COMPROMISO PROGRESISTA CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

¿Por qué?:
Porque la Universidad pública garantiza el progreso social, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia.

Diagnóstico:

El sistema universitario argentino cuenta con 62 universidades de gestión pública y 64 instituciones de gestión privada.

La característica principal del sistema está dada por su heterogeneidad respecto del tamaño de las instituciones y la concentración de la matrícula en los grandes centros urbanos y en las disciplinas de las ciencias sociales y humanas.

En nuestro país la concentración de la matrícula universitaria es un reflejo de la concentración poblacional. En 12 universidades públicas se encuentra el 72% de los estudiantes del sistema.
Si además discriminamos las disciplinas donde existe mayor cantidad de estudiantes, las carreras que se agrupan en las áreas de ciencias sociales y ciencias humanas representan el 58 % mientras que las carreras de ciencias aplicadas representan el 24% de la población estudiantil, el 3 % las carreras de ciencias básicas, el 13 % las carreras de salud y el porcentaje restante pertenecen a carreras que pueden ser categorizadas en más de una disciplina.

Estos datos demuestran que la falta de planificación política respecto de la creación de nuevas universidades y de los incentivos para la elección de la oferta académica necesaria para satisfacer las áreas de vacancia del conocimiento básico y aplicado no han permitido el crecimiento en el número de profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo de nuestras ventajas comparativas en términos productivos.

La matrícula universitaria asciende a 1.830.737 de acuerdo a los datos del año 2013. Se registra un crecimiento en los últimos 10 años del 23%. Sin embargo, la cantidad de instituciones universitarias se incrementaron en los últimos 10 años en un 32%. Una vez más las cifras sólo indican un crecimiento que si bien permite asegurar el incremento del acceso a la Educación Superior, poco tiene que ver con resultados reales en términos de permanencia y egreso del sistema. Así la tasa de graduación universitaria es del orden del 27 %, mientras que en promedio la duración real de una carrera universitaria excede en 2 años la duración teórica de las mismas.

El sistema cuenta con aproximadamente 160.000 docentes universitarios, de los cuales el 67% son de dedicación simple; lo que hace imposible, que dichos docentes puedan especializarse, llevar a cabo actividades de investigación y extensión, así como tampoco existen políticas que incentiven su formación de posgrado.

El presupuesto destinado a las universidades creció, en valores corrientes, entre los años 2006 y 2012 más de un 400%, sin embargo en promedio el 90% de estos recursos se destinaron al pago de salarios, sin que se garantizase el funcionamiento de las instituciones ni su desarrollo. Cabe destacar que además la distribución discrecional de dichos fondos así como de los programas especiales, ha funcionado como un mecanismo de financiación alterno para distintos sectores políticos, generando un sistema de clientelismo institucional de carácter disciplinador que no solo vulnera la autonomía universitaria sino que ha permitido el crecimiento desigual e inequitativo en términos presupuestarios de las instituciones.

Objetivos:

  • Ratificar el compromiso con las bases reformista de la universidad pública argentina (autonomía – cogobierno – extensión y vinculación con la comunidad –concursos docentes).
  • Garantizar la igualdaden el ingreso, la permanencia y el egreso.
  • Planificar la expansión de la educación superior y de la oferta académica acorde con el desarrollo económico y social de cada región.
  • Garantizar el rol de la universidad pública en la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo tecnológico orientado a la resolución de las problemáticas sociales y para el desarrollo económico.
  • Garantizar la transparencia en la gestión de las instituciones universitarias.

Propuestas:

  • Derogación de la LES y sanción de una nueva Ley de Educación Superior, producto del consenso y diálogo con todos los actores del sistema.
  • Aumento de la participación de la Educación en el PBI:y revisión de las pautas de asignación presupuestaria así como también el establecimiento de criterios transparentes y competitivos para la asignación de fondos con destinos específicos con el fin de garantizar la recomposición del equilibrio presupuestario estableciendo la relación ideal salarios- gastosde funcionamiento en un 85-15 del presupuesto y disponer de un fondo específico para obras de infraestructura garantizando la equidad en su distribución.
  • Implementación de un Programa de Educación a Distancia nacional que promueva,y evalué propuestas educativas sustentadas en las TIC tanto en la modalidad a distanciacomo blended learning con el objetivo de acercar la educación superior y la capacitación continuaa un número mayor de jóvenes y adultos sustentada en el principio de calidad e innovación.
  • Programa de ingreso, permanencia y egreso con calidad a la educación superior pública argentinamejorando el desempeño académico de nuestros estudiantes, fortaleciendo las acciones de ingreso,permanencia y egreso y promoviendo el seguimiento de nuestros graduados.
  • Programa Integral de Bienestar Universitario: sistema de becas que cubran las necesidades de los estudiantes que permita potenciar sus posibilidades en el acceso, permanencia y egreso de los estudios superiores, material didáctico, ayuda económica, alimentación y transporte; tutorías para estudiantes dentro del sistema educativo superior; seguimiento institucional de los niveles de permanencia y deserción en el transcurso de cada carrera.
  • Calidad educativa: recuperar la calidad de las actividades universitarias en términos de la enseñanza contemplando las dedicaciones docentes a la investigación y la extensión, la interdisciplinariedad curricular, la formación de profesionales, docentes e investigadores de alta cualificación a través del posgrado, el fortalecimiento de la formación ciudadana, la incorporación de las prácticas y saberes determinantes para el desarrollo profesional y el establecimiento de líneas de financiamiento específicas como política de incentivos a la mejora continua en la calidad y pertinencia de las actividades centrales universitarias: formación académica y generación y transferencia del conocimiento.
  • Creaciónde nuevas instituciones universitarias: respondiendo a una planificación de expansión territorial y a una definición de la oferta académica orientada al desarrollo socioeconómico regional, y no a un sistema de prebendas políticas.
  • Articulación con los distintos niveles de la educación en particular con la educación secundaria, de manera tal que se genere una sinergia entre ambos sistemas, respecto de competencias y saberes necesarios para el trayecto universitario.
  • Formación docente: establecimiento de programas de formación de recursos humanos que contemplen la capacitación académica de los docentes en el más alto nivel de excelencia; la conformación de una masa crítica de profesores de tiempo exclusivo que puedan atender las cuestiones centrales vinculadas a la investigación, la actualización y la coordinación del currículo; la disposición de infraestructura apropiada para las principales actividades de la organización y la promoción de un ambiente académico en el cual se recompense y se valoren el esfuerzo y el compromiso de los docentes en su labor.
  • Ciencia y Técnica:las mejoras cuantitativas implementadas en la última década son solo condiciones necesarias pero no suficientes para logar un incremento en la competitividad y el nivel de intensidad tecnológica de los bienes y servicios producidos en el país, por ello se deben orientar las nuevas políticas a la mejora de aspectos cualitativos con el fin de lograr una mayor articulación entre las capacidades científicas y el sector productivo para alcanzar un patrón de desarrollo sustentable y equitativo. Entre estos aspectos cualitativos se deben establecerse líneas prioritarias en torno apolíticas de incentivo al desarrollo de proyectos de investigación aplicada multidisciplinarios, promoción de proyectos de investigación orientados a la resolución de problemáticas regionales vinculadas al desarrollo, generación de espacios de articulación entre el sector público y privado para el desarrollo de proyectosde I+D en áreas de vacancia o líneas prioritarias, establecimiento de políticas de formación de recursos humanos científicos de manera articulada conlas Universidades y el conjunto del sistema científico tecnológico nacional y la articulación entre los distintos organismos de los fondos destinados a la investigación demanera tal que esa multiplicidad de recursos acompañen una política de desarrollo del sector.
  • Extensión Universitaria:profundizar la relación universidad, empresa, sociedad civil y estado mediante el fortalecimiento de la extensión universitaria.
  • Integración regional de la Educación Superior en el marco del MERCOSUR, América Latina y el Caribe.

COMPROMISO PROGRESISTA CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

COMPROMISO PROGRESISTA POR LA JUSTICIA Y LA TRANSPARENCIA

La corrupción, que se extendió por los despachos de la política, mata y afecta nuestro desarrollo. Compromete tu vida y la de tus seres queridos. Ese círculo vicioso perverso de discrecionalidad, impunidad y corrupción nos hace menos iguales. La corrupción es el círculo perfecto de la indecencia y la desigualdad.

