Categoría: Compromisos Progresistas

En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio, los precandidatos a Parlamentarios del MERCOSUR aquí presentes asumimos el siguiente compromiso en materia de integración regional:

1. La integración es una decisión política. Decisión de integrarse, con quién integrarse, cómo integrarse y para qué.
2. La integración puede ayudarnos a mejorar la competitividad, el empleo y la calidad de vida, y a ocupar un lugar en los mercados mundiales.
3. Debemos vincular la integración social con lo económico. El crecimiento nunca debe ser incompatible con la justicia y la vida digna. Somos países con desigualdades estructurales y asimetrías intra e inter Estados-parte. Integrarnos es tener una mirada común hacia la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos.
4. Necesitamos mejorar la calidad institucional dentro del Mercosur. Hay que dotarlo de mecanismos de concertación permanentes, de prevención y transformación de conflictos, jerarquizando criterios comunes en materia de política exterior.
5. El parlamento del Mercosur, PARLASUR, abre la posibilidad de ampliar la participación ciudadana dentro del mismo,a fin de introducir miradas políticas más plurales que retroalimentan y enriquecen la visión de los poderes ejecutivos de los países tomados aisladamente
6. Al parlamento le compete la elaboración de una agenda social común. Debemos aspirar a que las mayorías de nuestros pueblos sean “sujetos” y no objetos de la integración. Desde el parlamento, aspiramos a impulsar una cultura de la integración con educación, con mecanismos de participación de la sociedad civil y de las diferentes instancias locales.
7. Esto significa democratizar el Mercosur. Las decisiones políticas no las pueden tomar los ministerios de economía ni la influencia de los grupos económicos hegemónicos.
8. Debemos tomar conciencia que somos países interdependientes y que necesitamos afrontar problemas globales con soluciones regionales, incidiendo a nivel mundial frente a desafíos emergentes, tales como: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desigualdad y la exclusión, los cambios geopolíticos y geoestratégicos, los problemas de la movilidad humana y de las migraciones, las distintas formas del crimen organizado, la carrera armamentista y la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional.
9. El Mercosur debe avanzar en una estrategia de acuerdos comerciales con todos los países o regiones del mundo. Frente a los poderosos es necesario tener un Mercosur dinámico, con agilidad e institucionalidaden los procesos de tomas de decisiones y con capacidad y poder para negociar en común como bloque regional.

Compromiso con el MERCOSUR

En Argentina la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones continúa siendo una asignatura pendiente. Si bien a lo largo de las últimas décadas las mujeres hemos conquistado una serie de mejoras en la condición jurídica y legal, es evidente que persiste una importante brecha entre dicha situación y la realidad objetiva que aún nos impide alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades.

La separación y diferencial valoración de las esferas privada y pública siguen operando como matriz de desigualdad que se perpetúa en el tiempo, asignándonos a mujeres y varones roles culturalmente impuestos, permaneciendo intactas las relaciones asimétricas de poder que generan la violencia, la discriminación y la cosificación de las mujeres. El principal desafío es generar un cambio cultural que elimine los prejuicios y los mandatos impuestos que en la actualidad sostienen y reproducen el machismo, y por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres.

A pesar de las conquistas de las últimas décadas queda mucho por hacer. Desde 2008, 1.808 mujeres fueron asesinadas víctimas de la violencia de género y cada 30 horas una mujer es ultimada a manos de un familiar, pareja o expareja. A su vez, nos hemos convertido en un país de origen, de destino y tránsito para las víctimas de las redes de trata. Y los avances legislativos no han logrado cambiar dicha situación que se agrava de manera persistente.

Hoy la clandestinidad del aborto es la principal causa de la mortalidad materna. La penalización vigente no disuade a las más de 500.000 mujeres que cada año interrumpen embarazos no deseados en absoluta ilegalidad y desprotección, poniendo en riesgo su salud, su libertad, su integridad y su vida. Esta práctica las expone también a tratos crueles e inhumanos y a ser víctimas de violencia institucional. Esta punición promueve un mercado negro millonario que, además de lucrar con la vida, la salud y la autonomía de las mujeres, conspira para que todas accedan a procedimientos seguros.

El sesgo de género se hace evidente al observar las tasas de desocupación, precariedad y desigualdad de ingresos. Las mujeres están expuestas a una mayor subocupación horaria en el mercado laboral debida, principalmente, a la desigual organización del cuidado del hogar entre los miembros de la familia. Las mujeres siguen siendo minoría cuando se trata de cubrir u ocupar puestos jerárquicos.

Definimos los siguientes objetivos:

• Fortalecer al estado hasta que logre una presencia contundente en lo que hace a la eliminación de toda forma de discriminación, independientemente de su género, elección sexual, creencias, edad, etnia o ideología.
• Disminuir sustancialmente la violencia de género entendiendo que constituye una de las principales violaciones de los derechos humanos. Bajar las tasas de femicidio será nuestra prioridad.
• Consagraremos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo porque en la Argentina que queremos la salud sexual y reproductiva les pertenece.

Por eso, nos comprometemos en los primeros 100 días:

• Regularizar por Ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

  Vamos a regular y legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las normas internacionales de derechos humanos reconocen la necesidad de avanzar hacia la despenalización. De conformidad con ello ayudaremos a que mujeres y niñas puedan acceder a la atención de su salud basada en la prevención y adopción de decisiones independientes, protegiendo el derecho a la vida, a no ser discriminadas, a la integridad física y a la libre elección de su proyecto de vida personal y familiar. Esta iniciativa reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo de manera legal, segura y gratuita en los servicios del sistema de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad, sean éstos de gestión pública o privada, sin autorización judicial previa alguna. De manera complementaria, daremos cumplimiento a la implementación de los protocolos de atención de abortos legales a nivel nacional. Reglamentaremos la Ley 25.929 de Parto Respetado y monitorear la atención especializada antes, durante y después del parto.

• Declarar el Estado de Emergencia Nacional por Violencia de Género.

  Declararemos la Emergencia Nacional en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional. Haremos efectiva implementación de la Ley 26.485 de «Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales» y pondremos en marcha un equipo interdisciplinario responsable para su seguimiento y cumplimiento.

• Empleo y políticas de cuidado.

  Crearemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que contribuirá a que las familias puedan resolver el conflicto de conciliación de la vida laboral, reproductiva y familiar. Equipararemos la licencia laboral, entre varones y mujeres, por nacimiento, adopción y cuidado de niños, niñas y adolescentes, familiar enfermo o con discapacidad. Promoveremos la corresponsabilidad tanto entre el Estado y la sociedad, como entre los varones y las mujeres, de la crianza y cuidado de los miembros del hogar. Garantizaremos servicios de cuidado públicos y gratuitos, así como el acceso a Centros de Desarrollo Infantil y Lactarios, tanto en el ámbito público como privado. Impulsaremos la implementación de subsidios que faciliten la contratación de servicios de cuidado por parte de personas en actividad. Vamos a legislar sobre las responsabilidades familiares a los fines de una participación equitativa de las mujeres en el mercado de trabajo.

• Gabinete mixto.

  Aseguraremos la paridad de género en los cargos ejecutivos a fin de promover y garantizar la participación de mujeres y varones en los ámbitos de decisión, de manera igualitaria.

• Cuerpos colegiados mixtos.

  Aseguraremos la paridad y alternancia de género en la integración de las listas a cargos electivos. Promoveremos la incorporación sistemática de la perspectiva de género en todas las instituciones y en el diseño y ejecución de las políticas públicas, teniendo por objetivo la equidad de género mediante el empoderamiento de las mujeres.

• Creación del Ministerio de la Igualdad.

  Crearemos el Ministerio de la Igualdad que tendrá a su cargo el diseño, la implementación, la ejecución y el monitoreo de políticas públicas en materia de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres, empoderamiento y equidad de género y erradicación y prevención de toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres. Este ministerio será el responsable de la articulación, coordinación y supervisión de estas políticas con el resto de los organismos gubernamentales a fin de transversalizar la perspectiva de género en la formulación de todas las políticas de Estado.

• Estadísticas de género públicas y confiables.

  Garantizaremos la provisión, producción y divulgación de la información estadística a fin de elaborar, evaluar y difundir políticas públicas en esta materia. Para esto se instrumentarán mecanismos participativos con las organizaciones de la sociedad civil, universidades y las distintas áreas y niveles de gobierno.

A mediano plazo, nos comprometemos a:

• Información sobre salud sexual y derechos reproductivos al alcance de todos.

