04/08/2016. REFORMA ELECTORAL – DEBATE EN CÁMARA DE DIPUTADOS
El interbloque Progresistas, conformado por Socialismo, GEN y Libres del Sur, en la reunión plenaria de Comisión de la Cámara de Diputados, propuso incorporar a la reforma electoral, la paridad de género.
Las diputadas Alicia Ciciliani y Margarita Stolbizer expresaron que “aunque el 51 % de la población argentina está compuesto por mujeres, el poder sigue estando mayoritariamente en manos de varones. De 135 intendencias de la provincia de Buenos Aires, solo 4 intendentas son mujeres. En promedio, en los gabinetes de ministros del gobierno nacional y de los gabinetes de las provincias solo el 20% son ministras mujeres. Incluso en las 5 provincias que gobiernan las mujeres, también los gabinetes son mayoritariamente de varones” y agregaron que “Por la ley de cupo esta tendencia mejora en el Parlamento. Pero lo que pretendió ser un impulso dinamizador de la participación de las mujeres, terminó siendo un techo, puesto que apenas se supera el reglamentario 30% que fija la ley. Para salir de esta dinámica donde se ha naturalizado que un sexo domine al otro a la hora de acceder al poder, proponemos la paridad de género. Esto implica repartir equitativamente el poder entre hombres y mujeres en la composición de las listas de candidatos/as en todas las categorías”
“La paridad es 50% de varones y mujeres en todos los cargos electivos. Expresando tal como está constituida la sociedad .La distribución paritaria fortalece y mejora la democracia y especialmente la agenda y el debate parlamentario”
Son cosas increíbles. Les gusta tocar el dinero. Es codicia. El enojo de la gente es la parte buena. Lo malo son las sociedades adormecidas.
M: ¿Te encontrarás el lunes con Cristina Kirchner?
sí, es un encuentro procesal. Esto no es una mediación. La imputada de delito es ella. Ni siquiera he hecho una acusación mediática.
Reato: ‘Ella se enojó mucho con usted.
Toqué lo que más le duele: la plata. Se va desnudando el relato. Sacó la plata de sus cuentas para mandarla a la de sus hijas. La causa por la que me encuentro con ella no es penal, es la del juicio civil. Ella dice que yo la agravié. Ella es una imputada que denuncia al juez.
Sobre Audio de Lázaro Báez con Luis Gasulla.
Parece la disociación ilícita. En la medida en que la justicia avance vamos por el buen camino. No creo tanto en las hipótesis del arrepentimiento. Es importante la figura de extinción de dominio. El ex cajero tiene más de 2 mil millones de pesos. La Cámara de Diputados ya votó la extinción y creo que el Senado la votará.
Sobre El club de la obra pública.
Es muy relevante el fallo que le dice a Sebastián Casanello no se quede ahí, vaya un poco más. Hay que profundizar la investigación de la asociación ilícita. Debe haber marcos regulatorios y participación ciudadana. La sociedad miró para otro lado. A los jueces hay que presionarlos. No es gratis para un juez, hoy, no investigar.
Reato: Otro mecanismo es el voto. ¿Usted irá con Sergio Massa o María Eugenia Vidal?
No mezclemos cuestiones electorales en un año no electoral. Las reuniones entre políticos deben ser más naturales. Una reunión no es un acuerdo. Vidal tiene un desafío tan grande que no podemos menos que acompañarla. Mauricio Macri necesita que a María Eugenia le vaya bien.
Sobre La causa Alberto Nisman.
Fue vergonzosamente archivada. La denuncia de Nisman fue gravísima. Y la ratifican Gerardo Pollicita y Germán Moldes. Pero Daniel Rafecas la archivó. No hay que olvidarse que las razones del encubrimiento eran económicas, había crisis energética.
Sobre el tarifazo.
Hubo falta de audiencias públicas. La audiencia siempre es obligatoria, no se puede soslayar. En ella se mejoran las iniciativas. Aumentar 400 % igual sigue siendo malo e injusto.
Sobre los juegos olímpicos.
Como mamá, tener un hijo con la camiseta argentina es un orgullo.
El jefe del Bloque de GEN – PROGRESISTAS en la Legislatura bonaerense, Diputado Marcelo Díaz, sostuvo que la Procuradora General María del Carmen Falbo “debería jubilarse y retirarse de su función por un imperativo ético”, dado que la misma Falbo formó parte de la Convención Nacional Constituyente que en el año 1994 incluyó en la Constitución Nacional la norma que determinó que una vez que los jueces cumplan la edad de setenta y cinco años sería necesario un nuevo nombramientopara mantenerse en el cargo.