Algunos viven en mansiones y administran patrimonios imposibles de justificar. Se quedaron con la plata de los subsidios que se debían destinar a mantener y arreglar los trenes y por eso provocaron la muerte de 52 personas. Se quedaron con los sueños de miles de familias, que esperaba su vivienda con el desfalco que produjeron algunos de sus funcionarios, con Shocklender y un sector de las Madres de Plaza de Mayo a las que no tuvieron reparo en ensuciar y hacer cómplices de sus negocios. Boudou se quedó con la máquina de fabricar los billetes que vos necesitás para comprar los bienes para vivir mejor. Mintió, falsificó, gastó y mal-administró, incumpliendo con todos sus deberes. La presidenta y su socio Lázaro Báez (y varios más de los amigos empresarios) se beneficiaron con tanta plata en adjudicaciones de obras concedidas para armar una propia lavadora por donde sacar u ocultar el dinero. Porque el terrible problema del narcotráfico encontró cómplices corruptos para importar efedrina en cantidades exorbitantes, desarmando controles y favoreciendo el tráfico ilegal.

En la última década no hubo una sola norma de acceso a la información pública y se destruyó el sistema de declaraciones juradas patrimoniales. La publicidad oficial se repartió entre los amigos y la justicia fue manipulada y manoseada. Muchas de estas iniciativas fueron neutralizadas por el propio Poder Judicial.

El nuevo Código Civil y Comercial Unificado consagró avances en materia de adopción, matrimonio, filiación y fecundación asistida. Son avances que, indudablemente, van a repercutir en tu vida. Pero quedan muchas deudas pendientes. El nuevo Código no dice una sola palabra sobre el derecho de acceso al agua o el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente les pertenecen.

Lo mismo sucedió con la aprobación del Código Procesal Penal, que modificó el sistema inquisitivo por uno acusatorio. Este era un viejo reclamo. Sin embargo, dio lugar a una serie de abusos por parte del oficialismo, como la aprobación de una batería de leyes controvertidas como la del Ministerio Público Fiscal o la de Subrogancias. Se le otorgó cada vez más poder a la cabeza del Ministerio Público, el único poder constitucional que no se somete a ningún control externo, y en la vulneración del procedimiento constitucional de designación de jueces sin el cual no se puede garantizar su independencia, imparcialidad e inamovilidad.

La justicia es hoy más lenta, más anticuada y más ineficaz. Es decir, es menos justa. No te brinda lo que precisás en el momento que lo precisás. La incorporación de nuevas tecnologías en el servicio de justicia, así como la oralización del procedimiento civil, o el establecimiento de tribunales de menor cuantía, son algunas de las asignaturas pendientes.

Tenemos que volver a poner en valor los principios constitucionales que le dan valor y fortaleza a la justicia. Tenemos que garantizar juntos su autonomía. Tenemos que concretar el sueño de todos: acceder una justicia independiente, imparcial y de calidad, incorporando, especialmente, a los sectores históricamente excluidos. Tenemos que impulsar un cambio ético que termine con la corrupción y la impunidad. Vamos a hacerlo juntos.

Por eso, nuestros objetivos son:

  • Desarrollaremos una democracia sin impunidad, que garantice la justicia y la efectiva investigación de los hechos de corrupción.
  • Promoveremos la transparencia en el sector público, haciendo efectivo el control ciudadano e introduciendo reformas en el sistema de control vigente para que sea oportuno y eficaz. Construiremos un estado de puertas abiertas, con pleno acceso a la información pública.
  • Impulsaremos el cumplimiento de la Constitución Nacional, la independencia de los poderes del estado y la vigencia de la república como los pilares de un Estado moderno, solidario y eficiente. Fortaleceremos el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades electas.
  • Desarrollaremos una serie de políticas públicas para mejorar el funcionamiento de la justicia y hacer de la misma un auténtico servicio y no una potestad. Promoveremos normas de funcionamiento de los tribunales que faciliten el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, que aseguren un trato igualitario, garantizando el acceso real de los sectores más vulnerables y asegurando a las víctimas protección integral.
  • Realizaremos una evaluación integral del estado del Poder Judicial a fin de evaluar las reales necesidades internas del sector, que implicarán un diagnóstico certero desprovisto de connotaciones políticas.
  • Recuperaremos el papel del Ministerio de Justicia como protagonista e impulsor de las políticas públicas en el área, en lugar de la función recaudadora y financiadora de campañas del oficialismo, que desempeña actualmente.

Nos comprometemos para los primeros 100 días:

  • Revisión integral de la gestión precedente en orden a la detección y posterior denuncia de los hechos de corrupción en la función pública. Se abrirá una instancia de recepción de denuncias y de recopilación de información que dependa directamente de Presidencia de la Nación, encomendando la promoción de acciones y seguimiento a órganos de control fortalecidos y autónomos.
  • Cosa juzgada írrita. En esta instancia se revisarán las decisiones judiciales que hayan cerrado investigaciones por hechos de corrupción que involucrasen a funcionarios del gobierno anterior. En caso de decisiones fraudulentas o falta de seriedad en las investigaciones, se promoverá la reapertura de las causas y se promoverá la responsabilidad de jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados.
  • Creación de un mecanismo de protección y promoción de los denunciantes y testigos de buena fe de actos de corrupción en el ámbito estatal y privado.
  • Creación del contrato de fideicomiso ciego para regular la cesión obligatoria de la administración del patrimonio de los funcionarios públicos mientras duren sus mandatos o sus cargos.
  • Derogación de las últimas modificaciones comprendidas en las leyes de reforma judicial que han quitado transparencia a la presentación, la elaboración y la justificación de las declaraciones juradas de funcionarios.
  • Promoción e implementación de una ley de acceso a la información pública, que abarcará a los tres poderes del estado, organismos extra-poder, empresas y sociedades del estado y concesionarios de servicios públicos mediante un régimen sencillo y gratuito.
  • Creación de un sistema de control y chequeo de los subsidios públicos a través de una página web que concentre la información de todos los organismos públicos que otorgan subsidios a personas, organizaciones civiles y empresas.
  • Entrega de los organismos de control a la oposición, como garantía del desarrollo de políticas de contrapeso entre los poderes públicos.
  • Revisión de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la Nación.
  • Restricción del espectro de los secretos bancario, profesional y bursátil, de modo que no sean oponibles a las investigaciones desarrolladas por los fiscales y por la Oficina Anticorrupción, ni a la AGN.
  • Establecimiento de auditorías y registros sobre la utilización de gastos reservados, cuya utilización se restringirá a aquellos casos en que resulten imprescindibles para la defensa nacional.
  • Creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso de la Nación que provea asistencia en la aprobación y seguimiento del presupuesto nacional. La oficina realizará proyecciones del endeudamiento público para asegurar una política de deuda sustentable y responsable.
  • Creación de una Red Federal de Control Público que vincule a los organismos de control nacionales con sus pares provinciales y municipales, y que permita realizar intercambios de información y atender pedidos de colaboración entre las distintas jurisdicciones.
  • Derogación de la ley de subrogancias. Solo podrán subrogar jueces de la misma instancia que tengan acuerdo del Senado.
  • Reforma del Consejo de la Magistratura. Se impulsarán reformas en el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura tendientes a garantizar el pluralismo, una composición equilibrada, así como a consolidar el funcionamiento del Consejo en lo referido a sus diferentes funciones. Se propondrán reformas en los procesos de selección y de enjuiciamiento de los jueces. Se propondrá retornar a la integración de 20 miembros como se estableció en un principio, modificándose algunos de los aspectos referidos al quórum, a la integración de la segunda minoría del congreso.
  • Revisión de las modificaciones legislativas aplicables al Poder Judicial y evaluación de las necesidades del sector a fin de garantizar la correcta administración de Justicia. Ello requiriendo el consenso de los diferentes actores involucrados (Colegios, Asociación de Magistrados, Jueces, Gremios, Fiscales, entre otros).
  • Creación de un proceso judicial sumarísimo en materia previsional, que garantice una adecuada liquidación de las jubilaciones en un tiempo breve.
  • Puesta en marcha de la justicia comunitaria con competencia en varias materias y por sumas monetarias menores.
  • Creación de una policía especial a cargo del Ministerio Público Fiscal que asegure un mejor entendimiento entre los agentes fiscales a cargo de las investigaciones y los efectivos policiales y que evite la indebida influencia en las investigaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Nos comprometemos para el mediano plazo:

  • Diseño e implementación de un Plan Federal Anticorrupción, a través de la creación de un Consejo Federal de Transparencia y Combate a la Corrupción con capacidad para coordinar, consensuar y articular, junto a las autoridades provinciales, las políticas nacionales de transparencia y lucha contra la corrupción.
  • Rediseño institucional de la Oficina Anticorrupción implementándose mecanismos que garanticen su independencia. En primer lugar, reubicación fuera de la órbita del Ministerio de Justicia con rango de Secretaría de Estado o Ministerio Nacional. En segundo lugar, debe garantizarse la selección objetiva, por concurso y con participación ciudadana del Jefe de la Oficina Anticorrupción, que deberá tener mandato fijo y contracíclico. De igual manera, deberán aplicarse estos mecanismos para la selección de los directores de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Promoción de Políticas de Transparencia.
  • Creación de dos nuevas áreas dentro de la Oficina Anticorrupción, manteniendo sus facultades de investigación y de promoción de la transparencia: una encargada de llevar adelante la instrucción de los sumarios administrativos más importantes y otra encargada de promover la recuperación de activos provenientes de la corrupción.
  • Elaboración de un Registro Nacional de Sociedades y Fideicomisos y de un Registro de la Propiedad Inmueble Nacional con el objetivo de contar con una base de datos única de información que evite maniobras para encubrir hechos de corrupción.
  • Promoción de una nueva legislación en materia de anticorrupción empresarial con el objeto de sancionar los hechos de corrupción en sede administrativa sin tener que esperar los tiempos de la justicia penal.
  • Promoción e implementación de una ley de lobby, para regular la gestión de intereses, transparentar y dotar de iguales oportunidades a todos los sectores en el proceso de toma de decisiones estatales.
  • Reforma del sistema de contrataciones públicas con el fin de incorporar nuevos procedimientos para la selección de contratistas y el establecimiento de la obligatoriedad de publicar y abrir a discusión los prepliegos en todas las licitaciones del estado, como así también de puntajes adicionales en las licitaciones a aquellas empresas que adopten reglas de compliance (conformidad) y estén sometidas a reglas generales y controles en esta materia. Serán públicas todas las adquisiciones estatales a través de la ampliación de la información obrante en la web Argentina Compra.
  • Promoción e implementación de una ley de control de la publicidad oficial que la regule de manera efectiva y que asegure la prohibición de su uso durante las campañas electorales, a la vez que obligue al gobierno a presentar, junto con el presupuesto, un Plan Nacional de Publicidad y Comunicación oficial, que también explicite la distribución de la pauta.
  • Política de gestión de la información para la construcción de una idea común acerca de lo que significa la información pública, con énfasis en la producción y preservación de la información como un bien público. Coordinación de acciones con otros organismos vinculados con la gestión de información, como el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
  • Política de gobierno abierto y transparencia activa, como parte de la política de gestión de la información, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que toda la información sobre la gestión del Estado esté accesible en formatos de datos abiertos y reutilizables, como una forma de promover la participación, la transparencia y la ética pública.
  • Rediseño institucional de la Sindicatura General de la Nación para establecer límites a la dependencia que tiene del Presidente de la Nación. Deberán establecerse, al igual que en el caso de la Oficina Anticorrupción, mecanismos para garantizar independencia de su titular, que deberían incluir un período para la presentación de apoyos e impugnaciones. Asimismo, deben establecerse mecanismos de coordinación con las instancias de auditorías internas y con la Auditoría General de la Nación.
  • Promoción de un funcionamiento eficaz y la independencia técnica de los órganos de control interno, especialmente de la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Promoción de un proceso de transparencia en la toma de sus decisiones y aplicación de procedimientos. Esto mismo aplica respecto de la Unidad de Información Financiera y demás organismos que de él dependen.
  • Fortalecimiento de los organismos de control externo existentes, entre otros la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los entes reguladores de servicios públicos, la Unidad de Información Financiera, dotándolos de independencia y autonomía de cualquier otro poder o autoridad de la Nación.
  • Fortalecimiento del funcionamiento de las comisiones especiales del Congreso para el seguimiento y control de la ANSES, los organismos de seguridad e inteligencia y las empresas del estado.
  • Creación en todas las dependencias del Poder Ejecutivo de la Nación y en otros organismos claves de oficinas de transparencia que promuevan normas y prácticas éticas dentro de su órbita. La Oficina Anticorrupción será la encargada de coordinar y controlar las acciones de estas oficinas.
  • Disolución del vínculo clandestino entre la Agencia Federal de Inteligencia y la Justicia Federal.
  • Construcción en el ámbito del Ministerio de Justicia de un Centro de Acceso a Derechos para fortalecer la negociación de los conflictos y relevar necesidades jurídicas de la publicación, aumentar el acceso a la justicia y promover la alfabetización jurídica.
  • Implementación de un programa de mejora de la calidad del servicio de justicia con el objetivo de reducir la duración de los procesos, profesionalizar la atención al público y aumentar el acceso a la información pública judicial. Extensión del uso de las nuevas tecnologías para simplificar el trámite de los expedientes, acelerar los tiempos del proceso y ahorrar importantes costos. Simplificación de los procesos ante la justicia de la seguridad social, para que los juicios previsionales culminen en un tiempo razonable.
  • Modernización del Código Procesal Civil y Comercial para adecuar los procesos judiciales a principios de legalidad, oralidad, celeridad, informalidad, inmediatez y razonabilidad.
  • Implementación del nuevo Código Procesal Penal promoviendo reformas a la ley de Ministerio Público Fiscal que corrijan la concentración de poder en la cabeza del Ministerio Público y aseguren adecuados y eficaces controles.

COMPROMISO PROGRESISTA POR LA JUSTICIA Y LA TRANSPARENCIA

COMPROMISO PROGRESISTA CON LA JUVENTUD

Fortalecer la Agencia Municipal de Empleo como mecanismo de intermediación entre los comercios y empresas del Municipio y los jóvenes desempleados a partir de la creación de un Registro Municipal de Empleo Joven y el otorgamiento de beneficios tributarios a las empresas que contraten jóvenes por un período no menos a dos años.

Crear, dentro de la Dirección de Juventud un área específica de asesoramiento y promoción para la creación de Centros de Estudiantes.

Creación de la Asesoría Municipal Contra el Abuso Escolar y Laboral (bulliyng y mobbing), para acabar con estas prácticas mediante un equipo preparado de profesionales para el asesoramiento, la consulta y el tratamiento, así como para la realización de charlas y actividades.

Creación de un cuerpo de profesionales en materia de Régimen Penal Juvenil para el asesoramiento y tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal que les garantice las garantías constitucionales y estándares internacionales en la materia ante una legislación nacional que en al materia debe ser reformada, puesto que hoy algunas de sus disposiciones están en contraposición a la Constitución y los Tratados Internacionales.

Creación del Concejo Deliberante de la Juventud, como iniciativa que pondere la participación directa de los jóvenes en la diagramación de políticas públicas. El programa, tiene dos etapas: la primera la etapa de discusión en los últimos años del secundario en las escuelas públicas y privadas del distrito de las problemáticas, propuestas y proyectos que surjan de los jóvenes; y la segunda etapa, a partir de la elección democrática de un Concejo Deliberante de la Juventud entre todos aquellos alumnos, tendrá lugar en el Recinto del H. Concejo Deliberante, y pondrá en tratamiento los aquellos proyectos.

Creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, para gestionar políticas para el alto rendimiento deportivo. Contará con: Laboratorio de biomecánica, laboratorio de fisiología del ejercicio, laboratorio de entrenamiento y motricidad y laboratorio de análisis de la competencia.

Creación del Programa del “Bono Cultural” que pretende democratizar el acceso a la cultura centrando la atención en la demanda, subsidiándola a partir de un sistema de “vales culturales” expresados en moneda nacional, a fin de contrarrestar la desigualdad real de oportunidades en términos de asistencia, participación y acceso. Las artes y la cultura deben ser consideradas como un bien público y como tal, debe ser garantizado mediante políticas públicas.

Construcción del Skate Park “El vagón” con el objeto de constituir un lugar para el desarrollo de actividades de patín y bicicleta, además de skate.

Instalación del Estudio de Grabación Municipal con un doble objetivo. Por un lado brindar propuestas de formación que abarcan diversos oficios y herramientas del mundo de la música y otras artes (talleres de grabación en estudio, sonido, producción, prensa, periodismo, cine, fotografía, diseño gráfico, canto). Por otro lado, se posibilitará acceder a una grabación de un simple con dos temas, con calidad profesional, a aquellos músicos que no tuvieron la oportunidad de grabar su “disco debut”.