  Pondremos en marcha programas de información sobre salud sexual y derechos reproductivos dirigidos a las juventudes, en todo el territorio nacional, para el ejercicio de una sexualidad segura, sin riesgos de enfermedades ni embarazos no deseados. Crearemos la Consejería Integral en Anticoncepción y las Consejerías de pre y postaborto en todo el territorio nacional. Garantizaremos a la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y reproductiva.

  Implementaremos cabalmente la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional, tanto en establecimientos de enseñanza pública como en los de gestión privada. Y ejecutaremos políticas de salud sexual y reproductiva que promuevan la salud sexual de todas las personas en el marco de la Ley de Salud Sexual vigente.

• Protección integral a las víctimas de violencia de género.

  Fundaremos Casas Refugios para la atención integral de mujeres que han sido víctimas de violencia por razones de género en el ámbito familiar y para personas que dependan de ellas. Estas instituciones proporcionarán albergue de manera temporal como así también la manutención tanto de las mujeres como de sus hijos/as y apoyo especializado de profesionales que contengan y acompañen en la búsqueda de alternativas estables.

• Lucha sin cuartel contra la Trata de Personas.

  Desarrollaremos un plan nacional contra la trata y explotación de personas. Combatiremos integralmente este delito apuntando directamente a desarticular las redes y terminar con sus vinculaciones políticas, judiciales y policiales. Coordinaremos acciones con las autoridades competentes -según la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas- y las distintas jurisdicciones, destinadas a la prevención, protección y asistencia integral a las víctimas.

• Protección Integral a las víctimas de Trata.

  Abriremos centros para mujeres víctimas de trata de personas con fines explotación sexual y laboral, a los efectos de cumplimentar con la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus víctimas. Estos centros brindarán atención integral con equipos interdisciplinarios especializados con el objetivo de trabajar la recuperación emocional y social de las víctimas; también proveerán patrocinio jurídico gratuito.

• Ayuda económica para víctimas de violencia de género.

  Además de implementar y promover la Red Nacional de asistencia integral a mujeres víctimas, crearemos un Programa de asistencia y ayuda a la víctima de violencia de género mediante una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso. Esta ayuda será otorgada en casos de emergencia y coordinada por equipos psicosociales de profesionales.

Descargar Compromiso Género (doc)

Educación de calidad para una Argentina con igualdad de oportunidades

Es imprescindible darle a la Educación la centralidad de la agenda política, porque solamente a partir de ello podrán abordarse eficazmente otros conflictos que hoy afectan a nuestra sociedad, como la pobreza, el desempleo, la precariedad o la inseguridad.

La educación pública argentina sufre un profundo proceso de degradación a pesar de los recursos destinados. En 2005, con la Ley de Financiamiento Educativo, se establecieron los mecanismos para llegar, en 2010, a una inversión educativa equivalente al 6% del PIB. Sin embargo, a pesar de los mayores recursos, el financiamiento nunca alcanzó esta meta y la ley no se cumplió.

Los resultados de la política educativa son negativos. En las pruebas PISA, la calidad de la educación Argentina pasó del primer lugar en América Latina en el 2000 al sexto en 2012. En matemáticas, la Argentina está entre los peores siete sistemas educativos de los 65 países evaluados en el mundo, entre los peores cinco en lectura y entre los peores ocho en ciencia. El deterioro de la escuela pública se refleja en un proceso de «privatización» de la educación: Argentina detenta el segundo nivel más alto de alumnos en escuelas privadas de la región. Solo el 44% de los alumnos terminan sus cursos en el tiempo estipulado y el 25% de nuestros alumnos se encuentran por debajo del mínimo esperado en materia de aprendizaje según las pruebas PISA y ONE.

Hay que marcar la desigualdad del sistema educativo argentino, su fragmentación, y el atraso que muestran sus contenidos, afectando la adaptación que debería exhibir con relación al tiempo y el espacio, a la realidad circundante, con sus conflictos y también con sus oportunidades. Su transformación debe apuntar a resolver estas cuestiones y a la construcción de una ciudadanía responsable con vocación colectiva.

El proyecto educativo de la Argentina debe contemplar una visión federal desde la cual atender las distorsiones que hoy registra nuestra amplia geografía y que se traducen en altos niveles de desigualdad en los índices de accesibilidad, de calidad y de resultados que tienen los diferentes sistemas educativos provinciales. La educación debe ser el instrumento de emparejamiento de las condiciones que niños, jóvenes y adultos tienen a través de la garantía del estado sobre el ejercicio de derechos y abrir las mismas posibilidades de progreso.

Es necesario jerarquizar la educación, haciendo lo propio con los docentes, con su formación y con sus ingresos. En simultáneo, hay que poner en deliberación horizontal a través de diferentes mecanismos de participación social, los contenidos del sistema en sus diferentes niveles. Y de este modo vamos a garantizar resultados diferentes, optimizando esfuerzos y construyendo una visión compartida de nación, en la que la Educación está inexorablemente vinculada con el proyecto de país y el modelo de desarrollo económico, productivo, social y humano.

El gran desafío que nos planteamos es garantizar el acceso al conocimiento, al saber. Ampliar y mejorar las calificaciones y habilidades para llevar adelante un proyecto de crecimiento colectivo que redunde en oportunidades efectivas para las personas y las comunidades. Para eso, también es necesario pensar en la educación extra-áulica, y las formas más modernas de transmisión de culturas, valores y conocimiento, como son los medios de comunicación, el acceso a las nuevas tecnologías y la interacción social y familiar. El papel que hoy desempeñan las organizaciones sociales, la televisión o internet no pueden soslayarse de un proyecto educativo nacional que no puede quedar cerrada solamente a un programa de educación escolar. Y para eso, habrá que pensar en la redefinición de una democracia participativa, solidaria, con capacidad para ser parte efectiva en la transmisión de los ejemplos y saberes, poniendo a la persona y sus derechos como el eje principal de las políticas públicas.

Por eso es que nuestra agenda contempla la Educación como un compromiso fundamental en la Argentina basada en los principios de Igualdad y Decencia.

Definimos los siguientes objetivos:

• Lograr en todo el país una educación pública de calidad orientada a formar ciudadanos autónomos con posibilidades de progreso en la vida.
• Transformar en profundidad los métodos de enseñanza en la escuela secundaria incorporando el uso de las nuevas tecnologías y lograr que los chicos sean el centro y los protagonistas en el aula.
• Restablecer el vínculo entre la escuela y el conocimiento disponible, comenzando por la ciencia, la tecnología y las humanidades. Promoveremos el desarrollo del pensamiento científico, la investigación y la revalorización del conocimiento como construcción social y colectiva. Incluiremos la dimensión artística en todos los niveles y modalidades de la educación y herramientas democratizadoras para el bienestar colectivo y el mejoramiento de las condiciones de vida.
• Integrar la educación superior, propiciando una sinergia entre las instituciones terciarias y las universidades e incorporando criterios de planificación que articulen con las necesidades regionales o locales.

Y nos comprometemos a:

• Modernizar el Ministerio para transformar la educación

  Vamos a reformular el Ministerio de Educación para recuperar con la capacidad técnica necesaria para producir información válida, evaluar los logros de los alumnos y de las políticas que se llevan a cabo. La recuperación de la educación precisa una institución que genere un cambio profundo de un sistema que está agotado y hay que refundar.

• Queremos saber qué educación tenemos

  Vamos a crear una mega evaluación de los alumnos para contar con un diagnóstico profundo y veraz de la situación de la educación en la Argentina, garantizando el libre acceso de expertos a la información para que colaboren en la solución de problemas.

• Vamos a garantizar el derecho a estudiar.

  Vamos a realizar un relevamiento de la infraestructura educativa y de los docentes para garantizar el cumplimiento efectivo de los años de instrucción obligatoria. Hoy, si todos los chicos fueran a clase, no alcanzarían las escuelas ni los docentes. Sin esta información es imposible concertar con las provincias un plan que permita lograr una oferta adecuada a sus necesidades reales. También creemos en la necesidad de universalizar la educación inicial como mecanismo de promoción de la igualdad en la primera etapa del desarrollo infantil.

• Elevar la Calidad de la Formación Docente

  Dotar al Instituto Nacional de Formación Docente de la infraestructura, los recursos humanos y las tecnologías educativas más avanzadas para que los institutos de formación de todo el país constituyan a los profesores de enseñanza secundaria en los promotores del cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje. No hay revolución de la escuela secundaria sin una transformación del docente y sus métodos. Nuestra política central es capacitar a los docentes existentes en servicio, para que la capacitación asegure cambios en la práctica.

