Autor: Manuel

Stolbizer solicitó investigar contrataciones del Ministerio de Modernización

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LA EMPRESA CONTRATADA NO POSEE EMPLEADOS, TIENE COMO ÚNICOS INGRESOS LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD, Y SUS SOCIOS ERAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL MOMENTO DE GANAR LA LICITACIÓN.

«Debe investigarse a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con los deberes que las leyes les imponen. Y debe revisarse un mecanismo de contratación poco transparente»

Buenos Aires, 6 de Marzo. Margarita Stolbizer ha cuestionado la sobreutilización del mecanismo de contratación de empresas privadas para realizar las tareas que deberían estar a cargo de los empleados públicos. «Se prescinde del estado para que algunas empresas privadas hagan buenos negocios. Resultan ser amigos o parientes y se les exime de cumplir las leyes al tiempo que se les otorgan contratos millonarios. Algunos mecanismos son demasiado parecidos a los usados en el gobierno anterior: las empresas se crean al solo efecto de contratar con el estado.»

La denuncia presentada está referida a una contratación del Ministerio de Modernización para que la consultora realice la tarea de «seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización.» fue la única empresa presentada en la licitación que se le adjudicó por un monto de $ 1.260.000.

Los estados contables de la empresa Labcom SA demuestran que ha ganado varias licitaciones públicas y que sus únicos ingresos declarados durante los años 2016 y 2017 provienen de la administración pública nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no registra empleados ni contratación de aseguradora de riesgos del trabajo y no registra aportes de ningún tipo.

“Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados registrados. Esta información puede comprobarse solo al analizar los estados contables de la empresa en los cuales no existen rubros que estén destinados al pago de cargas sociales o salarios. Tampoco surge información en los organismos tributarios y de seguridad social tal como puede comprobarse en base de datos públicas, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones públicas impulsadas desde el Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires.”, explicó Stolbizer.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. Sus socios son Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. El primero de ellos era titular de Nación Fideicomisos al momento de ganar la licitación.

Luciano Elizalde es investigador del Conicet, y comparte en condominio hectáreas en Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri a través de Tykey SRL. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas como entrega de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en 2015.

Y el tercer socio, Luciano Alejandro Alonso se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas ya que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad”, aseguró Stolbizer en su denuncia.

«Las normas de contrataciones con la administración pública y de servicios de consultoría en ámbitos estatales, así como la Ley de Etica en la función pública, intentan proteger a la administración pública en general, tratando de preservar la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidas por el acto arbitrario de los funcionarios que se involucren para obtener un beneficio personal o bien un beneficio para un tercero. Se ha violado la ley de contrataciones del estado, la que regula la contratación de consultorías privadas y la ley de ética pública. Los funcionarios podrían estar incursos en la comisión de delitos penales y por eso estamos pidiendo la investigación de los hechos denunciados».

«El Gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir”, finalizó Stolbizer.

La denuncia será investigada en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío

Sergio Abrevaya en la Audiencia Pública por Tarifas de GAS

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Sergio Abrevaya, Diputado por CABA y presidente del GEN CABA, se presentó como orador en la Audiencia Pública por aumento de tarifas de gas natural.

Durante su exposición, Abrevaya hizo hincapié en la necesidad de no tomar los aumentos en forma individual sino abordarlos a través de una revisión integral de tarifas, para evaluar cómo influyen al bolsillo del ciudadano en su conjunto y no en forma parcial. “El aumento durante estos dos años alcanza el 1000% promedio”, indicó el diputado y agregó: “No es una adecuación de la tarifa, la rechazamos”.

Más tarde, el diputado por CABA solicitó –una vez más- tarifas diferenciadas para consorcios, en especial para aquellos que tienen servicios centrales. Éstos están incluidos en la categoría más alta de tarifas, como si fueran industrias cuando en realidad “son multiviviendas habitadas por jubilados o trabajadores”, resaltó.