Creación del Salón de Usos Múltiples Municipal, equipado para la realización de diversas actividades del ámbito de la cultura y al recreación (ferias de emprendedores, exposiciones artísticas, presentación de grupos musicales, etc.) para ser usado por los y las jóvenes en particular, y los vecinos y vecinas de Morón en general.

PROPUESTAS ABORDADAS POR NUESTROS LEGISLADORES

  • Acceso a la Primera Vivienda
  • Promoción del Empleo Joven
  • Programa por el “Bono Cultural”
  • Reforma del Régimen Penal Juvenil
  • Ley de Asignación Universal por Hijo
  • Creación del Boleto Estudiantil Universal
  • Ley de Juventudes
  • Ley de Promoción y Creación de Centros de Estudiantes
  • Despenalización de la Tenencia y del Consumo

Acceso a la Primera Vivienda

El proyecto de ley propone mecanismos para facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes de entre 18 y 35 años de edad que no califiquen para un crédito bancario. Esta línea de créditos a tasa preferencial será alcanzada mediante subsidios y reintegro del IVA. Paralelamente habrá una línea de créditos más accesibles destinada a jóvenes jefas o jefes de hogar; o con estudios en curso; o con discapacidad. En el mismo sentido, el proyecto contempla el establecimiento de un cupo del 40% en los planes de vivienda nacionales destinados a los jóvenes y el establecimiento de micro-créditos colectivos para no menos de tres jóvenes vecinos. Por último, se contempla impulsar un sistema de ahorro-previo para la adquisición de a primera vivienda a partir de una caja de ahorro de cuota y plazo fijo mayor a 2 años, recibiendo al finalizar los intereses con un subsidio del 20%.

Promoción del Empleo Joven

Este proyecto de ley está destinado a la población joven comprendida entre los 16 y los 29 años, que no cuenten con un empleo formal o se encuentren desempleados. El régimen a crear, contempla beneficios impositivos a las empresas que empleen jóvenes bajo las condiciones establecidas por el proyecto de ley por un período no menor a dos años. La incorporación de los jóvenes deberá realizarse en paridad de género, esto es 50% de asignación para cada sexo. Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional del Primer Empleo donde se inscriban los jóvenes y las empresas y un régimen de tutorías y de asesoramiento en las áreas de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en las diferentes instancias de la Administración Pública.

Programa por el “Bono Cultural”

El programa busca garantizar el acceso democrático a productos, bienes y servicios culturales considerados como un bien público, tales como representaciones de artes escénicas, conciertos de música, obras audiovisuales y cinematográficas, ediciones literarias, exposiciones de artes plásticas, actividades relacionadas con el patrimonio histórico y/o museos y/o cualquier otra manifestación de interés artístico y cultural. A tal fin, se establece un sistema de fomento mediante la entrega anual de un “Bono Cultural”, un vale de uso y con identificación personal equivalente a una suma en moneda nacional, destinado a conseguir el acceso total o parcialmente gratuito a los productos, bienes y servicios culturales antes descritos. Asimismo, se prevé un sistema de fomento a las producciones independientes, que serán destinatarias de un cupo preferencial en la asignación del Bono.

Reforma del Régimen Penal Juvenil

El proyecto establece un sistema legal específico en materia de responsabilidad penal juvenil, que garantice a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal las garantías constitucionales y estándares internacionales en la materia. De este modo, de establecerá un tratamiento adecuado y se establecerá una serie de sanciones alternativas. Asimismo, el proyecto contempla la derogación del decreto-ley 22.278/80 de la Dictadura Militar, cuyas disposiciones están hoy en contraposición a la legislación vigente y la Constitución.

Ley de Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) hoy está establecida por un Decreto presidencial y posee una jerarquía inferior a las leyes. Por tal motivo, nuestros legisladores han presentado un proyecto de ley para establecer por ley la AUH, las Asignaciones por Discapacidad y la Asignación por Embarazo, para que se constituyan en políticas de estado. Además, el proyecto prevé mecanismos de actualización automáticos, evitando así, que el incremento en el monto de las asignaciones dependa de una decisión presidencial, es decir para que no se trate de una “concesión” sino del ejercicio libre de un derecho.

Creación del Boleto Estudiantil Universal

El proyecto de ley establece la creación del Boleto Estudiantil Universal para el transporte público, automotriz y ferroviario, en todo el territorio nacional para los estudiantes de todas las modalidades y niveles de la educación pública. Para los niveles inicial, primario y secundario, se prevé un régimen de tarifa especial para los padres, madres o tutores de los menores de edad que viajen en calidad de acompañantes. Para los estudiantes del nivel superior (universitario y no universitario) se prevé una tarifa diferencial que alcance también el transporte de mediana y larga distancia, a fin de facilitar el retorno al hogar de aquellos estudiantes que residan fuera de las áreas urbanas.

Ley de Juventudes

Este proyecto surge de la necesidad de comenzar a pensar políticas juveniles que garanticen los derechos de los y las jóvenes que habitan el territorio Nacional. Hoy, no existe un marco legal que defina y vele por los derechos de las Juventudes. Argentina no ha firmado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, del año 2005, donde se enuncian los principales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que hacen al pleno desarrollo y disfrute de la condición juvenil. Por tanto es necesario instar una regulación para que el Estado reconozca los derechos humanos inalienables de todos los jóvenes, y se comprometa a respetarlos y garantizarlos. Así el Proyecto enuncia una serie de derechos tales como: derecho a la realización personal, derecho a la libertad e integridad personal, derecho a la identidad de origen y biológica, derecho a la intimidad y propia imagen, derecho a la igualdad y respeto por la diversidad, derecho a la educación, derecho a la cultura y arte, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna y al hábitat, derecho a la salud, derecho al ambiente y desarrollo sustentable y al derecho al ocio, recreación y deporte, entre otros.

Ley de Promoción y Creación de Centros de Estudiantes

En la Argentina existe una larga experiencia de organización estudiantil, este proyecto busca darle un marco legal a la organización estudiantil, promoviendo la participación y compromiso de los estudiantes con las problemáticas de cada uno de los colegios y la educación en general. Al darle un marco legal los estudiantes podrán organizar sus Centros de Estudiantes sin interferencias por parte de las autoridades educativas ni de los gobiernos de turno.

Despenalización de la Tenencia y del Consumo

Las políticas públicas deben contribuir a un tratamiento integral de las adicciones, resultando como corolario de estas, la descriminalización de los consumidores de estupefacientes a través de la modificación a la Ley 23.737, recogiendo así los fallos de la Corte Suprema de justicia de la Nación en la materia. Alrededor de 1200 jóvenes son procesados anualmente por tenencia en la Argentina, solo una de cada diez causas por drogas son delitos de narcotráfico: la situación actual coloca a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad frente al sistema penal y es ineficaz para combatir al verdadero narcotráfico.

COMPROMISO PROGRESISTA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la República Argentina existen más de 7 millones de personas con alguna discapacidad.Si bien el INDEC en la última encuesta de hogares del año 2010 indicó que “las ´personas con dificultad o limitación permanente” alcanzan al 12,9 % de la población, la encuesta no se formuló adecuadamente lo que permite suponer que las cifras superan el mencionado porcentaje.

Recientemente el Congreso nacional, le otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidada través de la sanción de la Ley 27.044. Esto refuerza la asunción del compromiso por parte de nuestro país de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en dicha Convención.

Se impone, además, un gran cambio de paradigma respecto de las personas con discapacidad, que ya no son considerados objeto de beneficencia o asistencialismo sino sujetos de derecho que deben ser consultados, y participar en la toma de decisiones y formulación de leyes y políticas públicas que les atañen por ser los mejores expertos.

Es un camino que debe emprenderse transversalmente en todos los aspectos que hacen a la vida de las personas con discapacidad, y especialmente, dentro de este grupo,garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas y las mujeres, más frecuentemente vulnerados.

Por esto definimos los siguientes objetivos:

-Concientización de la población sobre el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendiendo especialmente a terminar con los prejuicios y la discriminación.

-Eliminación de barreras físicas y comunicacionales, estableciendo diseños universales accesibles y otras formas de accesibilidad física, así como formas de comunicación accesible como el sistema Braille, entre otros. Reconocimiento efectivo de la lengua de señascomo lengua de la comunidad sorda, difusión de su uso y existencia, presencia de intérpretes de lengua de seña donde sea necesario, uso de lenguaje simple y formas y modos alternativos y aumentativos de comunicación que aseguren el efectivo ejercicio de los derechos, convencidos de que el entorno es uno de los componentes que determinanel grado de discapacidad y, en muchos casos, la discapacidad misma.