• Vamos a destinar el 6% a la educación, de cumplimiento efectivo y sin perjuicio de su elevación al 8% si se contempla el financiamiento de la educación universitaria y el presupuesto destinado a ciencia y técnica.

  El Presupuesto público destinado a la Educación es una prioridad para nuestras políticas públicas, pero la única forma que esa prioridad se haga efectiva es, ejecutar el Presupuesto a base de un PLAN.

• Vamos a cambiar la forma de enseñar para terminar con la injusticia de las escuelas para ricos y las escuelas para pobres

  Nuestro paradigma pedagógico ya tiene 150 años de antigüedad. Hoy el docente es un reproductor de conocimiento y el alumno es un pasivo receptor. Debemos ir hacia una nueva lógica del saber, donde el alumno sea protagonista y el docente su guía y orientador. Un paradigma en el que las nuevas tecnologías funcionen como mediación entre ambos. Queremos alumnos que tengan cada vez más autonomía para incorporar información y producir conocimiento. Vamos a transformar la clase en un espacio donde se “aprende a aprender”, un lugar común donde los alumnos investiguen, donde los docentes guíen, hagan presentes los conceptos faltantes, posibiliten la confrontación de diferentes perspectivas e incentiven la curiosidad de los alumnos para que descubran y transiten el camino de la producción del conocimiento.

• Vamos a construir entre todos la educación que queremos.

  Vamos a convocar desde el Poder Ejecutivo, al Congreso, las 24 jurisdicciones y los actores gremiales y académicos a la formulación de un PLAN que fije metas, plazos y financiamiento para la transformación institucional de las escuelas, la inclusión socioeducativa y la reducción de las desigualdades de recorridos y de logros de los alumnos. Constituiremos mesas de concertación y acuerdo de políticas educativas que garanticen una amplia representación política y sectorial. La experiencia muestra la necesidad de pensar políticas educativas a largo plazo que se sostengan en el tiempo.

• Vamos a repensar la doble jornada escolar, apuntando a una ampliación de calidad, con objetivos y contenidos claros y de cumplimiento efectivo.

  No se trata de prolongar más tiempo una escolarización que evidentemente no responde a las necesidades de la época. Es necesario planificar esa doble jornada para que ese tiempo sea útil para el desarrollo de capacidades cognitivas, creativas, comunicativas y artísticas, desde otra forma de la enseñanza-aprendizaje.

• Vamos a ir a buscar a los chicos que se fueron.

  Convocaremosa 100.000 consejeros juveniles o tutores para visitar los hogares de los chicos que abandonaron la escuela, acompañar y orientar su inclusión en la educación obligatoria, apoyarlos académicamente y hacer el seguimiento de su nuevo trayecto educativo para que en el 2023 se haga efectiva la universalización de la educación secundaria en nuestro país.

• Vamos a impulsar una segunda reforma universitaria.

  Vamos a consensuar una nueva Ley de Educación Superior en acuerdo con los rectores de las universidades nacionales, los representantes estudiantiles y las organizaciones de trabajadores docentes y no docentes. Buscamos asegurar la autonomía y autarquía de las instituciones de educación superior, la gratuidad de los estudios de grado, la integración del sistema entre las universidades y los institutos de educación superior así como su debido financiamiento, la elevación de la titulación de los profesores, el aumento de la proporción de profesores concursados, la eliminación de la docencia sin retribución económica, la ampliación del porcentaje de docentes con dedicación exclusiva y semiexclusiva, y el establecimiento de un servicio social universitario obligatorio de 20 días hábiles como tramo de formación obligatoria para todos los estudiantes de las universidades nacionales.

Descargar Compromiso Educación (doc)

*Sobre la base del Documento Compromisos Presidenciales de Amnistía Internacional

1 Prevenir y combatir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

a. Implementar a nivel federal el MNPT (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura); impulsar a nivel provincial la creación de mecanismos locales, respetuosos de los estándares fijados por el OP-CAT (Protocolo Convención contra la Tortura); fortalecer aquellos ya existentes.

b. Crear o fortalecer los sistemas de salvaguardas para víctimas y testigos de tortura, y así otorgar un marco de protección a quienes se atreven a denunciar estos hechos.

c. Llevar adelante investigaciones judiciales independientes, prontas y exhaustivas de los casos de violencia institucional denunciados, tal y como manda el Protocolo de Estambul y otros estándares internacionales de derechos humanos, en todo el territorio nacional.

d. Crear un sistema de registro de hechos y denuncias de tortura a nivel nacional en el ámbito del MNPT, en el que confluya la información recabada en las diversas jurisdicciones –por jueces, fiscales y defensores.

2 Continuar el compromiso por la memoria, verdad, justicia y reparación

a. Continuar con los esfuerzos por llevar ante la justicia, sin demoras innecesarias, a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, garantizando la continuidad de los juicios de lesa humanidad y todos los mecanismos de cooperación y financiamiento que sean necesarios.

b. Proteger la seguridad y la integridad física de los testigos y los acusados en esos juicios garantizando que las autoridades apliquen plenamente medidas efectivas de protección.

3 AMIA

a. Garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.

b. Garantizar que se lleve a cabo el juicio oral y público sobre el encubrimiento de la investigación del atentado a más tardar durante el segundo semestre de 2015, de acuerdo a la recomendación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo se comprometerá a la cooperación en todos los aspectos que se encuentren a su alcance y en la medida del requerimiento que a esos fines formule el Poder Judicial.

c. Derogar el Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán sobre la causa del atentado terrorista a la AMIA. Abandonaremos la estrategia de pactar con los sospechosos y con quienes violan los compromisos internacionales en cualquiera de sus variantes. Recuperaremos una política de estado de presión sobre Irán en los foros internacionales y en las relaciones bilaterales para aumentar sus costos de no cooperar con la justicia argentina y con las decisiones adoptadas por la conferencia de las partes de INTERPOL.

4 Garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión, en particular en el contexto de la protesta social

a. Garantizar el derecho a la libertad de expresión, de reunión y a la protesta social, evitando regulaciones regresivas que limiten o restrinjan de manera desproporcionada el derecho y que pretendan frustrar la expresión de las opiniones.

b. Elaborar y hacer públicas normas claras sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de la labor policial durante las manifestaciones.

c. Garantizar mecanismos efectivos para investigar de manera imparcial e independiente las denuncias realizadas por víctimas de violaciones de derechos humanos y condenar a los funcionarios responsables por el uso abusivo de la fuerza. El uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.

d. Promover la derogación de la Ley 26.734 denominada Antiterrorista y el desistimiento de las causas judiciales promovidas contra dirigentes sociales en ejercicio del derecho de protesta.

5 Asegurar el pleno respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios

a. Garantizar la suspensión de desalojos de pueblos indígenas y avanzar en el relevamiento de técnico-catastral, garantizando la participación indígena y el respeto por sus derechos y costumbres.

b. Promover una ley de propiedad comunitaria que reconozca y titule en favor de las comunidades indígenas el derecho a su territorio, en respeto a los derechos humanos y cuya elaboración debe garantizar el derecho a la consulta y participación de los Pueblos indígenas.

c. Promover una política integral de consulta y consentimiento libre, previo e informado que tenga el consenso de todas las organizaciones indígenas y que se ajuste a las normas y estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

d. Asegurar el derecho de los pueblos indígenas a manifestarse y exigir sus derechos pacíficamente sin temor a intimidación o represalias.

e. Garantizar que la inscripción de las personerías jurídicas en el caso de las comunidades indígenas sea de carácter declarativo y no constitutivo. Garantizar la libertad de organización política, social, económica, cultural y religiosa de los pueblos indígenas, así como la designación de sus propios líderes, conforme sus costumbres y cultura.

6 Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

a. Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.

b. Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia. En cada fiscalía y en cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.

c. Elaborar el Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas.

d. Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar docentes y directivos.

e. Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia.

7 Garantizar el derecho a la salud de mujeres y niñas

a. Garantizar el aborto legal, seguro y accesible en los casos de violación y cuando peligre la vida o la salud de la mujer, en todo el territorio de Argentina.

b. Garantizar el acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones que puedan derivarse de un aborto.

c. Impulsar un debate serio e informado sobre la despenalización del aborto, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

d. Trabajar en políticas públicas respetuosas de los derechos humanos para reducir los índices de mortalidad materna.

e. Proveer servicios de información, asesoramiento y educación exhaustivos en materia de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos de planificación familiar.

