propio estatuto de la ONG BAJO LA LUPA se establece que su objeto es promover valores éticos, individuales y colectivos, para construir un mundo y una sociedad en paz, basada en el principio de igualdad y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, e impulsar un funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional, transparencia en la gestión pública e independencia de la Justicia.

El amparo fue presentado junto a la copia del estatuto y acta constitutiva de la ONG BAJO LA LUPA y el decreto 27/18 publicado en el boletín oficial el 11 de enero de 2018 y se solicitó la tramitación ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

La ONG «BAJO LA LUPA» es integrada por Stolbizer como Presidenta, la abogada Silvina Martinez, Evangelina Gutkin, Silvana Arruti y el ex Diputado Omar Duclós, y ya fue presentada ante la inspección General de la Justicia .