1. Promover una política nacional de cuidado para la primera infancia.
Promover la corresponsabilidad tanto entre el estado y la sociedad, como entre los varones y las mujeres, de la crianza y cuidado de los miembros del hogar.
Programa Nacional de Cuidados de la Primera Infancia, para niños de 0 a 5, para el pleno desarrollo de la primera infancia. Se hará obligatoria la existencia de centros de cuidado de 0/4 años que permitan la conciliación familia-trabajo, tanto en ámbitos públicos como privados. Creación de centros integrales de cuidado infantil a partir de los 45 días hasta los 3 años de vida. En estos centros se contará con recursos para desarrollar intervenciones en salud y nutrición que aseguren el desarrollo integral y el bienestar de los sujetos protegidos.
Oferta de servicios de cuidado con altos estándares de calidad, promoviendo especialmente el acceso de las familias más vulnerables. Profesionalización de las cuidadoras y educadoras a cargo de los servicios, atendiendo la calidad de sus empleos. Impulsar la implementación de subsidios que faciliten la contratación de servicios de cuidado por parte de personas en actividad.
Garantizar servicios de cuidado públicos y gratuitos, así como el acceso a Centros de Desarrollo Infantil y Lactarios, tanto en el ámbito público como privado.
Redistribución de las tareas del hogar y de cuidado, no solo en el ámbito familiar sino también entre las familias, el estado, el mercado y la comunidad. Provisión de servicios de cuidado infantil por parte del Estado otorga legitimidad y reconocimiento a estas tareas, evidenciando su carácter de trabajo, facilitando su «desfamiliarización» y creando oportunidades para las mujeres de inserción en el mercado del trabajo formal. Legislación sobre las responsabilidades familiares a los fines de una participación equitativa de las mujeres en el mercado de trabajo. Reforma a la Ley de Contrato de Trabajo para que los establecimientos con 100 o más trabajadoras o trabajadores mantengan una sala maternal y guardería infantil para hijos e hijas hasta los 5 años.
Ley de tenencia compartida de los hijos, teniendo a cargo la madre y el padre en igualdad de condiciones las responsabilidades familiares. Se brinda al juez la herramienta para resolverlo.
Mayor cobertura de las licencias por maternidad y paternidad, incluyendo también a los familiares. Equiparar la licencia laboral, entre varones y mujeres, por nacimiento, adopción y cuidado de niños, niñas y adolescentes, familiar enfermo o con discapacidad.
2. Reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil.
Tomaremos iniciativas siguiendo el modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia y su extensión a todas las maternidades del país que atienden más de 1.000 partos por año, en articulación con el Programa Sumar y en el marco del proceso de regionalización de los servicios.
3. Eliminar la desnutrición, mejorar la nutrición y reducir los casos de obesidad.
Fomento a las prácticas de alimentación sana como la lactancia materna hasta los dos años y la ingesta de alimentos saludables, además de promover la actividad física.
Mejora en las condiciones de vida, como el acceso al agua potable y saneamiento, importantes determinantes en el estado de salud y nutricional de la infancia.
Actualización de datos oficiales sobre el estado nutricional de la infancia y la adolescencia, la medición del costo de inacción, la implementación de políticas públicas de prevención, la promoción del diálogo con el sector privado en producción de alimentos y la concientización de la sociedad.
4. Garantizar la obligatoriedad en salas de 4 y 5 años y expandir la sala de 3.
Universalización de las salas de 3 y de 4 años garantizando estándares de calidad.
Política de recursos humanos para el nivel, ya que la planta actual es insuficiente. Prestigiar la profesión docente para que vuelva a ser una aspiración entre nuestros jóvenes. Solo se logrará con una mejora real de las condiciones de trabajo de nuestros maestros, lo que podrá ser acompañado además por campañas de comunicación. La caída en la aspiración a ser maestro dificulta la convocatoria de candidatos suficientes en varios distritos del país.
Garantías de espacios adecuados y los recursos necesarios para el sostenimiento e incremento de los servicios del nivel.
Disminución de las brechas de acceso interprovinciales y crecimiento con enfoque de equidad.
Jerarquización de la formación docente, con enfoque de equidad.