Por último, Abrevaya reiteró el pedido realizado oportunamente acerca del quite impuesto del IVA de los servicios, por ser regresivo, y manifestó: “El gobierno pudo quitar impuestos a transacciones bancarias y a comercializadoras de cereales, pero no lo hizo con este proceso distorsivo permanente. El Estado no está cumpliendo su rol”.

INTERVENCION DE HOTESUR: El fiscal Pollicita aceptó el pedido de Stolbizer

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Es necesario que la justicia siga reaccionando frente a los intentos de burlar sus decisiones por parte de la familia Kirchner, dispuesta a entorpecer las investigaciones de los hechos de corrupción. HOTESUR es la sociedad usada como base del circuito económico usado por Néstor y Cristina Kirchner y basado en la actividad hotelera para canalizar dinero proveniente de los pagos realizados por el empresario Lázaro Báez, el amigo, socio, tal vez testaferro, que fue más beneficiado por las decisiones políticas del matrimonio en sus respectivas presidencias.

Esta sociedad fue la punta de la investigación realizada por Margarita Stolbizer y Silvina Martinez, cuando detectaron las irregularidades de la entidad sobre la que la entonces Presidenta Cristina Fernández declaraba en el 2012 un paquete accionario de casi $ 10 millones.

Esa primera investigación permitió detectar que la sociedad no presentaba balances, no llevaba libros en legal forma, no actualizaba directorio ni pagaba tasas. Y hasta tenía un domicilio falso. A partir de esos datos, se llegó a la conclusión de que Hotesur administraba el Hotel Alto Calafate, usado para disimular los pagos realizados por las empresas de Lázaro Baez bajo la apariencia de alquiler de habitaciones y salones.

Hotesur constituye la punta para desenmascarar los sucios negocios de los Kirchner con la obra pública. Por eso esta causa judicial está emparentada con aquellas donde se investigan las irregularidades en las licitaciones de obras, en la ruta del dinero K y también con Los Sauces, la otra sociedad, de actuación similar dedicada al alquiler de inmuebles y otras operaciones sospechosas con los mismos grupos empresarios.

A la muerte de Néstor Kirchner, su esposa y sus hijos Máximo y Florencia adquirieron el manejo de los negocios y percibieron los pagos con dinero de origen ilegal.
La Sra.de Kirchner en una primera maniobra que denunciamos como de «insolvencia fraudulenta» transmitió a sus hijos la totalidad de su patrimonio, dinero, acciones, inmuebles. Hicieron sospechosas transferencias de dinero entre cuentas de los miembros de la familia y también hicieron ocultamiento de parte del patrimonio.

Pero rápidamente la justicia detectó la situación y dispuso medidas cautelares que, sin embargo, fueron una y otra vez, quebrantadas por los mencionados: constituyeron un condominio para ocultar las transferencias. Cobraron alquileres millonarios desviados del del control judicial. Instruyeron al contador Manzanares para cobrar los alquileres a través de otras cuentas bancarias y seguir burlando las decisiones judiciales. Múltiples y diversas maniobras demostraron la misma intención: distanciar el dinero que manejaban de su origen ilegal y simular esa condición ingresándolo al circuito normal.

El 20 de diciembre del 2017 se realizó la última asamblea (o parodia de asamblea) de Hotesur. No se hizo en el domicilio de la sociedad sino en el de Romina Mercado y no consta la convocatoria para su realización. Recordemos las tachaduras y adulteraciones de los libros que hasta fueron reconocidas x Manzanares actuando bajo las órdenes de Cristina Kirchner.
Esta nueva Asamblea viola las medidas cautelares dispuestas en la investigación judicial: la veeduría jurídico contable, la inhibición gral. de bienes, la prohibición de innovar en la sociedad. Y por supuesto, la distribución de utilidades que se encontraba absolutamente prohibida. Se ha dejado acéfala la sociedad con las renuncias de Romina Mercado y Rocío García, lo que constituye un grave perjuicio para la sociedad y para el estado en el intento de recupero de activos.