8 Garantizar derechos a las personas migrantes

a. Garantizar el efectivo cumplimiento y puesta en práctica de la ley 25.871 y su reglamentación en lo que respecta al acceso a derechos de las personas migrantes en el territorio nacional.

b. Asegurar el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas extranjeras residentes en Argentina, con independencia de la regularidad o no de su situación migratoria.

c. Garantizar el ingreso al país de todas las personas migrantes en igualdad de condiciones sin discriminación por su origen o nacionalidad.

d. Promover políticas de integración social y para combatir a la xenofobia.

9 Promover la justicia internacional

a. Asegurar el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales argentinos con relación a toda persona sospechosa de haber cometido un crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u homicidio extrajudicial) que sea hallada en cualquier territorio sometido a la jurisdicción del estado argentino.

b. Asegurar que ninguna medida que pueda implicar una amnistía o cualquier otra medida similar de impunidad sea adoptada con relación a las personas que han sido o son objeto de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.

c. Garantizar la ratificación e implementación de todos los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos que han sido suscriptos por la Argentina, y los mecanismos de cooperación y financiamiento necesarios para facilitar la ejecución de sus normas, en el cumplimiento de los compromisos contraídos.

d. Ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones (firmado por Argentina el 25 de julio de 2012), para incorporar los mecanismos adicionales de investigación y de comunicaciones entre Estados.

e. Presentar oportunamente los informes periódicos a los órganos de tratados. Puntualmente, los informes periódicos al Comité contra la Tortura y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se adeudan.

f. Promover un enfoque integral de derechos humanos en el proceso de negociación de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

g. Garantizar un efectivo sistema de monitoreo y rendición de cuentas de los progresos del desarrollo sostenible (ODS) en todos los países

10- Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de incidencia colectiva

a. Desarrollar políticas públicas interministeriales e internacionales tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de incidencia colectiva, teniendo como eje a los grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad. Promover, en tal sentido, políticas de concientización e información destinadas a la sociedad civil, haciendo énfasis en los tres tipos de derechos: Derechos económicos: el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso; Derechos sociales: el derecho a la seguridad social, a la salud física y mental; y Derechos culturales: el derecho a la educación y a los derechos de los grupos minoritarios.

b. Impulsar el trabajo específico en la materia junto a los sectores afectados, en particular a los sectores de escasos ingresos, las personas con capacidades diferentes, las personas mayores y las comunidades originarias.

c. Promover al interior del Estado políticas de concientización y trabajo en la materia, puntualizando en las tres obligaciones estatales respecto a los derechos económicos, sociales y culturales expresadas por la Organización de las Naciones Unidas: la Obligación de Respetar ( que exige a los Estados a abstenerse de ingerir en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales), la Obligación de Garantizar (que exige a los Estados a oponerse a toda violación de estos derechos por parte de terceros) y la Obligación de Satisfacer (que exige a los Estados a adoptar disposiciones legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para promover el pleno ejercicio de estos derechos)

d. Establecer desde el marco estatal un criterio de progresividad de las políticas desarrolladas a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para evitar la inacción de los agentes públicos, las demoras o la adopción de medidas que impliquen un retroceso en el marco de dichos derechos.

Compromisos con los derechos humanos

Entendemos la cultura como una creación colectiva, dialéctica e histórica, de los pueblos que se convierte en capacidad de producción de símbolos, representaciones, lenguajes, procedimientos, ideas, teorías, imaginarios sociales en el marco de las dimensiones que dan sentido a su mundo en tiempos y espacios que los constituyen. La cultura se convierte en una práctica personal y colectiva que transforma, da sentido a la vida y es eje y estructura de la historia.

1 Construcción estratégica de un proyecto cultural profundamente federal a través de la acción de Gobierno, la creación de leyes y sobre todo el consenso de los ciudadanos de las distintas regiones

2 Creación de un proyecto cultural nacional abierto al mundo, inclusivo, que respete las diferencias, fomente la diversidad, con perspectiva de género y fiel a la Memoria de los pueblos y a los Derechos Humanos.

3 Desplazar el concepto de cultura del mundo del espectáculo y el simulacro al protagonismo del ciudadano con sus pasiones, historias, producciones, aprendizajes, juegos, sueños, innovaciones y tradiciones.

4 Considerar a la Cultura en completa articulación de paridad con la Educación, como las usinas más poderosas de transformación y desarrollo humano, creando un sistema mucho más amplio que la llamada Educación Formal, propiciando los múltiples aprendizajes durante toda la vida y la trasmisión de saberes el gran acto de trascendencia de los pueblos en sus territorios.

5 Propulsar una cultura que se identifique con el arte de vivir, sea motor de convivencia, diálogo, vínculo social, lugar de encuentros y afectos y escuela de democracia, bienestar y reconocimiento de sus semejantes y sus diferencias.

6 Convertir a la cultura en comunión transversal con la Salud, la Educación, el Desarrollo Humano, una eficaz y permanente forma de intervención social y transformación comunitaria.

7 Reconocer la importancia de lo público y desde esa mirada, trazar un proyecto que alterne y cree nuevas propuestas, fomentos y circuitos a los insistentes consumos culturales que propone el mercado, estableciendo para las llamadas industrias culturales cadenas de valor de los emprendimientos de Base Cultural en simetría con las áreas de producción y poniendo el eje en la creación e imaginación en los distintos colectivos, sus identidades y visiones del mundo.

8 Considerar a la franja etaria desde el embarazo hasta los 25 años el eje de cualquier plan cultural, priorizando las infancias y juventudes en todos los aspectos de la educación y la cultura, abriendo espacios y haciendo eje absoluto del plan federal, en los derechos y aspiraciones de los chicos del primer cuarto de siglo.

9 Atravesar en las propuestas programáticas culturales la noción de la sustentabilidad y sostenibilidad en los hábitos humanos cotidianos y en la creación de expresiones artísticas una relación consiente con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo integral del sentido de comunidad.

OCHO PROYECTOS CULTURALES A LARGO ALCANCE

1 Crear en todo el territorio nacional, considerando las desigualdades, un Sistema de Fábricas Culturales Educativas que unan oficios, artesanías, y diseños, con fines lúdicos, educativos, para toda la familia, que capaciten en la transformación de los materiales, procesos creativos y técnicos, generando cooperativas de emprendedores y diseñadores, así como usinas de nuevas tendencias, intergeneracional, intersocial, construyendo cadenas de valor, restituyendo el valor del trabajo y ofreciendo múltiples trayectos y dispositivos solidarios que produzcan una verdadera producción a mediana escala, lejos del asistencialismo y el cuentapropismo. Promover el reconocimiento económico del aporte de trabajadores y trabajadoras de la cultura en todas sus expresiones, jerarquizando su arte y oficio en todos los ámbitos, niveles y expresiones.

2 Garantizar el acceso universal y popular a la cultura en todas sus expresiones, a través de la implementación de un programa de Bono Cultural, democratizando el acceso a ellas como bienes públicos, para promover el ejercicio de la libertad en sus opciones y preferencias y la promoción de las producciones independientes, facilitando el hábito del consumo cultural, la igualdad de oportunidades, el acceso y desarrollo.

3 Crear un Programa histórico territorial en conjunto con Gobierno, Producción y Turismo para destacar el Paisaje Cultural y Humano a través de las Rutas de las Inmigraciones, sitios de pueblos originarios y recuperación de lugares históricos, como verdaderas giras integradas, con infraestructuras y programas itinerantes .

4 Vamos a crear un Ministerio de la Cultura y la Innovación. Para llevar adelante los programas y planes específicos, entendiendo de este modo y a través de esta herramienta la creación de condiciones mejores y más equitativas para el desarrollo humano integral en todo el territorio.

5 Establecer un Proyecto de Recuperación Patrimonial, tangible e intangible, con sistemas legales, ciertos y sustentables para llevarlo adelante en todo el territorio nacional.

6 Crear un plan cultural con fines profundamente formativos para la embarazada y primera infancia, sin recurrir a jardines y a la educación formal, haciendo prevalecer el juego, la creación, lo poético y la imaginación, así como la convivencia, el bien y el bienestar.

7 Integrar los programas de estímulo y fomento en todas las disciplinas y áreas, con criterios comunes, sin homogeneizar y con una participación conjunta de los organismos autónomos dedicados a los fomentos, a la creación artística, recuperación patrimonial, innovación cultural, sostenimiento de Bibliotecas Populares, etc.