5. Garantizar la calidad e inclusión en la educación básica obligatoria (6-18 años).
Proponemos una revolución en la escuela secundaria. Cambio de paradigma pedagógico que supere el divorcio entre las nuevas generaciones y el molde escolar tradicional. No se puede seguir enseñando como hace 100 años. Hoy el maestro es un reproductor de conocimiento y el alumno es un pasivo receptor. La Argentina tiene que ir hacia una nueva lógica del saber escolar, donde el alumno sea protagonista y el docente su guía y orientador.
Debemos ir a un paradigma en el que las nuevas tecnologías funcionen como mediación entre ambos. Queremos alumnos que tengan cada vez más autonomía para incorporar información y producir conocimiento. Transformaremos la clase en un espacio donde se «aprende a aprender»; un lugar común donde los alumnos investiguen y docentes guíen, hagan presentes los conceptos faltantes, posibiliten la confrontación de diferentes perspectivas e incentiven la curiosidad de los alumnos, para que descubran y transiten el camino de la producción del conocimiento. Para esto necesitamos al maestro en una mismo escuela, con los mismos alumnos, con tiempo para trabajar junto a expertos en múltiples disciplinas para realizar este cambio de paradigma.
Dotar al Instituto Nacional de Formación Docente de la infraestructura, los recursos humanos y las tecnologías educativas más avanzadas para que los institutos de formación de todo el país constituyan a los profesores de enseñanza secundaria en los promotores del cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje.
Mejores condiciones de trabajo y bienestar para los docentes. Terminar con los docente-taxi, práctica extendida en la escuela secundaria. El nombramiento de los profesores secundarios debe ser por cargo docente, no por horas, para lograr que un maestro tienda a concentrar su tiempo de trabajo en una misma institución. Mejora en las condiciones de vida y trabajo de los maestros, garantizando un salario digno, con mayor participación del gobierno nacional en las discusión de la política salarial. Se facilitar los trámites burocráticos como autorizaciones para salidas didácticas y pedido de licencias, que hacen perder tiempo a los docentes. Garantizar el acceso a atención médica de calidad, e incentivar los docentes para que concentren horas en una misma escuela.
Convocar a 100.000 consejeros juveniles o tutores para visitar los hogares de los chicos que abandonaron la escuela. Cada consejero va a acompañar y orientar su inclusión en la educación obligatoria, apoyarlos académicamente y hacer el seguimiento de su nuevo trayecto educativo. En 2023 será real la universalización de la educación secundaria en Argentina.
Boleto Educativo, Gratuito y Universal para posibilitar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición socio-económica, acceder al transporte público para ir y volver a la escuela, colegio o universidad. El otorgamiento del BEGU tiene carácter universal y cubrirá la totalidad del trayecto que realiza el estudiante o el docente desde su domicilio hasta el establecimiento educativo que concurre. Es para el transporte público automotriz y ferroviario, en todo el territorio nacional para los estudiantes de todas las modalidades y niveles de la educación pública. Para los niveles inicial, primario y secundario, se prevé un régimen de tarifa especial para los padres, madres o tutores de los menores de edad que viajen en calidad de acompañantes. Para los estudiantes del nivel superior (universitario y no universitario) se prevé una tarifa diferencial que alcance también el transporte de mediana y larga distancia, a fin de facilitar el retorno al hogar de aquellos estudiantes que residan fuera de las áreas urbanas.
Ampliación de la práctica del deporte y la promoción de la salud física.
6. Proteger contra toda forma de violencia y abuso.
Prevención de las situaciones de violencia, garantizando la articulación entre los diversos sectores involucrados (salud, educación, protección), asegurando un piso de protección social, facilitando el acceso a la vivienda, a la salud y la educación.
Mecanismos de seguimiento efectivos ante la vulneración del derecho y sistemas de información que permitan dimensionar el fenómeno. Sumado a ello, es necesario redoblar los esfuerzos por la equidad de género, promoviendo adecuadas pautas de crianza de niñas y niños.
Medidas alternativas a la institucionalización de chicos y chicas sin cuidados parentales, garantizando su derecho a vivir en una familia, ya sea a través de la revinculación familiar, con medidas de acogimiento familiar u otras modalidades, y mejorando los mecanismos de adopción. Garantía que las instituciones tengan estándares de calidad y supervisión externa que fomenten el desarrollo personal y la inserción familiar y comunitaria de los niños, niñas y adolescentes que vienen en las instituciones.