-Se velará por el cumplimiento del derecho a la información, tanto en el plano de los medios masivos de comunicación, como el acceso a la información específica en temas de salud, obras sociales, empleo, escolaridad, cuestiones legales, etc.

-Capacitación profesional a nivel universitario y terciario no universitario, en forma transversal, incluyendo en el perfil sintético de la currícula universitaria los temas pertinentes referidos a las personas con discapacidad en todas las carreras, a fin de que cada profesional desde el inicio de su formación se encuentre imbuido en los principios de no discriminación, valoración de la diversidad, respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, igualdad de oportunidades, accesibilidad y demás principios enunciados en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad.

-Establecer la Educación Inclusiva en todo el territorio del país. Tendremos como objetivo que las personas con discapacidad se eduquen en la escuela pública común, convirtiendo las escuelas especiales existentes en centros de apoyo a los docentes de la escuela común, garantizando la permanencia, terminación de los estudios y la obtención de los títulos correspondientes, teniendo siempre la mira puesta en la inserción laboral. Se atenderá especialmente a la formación de docentes y otros profesionales de la educación y la salud para que actúen en el ámbito de la educación inclusiva.

-Garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a educación sexual y reproductiva y participen cada vez más activamente en la toma de decisiones que las afecten, en pie de igualdad con los demás.

-Erradicación de la violencia y el abuso sexual contra las personas con discapacidad, que son el grupo más vulnerable de la sociedad.

-Garantizarpara todas las personas con discapacidad que se encuentren cursando un embarazo, el cumplimiento de un protocolo de atención médica y psicológica que les permita comprender el proceso que están atravesando, incluyendo el momento del parto y la crianza del bebé.

-Dar cumplimiento en el ámbito del Estado nacional al cupo laboral del 4% para personas con discapacidad establecido en la ley. Asimismo crearemos los incentivos y daremos adecuada difusión a los ya existentes para que el número de personas con discapacidad trabajando en el ámbito privado sea cada vez mayor, tendiendo a la erradicación de la discriminación laboral por discapacidad.

-Garantizar la capacitación del personal del Estado que se desarrolle en atención al público para tratar con personas con discapacidad según su discapacidad.

-Poner en marcha programas de capacitación de oficios y ayuda a emprendimientos laborales independientes.

-Garantizar el derecho a la salud y a la rehabilitación de todas las personas con discapacidad, creando centros de rehabilitación que den atención a las personas que lo necesiten cerca de los hogares de quienes lo necesitan, en todas las áreas urbanas y rurales del país, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas con discapacidad.

-Garantizar los derechos de las personas con discapacidad en materia de transporte de acuerdo a la ley, a fin de evitar las innumerables infracciones que se cometen en esta materia tan importante para el auto valimiento de las personas con discapacidad. Garantizando el principio de gratuidad y exigiendo a las empresas la completa accesibilidad del transporte en relación a los vehículos, puntos de acceso y descenso, y frecuencias, juntamente con el acceso razonable a los pasajes.

-Establecer políticas y acciones para reemplazar progresivamente la institucionalización de personas con discapacidad, asegurando apoyos para la vida en comunidad, como establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se brindarán desde el Estado los apoyos necesarios, entre otros, para fortalecer a la familia ampliada, de manera de lograr que los niños y adolescentes con discapacidad vivan en sus hogares y que los adultos desarrollen su vida incluso la formación de sus propias familias, en la comunidad, según sus preferencias y opciones informadas.

-Garantizar a las personas con discapacidad el acceso al deporte y la recreación, no dentro de un marco terapéutico de rehabilitación sino como derecho al esparcimiento en igualdad de condiciones con las demás personas.

-Garantizar el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad desarrollando programas de construcción de viviendas de diseño universal accesible, y fijando un porcentaje relevante en la distribución de las viviendas para las personas con discapacidad.

-Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a las actividades turísticas, exigiendo gradualmente a los centros y complejos turísticos de todo el territorio de la República diseños universales, otras medidas de accesibilidad física y formatos de comunicación accesibles que permitan a personas con discapacidades viajar y conocer el país.

-Implementar las medidas necesarias para contar con estadísticas confiables en materia de discapacidad que permitan ajustar las políticas públicas para el pleno cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

-Implementar un sistema de voto accesible para todas las personas con discapacidades.

Considerando que el voto es la culminación de un proceso de participación política de los ciudadanos, se tendrá especial cuidado en fortalecer la formación de las personas con discapacidad para participar en todas las instancias y ejercer sus derechos civiles y políticos. Entre otros: garantizar discursos, plataformas y toda información partidaria en formatos accesibles;promover la participación de las personas con discapacidad en los partidos,en laslistas para cargos electivosy en los cuadros técnicos; generar canales e instancias de encuentro de los candidatos con personas con discapacidad, así como lo hacen con empresarios, gremios, o con distintos sectores de la sociedad civil.

-Garantizar el derecho de las personas con discapacidad el acceso a la cultura, asegurando para ello la accesibilidad audiovisual, táctil, y otras formas que aseguren el acceso a la obra de que se trata ya sea cinematográfica, plástica, pictórica, etc.

-El Estado apoyará activamente la organización de las personas con discapacidad para defender sus derechos, difundirlos y formar en esta temática a más personas con discapacidad y sus familias, así como a profesionales e interesados en general. Reconocemos en las organizaciones de personas con discapacidad a los interlocutores de los distintos poderes del Estado para la generación de leyes, políticas y acciones de algún modo relacionadas con los intereses de las personas con discapacidad.

-Se creará una oficina para realizar el seguimiento del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, financiada por el Estado, que cumpla con el requerimiento de independencia del poder político y que garantice la participación de las organizaciones de personas con discapacidad.

COMPROMISO PROGRESISTA CON EL AMBIENTE

“Artículo 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren lasa jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.”

La política ambiental a nivel nacional será pensada como parte integral y transversal de un modelo de desarrollo sustentable alternativo. Esto permitirá recuperar la idea del medio ambiente como derecho colectivo y revalorizar los recursos naturales entendidos como bienes comunes.

El mayor desafío será generar un cambio de paradigma en la implementación de las políticas de desarrollo. Habrá que re significar el valor ambiente para mejorar la calidad de vida de la sociedad y promover nuevas relaciones de producción y consumo. Y todo ello en el marco de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Asimismo, la profundización de los conflictos socio-ambientales en torno a los recursos naturales exige apostar por una democracia más participativa y solidaria, fortalecer los ámbitos gubernamentales e institucionales y generar los consensos necesarios para la toma de decisiones colectivas en torno al modelo de desarrollo deseado, y al uso y acceso de los bienes naturales.

Menos ambiente significa más pobreza y en este sentido, la equidad, la participación y la sustentabilidad serán los ejes nuestro programa dedicado a las propuestas ambientales.

El ambiente no reconoce fronteras económicas, políticas o jurisdiccionales. Por ello, debemos construir un modelo de desarrollo desde un enfoque eco sistémico, con una mirada integral del territorio y considerando sus condiciones naturales, económicas, sociales y culturales específicas.

Durante los últimos doce años, el modelo productivo argentino se basó principalmente en la extracción de recursos naturales, aprovechando los altos precios internacionales y a costa de concesiones, exenciones o beneficios a perpetuidad. Basta con observar la fenomenal expansión de la frontera sojera, la megaminería a cielo abierto y, recientemente, la “fiebre” por los hidrocarburos no convencionales para dar cuenta de que este modelo extractivo genera dependencia, socava nuestra soberanía, depreda nuestros recursos y bienes comunes, vulnerando derechos y generando pasivos ambientales que hipotecan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Actualmente, los hidrocarburos (petróleo y gas natural) representan un 90% de nuestra matriz energética. Hablamos de un modelo basado, casi exclusivamente, en combustibles fósiles -altamente contaminantes-, muy por encima de la media mundial.

El actual esquema productivo también ha generado fuertes impactos en los principales centros urbanos del país a partir de la expulsión de la población rural hacia las ciudades. La falta de una política de planificación territorial y sustentable acentuó las condiciones de urbanización precaria sin garantizar la infraestructura y los servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las personas.

No sólo la matriz productiva o energética, sino el modelo industrial e inmobiliario en general responden a esta lógica carente de planificación; la que ha permitido el crecimiento de un mercadoinmobiliario con fines estrictamente especulativosque no se enmarca en ningún criterio de ordenamiento territorial, urbanístico, o política habitacional ni socioambiental.