El Diputado Díaz afirmó que “si bien la Constitución Provincial de Buenos Aires no establece requisito en función de la edad de los jueces como lo hace el art. 99 inc. 4º de la CN –introducido por la reforma de 1994-, la Procuradora Falbo como Convencional Nacional de esa reforma debería adecuar su comportamiento a un requerimiento de índole ética, autoimponiéndose lo que ella misma votó para los jueces”.
María del Carmen Falbo -quien cumplió en días pasados 75 años de edad- permanece en el cargo de Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires pese a los fuertes cuestionamientos provenientes de distintos sectores del ámbito público provincial.
Díaz, referente de Margarita Stolbizer en la Provincia de Buenos Aires, se diferenció de otros sectores políticos, expresando que “sin realizar bajo ningún concepto un juicio de valor sobre su gestión y más allá de tener una opinión formada sobre el particular, frente al vacío de la constitución provincial y ante el solo cumplimiento de sus 75 años, Falbo debería sin duda alguna de manera inmediata autoimponerse su propio retiro por una elemental cuestión de coherencia y honestidad entre el hecho de haber votado el límite de edad como convencional nacional y su permanencia en el cargo habiendo cumplido la misma; tal como hicieron en su momento los jueces de la Corte Suprema Augusto Belluscio y, más recientemente, Eugenio Zaffaroni”.
Ante las distintas versiones que circularon en ámbitos judiciales y provinciales sobre la edad real de la Procuradora, ya que según consta en algunos decretos del ejecutivo provincial aparecía como de “Clase 1947”, según se confirmó por su chequeo en bases de datos oficiales Falbo es de la Clase 1941 y ha alcanzado los 75 años de edad el pasado mes de julio.-
03/08/2016. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se reunió hoy con la diputada y presidenta del partido GEN Margarita Stolbizer.
Se trató de una reunión habitual, como lo vienen haciendo periódicamente desde el año pasado y durante la cual ambas políticas intercambian visiones y opinión sobre la marcha del país y de la provincia de Buenos Aires.
Stolbizer presentó esta semana un proyecto de ley para disponer la restitución por parte de la Nación a la Provincia, de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que fuera retenida en el período 2006-2015. La legisladora ha calificado como institucional dicha retención, en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la nación en los juicios iniciados por las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis.
La gobernadora ha planteado también el reclamo bonaerense ante el tribunal superior y el proyecto podría ayudar también para recuperar el fondo del conurbano.
En otro orden, también conversaron sobre las medidas del poder ejecutivo en materia de seguridad y la promoción de normativas sobre transparencia. Stolbizer reiteró la necesidad de profundizar las investigaciones y denuncias vinculadas con el IOMA donde se debe desarmar el sistema de contrataciones para mejorar prestaciones y uso de los recursos públicos y de la obra social provincial.
María Eugenia Vidal y Margarita Stolbizer ya se han reunido en otras oportunidades, siempre en el marco de cordialidad y cooperación con la gestión provincial.
«La ley, ante todo, debe desplazar a las discrecionalidades»
Ciudad de Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 –Poder Ciudadano presentó su publicación anual Corrupción y Transparencia, Informe 2015. El evento, contó con la presencia internacional de José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional; Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del diario La Nación, y la Diputada Nacional Margarita Stolbizer.
Siguiendo la línea del primer informe, Corrupción y Transparencia, Informe 2014, la presente publicación busca proponer reformas posibles para los desafíos que nuestro país tiene por delante en materia de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Este Informe 2015 que espera ser una agenda de trabajo y de reformas, recoge con actualidad y mirada crítica el objetivo que, desde hace más de 25 años, motoriza a Poder Ciudadano: aportar al fortalecimiento democrático en cada uno de sus elementos. La publicación invita reflexionar sobre distintas problemáticas de las instituciones democráticas en base a la convicción de que las instituciones deben estar por sobre las personas, la división de poderes debe ser real y no ficticia, y la división entre Estado, Gobierno, Partido Político y Sector Privado debe ser clara y estricta.
¿Qué se le puede exigir a la ciudadanía cuando la política no brinda mecanismos apropiados para combatir la corrupción? Partiendo del cuestionamiento disparador, el informe propone una reflexión sobre la corrupción a partir de casos resonantes como la Tragedia de Once- contando con la participación de María Luján Rey, madre de una de las víctimas-, la muerte del Fiscal Nisman , el origen, lógica y poder de los servicios de inteligencia y sus tensiones con las instituciones Democráticas; el escándalo de la FIFA y sus repercusiones en la AFA, la investigación de la AGN del Programa Fútbol para Todos; la independencia y democratización de la Justicia; el actual proceso de selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de selección de jueces, el papel del Consejo de la Magistratura y las subrogancias en los últimos años, entre algunos otros.