8 Crear un conjunto Federal y consistente de Programas Culturales itinerantes que se propongan crear ámbitos de convivencia, jerarquizando la situación de la mujer, denunciando la violencia, integrando a los niños y jóvenes, reivindicando en esta acción la histórica cultural del país, las fiestas populares, efemérides y otras tradiciones destinadas al encuentro y sentido de la vida, buscando fortalezas en lo colectivo.

COMPROMISO PROGRESISTA POR UNA ARGENTINA ACTIVA Y PLENAMENTE INTEGRADA AL MUNDO

La Argentina es hoy un país aislado, ignorado y sin credibilidad. “Vivir con lo nuestro” atrasa, ya no es viable. No hay posibilidad de desarrollo nacional si nos mantenemos aislados. La actuación de Cristina Kirchner en los foros internacionales afecta nuestra credibilidad. Algunos mantienen lazos diplomáticos para hacer negocios (Venezuela, China, Rusia e Irán) mientras que el resto no nos toma en serio y nos ignora. Hoy ni siquiera Brasil y Uruguay confían en nosotros.

Nuestro país precisa recuperar una política exterior activa, creíble y diversificada para superar nuestro atraso estructural, mejorar nuestra calidad institucional, desarrollar nuestras economías regionales y lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable.

El pacto con los sospechosos del peor atentado sufrido por nuestro país, que es el memorando de entendimiento con Irán, es una cachetada a la búsqueda de verdad y justicia para los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, al sentido común y envió un mensaje al mundo que el gobierno argentino abandonaba la presión sobre Irán. El supuesto avance de la causa vía la indagatoria es falso porque al violar cuestiones básicas reguladas por nuestro Código Procesal Penal no puede tener ninguna validez para la justicia argentina.

El acuerdo con China, cuya bandera ya flamea en la Patagonia, genera desconfianza en nuestros socios tecnológicos. En los últimos cuatro años se ha profundizado este aislamiento que ya repercute sobre muchas de nuestras industrias ávidas de insumos tecnológicos claves para sus procesos productivos.

Este aislamiento se potencia por una política económica que limita el acceso a insumos necesarios para nuestra cadena de valor. El manejo arbitrario de la política de cambios, la manipulación del precio de las divisas y las estadísticas atentan contra nuestras posibilidades de desarrollo.

El aislamiento internacional avanzó incluso en el campo de los derechos humanos. En el 2002, la Argentina tenía solo dos casos ante la Corte Interamericana de Justicia. Hoy, tiene 17 casos contenciosos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2002 la Argentina tenía menos de 70 casos, menos de la mitad en estado de admisibilidad. Hoy son 249 en trámite, de los cuales 204 en admisibilidad.

Rescatar al país de semejante retroceso llevará muchos años. Esto solo podrá lograrse cuando recuperemos al estado como un socio confiable e interlocutor válido frente al mundo, en base a políticas consistentes y duraderas implementadas por una estructura profesional idónea y eficaz.

Estos serán nuestros principales objetivos:

La política internacional al servicio del desarrollo diversificado. Nuestra política internacional tomará como base el interés nacional y el bien común del pueblo argentino. A partir del vínculo entre política interna y exterior, identificaremos las oportunidades del contexto internacional para superar los cuellos de botella estructurales, mejorar nuestra calidad institucional, desarrollar las economías regionales y contribuir al crecimiento económico sostenido y sustentable. La Argentina volverá a ser una nación creíble y confiable en el mundo a partir de una política internacional estable en el tiempo, que no se modifique con cada gobierno ni sea utilizada para rédito partidario alguno.

Paz, seguridad internacional y respeto a los derechos humanos serán nuestras banderas soberanas. Colocaremos a la Argentina entre las naciones comprometidas con la paz y la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo internacional, con la defensa de los derechos humanos y la promoción del multilateralismo en todas sus dimensiones. La identidad nacional, la soberanía, los intereses de la Nación y la vocación emancipadora del pueblo se manifestarán en nuestra estrategia de inserción en el resto del mundo y la forma en que se establecen vínculos bilaterales y multilaterales, su adhesión a los convenios y tratados de derechos humanos y su implementación de los mismos hacia el interior de nuestras fronteras.

Buscaremos aliados con intereses comunes para ganar fuerza y autonomía. Diversificaremos nuestra política para no depender de unos pocos aliados e incrementar nuestra autonomía frente a las grandes potencias. Nos reuniremos con quienes tienen necesidades e intereses comunes a fin de aumentar el peso de nuestra capacidad de decisión nacional en un mundo cada vez más asimétrico.
Revitalizaremos al Mercosur. Priorizaremos al Mercosur y sus estados asociados, con acuerdos institucionales, económicos, financieros, comerciales y para el desarrollo de infraestructura con alcance regional, así como también en los planos científico, tecnológico, educativo, cultural y político. Mostraremos al mundo un espacio integrado no sólo por una retórica, sino por sus vínculos comerciales y económicos y por sus consensos políticos fijando objetivos y estrategias comunes.

Tomaremos lo mejor del proceso de globalización sin claudicaciones. Aprovecharemos las oportunidades de la globalización a la vez que prevendremos sus riesgos derivados de un sistema financiero mundial especulador desvinculado de la producción, con volatilidad y crisis recurrentes. Lucharemos contra las políticas de subordinación del país a la especulación internacional y no depositaremos nuestro futuro en manos ajenas. A su vez, aprovecharemos las ventajas para mejorar nuestra capacidad productiva, facilitar el comercio internacional de bienes y servicios y promover las inversiones hacia nuestro país. Aprovecharemos los instrumentos nacionales e internacionales que existen para que nuestras pequeñas y medianas empresas abran al mundo y expandan sus negocios.

Asegurar la defensa de nuestros recursos, nuestra soberanía y los derechos humanos. A partir de una doctrina militar defensiva, definiremos una política de estado sobre el rol de las Fuerzas Armadas fijando sus misiones, presupuestos y organización. Trabajaremos para evitar la reproducción de la situación actual, caracterizada por la existencia de un vasto territorio desprotegido en un mundo donde aumentan las presiones sobre alimentos, agua dulce y espacios marítimos, petróleo y gas.

En los primeros 100 días de nuestro gobierno nos comprometemos a:

• Convocar a los candidatos presidenciales y a las principales fuerzas políticas del país para acordar una política de estado en materia internacional y hacer conocer al mundo que existe una Argentina con instituciones confiables y seguridad jurídica.
• Derogar el Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán sobre la causa del atentado terrorista a la AMIA y plantear la cuestión AMIA como un acto de agresión del estado iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en consonancia con la Resolución 3314 de 1974 de la Asamblea General. Abandonaremos la estrategia de pactar con los sospechosos y con quienes violan los compromisos internacionales en cualquiera de sus variantes. Recuperaremos una política de estado de presión sobre Irán en los foros internacionales y en las relaciones bilaterales para aumentar sus costos de no cooperar con la justicia argentina y con las decisiones adoptadas por la conferencia de las partes de INTERPOL.
• Prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Se modificarán distintas normas del Código Penal y de la Ley 25.246, destinada a prevenir y reprimir el lavado de dinero. El objetivo es tipificar el delito de financiamiento de las actividades terroristas y adecuar la normativa interna, de acuerdo a lo exigido por los organismos internacionales como la ONU, la OEA y el grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur, ampliando el marco de desenvolvimiento y facultades de las Unidades de Información Financiera.
• Revisar la ejecución de los acuerdos con la República Popular China para dar mayor participación a empresas argentinas con capacidad técnica en la realización de centrales nucleares y represas. Junto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, diseñaremos un programa para garantizar el total acceso y la investigación conjunta en la estación espacial en la provincia de Neuquén. En caso de rechazo de esta propuesta, denunciaremos el acuerdo.
• Devolver al Congreso de la Nación su rol sobre el pago de la deuda interior y exterior de Nación, garantizando una política de deuda pública soberana, responsable y compatible con las posibilidades de desarrollo nacional.
• Mostrar un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Para ello impulsaremos una política activa a nivel presidencial en los foros internacionales en materia de transparencia. Comunicaremos al mundo la derogación de la ley de blanqueo, la suspensión del secreto fiscal para quienes hayan participado de estas acciones y haremos que la Unidad de Información Financiera deje de ser una tapadera para los socios corruptos del gobierno de turno.
• Aumentar la participación nacional en los organismos de monitoreo e investigación de las cuestiones de derechos humanos. En particular, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos casos deberán ser atendidos y asumidos por los funcionarios especializados del Servicio Exterior de la Nación en todos sus aspectos, y los informes periódicos al Comité contra la Tortura y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se adeudan.
• Reconstruir una diplomacia profesional y moderna que sepa interactuar no solo a nivel intergubernamental sino también con los diferentes sectores de la sociedad. Reduciremos al mínimo los nombramientos de embajadores políticos en el exterior y se eliminarán los nombramientos en el país de los contratos a los cuales les dan el rango de diplomáticos y posiciones en la estructura de la Cancillería. Reforzaremos las capacidades del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, como única forma de acceso al plantel profesional diplomático de la Cancillería, aumentando las exigencias de ingreso y adecuando la calidad del curso de formación.