7. Promover la participación de los adolescentes en las políticas públicas y en los medios.
Promover, fortalecer y sistematizar la participación de los jóvenes dentro de las instituciones importantes para su día a día y tomar en cuenta su opinión en las discusiones y la conformación de las políticas públicas contribuye con el crecimiento del país.
Desarrollo de iniciativas que faciliten a los adolescentes y jóvenes, en particular los más vulnerables, el ejercicio de su derecho a la ciudadanía, convocándolos para participar en los procesos que los afectan, permitiéndoles comprometerse con el cambio social mediante experiencias innovadoras tanto en entornos digitales como presenciales en la escuela, el barrio y la comunidad. Se requiere, para alcanzar este objetivo, una fuerte articulación del estado y la sociedad civil y la promoción, apoyo y creación de redes que promuevan la participación ciudadana de los chicos y chicas.
8. Prevenir el embarazo no planificado en adolescentes.
Dotar a los y las adolescentes, especialmente los que se encuentran en mayor desventaja, con un modelo de salud amigable y validado todavía está pendiente. Para esto, sería necesario contar con información confiable, verificable y segmentable de la tasa de fertilidad adolescente y el porcentaje de adolescentes que cuenta con prestaciones de servicio de salud.
Es también prioritario fomentar la participación de las y los adolescentes en la planificación y evaluación de los servicios de salud que los atienden, así como trabajar en la promoción y protección de sus derechos y en analizar los factores determinantes que conducen a embarazos en edades tempranas.
Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos,
9. Impulsar la sanción de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a la Convención de los Derechos del Niño.
Aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. De la misma manera, aplicarán medidas alternativas, como la justicia restaurativa, las instancias de mediación y la justicia comunitaria.
Creación de un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas acordes.
10. Garantizar el acceso universal al sistema de protección social.
Auténtica universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social para niños, niñas y adolescentes removiendo las barreras existentes en los mecanismos de coordinación dentro y entre los sectores afectados. Inclusión de otros grupos poblacionales como los hijos e hijas de trabajadores autónomos, los monotributistas, y los niños de familias migrantes, entre otros.
Medición continua de la incidencia de la pobreza infantil que tenga en cuenta todos los determinantes y su multidimensionalidad. Expansión de la cobertura del Certificado Único de Discapacidad en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
11. Incrementar la inversión social en Infancia, especialmente en poblaciones vulnerables.
Creación de instrumentos de monitoreo, análisis y planificación de la inversión dirigida a la niñez tanto a nivel nacional como provincial para una mejor asignación presupuestaria y orientación de las políticas públicas, teniendo en cuenta además de su tendencia, su distribución precisa para las áreas cruciales, su eficiencia y su impacto, permitiendo valorar los progresos y señalar las debilidades para una adecuada toma de decisiones.
Blindaje a los recursos para la inversión social, garantizando que los niños, niñas y adolescentes no se vean afectados en los momentos de desaceleración o decrecimiento económico.
Incremento en un 10% la participación de la inversión social destinada a la niñez consolidada (nivel nacional más provincial) en el gasto público total, apoyando particularmente a las provincias más desfavorecidas, para lograr un proceso de convergencia que mejore significativamente la equidad de las asignaciones en todo el país.
12. Fortalecer e institucionalizar los sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Creación de sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de los derechos de la niñez para una administración de recursos y una implementación de políticas públicas más efectiva. Estos sistemas tendrán en cuenta, particularmente, todas aquellas situaciones y grupos de mayor riesgo, como aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, abuso, trabajo infantil en ámbitos rurales, con discapacidad, entre otros.
Monitoreo y evaluación permanente de gestión del conocimiento estratégico para la toma de aquellas decisiones públicas que afectan la calidad de vida de las chicas y chicos. También, en torno a aquellas temáticas invisibilizadas que hacen al goce y ejercicio de derechos. Esto ayudará a que el estado (en sus diversos niveles jurisdiccionales) haga plenamente efectivo el enfoque de derechos, acorde a los estándares de calidad, sustentados en información confiable.
Implementación de una agencia nacional o sistema institucionalizado de monitoreo y evaluación de políticas públicas orientadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.
Designación de un Defensor de la Infancia.