También conforman capítulos de este informe muchos de los temas centrales en los que Poder Ciudadano trabaja activamente como: la reforma electoral, la transparencia en materia de financiamiento político, la implementación del sistema de voto electrónico, la utilización ilegal de la publicidad oficial y la regulación de la utilización de los recursos públicos en períodos de campaña, las asignaturas pendientes en la implementación de la Ley de Ética Pública porteña y las consecuencias de la ausencia de un Código Electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un apartado especial es el destinado a la integridad y la lucha contra la corrupción en los niveles subnacionales. Se desarrollan las experiencias desarrolladas por la Fundación en 2015 en la provincia de Salta -en cuanto a la distribución de pauta publicitaria y la utilización de fondos reservados- y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cuál se desarrolló el diagnóstico de integridad basado en la metodología de Local Integrity System (LIS por sus siglas en inglés) desarrollado por Transparencia Internacional.
El Informe 2015 cierra con un capítulo que busca dar cuenta de la importancia y centralidad que posee la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y las herramientas disponibles para hacerla realidad.
El Informe cuenta, nuevamente, con aportes de especialistas destacados en cada una de las temáticas, como José Ugaz, María Luján Rey, Claudio Savoia, Roberto Gargarella, Álvaro Herrero, Celeste Leonardi, Santiago Kovadloff, Roberto Saba, Juan Manuel Abal Medina, María Inés Tula, Delia Ferreira Rubio, Rosario Pavese, Fernando Bracaccini, Agustina De Luca, Juan Negri, Maximiliano Campos Ríos, Alberto Föhrig, Guillermo Jorge, Leandro Despouy, Gonzalo Guzmán Coraita, Roque Rueda y el equipo de Poder Ciudadano; todos sumando reflexiones y posibles respuestas a los dilemas que enfrenta nuestro país en este campo complejo.
02/08/16 –La Diputada Nacional y Presidente del Partido GEN, Margarita Stolbizer, presento un Proyecto de Ley que dispone la restitución de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a la provincia de Buenos Aires correspondientes al periodo 2006-2015.
Se trata de una compensación de deudas entre Nación y provincia de Buenos Aires atendiendo a la inconstitucionalidad que sobre esa retención ya declaro la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se encomienda al gobierno nacional que suscriba un convenio de reconocimiento para la restitución de las sumas que fueron retenidas de manera ilegal, y para eso se faculta al PEN a emitir bonos.
De este modo la provincia podrá volver a tomar deuda a tasas más bajas una vez producido su desendeudamiento con la Nación, a quien tampoco se le producirá una situación de déficit porque lo que hace es compensar.
Actualmente rige el acuerdo celebrado para el futuro, por el cual se pactó un esquema de devolución escalonado y progresivo durante los años 2016-2020 a razón de tres puntos por año calendario. Con igual ánimo de fortalecer financieramente a la provincia, el senador del GEN Jaime Linares ha propuesto un mecanismo para recuperar el fondo del conurbano a través de una ley especial.
La situación financiera de la provincia es delicada. Emite deuda para pagar amortizaciones e intereses. Eso incrementa stock de deuda sin aumentar recursos.
El proyecto de Stolbizer permitirá mejorar dicha situación, y conseguir buenas condiciones para proyectos de inversión pública, especialmente dirigidos a infraestructura social.
«Mi intención es colaborar desde el Congreso para ayudar a la Gobernadora Vidal y que, a través de una mejora en los recursos, se puedan atender las muchas necesidades que tiene nuestro territorio y nuestros vecinos. Se trata de resolver una situación injusta por una retención ilegal».
El diputado provincial del GEN, Marcelo Díaz, fue consultado sobre la controversia a partir de la decisión del proyecto de dividir el distrito más grande como es La Matanza.
Las críticas que he recibido tienen que ver con la falta de comprensión de lo que he planteado de dividir un distrito de 2 millones de habitantes en cuatro municipios de 500 mil habitantes que ya es grande también.
Me criticaron por querer dividir el peronismo. Yo quiero dividir La matanza no el peronismo. El que me incrimina confunde el partido político con el estado. Desde el punto electoral tiene una incidencia muy importante pero no creo que eso incida en la elección del ciudadano.
Plager señaló que el diputado se metió en el único espacio que le queda al kirchnerismo, es una suerte de refurgio con (Fernando) Espinoza y (Verónica) Magario, varios exfuncionarios del gabinete de Daniel Scioli y del gobierno ancional trabajando ahí. Díaz dijo que él no ha tomado eso en cuenta, como el tema del empleo.