A mediano plazo, nos comprometemos a:

• Mantener la defensa pacífica de nuestra soberanía territorial para la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y por la preservación de los espacios marítimos y antárticos en forma consistente con el aún pendiente desarrollo económico integrado y sustentable de la región patagónica y de su plataforma continental. Iniciaremos las acciones diplomáticas para el tratamiento de la cuestión Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y profundizaremos una diplomacia pacífica, sostenida y de largo plazo para alcanzar su recuperación definitiva.
• Garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares del atentado a la AMIA. Garantizar que se lleve a cabo el juicio oral y público sobre el encubrimiento de la investigación del atentado a más tardar durante el segundo semestre de 2015, de acuerdo a la recomendación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo se comprometerá a la cooperación en todos los aspectos que se encuentren a su alcance y en la medida del requerimiento que a esos fines formule el Poder Judicial.
• Convocar a nuestros socios a refundar la unidad sudamericana mediante un Acuerdo Político y Social del Mercosur. Las decisiones fundamentales del bloque serán tomadas conjuntamente. Propondremos la creación de una instancia superior al Consejo del Mercado Común, integrada por presidentes y cancilleres, para dar orientación política común a la integración, fijando las grandes estrategias en los ámbitos más relevantes, y de toma de decisión al más alto nivel para la resolución de los conflictos internacionales y subregionales. Propondremos acuerdos culturales, educativos, tecnológicos y científicos. Reafirmamos nuestro compromiso con la Unión Sudamericana de Naciones y con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
• Impulsar un plan estratégico conjunto con Brasil. Avanzaremos en una agenda política y productiva con nuestro principal socio. Garantizaremos una relación simétrica y de no complementariedad para evitar que se afiance un vínculo “centro-periferia”, en el que un país concentre las actividades industriales y el otro abastezca materias primas. El mismo criterio emplearemos con los restantes países limítrofes.
• Llevar adelante una estrategia de cooperación Sur-Sur con países con intereses y necesidades comunes para fortalecer el multilateralismo frente a las pretensiones de las grandes potencias y para promocionar la defensa de la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos. Promoveremos un acuerdo entre el Banco del Sur, la Corporación Andina de Fomento y el Nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS para fortalecer una red de seguridad financiera entre los países en vías desarrollo y apoyar las iniciativas para una nueva arquitectura financiera internacional. A la vez, en el contexto de una política exterior diversificada, las relaciones con los países de la OCDE y con sus instituciones serán analizadas en función de los marcos de alianzas políticas y de acuerdos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos que resulten útiles a nuestra estructura productiva.
• Convocar un amplio debate parlamentario, abierto a la participación de sectores políticos y sociales, para definir las nuevas misiones de unas Fuerzas Armadas consustanciadas con el respeto de los derechos humanos y sin intervención en tareas de seguridad interior. Revisaremos las actividades de espionaje militar de la última década. Facilitaremos el camino para el desarrollo de unas Fuerzas Armadas sin grandes estructuras y con capacidad disuasiva. Nos comprometemos a que cualquier participación de nuestras Fuerzas Armadas dependa de las aprobaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los mecanismos de consulta con nuestros socios del Mercosur y sus estados asociados.
• Asegurar el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales argentinos con relación a toda persona sospechosa de haber cometido un crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u homicidio extrajudicial) que sea hallada en cualquier territorio sometido a la jurisdicción del estado argentino. Garantizar la ratificación e implementación de todos los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos que han sido suscriptos por la Argentina, y los mecanismos de cooperación y financiamiento necesarios para facilitar la ejecución de sus normas, en el cumplimiento de los compromisos contraídos. Promover un enfoque integral de derechos humanos en el proceso de negociación de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable y garantizar un efectivo sistema de monitoreo y rendición de cuentas de los progresos realizados.

Compromiso Política Internacional

Hay una deuda social importante con la mayoría de los jubilados quienes perciben haberes que no guardan relación con sus necesidades. El actual sistema es inequitativo, complejizado por una sucesión de reformas parciales, atrasado y poco transparente.

A raíz de haberse congelado las jubilaciones por varios años y los errores que voluntariamente se incurren en el cálculo de la liquidación de la jubilación inicial, el ANSES enfrenta miles de demandas y no satisface en tiempo y forma las sentencias en firme.Esta dinámica acarrea nuevas distorsiones y atrasos que originan constantes reclamos administrativos y judiciales de los beneficiarios.

El Régimen Previsional, que se fue modificando en el tiempo, presenta más de 900 normas que modifican, complementan, reglamentan e interpretan, tanto el Régimen Previsional como las demás ramas de la Protección Social, lo que implica un laberinto legislativo a replantear en su conjunto.

Los regímenes vigentes mantienen diseños que no se han adaptado a la situación del mercado de trabajo, a los cambios en la sociedad y menos aún a la composición demográfica del universo. El alto porcentaje de trabajo no registrado representa un fuerte escollo en la búsqueda de sustentabilidad del sistema tanto en lo que hace a la recaudación como que proyecta siempre un incremento de los beneficiarios a los que habrá de garantizarles un ingreso jubilatoria mínimos a través de moratorias especiales o sistemas no contributivos.

La gestión de los recursos a cargo de ANSES no está orientada hacia los afiliados y beneficiarios, ni a buscar mejorar las condiciones de sustentabilidad sino se ha convertido en un instrumento directo de las políticas del gobierno. No existen mecanismos de participación de los propios beneficiarios para propender al mejoramiento de los servicios, con la mayor transparencia. La administración de las reservas del Fondo de Garantía de Sustentabilidadcomo del flujo de fondos se realiza con base en registraciones que entremezclan diferentes fuentes sin identificarlas claramente.

Nos comprometemos a:

• Desarrollar un sistema de seguridad social universal, con alta justicia distributiva, equilibrado y con sostenibilidad en el largo plazo.
• Lograr una reforma a partir de un proceso amplio de búsqueda de consenso. Sus características tienen que comprender los siguientes elementos comunes: la aceptabilidad social;la viabilidad financiera;la factibilidad política; la conciliación con las realidades económicas y del mercado laboral;la gestión y la administración participativa y respetuosa del titular del derecho.
• Fortalecer el régimen público, solidario y obligatorio, coordinando acciones de carácter contributivo con asistenciales con miras a la cobertura universal. Nuestro objetivo es asegurar a todos los mayores de 65 años una jubilación digna, que tome al 82% como referencia.
• Una administración transparente, eficiente e inclusiva de los recursos por parte del ANSES.
• Desarrollar una política que incentiven la pertenencia al sistema junto con el contralor y sanciones a evasores.

Durante los primeros 100 días de gestión nos comprometemos a:

• Bajar el nivel de litigiosidad, en primer lugar liquidando correctamente las nuevas jubilaciones y planteando un plan de pago de todas las sentencias.
• El 82 % del salario de referencia será el criterio para conseguir la redistribución que requiere un régimen de prestaciones solidario; creciente para los beneficiarios de menores ingresos.
• Reponer la contribución patronal que se fueron eliminando en los últimos años. Será al nivel previsto en la reforma de 1993/94 del 16%, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de empresa y no utilizar la rebaja de los aportes patronales como medidas de incentivo fiscal.
• Eliminar la detracción en la coparticipación federal del 15% a las Provincias debido a que fueran superados los motivos que dieron origen a esta medida.
• Dotar de autonomía al órgano responsable de administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con una composición para su dirección donde estén representados los intereses de los beneficiarios y de los sectores responsables de la economía nacional.
• Revisar las normas que organizan la estructura y funcionamiento de ANSES con el fin de lograr que las definiciones referidas a su gerenciamiento contengan los intereses de afiliados y beneficiarios y a la vez respondan a las políticas nacionales.
• Incrementar la transparencia en la registración de las operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, separándolos adecuadamente, conforme el destino previsto para los fondos.
• Controlar rigurosamente la necesaria transferencia de los impuestos afectados al sistema por parte de los organismos competentes.
• La totalización y cómputo recíproco de todos los servicios prestados en regímenes nacionales, provinciales y municipales, modernizando los regímenes vigentes es de suma urgencia.

