02/02/2018. Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA» promoviendo un recurso de amparo por inconstitucionalidad del mega decreto 27/2018.
“El decreto de necesidad y urgencia n° 27/2018 firmado por el presidente Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del congreso”.
“vamos a solicitar a la justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la constitución nacional y la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación”.
Margarita Stolbizer, Presidenta de la ONG Bajo la Lupa, presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia N° 27/2018 de “Desburocratización y Simplificación”, porque no existen las condiciones que justifiquen su excepcionalidad para derogar o modificar esas diferentes leyes.
«Se quebranta así el principio de legalidad esencial en el Estado de Derecho, base de la República, que es la división de poderes, cuyo quebrantamiento pondría al gobierno en un peligroso camino de autoritarismo, que la ciudadanía y la justicia no pueden consentir», explicó la presidenta de Bajo la Lupa
Según Stolbizer, el Decreto No 27/2018 modifica cuestiones sustanciales que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, se realizan cambios en el régimen de embargo de la cuenta sueldo perjudicando a los trabajadores, se establece una reducción de sanciones a empresas que hayan evadido leyes laborales y tributarias en materia de cargas sociales y a las que no hayan registrado o hayan registrado defectuosamente a los trabajadores. El trabajo en negro no solo perjudica a los trabajadores directamente afectados, que se ven privados de aportes, que no tienen ART, que no tienen obra social y que en poseen peores condiciones que los trabajadores registrados, sino también al sistema de seguridad social en su conjunto, porque la Anses no percibe los aportes y las contribuciones con que se financia. Estas modificaciones, además, terminan por perjudicar a los empleadores que cumplen con la ley y pagan lo que es debido.
«El DNU 27/18 tiene graves deficiencias a la hora de justificar la urgencia de sus disposiciones, además, varias de ellas no se vinculan con las aducidas “desburocratización” y “simplificación”, y otras tantas ni siquiera requerían el dictado de un decreto de este estilo.Otros artículos, aluden en efecto a la “simplificación”, aunque es difícil encontrarles coherencia jurídica: la habilitación de los camiones con doble acoplado, la ampliación de las facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para labrar actas de infracción en rutas nacionales, la introducción de cambios respecto a la apelación de las decisiones del
ENARGAS».
«El PEN ha asumido de modo inconstitucional facultades legislativas que le están vedadas, ya que no se cumplen las condiciones o requisitos que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso y habilitar esa prerrogativa reservada para situaciones de excepcionalidad. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano fijado por la Constitución Nacional, que estipula que las leyes solo se dictan
y modifican mediante una ley del Congreso Nacional».
El DNU 27/2018 por su manifiesta ilegalidad, es inconstitucional y debería ser invalidado por la Justicia.
En cuanto a la legitimación del amparo presentado, Stolbizer explicó que: «así como todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución para acatarla, están también igualmente habilitados para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo la amenaza cierta de ser alterada de manera diferente a la que prevé». Por otro lado, en el propio estatuto de la ONG BAJO LA LUPA se establece que su objeto es promover valores éticos, individuales y colectivos, para construir un mundo y una sociedad en paz, basada en el principio de igualdad y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, e impulsar un funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional, transparencia en la gestión pública e independencia de la Justicia.
El amparo fue presentado junto a la copia del estatuto y acta constitutiva de la ONG BAJO LA LUPA y el decreto 27/18 publicado en el boletín oficial el 11 de enero de 2018 y se solicitó la tramitación ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
La ONG «BAJO LA LUPA» es integrada por Stolbizer como Presidenta, la abogada Silvina Martinez, Evangelina Gutkin, Silvana Arruti y el ex Diputado Omar Duclós, y ya fue presentada ante la inspección General de la Justicia .