Recordó que Margarita Stolbizer había presentado un proyecto sobre La Matanza y agregó: también tengo presentado proyecto de división por Lomas de Zamora y Almirante Brown. La legislatura haya tratado la división de Chascomus y Lezama; es una incongruencia. Plager dejó planteada la consulta acerca de los dichos de Espinoza de que si cae La Matanza se cae el conurbano y el gobierno de Mauricio Macri.
La diputada y presidenta del Partido GEN se notifico del sobreseimiento dictado por el juez Villafuerte Ruzo en la causa iniciada en el año 2008 durante la crisis del campo por la participación en un acto público en la ruta 9, San Pedro, en apoyo a los reclamos de las organizaciones y los productores agropecuarios.
01/08/2016. En aquella oportunidad, en la Provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo muchos cortes de ruta por parte de los productores agropecuarios en protesta por la Resolución 125 que aumentaba las retenciones de manera confíscatoria.
Originada en un informe de la policía bonaerense, se inició una causa judicial penal que tramito en el juzgado federal 2 de San Nicolás a cargo del Juez Carlos Villafuerrte Ruzo quien, recientemente, el 26 de junio pasado, dicto el sobreseimiento de todos los imputados entre los que también se encontraban los dirigentes agropecuarios Eduardo Buzzi, Mario Llambias, Hugo Biolcatti, Mario Barbieri, Luciano Miguens y Raúl Victores.
Stolbizer se notificó esta mañana de la resolución judicial, que no ha quedado firme aún por apelación de la Fiscalía interviniente.
También en la ciudad de San Nicolás, Stolbizer realizó actividades partidarias, atendió a la prensa y recorrió el edificio histórico del Concejo Deliberante junto al diputado provincial Jorge Leonardo Santiago y los concejales Adriana González y Pablo Amanino.
Las fuertes subas de tarifas derivaron en protestas sociales Las fuertes subas de tarifas derivaron en protestas sociales. Foto: Mauro V. Rizzi Lorena Zapata PARA LA NACION
Mientras el Gobierno espera una definición de la Corte Suprema sobre las cautelares que frenaron los aumentos de tarifas, el Congreso se prepara para dar batalla en ese campo. Ya son casi 100 los proyectos de ley de todos los bloques en respuesta al creciente malestar social. Con 47 propuestas entre las dos cámaras, el Frente Para la Victoria (FPV) se alza como el gran impulsor del debate. Por su parte, los bloques de los opositores Margarita Stolbizer y Diego Bossio tienen 11 y seis cada uno. La paradoja es que hasta el oficialismo presentó siete iniciativas mientras que son tres las llegadas desde el espacio de Sergio Massa, aunque de menor magnitud. La «propuesta alternativa» llegará en las próximas semanas.
Una veintena de proyectos plantea declarar nulos los decretos presidenciales que fijaron las subas. Otros 13, dictar la emergencia por un plazo de 180 días a cuatro años o hasta que tengan lugar las audiencias públicas, y retrotraer los precios del gas y la luz a febrero. Mientras que el grueso proyecta librar del pago o fijar tarifarios especiales para determinados sectores sociales o regiones del país. El debate está planteado y será protagonista en el Congreso a partir de agosto.
El Senado ya dio el primer paso. En la última sesión antes del receso invernal, aprobó por amplia mayoría un pedido al Gobierno para que anule el aumento de las tarifas de gas. Ahí, el propio jefe del FPV, Miguel Ángel Pichetto, anunció que a partir de agosto su bloque impulsará el tratamiento en comisiones de un proyecto del chubutense Mario País, con la firma de otro 25 senadores, que declara la «nulidad absoluta e insanable» de las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron las subas de luz y gas.
El FPV encabeza el ranking. Sólo en la Cámara alta tiene 23. La formoseña Graciela De la Rosa pide tarifas diferenciales para las pymes y las entidades sin fines de lucro. Mientras que la rionegrina Silvina García Larraburu propone dictar la emergencia energética para las entidades de bien público, cooperativas y clubes de barrio, y para los usuarios patagónicos.
En Diputados, el kirchnerismo tiene en carpeta dos docenas de proyectos que plantean desde la suspensión de los incrementos por 180 días hasta la declaración de emergencia energética para organizaciones sindicales, instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología, y asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y universidades nacionales, pasando por la creación de tarifas especiales para pymes, bomberos voluntarios, cines y teatros públicos, y usuarios que sean electrodependientes por razones de salud. Aun así, el jefe del bloque, Héctor Recalde, aseguró que el objetivo es acordar con otros bloques una ley de consenso y convocar en el corto plazo a una sesión especial.