Por lo tanto, entendiendo que corresponde INTERVENIR LA SOCIEDAD HOTESUR, STOLBIZER lo solicitó y hoy fue aceptado por el Fiscal Pollicita, estando a la resolución del Juez Julian Ercolini.

La causa está también en condiciones de ser cerrada, con pruebas suficientes, para su elevación a juicio oral en el que finalmente sean juzgados los responsables de maniobras ilícitas en perjuicio del estado y como encubrimiento de otros delitos, lavándose el dinero de origen ilegal.

«LOS ARGENTINOS NECESITAMOS UN SISTEMA DE JUSTICIA QUE FUNCIONE EFICAZMENTE Y A TIEMPO, PARA QUE LOS QUE COMETIERON DELITOS PAGUEN POR ELLOS Y DEVUELVAN EL RESULTADO DE LOS ILICITOS CON LOS QUE SE HAN ENRIQUECIDO PERSONALMENTE. DEBIENDOSE TAMBIEN APLICAR LA SANCION CONSTITUCIONAL DE SU INHBILITACION PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS», afirmó Margarita Stolbizer

Stolbizer solicitó intervención de Hotesur

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03/02/2018. Causa Hotesur.
Margarita Stolbizer solicitó la intervención de Hotesur para evitar artilugios atento a las últimas maniobras para burlar la justicia realizadas por la familia Kirchner, como ocurrió con los dolares en la caja de seguridad de Florencia Kirchner o la insolvencia de CFK.

«El 20 de diciembre de 2017 se realizó una maniobra en relación a la empresa Hotesur SA, simulándose la realización de una asamblea general ordinaria y extraordinaria. Esta asamblea fue totalmente simulada ya que no solo se realizo en un lugar diferente a la sede social inscripta, tratándose del domicilio de Romina Mercado sino que tampoco se volcó en libros rubricados. Al respecto, cabe destacar que al contrario de lo que se manifestara en el acta de asamblea, la sociedad contaba con libros que fueron tachados y adulterados, tal como se comprobó en los correspondientes peritajes realizados en la causa y conforme surge de la declaración del contador Victor Manzanares de fecha 12 de diciembre de 2017», explicó Stolbizer.

«Por otra parte, realizaron esta asamblea sin noticiar al juzgado ni a los veedores designados y manifiestan que lo harán posteriormente. Ello porque las decisiones adoptadas en dicha asamblea violan las medidas cautelares expresamente dictadas en la causa, como es el reparto de dividendos».

«En el acta faltaban los datos del representante legal, había divergencia de los datos de inscripción insertos en el formulario, ausencia de datos de actas de
órgano de Gobierno, entre otras deficiencias».

«El 30 de junio del 2017 se resolvió la designación de veeduría jurídico contable respecto de las empresas Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA, la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar la composición accionaria como así también de distribuir dividendos. Ello por cuanto los fondos manejados por dichas empresas serían de origen ilícito ya que provendrían de maniobras realizadas con recursos provenientes de las arcas del Estado, y de allí entonces la relevancia de que se adopten medidas tendientes a su protección».

Según Margarita Stolbizer: «Mediante estos artilugios, ademas, dejan acéfala a la empresa Hotesur, perjudicando el normal giro de la misma y en definitiva intentando perjudicar las posibilidades de recupero de activos productos del ilícito de la corrupción. En relación a ello, requerimos que en forma inminente se designe un interventor que cumpla las funciones de administrador.tal como ocurre en la sucesión de Néstor Kirchner y en la empresa Los Sauces SA.»