Con los últimos acontecimientos a raíz de fenómenos climáticos, sobra destacar que nuestro país carece de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres. El marco normativo está fragmentado, conformado por algunas leyes y decretos sólo vinculados a la respuesta al desastre y no a su prevención.

El denominador común es un Estado ausente en el diseño, planificación y concertación de políticas públicas sustentables a mediano y largo plazo.

Esta improvisación, la falta evaluación de impactos y riesgos de los proyectos e inversiones productivas e inmobiliarias que se instalan sin contar con la debida licencia social,así como los débiles (cuando no nulos) controles estatales, tienen consecuencias irreparables.

Este injusto estado de situación genera y profundiza conflictos socio-ambientales. Se requiere incorporar una perspectiva humana de la economía que contemple las cuestiones ambientales, así como en toda política pública, para que la garantía del estado frente a los derechos humanos no implique necesariamente la réplica sobre la depredación sino la prevención y planificación para evitarla. El principio de solidaridad intergeneracional debe ser el punto de equilibrio entre el crecimiento económico y la protección y sostenibilidad ambiental

Proponemos

Establecer un plan de ordenamiento ambiental del territorio integral desde un enfoque ecosistémico, con el objeto de, entre otras cosas:

1. Diseñar e implementar un modelo de desarrollo en base a la equidad y la integración territorial,con el fin de reducir las brechas y desigualdades socio-espaciales, y bajo un vínculo relacional y funcional entre lo urbano y rural.

2. Proteger y recuperar la capacidad productiva de nuestros suelos, reduciendo la tendencia al monocultivo, promoviendo la diversificación productiva para evitar la excesiva dependencia del estado o de los estados provinciales de las actividades extractivas, y alentando el desarrollo de las economías regionales, atendiendo a la función social de la propiedad.

3. Generar un plan de identificación y protección de áreas clave para la conservación. Efectiva implementación de las leyes de preservación de bosques nativos, glaciares y ambiente periglacial. Crear los marcos regulatorios necesarios y consolidar la protección de humedales y acuíferos, confeccionando los inventarios necesarios.

4. Impulsar medidas de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático.Evaluar zonas de riesgos y vulner abilidad socio-ambiental y desarrollar planes de prevención.

5. Crear un sistema de gestión integral de riesgos de desastres y una red nacional con un fuerte carácter participativo a nivel federal e intersectorial, junto a provincias y municipios, para reducir las vulnerabilidades y hacer frente a las diversas amenazas a las que están expuestas las comunidades.

6. Generar, en colaboración y coordinación con las provincias y los municipios, un sistema integrado de redes de gestión y recolección de residuos sólidos urbanos, brindando apoyo técnico y financiero.

7. Garantizar de manera universal el derecho de acceso al agua potable, mejorando el servicio en calidad y regular el uso de acuerdo a las necesidades de consumo de las personas y de las unidades productivas. Gravar y sancionar los abusos y la contaminación por desechos domésticos, industriales y como resultado de la explotación de los recursos naturales. Implementar la cobertura universal de la infraestructura básica de servicios en todos los hogares.

8. Diversificar la matriz energética, mediante la incorporación de energías “limpias” alternativas y renovables, fijando metas de reconversión progresiva de las fuentes energéticas. Promover inversiones sostenibles que minimicen la reducción de las fuentes no renovables y contaminantes de energía y muestren los beneficios del largo plazo.

Garantizar el pleno cumplimiento de las instancias de participación y consulta ciudadana, ampliando los mecanismos de participación multisectorial, multidisciplinaria y multinivel en los procesos de toma de decisión para que toda actividad antrópica con potencial impacto ambiental cuente con la debida licencia social.

En particular y con el mayor de los énfasis, garantizar el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo efectivos el mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos -como el Convenio 169 de la OIT-, promoviendo y practicando una verdadera cultura de respeto de su relación con la tierra.

Fortalecer el rol y las capacidades estatales en materia de control ambiental:

-Articular con las jurisdicciones locales la realización de evaluaciones de impacto ambiental y de impacto ambiental estratégico o acumulativo (de acuerdo a las particularidades del área de influencia).Así como monitoreos periódicos.
-Implementar un programa de acción permanente para asegurar la plena vigencia de los principios preventivo y precautorio, especialmente en proyectos de explotación minera e hidrocarburífera.

-Prohibición de la megaminería contaminanteque por su escala de producción provoque grandes alteraciones geológicas o hidrológicas (alto consumo de volúmenes de agua, movimiento de grandes volúmenes de suelo), o utilice sustancias tóxicas como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico y toda otra sustancia considerada peligrosa. Reconversión de los proyectos en marcha, sujetos a una nueva evaluación de impacto ambiental, garantizándose la instancia de participación ciudadana.

-Prohibición del uso de la técnica de la fractura hidráulica. Suspensión de proyectos en ejecución. Realización de inventarios y auditorías ambientales en zonas de afectación.

-Regulación y fiscalización del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas en general para toda actividad productiva en función de las mejores prácticas y estándares internacionales.

Implementar herramientas de transparencia y acceso a la información ambiental, para mejorar la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas, así como el control ambiental.

Desarrollar una política de educación ambiental que impulse la valoración de los bienes comunes y conductas sustentables con el ambiente; promueva nuevas relaciones de producción y consumo; y genere estrategias de comunicación sobre la temática ambiental, con el objetivo de fortalecer una ciudadanía informada, consciente y crítica de las problemáticas ambientales.

Compromiso firmado

COMPROMISO PROGRESISTA POR LOS 12 MILLONES DE CHICOS

1. Promover una política nacional de cuidado para la primera infancia.

Promover la corresponsabilidad tanto entre el estado y la sociedad, como entre los varones y las mujeres, de la crianza y cuidado de los miembros del hogar.

Programa Nacional de Cuidados de la Primera Infancia, para niños de 0 a 5, para el pleno desarrollo de la primera infancia. Se hará obligatoria la existencia de centros de cuidado de 0/4 años que permitan la conciliación familia-trabajo, tanto en ámbitos públicos como privados. Creación de centros integrales de cuidado infantil a partir de los 45 días hasta los 3 años de vida. En estos centros se contará con recursos para desarrollar intervenciones en salud y nutrición que aseguren el desarrollo integral y el bienestar de los sujetos protegidos.

Oferta de servicios de cuidado con altos estándares de calidad, promoviendo especialmente el acceso de las familias más vulnerables. Profesionalización de las cuidadoras y educadoras a cargo de los servicios, atendiendo la calidad de sus empleos. Impulsar la implementación de subsidios que faciliten la contratación de servicios de cuidado por parte de personas en actividad.

Garantizar servicios de cuidado públicos y gratuitos, así como el acceso a Centros de Desarrollo Infantil y Lactarios, tanto en el ámbito público como privado.

Redistribución de las tareas del hogar y de cuidado, no solo en el ámbito familiar sino también entre las familias, el estado, el mercado y la comunidad. Provisión de servicios de cuidado infantil por parte del Estado otorga legitimidad y reconocimiento a estas tareas, evidenciando su carácter de trabajo, facilitando su «desfamiliarización» y creando oportunidades para las mujeres de inserción en el mercado del trabajo formal. Legislación sobre las responsabilidades familiares a los fines de una participación equitativa de las mujeres en el mercado de trabajo. Reforma a la Ley de Contrato de Trabajo para que los establecimientos con 100 o más trabajadoras o trabajadores mantengan una sala maternal y guardería infantil para hijos e hijas hasta los 5 años.

Ley de tenencia compartida de los hijos, teniendo a cargo la madre y el padre en igualdad de condiciones las responsabilidades familiares. Se brinda al juez la herramienta para resolverlo.

Mayor cobertura de las licencias por maternidad y paternidad, incluyendo también a los familiares. Equiparar la licencia laboral, entre varones y mujeres, por nacimiento, adopción y cuidado de niños, niñas y adolescentes, familiar enfermo o con discapacidad.

2. Reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil.

Tomaremos iniciativas siguiendo el modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia y su extensión a todas las maternidades del país que atienden más de 1.000 partos por año, en articulación con el Programa Sumar y en el marco del proceso de regionalización de los servicios.

3. Eliminar la desnutrición, mejorar la nutrición y reducir los casos de obesidad.

Fomento a las prácticas de alimentación sana como la lactancia materna hasta los dos años y la ingesta de alimentos saludables, además de promover la actividad física.

Mejora en las condiciones de vida, como el acceso al agua potable y saneamiento, importantes determinantes en el estado de salud y nutricional de la infancia.