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«Esta es una cuestión de Estado, no partidaria y tampoco judicial. Necesitamos dar una respuesta desde la política. Por eso le planteamos a los 35 bloques restantes juntarnos y avanzar con un proyecto unificado que retrotraiga las tarifas a febrero y cree una comisión que analice cómo salir de esto», explicó Recalde. Pero si ello no resulta y el Senado avanza más rápido, la estrategia sería similar a la utilizada para la ley antidespidos: esperar una media sanción del Senado y darle curso en Diputados lo antes posible.
Si de consensos se trata, Stolbizer tiene la clave que podría congregar a propios y ajenos -el massismo, su aliado de última hora, y el kirchnerismo-. Es que su proyecto aglutina varios de los reclamos opositores: deroga los aumentos de las tarifas de luz, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros, y fija un plazo de 180 días para la realización de una auditoría integral de las empresas productoras, generadoras, transportadoras y distribuidoras de estos servicios.
A su expediente se suman otros diez que impulsan sus compañeros de interbloque. La senadora Magdalena Odarda quiere que el Gobierno presente ante el Congreso un cronograma gradual de actualización tarifaria del servicio de gas, que deberá aprobarse por ley. La diputada socialista Alicia Ciciliani, que se fije una tarifa social universal para jubilados, beneficiarios de planes sociales y veteranos de Malvinas. Y Victoria Donda busca prohibir la interrupción de los servicios básicos por falta de pago para las asociaciones sin fines de lucro.
Lo curioso es que el Frente Cambiemos ocupa el tercer puesto del podio con siete iniciativas de reforma. «Nosotros no le escapamos a ninguna discusión. Estamos dispuestos a dar el debate», afirmó el diputado Pro Eduardo Amadeo.
Entre las propuestas oficialistas se destacan la del senador radical Luis Petcoff Naidenoff, que impulsa un régimen de tarifa social y acceso solidario a los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas natural para «los usuarios actuales y potenciales en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad». En tanto, otros promueven tarifarios diferenciados para universidades y usuarios residenciales de varios departamentos de la provincia de Mendoza, la región patagónica y del NEA.
El espacio político liderado por el gremialista Oscar Romero y el ex director de la Anses Diego Bossio cuenta con seis proyectos, entre los que se destaca el impulsado por el presidente de la comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto, el único que propone una aplicación gradual. Fija un cronograma de un 33% a partir del 1° de este mes, llegar al 66% el 1° de enero de 2017 y al 100% en 1° de julio de 2017. Estos cuadros tarifarios regirían hasta el 31 de diciembre de 2017.
«Se deben sincerar las tarifas de todos los servicios públicos para pasar a un régimen en donde no se subsidie a las empresas, sino directamente a los consumidores», explicó Ziliotto. Y confirmó que mantienen negociaciones con el Frente Renovador y el progresismo. «En la habilidad para encontrar consensos estará la solución al problema», sentenció. A su propuesta se suma una de Romero que declara la emergencia por dos años y establece un régimen de tarifa social para los sindicatos, obras sociales y centros asistenciales sin fines de lucro. Y otra de Bossio que instituye una tarifa diferenciada de luz, agua y gas natural para los clubes de barrio y de pueblo.
Por su parte, quien ofició como uno de los principales árbitros del Congreso este año, el renovador Sergio Massa, aún no presentó la prometida «propuesta alternativa» pese a haber sido fue muy crítico con la actuación del ministro Juan José Aranguren. «Desde el Congreso, lo que podemos hacer es suspender los aumentos indiscriminados o indicarle al Ejecutivo las condiciones que debe reunir el incremento tarifario, pero no podemos fijar una tarifa por ley», se justificó la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. Y explicó que ellos son partidarios de citar en el Congreso a los funcionarios del Gobierno para que den explicaciones. La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, que conduce la correligionaria Liliana Schwindt, recibirá el próximo martes al titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González.
Con todo, el Frente Renovador tiene tres propuesta presentadas en Diputados. Mirta Tundis quiere eximir a los mayores de 65 años del pago de intereses punitorios y resarcitorios por la mora en el pago de los servicios públicos y privados domiciliarios. También pensando en los jubilados, la diputada Cecilia Moreau busca regular los requisitos generales que deben cumplir para el acceso a la tarifa social. Mientras que Schwindt pretende derogar la ley por la cual se estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del 6% de las tarifas vigentes en cada período y en todas las zonas del país para financiar obras de infraestructura en la provincia de Santa Cruz. Así se espera un debate largo cuando lo que reclama la sociedad es inmediatez.