A mediano plazo nos comprometemos a una reforma integral del sistema de previsión social:

• Propondremos un esquema de prestaciones de dos escalones: una prestación ciudadana universal para todos los ciudadanos que alcancen la edad de jubilación con financiamiento del Tesoro y otra que se otorgue con la lógica del sistema de reparto y con pagos proporcionales según la cantidad de aportes hechos.El desarrollo de componentes asistenciales integrados al sistema contributivo será indispensable para concretar la inclusión de quienes tienen muy poca o nula “entrada en la formalidad” y por lo tanto baja cantidad de servicios acumulados. El asalariado estable, el trabajador pobre, el precario, el intermitente, el asalariado a tiempo parcial y el desocupado, son particularidades del contemporáneo mercado laboral que incluso pueden ocurrirle a un individuo en el transcurso de su historia vivida.
• Por ello se deberá procurar una protección que asentada en un instrumento o coordinación de instrumentos aloje las mencionadas particulares ofreciendo una cobertura adecuada a esa complejidad. El sistema se orientará hacia diseños de mayor adaptabilidad a las características del mercado de trabajo vigente –sumamente dinámico- ofreciendo alternativas para completar las exigencias del mismo. La apertura de alternativas garantizará el acceso a programas que tengan como meta completar los años de servicio que deben computarse para obtener el derecho a prestaciones plenas del régimen contributivo, sean desde el otorgamiento de facilidades de pago hasta subsidios para satisfacer períodos especiales.
• Reformaremos la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hacia criterios de transparencia, publicidad, demostrando en forma permanente el cumplimiento de los objetivos de adecuado rendimiento, fines sociales e impacto positivo en la economía.
• La definición de una administración participativa se concretará a través de cambios profundos en la estructura de los organismos de gestión que como mínimo tienen que definir sus estrategias, su planificación y definiciones sobre el uso de recursos humanos, informáticos y financieros con un cuerpo donde estén representados todos los interesados.
• Una adecuación de la cantidad de años que se consideran para determinar el salario de referencia a las características del mercado de trabajo considerando que los últimos 10 años no son, en número creciente debido a las transformaciones de las modalidades contemporáneas del trabajo, los de mejores ingresos. Se deberá considerar en forma progresiva la totalidad de la carrera porque de esta manera se captará la flexibilidad y transitoriedad de la actual situación de la ocupación.
• Se revisarán las normas sobre movilidad, condicionándolas a la debida función de la prestación y al adecuado equilibrio y no a eventuales ingresos al sistema, con el objeto que mantengan el poder adquisitivo de las prestaciones y que permitan lograr la participación de los beneficiarios en el crecimiento de la economía.

COMPROMISO PROGRESISTA CON LOS JUBILADOS

La Argentina se encuentra nuevamente en una fase recesiva, alta inflación, desequilibrios macroeconómicos acumulados en lugar de ser corregidos y exacerbados por la política económica. El gobierno ataca la coyuntura y no resuelve los problemas de fondo.

El gobierno decidió fallidas intervenciones al sector agropecuario. Se produjo una caída significativa del stock ganadero y diversas trabas discrecionales a las exportaciones de determinados productos, como el trigo, que terminaron reduciendo las cosechas.

Los Progresistas impulsamos un nuevo modelo de desarrollo sustentable, inserto en un contexto internacional que brinda oportunidades únicas a nuestro país para recuperar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, con cuidado del medio ambiente y cuyos beneficios sean solidariamente distribuidos para mayor bienestar e igualdad.

Consideramos a los hombres y mujeres del campo no solo como sujetos de un entramado productivo, sino fundamentalmente como sujetos de la ruralidad concebida en su dimensión social y cultural, por ello promovemos la mejora integral de su calidad de vida, facilitando su arraigo, con servicios públicos de calidad equiparables a las zonas urbanas: acceso a servicios educativos y sanitarios, red vial transitable, energía eléctrica y acceso a internet suficientes, espacios de promoción cultural y social, reivindicando su aporte a la diversidad cultural que caracteriza nuestra identidad nacional.

La nueva matriz productiva se logrará a partir de un cambio estructural para liberar y reortientar los recursos hacia los sectores más dinámicos, con mayor innovación y potencial de productividad, para diversificar nuestra producción, generar mayor valor agregado y reposicionar a la Argentina en el mundo. La productividad está en el centro del desafío de la modernización de nuestra economía y de la salida del subdesarrollo.

Propondremos una nueva relación entre el estado y el mercado, basada en la institucionalidad, con las reglas de juego claras y estables propias de la república y la democracia, con un programa económico previsible apostando a la inversión innovadora y productiva. Concebimos una relación transparente y de cooperación entre el estado y el mercado, sin intervenciones arbitrarias ni capitalismo de amigo y de especuladores.

Particularmente promoveremos un fuerte desarrollo de las economías regionales, con mejoras en la distribución geográfica del ingreso, respetando las características medioambientales y teniendo en cuenta la problemática socio-laboral y cultural de cada territorio.

Definimos los siguientes objetivos:

• Superar las falsas antinomias campo/industria, mercado externo/interno. Para ello tomaremos a la cadena de valor global como unidad productiva, estimulando la interconexión entre los sectores productivos.
• Mayor innovación, modernización tecnológica y potencial de productividad son los ejes para diversificar nuestra producción, generar mayor valor agregado, mayores oportunidades de empleo y reposicionar a la Argentina en el mundo. La productividad estará en el centro del desafío de la modernización de nuestra economía.
• Densificación del aparato productivo permitirá revertir el proceso de primarización de la matriz productiva y de nuestras exportaciones. Priorizaremos políticas de desarrollo, locales, provinciales, regionales y nacionales, que surjan de un diálogo federal con actores públicos y privados.
• Impulso de las Economías Regionales por un proceso integral de industrialización agropecuaria, estimulando la incorporación de valor agregado, y priorizando la industrialización cerca de las regiones de economía primarizada. Aumento de escala en las cadenas globales de valor, pasando de la exportación de commodities agrícolas a una agricultura de alimentos y de biomasa.
• El modelo productivo con mayor competitividad que impulsaremos requerirá reducir los costos de transporte. Impulsaremos una modernización de la infraestructura para el transporte recuperando la capacidad de planificación del estado, y ejecución de obras con programas plurianuales de inversión. Una mejor en la logística de rutas, puertos, ríos y ferrocarriles permitirá una mayor cohesión territorial y brindará más oportunidades a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, promoviendo un desarrollo geográfico más homogéneo.
• Protección de los derechos de los trabajadores rurales y del medio ambiente.

Por eso, nos comprometemos en los primeros 100 días:

• Implementación de un Consejo Federal Agropecuario para las políticas agropecuaria de mediano y largo plazo, integrado por el Poder Ejecutivo Nacional, los poderes ejecutivos provinciales, las entidades del campo y los trabajadores rurales.
• Revisión de las retenciones a los productos regionales, industriales y a los bienes culturales y tecnológicos (en el marco del sistema impositivo general), en particular las retenciones relacionadas con economías regionales (carne, leche, frutas y verduras) y se reducirán sin dilaciones, incluso en el caso de cereales (trigo y maíz), cuidando de mantener el precio doméstico acorde con el poder adquisitivo de la población.
• Revisión del impuesto a la ganancia mínima presunta atendiendo a moderar la carga potencial sobre las unidades de menor escala; amortización acelerada de inversiones en pasturas, aguadas, equipos, genética, sanidad y asesoramiento técnico especializado; exención del aumento neto del stock de vientres por escala y tiempo limitado, aplicable también a los efectos de la determinación del impuesto a la ganancia mínima presunta y bienes personales.
• Incentivos tributarios en el impuesto al valor agregado: reducción paulatina de las tasas vigentes.
• Eliminación del sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones.
• Derogación de la Ley de Abastecimiento.
• Creación de fondos de capital de riesgo con participación público-privada para incentivar el desarrollo de ideas con alto potencial de crecimiento e inserción competitiva en la economía real a escala regional e internacional.

