Percepción social de la corrupción

Los resultados y conclusiones de la encuesta de percepción social de la corrupción de la ONG BAJO LA LUPA fueron presentados hoy, a través de una plataforma virtual, por la ex diputada y el periodista Nelson Castro.

Todo el material está cargado en el sitio web de la Asociación Civil Bajo La Lupa que ha realizado distintos tipos de informes y presentaciones en los tres años de existencia
(Informe Bajo la Lupa Agosto 2020)

La muestra se ha realizado sobre más de 800 casos en distintas provincias y ciudades, estratificada por sexo, edad, nivel educativo, socio económico y zona geográfica. El sistema de recolección de datos ha sido presencial sin identificación y online a través del sitio web de la ONG, en base a 17 preguntas cerradas.

Los  resultados  más  contundentes  evidencian  el  nivel  de  importancia  elevado  que  la  ciudadanía tiene sobre la corrupción, junto con el desempleo y la inseguridad que también relacionan con la falta de transparencia en la gestión pública. El ámbito donde se percibe que se cometen más actos de corrupción es el gobierno nacional, con una contundente preminencia respecto de los gobiernos municipales o la policía y seguida por la justicia. Y entre las prácticas más frecuentes se mencionan el enriquecimiento ilícito, el soborno y la malversación de recursos, o sea, todos asociados a políticos y funcionarios públicos.

Si  bien  la  ciudadanía  se  manifiesta  mayoritariamente  dispuesta  a  colaborar  en  mecanismos de control social, hay una marcada resignación por la falta de denuncias de hechos concretos, entendiendo que “no pasa nada”, o sea, que no se percibe que exista sanción.
Al  respecto,  Margarita  Stolbizer  hizo  referencia  a  los  indicadores  de  Transparencia  Internacional: “Argentina tiene clasificación (2019) de 66/180 y Puntuación de 45/100. Por eso  la  encuesta  busca  preguntarnos  ¿qué  pasa  en  la  ciudadanía  argentina  con  la  corrupción?”. Sobre el final, Stolbizer marcó la importancia de contar con un mayor compromiso para la prevención y disuasión de estas prácticas y la existencia de un poder judicial  independiente  que  pueda  cumplir  un  rol  eficaz  en  el  combate  a  la  corrupción  evitando la impunidad de los delitos.