«No se trata de la única maniobra de los miembros de la familia Kirchner para burlar a la justicia. Otra de las maniobras para evadir medidas judiciales tuvo que ver con ocultar el dinero. Ya alertamos como todo el dinero en efectivo de la sucesión de Néstor Kirchner estaba alojado en unas cajas de seguridad en el Banco Galicia Casa Central, a nombre de Florencia Kirchner, quien no era investigada hasta ese momento en causa judicial alguna. Rápidamente la justicia encontró dichos fondos y actualmente se encuentran embargados ascendiendo a casi 5 millones de dólares. Se trataba de una nueva maniobra para que la justicia no pudiera embargar dicho dinero, cuando pesaban diferentes causas judiciales que investigaba el origen de la fortuna familiar», finalizó.

SE ADJUNTA COPIA DE LA PRESENTACIÓN

Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA»

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02/02/2018. Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA» promoviendo un recurso de amparo por inconstitucionalidad del mega decreto 27/2018.

“El decreto de necesidad y urgencia n° 27/2018 firmado por el presidente Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del congreso”.

“vamos a solicitar a la justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la constitución nacional y la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación”.

Margarita Stolbizer, Presidenta de la ONG Bajo la Lupa, presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia N° 27/2018 de “Desburocratización y Simplificación”, porque no existen las condiciones que justifiquen su excepcionalidad para derogar o modificar esas diferentes leyes.

«Se quebranta así el principio de legalidad esencial en el Estado de Derecho, base de la República, que es la división de poderes, cuyo quebrantamiento pondría al gobierno en un peligroso camino de autoritarismo, que la ciudadanía y la justicia no pueden consentir», explicó la presidenta de Bajo la Lupa

Según Stolbizer, el Decreto No 27/2018 modifica cuestiones sustanciales que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, se realizan cambios en el régimen de embargo de la cuenta sueldo perjudicando a los trabajadores, se establece una reducción de sanciones a empresas que hayan evadido leyes laborales y tributarias en materia de cargas sociales y a las que no hayan registrado o hayan registrado defectuosamente a los trabajadores. El trabajo en negro no solo perjudica a los trabajadores directamente afectados, que se ven privados de aportes, que no tienen ART, que no tienen obra social y que en poseen peores condiciones que los trabajadores registrados, sino también al sistema de seguridad social en su conjunto, porque la Anses no percibe los aportes y las contribuciones con que se financia. Estas modificaciones, además, terminan por perjudicar a los empleadores que cumplen con la ley y pagan lo que es debido.

«El DNU 27/18 tiene graves deficiencias a la hora de justificar la urgencia de sus disposiciones, además, varias de ellas no se vinculan con las aducidas “desburocratización” y “simplificación”, y otras tantas ni siquiera requerían el dictado de un decreto de este estilo.Otros artículos, aluden en efecto a la “simplificación”, aunque es difícil encontrarles coherencia jurídica: la habilitación de los camiones con doble acoplado, la ampliación de las facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para labrar actas de infracción en rutas nacionales, la introducción de cambios respecto a la apelación de las decisiones del
ENARGAS».

«El PEN ha asumido de modo inconstitucional facultades legislativas que le están vedadas, ya que no se cumplen las condiciones o requisitos que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso y habilitar esa prerrogativa reservada para situaciones de excepcionalidad. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano fijado por la Constitución Nacional, que estipula que las leyes solo se dictan
y modifican mediante una ley del Congreso Nacional».

El DNU 27/2018 por su manifiesta ilegalidad, es inconstitucional y debería ser invalidado por la Justicia.

En cuanto a la legitimación del amparo presentado, Stolbizer explicó que: «así como todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución para acatarla, están también igualmente habilitados para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo la amenaza cierta de ser alterada de manera diferente a la que prevé». Por otro lado, en el propio estatuto de la ONG BAJO LA LUPA se establece que su objeto es promover valores éticos, individuales y colectivos, para construir un mundo y una sociedad en paz, basada en el principio de igualdad y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, e impulsar un funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional, transparencia en la gestión pública e independencia de la Justicia.