Actualización de datos oficiales sobre el estado nutricional de la infancia y la adolescencia, la medición del costo de inacción, la implementación de políticas públicas de prevención, la promoción del diálogo con el sector privado en producción de alimentos y la concientización de la sociedad.

4. Garantizar la obligatoriedad en salas de 4 y 5 años y expandir la sala de 3.

Universalización de las salas de 3 y de 4 años garantizando estándares de calidad.

Política de recursos humanos para el nivel, ya que la planta actual es insuficiente. Prestigiar la profesión docente para que vuelva a ser una aspiración entre nuestros jóvenes. Solo se logrará con una mejora real de las condiciones de trabajo de nuestros maestros, lo que podrá ser acompañado además por campañas de comunicación. La caída en la aspiración a ser maestro dificulta la convocatoria de candidatos suficientes en varios distritos del país.

Garantías de espacios adecuados y los recursos necesarios para el sostenimiento e incremento de los servicios del nivel.

Disminución de las brechas de acceso interprovinciales y crecimiento con enfoque de equidad.

Jerarquización de la formación docente, con enfoque de equidad.

5. Garantizar la calidad e inclusión en la educación básica obligatoria (6-18 años).

Proponemos una revolución en la escuela secundaria. Cambio de paradigma pedagógico que supere el divorcio entre las nuevas generaciones y el molde escolar tradicional. No se puede seguir enseñando como hace 100 años. Hoy el maestro es un reproductor de conocimiento y el alumno es un pasivo receptor. La Argentina tiene que ir hacia una nueva lógica del saber escolar, donde el alumno sea protagonista y el docente su guía y orientador.

Debemos ir a un paradigma en el que las nuevas tecnologías funcionen como mediación entre ambos. Queremos alumnos que tengan cada vez más autonomía para incorporar información y producir conocimiento. Transformaremos la clase en un espacio donde se «aprende a aprender»; un lugar común donde los alumnos investiguen y docentes guíen, hagan presentes los conceptos faltantes, posibiliten la confrontación de diferentes perspectivas e incentiven la curiosidad de los alumnos, para que descubran y transiten el camino de la producción del conocimiento. Para esto necesitamos al maestro en una mismo escuela, con los mismos alumnos, con tiempo para trabajar junto a expertos en múltiples disciplinas para realizar este cambio de paradigma.

Dotar al Instituto Nacional de Formación Docente de la infraestructura, los recursos humanos y las tecnologías educativas más avanzadas para que los institutos de formación de todo el país constituyan a los profesores de enseñanza secundaria en los promotores del cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje.

Mejores condiciones de trabajo y bienestar para los docentes. Terminar con los docente-taxi, práctica extendida en la escuela secundaria. El nombramiento de los profesores secundarios debe ser por cargo docente, no por horas, para lograr que un maestro tienda a concentrar su tiempo de trabajo en una misma institución. Mejora en las condiciones de vida y trabajo de los maestros, garantizando un salario digno, con mayor participación del gobierno nacional en las discusión de la política salarial. Se facilitar los trámites burocráticos como autorizaciones para salidas didácticas y pedido de licencias, que hacen perder tiempo a los docentes. Garantizar el acceso a atención médica de calidad, e incentivar los docentes para que concentren horas en una misma escuela.

Convocar a 100.000 consejeros juveniles o tutores para visitar los hogares de los chicos que abandonaron la escuela. Cada consejero va a acompañar y orientar su inclusión en la educación obligatoria, apoyarlos académicamente y hacer el seguimiento de su nuevo trayecto educativo. En 2023 será real la universalización de la educación secundaria en Argentina.

Boleto Educativo, Gratuito y Universal para posibilitar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición socio-económica, acceder al transporte público para ir y volver a la escuela, colegio o universidad. El otorgamiento del BEGU tiene carácter universal y cubrirá la totalidad del trayecto que realiza el estudiante o el docente desde su domicilio hasta el establecimiento educativo que concurre. Es para el transporte público automotriz y ferroviario, en todo el territorio nacional para los estudiantes de todas las modalidades y niveles de la educación pública. Para los niveles inicial, primario y secundario, se prevé un régimen de tarifa especial para los padres, madres o tutores de los menores de edad que viajen en calidad de acompañantes. Para los estudiantes del nivel superior (universitario y no universitario) se prevé una tarifa diferencial que alcance también el transporte de mediana y larga distancia, a fin de facilitar el retorno al hogar de aquellos estudiantes que residan fuera de las áreas urbanas.

Ampliación de la práctica del deporte y la promoción de la salud física.

6. Proteger contra toda forma de violencia y abuso.

Prevención de las situaciones de violencia, garantizando la articulación entre los diversos sectores involucrados (salud, educación, protección), asegurando un piso de protección social, facilitando el acceso a la vivienda, a la salud y la educación.

Mecanismos de seguimiento efectivos ante la vulneración del derecho y sistemas de información que permitan dimensionar el fenómeno. Sumado a ello, es necesario redoblar los esfuerzos por la equidad de género, promoviendo adecuadas pautas de crianza de niñas y niños.

Medidas alternativas a la institucionalización de chicos y chicas sin cuidados parentales, garantizando su derecho a vivir en una familia, ya sea a través de la revinculación familiar, con medidas de acogimiento familiar u otras modalidades, y mejorando los mecanismos de adopción. Garantía que las instituciones tengan estándares de calidad y supervisión externa que fomenten el desarrollo personal y la inserción familiar y comunitaria de los niños, niñas y adolescentes que vienen en las instituciones.

7. Promover la participación de los adolescentes en las políticas públicas y en los medios.

Promover, fortalecer y sistematizar la participación de los jóvenes dentro de las instituciones importantes para su día a día y tomar en cuenta su opinión en las discusiones y la conformación de las políticas públicas contribuye con el crecimiento del país.

Desarrollo de iniciativas que faciliten a los adolescentes y jóvenes, en particular los más vulnerables, el ejercicio de su derecho a la ciudadanía, convocándolos para participar en los procesos que los afectan, permitiéndoles comprometerse con el cambio social mediante experiencias innovadoras tanto en entornos digitales como presenciales en la escuela, el barrio y la comunidad. Se requiere, para alcanzar este objetivo, una fuerte articulación del estado y la sociedad civil y la promoción, apoyo y creación de redes que promuevan la participación ciudadana de los chicos y chicas.

8. Prevenir el embarazo no planificado en adolescentes.

Dotar a los y las adolescentes, especialmente los que se encuentran en mayor desventaja, con un modelo de salud amigable y validado todavía está pendiente. Para esto, sería necesario contar con información confiable, verificable y segmentable de la tasa de fertilidad adolescente y el porcentaje de adolescentes que cuenta con prestaciones de servicio de salud.

Es también prioritario fomentar la participación de las y los adolescentes en la planificación y evaluación de los servicios de salud que los atienden, así como trabajar en la promoción y protección de sus derechos y en analizar los factores determinantes que conducen a embarazos en edades tempranas.

Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos,

9. Impulsar la sanción de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a la Convención de los Derechos del Niño.

Aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. De la misma manera, aplicarán medidas alternativas, como la justicia restaurativa, las instancias de mediación y la justicia comunitaria.

Creación de un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas acordes.

10. Garantizar el acceso universal al sistema de protección social.

Auténtica universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social para niños, niñas y adolescentes removiendo las barreras existentes en los mecanismos de coordinación dentro y entre los sectores afectados. Inclusión de otros grupos poblacionales como los hijos e hijas de trabajadores autónomos, los monotributistas, y los niños de familias migrantes, entre otros.

Medición continua de la incidencia de la pobreza infantil que tenga en cuenta todos los determinantes y su multidimensionalidad. Expansión de la cobertura del Certificado Único de Discapacidad en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

11. Incrementar la inversión social en Infancia, especialmente en poblaciones vulnerables.

Creación de instrumentos de monitoreo, análisis y planificación de la inversión dirigida a la niñez tanto a nivel nacional como provincial para una mejor asignación presupuestaria y orientación de las políticas públicas, teniendo en cuenta además de su tendencia, su distribución precisa para las áreas cruciales, su eficiencia y su impacto, permitiendo valorar los progresos y señalar las debilidades para una adecuada toma de decisiones.

Blindaje a los recursos para la inversión social, garantizando que los niños, niñas y adolescentes no se vean afectados en los momentos de desaceleración o decrecimiento económico.

Incremento en un 10% la participación de la inversión social destinada a la niñez consolidada (nivel nacional más provincial) en el gasto público total, apoyando particularmente a las provincias más desfavorecidas, para lograr un proceso de convergencia que mejore significativamente la equidad de las asignaciones en todo el país.

12. Fortalecer e institucionalizar los sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Creación de sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de los derechos de la niñez para una administración de recursos y una implementación de políticas públicas más efectiva. Estos sistemas tendrán en cuenta, particularmente, todas aquellas situaciones y grupos de mayor riesgo, como aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, abuso, trabajo infantil en ámbitos rurales, con discapacidad, entre otros.

Monitoreo y evaluación permanente de gestión del conocimiento estratégico para la toma de aquellas decisiones públicas que afectan la calidad de vida de las chicas y chicos. También, en torno a aquellas temáticas invisibilizadas que hacen al goce y ejercicio de derechos. Esto ayudará a que el estado (en sus diversos niveles jurisdiccionales) haga plenamente efectivo el enfoque de derechos, acorde a los estándares de calidad, sustentados en información confiable.

Implementación de una agencia nacional o sistema institucionalizado de monitoreo y evaluación de políticas públicas orientadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.

Designación de un Defensor de la Infancia.

Agenda

VIERNES 10 DE AGOSTO
18:00 hs. Acto conmemorativo Centenario de La Reforma Universitaria con la presencia de Margarita Stolbizer.
Lugar: Salón Auditorio «Dardo S. Dorronzoro» – Sede Central de la Universidad de Luján – Rutas 5 y 7.
Más información

JUEVES 16 DE AGOSTO
19:00 hs. La participación de la mujer en los procesos institucionales y productivos.
Lugar: UCES Centro – Av. Santa Fe 462 – Rafaela.
Más información

Stolbizer en la UCA


29/09/2017.
La diputada Margarita Stolbizer participó del Congreso nacional sobre valores, pensamiento crítico y tejido social que se realizó en la UCA durante la jornada de ayer y hoy. Estuvo en un panel junto al Lic. Eduardo Anguita y Dip Omar Abboud cuyo eje disparador fue “¿CÓMO HACER QUE LA POLÍTICA ABANDONE LA RETÓRICA ESTERIL Y AFRONTE CON RIGOR Y COMPROMISO LOS TEMAS CENTRALES QUE HACEN AL BIEN COMÚN?»

Eduardo Anguita arrancó señalando que tenemos que lograr acuerdos en la sociedad civil y en la política, sobre todo en el campo de la educación. La cárceles en la pcia de Buenos Aires tiene un crecimiento de su población vertiginoso. Tenemos en complejos creados con unidades para chicos de entre 16 y 18 años que viven al lado de los mayores asociados al trafico de drogas o narcocriminalidad. En las cárceles federales, tenemos más gente presa detenido por delitos vinculados con el narco que con otros delitos. ¿Por qué las cárceles están pobladas en un 90% de personas que vienen de sectores humildes? Por esto, el problema debe abordarse desde múltiples perspectivas. La Constitucion estable derechos para las personas privadas de su libertad, necesitamos reformas de los códigos procesales, penales y también lo penitenciarios y los pos penitenciarios. Cuando alguien sale de la cárcel y presenta en un trabajo un certificado que dice que estuvo en la cárcel pierde la chance de ingresar. Y resaltó la sensibilidad que despliega esta sociedad reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

El diputado Omar Abboud expresó que en el diálogo interreligioso aunque parecía imposible, se pudo lograr. Pero al principio existía la duda ya que en nuestro país estamos llenos de otra cantidad de problemas pero no de conflictos religiosos como en otros lados. El mundo después de septiembre del 2001 empezó a vivir un conflicto que no fue trasladado a argentina, pero si surgió la voluntad de generar un espacio de diálogo. Diálogo preventido, relacionado con la cuestión del valor,con las ideas de paz. Asi surgió el dialogo interregioso. Nuestra generación{on creció con la dicotomía de la EEUU- URSS, o países centrales y del tercer mundo. Estas tensiones trajeron otras tensiones. Surge fuertes expresiones de fundamentalismos. Existe una gran ausencia de una mentalidad para ver cómo se solucionan los grandes problemas del país, si bien se está tratando de revertir. Tenermos problemas de pobreza estructural, narcotráfico, vivienda, educación y tenemos un gran problema cultural que va en contra de la cultura del encuentro. En el establecimiento de diálogo genuino, trascender más alla de una gestión de gobierno, y empezar por autocuestionamiento interior de qué busco cuando genero una situación de diálogo.

Cerró el panel Margarita Stolbizer señalando que Hemos pasado toda la campaña electoral sin debate, cuando debería ser el tiempo más importante para que la competencia electoral sea en el debate de las ideas. Cómo afrontar los temas centrales que afectan a nuestro país, pero también poniendo el eje en quienes son los que tienen que hacerlo? No todo es lo mismo y en política no todo es igual, ni todo se compra ni todo se vende. No todos tienen los mismos niveles de responsabilidad o capacidad de respuesta. Hay que dirigir esa demanda social hacia quienes tienen la obligación de responder. Los temas centrales deben ser prioridad, y es de los que se habló hoy: la pobreza, las cárceles, educación. Hay que pensar en un modelo de desarrollo social y humano sustentable. En instituciones pensadas como reglas para la convivencia y el funcionamiento de acuerdo a lo que nuestra propia Constitución establece para que haya desarrollo

Argentina necesita volver a ser un país confiable y previsible. Con una agenda de prioridades. Hay que alcanzar un acuerdo para encontrar los mecanismos que erradiquen la pobreza. Cada vez se dedican más recursos a asistencia social pero cada vez tenemos más pobres.

“No es un problema inevitable. Hoy argentina triplica la pobreza de Chile y Uruguay y estamos muy por arriba de la Perú y Paraguay. Hace años venimos equivocando el camino. No se trata de pobres por no tener dinero en una cuenta, creyendo que se resuelve dándole plata. Eso lo ubica como un cliente del sistema político. Para romper el circuito vicioso de padres e hijos que no tienen empleo hay que tender puentes, es el acceso a la educación”.

En conclusión, dijo Stolbizer, necesitamos instituciones, la agenda de prioridades y por sobre todo liderazgos ejemplares. Se ha hecho una práctica la descalificación del que piensa distinto. Tenemos que reconstruir una cultura política, la del conjunto de ideas y valores que nos dan identidad como nación. Hay que reconstruir una visión compartida de país. Hay que atender lo colectivo por sobre lo individual. Hay dos perspectivas que a mi juicio cruzan los debates. Las política tiene que tener un rostro humano, y ética. Ética como comportamiento, pero por sobre todo, en la política y el estado.

Actividades 20/09/2014 CONVOCATORIA AL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO GEN

CONVOCATORIA AL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO GEN

28/08/2014 11:36

La Mesa Directiva de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido GEN –Orden Nacional-, CONVOCA al Congreso constitutivo y Ordinario, a llevarse a cabo el día sábado 20 de Septiembre de 2014, a partir de las 9.00 horas, en que dará comienzo la acreditación de los señores Congresales, dando inicio a la sesión a las 10.00 horas, en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas UBA, sito en la Av. Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designar de su seno un Presidente y dos Secretarios provisorios.

2) Designar una Comisión de Poderes integrada por tres miembros.

3) Nombrar a las autoridades permanentes de la Mesa Directiva compuesta por: Presidente, Vicepresidente, Vicepresidente I, Vicepresidente II y Secretario.

4) Designar los nuevos miembros de la Junta Electoral Nacional(3 miembros titulares y 2 suplentes), los nuevos miembros del Tribunal de Ética y Garantías Nacional (3 miembros titulares y 2 suplentes) y los nuevos miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Nacional (3 miembros titulares y 2 suplentes.

5) Ratificar la modificación de la Carta Orgánica, en su artículo 16, que fuera adoptada ad referéndum del Congreso partidario, a fin de ampliar el número de los miembros de la Mesa Directiva, el cambio de nombre de los cargos y la nueva conformación de cargos, atento las razones que oportunamente esbozara el pleno de la Junta Ejecutiva.

6) Designar de su seno una “Comisión Especial para la Reforma de la Carta Orgánica Partidaria”, a fin de abocarse al estudio de la Norma Fundacional del Partido, armonice su texto y contemple la incorporación de las nuevas tecnología a la vida partidaria, cuya potencial reforma sea sometida en la próxima sesión que se realice el Cuerpo Deliberativo.

7) Aprobar plan de trabajo.

8) Varios.

Ciudad Autónoma de Buenos Aries, 27 de Agosto de 2014

Margarita Rosa Stolbizer

Presidenta

Claudio Marcelo Ferreira

Secretario de Finanzas y Tesorero

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