El amparo fue presentado junto a la copia del estatuto y acta constitutiva de la ONG BAJO LA LUPA y el decreto 27/18 publicado en el boletín oficial el 11 de enero de 2018 y se solicitó la tramitación ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

La ONG «BAJO LA LUPA» es integrada por Stolbizer como Presidenta, la abogada Silvina Martinez, Evangelina Gutkin, Silvana Arruti y el ex Diputado Omar Duclós, y ya fue presentada ante la inspección General de la Justicia .

Cambiemos: la coherencia entre el decir y el hacer

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23/01/2018. Opinión. Margarita Stolbizer.

Llama la atención la simplificación intencional que hace el Gobierno del episodio Triaca, algo que a otros nos conmueve y preocupa. Sacarlo de la escena puede dar el resultado buscado: que se corte rápidamente como tema de medios y de bares. Tal vez ahí radica parte del problema, porque la subestimación del conflicto implica la voluntad de disculparlo y convalidarlo como práctica.

El sostenimiento de Jorge Triaca, más que la solidaridad con el amigo, es la necesidad de autodefensa frente a la grave irregularidad que implica el uso del Estado como botín cuando aparece como la consecuencia no reconocida de la embestida contra los gremios. O sea, lo que podamos sacarles a los gremios en esta pelea (con su justificada intervención) podemos ponerlo al servicio de nuestras propias filas: manejar recursos, nombrar militantes, parientes, y hasta sostener a los empleados propios y domésticos de los ministros. Hasta ese punto llega la confusión del manejo de recursos y negocios públicos con el aprovechamiento privado; algo que vimos y denunciamos durante el kirchnerismo y que Cambiemos está perfeccionando. Con la tranquilidad que brindan una sociedad y un entorno mediático que están demasiado dispuestos a tolerar con el simple objetivo de no volver atrás.

Deberíamos pensar seriamente que ese riesgo no es solamente el regreso de los derrotados en las últimas elecciones, sino de una concepción del manejo del Estado, que es lo que efectivamente habría que desterrar. Este episodio demuestra que, pese a los resultados electorales, estamos lejos de ganar esa batalla.

El presupuesto, con su asignación de gastos y recursos, es la radiografía de una gestión. El gabinete es también una expresión de identidad. Porque sus integrantes fueron designados por decisión personal del Presidente promoviendo a las personas de su confianza y que serán dignos representantes de su propio pensamiento y vocación.

Triaca no es solo un hábil negociador con aquellos a quienes tiene de contraparte en su escritorio y a los que conoce demasiado desde mucho antes de llegar al gobierno. El ministro es uno de esos funcionarios que lleva grabado el ADN del partido que gobierna. No es un aliado circunstancial. Lo que hace y dice no son posturas aprendidas de asesores extranjeros. Se sienta, negocia, habla, decide y putea de acuerdo con esa misma identidad. El trato con el personal que lo asiste no parece ser casual, sino más bien una forma de entender las relaciones laborales o de servicio.

Triaca está al frente de una cartera que debe promover el trabajo digno, registrado. Pero en su actividad hace lo opuesto. Pone en práctica una conducta repetida en las acciones de este Gobierno: «Haz lo que digo, no lo que hago». Y tal vez se pueda entonces pensar que también eso es parte de su genética. Tal vez eso sea lo que lo hace tan parecido a su propio líder.

Porque también Macri se planta para indicarnos: «Hay que cumplir con el Estado». Y ellos no cumplieron, aunque piden a otros que sí lo hagan. Por eso es que puede nombrar a un ministro y sostenerlo sin importar que haga exactamente lo contrario a lo debido y prometido. El escándalo del Correo, sobre el que tanto se habló y luego tanto se silenció, tuvo un origen: Macri dejó de pagar al Estado el canon que debía por la explotación del negocio. Por eso fue tan insostenible que, al llegar al poder, sus funcionarios salieran a negociar la deuda con el grupo familiar. Esa deuda impaga representa hoy varios miles de millones de pesos.

El jefe de gabinete habló del «error» de Triaca, entendiendo que no corresponde solicitarle la renuncia. No importan ni el insulto a la empleada ni su condición de precariedad en el empleo. Tampoco que se haya usado un sindicato intervenido por él mismo para pagarle un mejor salario. El Gobierno, que dice querer recuperar el valor de la palabra, convalida que un funcionario que debe promover el trabajo formal y la transparencia en la gestión pueda estar haciendo todo lo contrario.

No se trata del ministro de Ciencia o de Defensa. Es el que nos predica sobre el trabajo en blanco, pero contrata en negro. En cualquier país serio ya sería un ex ministro.

Sin embargo, lo más complejo del hallazgo por detrás del insulto y la precariedad laboral ha sido el uso de los fondos de un sindicato intervenido para solventar los gastos privados del ministro interviniente. No resiste análisis. Para combatir las bestialidades del Caballo Suárez al frente del SOMU, el ministro de Trabajo y la interventora, hoy senadora, aprovechan y disponen para designar parientes, militantes y hasta para pagar el personal que trabaja en su propia casa. Aquí ya la pretensión de ser un país serio se me cae a pedazos, ya no resiste formar parte de este análisis.

Así pretenden convocar a inversores: con un gabinete que tiene sus dineros fuera del país y un ministro que actúa de manera exactamente contraria a lo que dice y lo que debe. Parece difícil el desafío para la Argentina. Al menos si Cambiemos no decide de una vez abandonar el doble discurso para empezar seriamente a cambiar la historia. Al menos si no recuperamos como sociedad la voluntad de exigir mejores prácticas y asumimos que sin una verdadera transformación ética no habrá despegue económico ni mejoras sociales. Reconocer, como lo dice la filósofa española Adela Cortina, que la ética sirve para crear ejemplaridad y para que todos podamos vivir mejor.

Fuente infobae

Margarita Stolbizer arremetió contra el Gobierno por los negocios de los parques eólicos

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Nota relacionada audio de Entrevista a Margarita Stolbizer. Mitre – Lanata sin filtro 10-01-2018.

CONFLICTO DE INTERESES. Nota Fuente Perfil
Margarita Stolbizer repudió en Twitter los negocios de la familia Macri y manifestó la necesidad de oficinas anticorrupción independientes.

Margarita Stolbizer, la aliada de Sergio Massa, se refirió en su cuenta de Twitter a las ganancias y negocios de la familia de Mauricio Macri por los parques eólicos. La representante del GEN manifestó que “son preparados y con buenos modales” pero agregó que “no existen oficinas anticorrupción independientes y los negocios siguen”.

Stolbizer pidió por la finalización de los negocios familiares con el Estado. Esto lo hizo a raíz de la investigación de Emilia Delfino que develó las maniobras de dos empresas del Grupo Macri para ganar más de 48 millones de dólares con la venta de seis parques eólicos. La compañía Sideco Americana del Grupo Macri creó con otros socios cuatro empresas para adquirir seis parques eólicos de Chubut y Miramar. Estos los revendieron obteniendo por lo menos US$ 15 millones.

Inicialmente el plan de Sideco Americana y sus socios era comprar para luego años más tarde revender. Pero el panorama se complicó en febrero de 2017 con el escándalo del Correo Argentino que puso en la mira a la familia del Presidente y Sideco Americana y Socma se vieron obligadas a vender los parques que lejos de un plan de renovación de energía buscaba aumentar los beneficios de los implicados. La venta se concretó en mayo de 2017, tan solo 7 meses después de su adquisición.

Una de las grandes apuestas del gobierno de Mauricio Macri fue la inversión en energía renovable y también de su familia, que intentó ingresar al negocio. El programa Renovar busca que se genere a través de los parques eólicos y energía solar energía eléctrica. Si el escándalo del Correo Argentino no hubiera obligado a la venta de los parques estos habrían dado una rentabilidad del 10 % anual en dólares, en promedio, durante 20 años con rápida recuperación de la inversión y grandes ganancias.

Nota Fuente Perfil