A mediano plazo, nos comprometemos a:

• Promoción de la innovación y el asociativismo entre empresas, entre empresas con centros de I+D, y entre empresas, gobiernos y centros de I+D, parques y polos científicos tecnológicos y centros de innovación en los parques industriales.
• Promoveremos la creación de empresas de base tecnológicas en áreas prioritarias a nivel regional.
• Jerarquización de los Complejos Agroindustriales con capacidad de insertarse en las etapas más rentables de la cadena de valor, tanto en la producción de alimentos como de producción nacional en genética, insumos y equipamiento.
• Fortalecimiento institucional y presupuestario, reestructuración funcional y operativa de los organismos que intervienen en la problemática: INTA, INTI, SENASA, ONCCA, Instituto Nacional de Semillas.
• Acceso al crédito en condiciones adecuadas para el desarrollo de las Pymes del sector. La transformación del crédito tendrá en cuenta: líneas de crédito orientado y supervisado; cláusulas de reembolso en valor producto y tasas de interés que reconozcan bonificaciones por historial de cumplimiento; fijación de topes máximos de créditos (adecuados a los distintos tipos de unidades productivas) garantizando así mayor disponibilidad para las unidades pequeñas y medianas; privilegiar las formas asociativas como medio de impulsar economías de escala y disminución de riesgos; promoción de sistemas de garantías recíprocas.
• Promoción con políticas activas a las cooperativas y otras organizaciones de la economía social, convencidos de que es necesario construir un fuerte sector económico basado en los principios de la solidaridad, la democracia y la cooperación. El sector cooperativo y mutual debe ser un motor de desarrollo en la inversión que necesita el crecimiento de cada región. Transformar su rol de mero prestador de servicios. El estado debe promover la formación y funcionamiento de cooperativas y mutuales en el sistema financiero popular.
• Propiciar la modificación de la legislación sobre arrendamientos rurales, buscando limitar los contratos por cosecha, que perjudican al pequeño y mediano productor, favorecen la concentración, el ingreso de capitales especulativos y prácticas medioambientales perjudiciales.
• Mejoraremos las condiciones del trabajo rural restableciendo la plena vigencia del régimen legal del trabajador agrario, controlar los niveles de salud y seguridad en el ejercicio de las tareas agropecuarias.
• Avanzar en un marco legal regulatorio que contemple franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para la prevención de contaminación en el uso y abuso de la utilización de plaguicida, agroquímicos y sustancias toxicas en general con impactos en el medio ambiente y la salud pública.
• Efectiva diversificación de la matriz energética nacional aumentando la participación de las energías alternativas y renovables, y potenciando el desarrollo de empresas nacionales. Incremento de la producción de Biodiesel, Bioetanol, Energía Eólica, Energía Solar, Biomasa o Hidroelectricidad de baja potencia. No sólo es por sí mismo importante la producción de energía, sino también la cadena de valor que puede generarse alrededor de cada tipo de energía.
• Promoveremos la construcción de una red federal que amplíe las redes viales que en algunos casos, cuenta con más de siete décadas, integrándolas a las demás modalidades de transporte. Ampliación y mejoramiento de la infraestructura logística necesaria para canalizar los requerimientos de la producción y el comercio interior y exterior adecuado a los destinos internos y externos. En particular, impulsaremos el desarrollo de un programa federal que impulse la mejora progresiva de la red de carreteras troncales pavimentadas y de interconectividad de carreteras provinciales, priorizando la pavimentación de accesos a pueblos y localizaciones productivas; una mejora y ampliación de la infraestructura ferroviaria en vías troncales, con la incorporación de material tractivo y remolcado; una utilización más amplia del transporte por agua, con sus necesidades de vías navegables con calado suficiente, que prevea además acceso a puertos, así como habilitación de nuevos puertos, alguno de aguas profundas que posibilite agilizar el comercio exterior creciente en granos y derivados y de contenedores en importación; el desarrollo de las obras de accesos ferroviarios y viales a puertos y de aquellas que permitan la permanencia de la navegabilidad, particularmente la Hidrovía del Paraná-Paraguay, así como de los cursos de agua interiores.

1 Una producción moderna, innovadora y competitiva

A. Eje general
B. Medidas específicas para el sector agropecuario
A corto plazo
A mediano plazo

2 Transporte

A. Eje general
B. Medidas específicas para el sector agropecuario

Priorización de la pavimentación de accesos a pueblos y localizaciones productivas, en aquellas trazas que conectan las ciudades principales y/o aquellas que están vinculadas a la producción, en los casos que se justifique, previa evaluación, se analizará la construcción de autopistas.

Mejora y ampliación de la infraestructura ferroviaria en vías troncales, incorporación de material tractivo y remolcado, perfeccionando los sistemas de gestión y control del servicio, atendiendo a los nuevos flujos de carga, generados a partir de la estructura productiva doméstica y de exportación proyectada y en corredores interurbanos con demanda suficiente para el transporte de pasajeros.

Desarrollo de políticas en materia de transporte automotor de pasajeros y cargas a nivel nacional o interprovincial. Reorganización de aspectos institucionales, regulatorios y de oferta de servicios, con aplicación de tarifas, cuando correspondan, que permitan recompensar costos operativos. Se recurrirá a subsidios a la demanda cuando la situación así lo determine.

Impulso a una utilización más amplia del transporte por agua, con sus necesidades de vías navegables con calado suficiente, que prevea además acceso a puertos, así como habilitación de nuevos puertos, alguno de aguas profundas que posibilite agilizar el comercio exterior creciente en granos y derivados y de contenedores en importación.

Desarrollo de las obras de accesos ferroviarios y viales a puertos y de aquellas que permitan la permanencia de la navegabilidad, particularmente la Hidrovía del Paraná-Paraguay, así como de los cursos de agua interiores, no solo por la gran diferencia de costos (transporte ferroviario y por camión), sino también por la gran reducción de daños ambientales.

3 Medidas de otras áreas vinculadas al sector agropecuario

A. Medio ambiente
Promover una producción más limpia a través de la gestión ambiental de las empresas con el fin reducir la generación de residuos y contaminación a partir de una utilización más eficiente de las materias primas, el agua y la energía. Asimismo, resulta fundamental desarrollar acciones que atiendan la demanda de un consumo responsable.

B. Innovación tecnológica y científica para el desarrollo
C. Energía
D. Trabajo

COMPROMISO PROGRESISTA CON EL CAMPO

¿Por qué?:
Porque la Universidad pública garantiza el progreso social, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia.

Diagnóstico:

El sistema universitario argentino cuenta con 62 universidades de gestión pública y 64 instituciones de gestión privada.

La característica principal del sistema está dada por su heterogeneidad respecto del tamaño de las instituciones y la concentración de la matrícula en los grandes centros urbanos y en las disciplinas de las ciencias sociales y humanas.

En nuestro país la concentración de la matrícula universitaria es un reflejo de la concentración poblacional. En 12 universidades públicas se encuentra el 72% de los estudiantes del sistema.
Si además discriminamos las disciplinas donde existe mayor cantidad de estudiantes, las carreras que se agrupan en las áreas de ciencias sociales y ciencias humanas representan el 58 % mientras que las carreras de ciencias aplicadas representan el 24% de la población estudiantil, el 3 % las carreras de ciencias básicas, el 13 % las carreras de salud y el porcentaje restante pertenecen a carreras que pueden ser categorizadas en más de una disciplina.

Estos datos demuestran que la falta de planificación política respecto de la creación de nuevas universidades y de los incentivos para la elección de la oferta académica necesaria para satisfacer las áreas de vacancia del conocimiento básico y aplicado no han permitido el crecimiento en el número de profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo de nuestras ventajas comparativas en términos productivos.

La matrícula universitaria asciende a 1.830.737 de acuerdo a los datos del año 2013. Se registra un crecimiento en los últimos 10 años del 23%. Sin embargo, la cantidad de instituciones universitarias se incrementaron en los últimos 10 años en un 32%. Una vez más las cifras sólo indican un crecimiento que si bien permite asegurar el incremento del acceso a la Educación Superior, poco tiene que ver con resultados reales en términos de permanencia y egreso del sistema. Así la tasa de graduación universitaria es del orden del 27 %, mientras que en promedio la duración real de una carrera universitaria excede en 2 años la duración teórica de las mismas.

El sistema cuenta con aproximadamente 160.000 docentes universitarios, de los cuales el 67% son de dedicación simple; lo que hace imposible, que dichos docentes puedan especializarse, llevar a cabo actividades de investigación y extensión, así como tampoco existen políticas que incentiven su formación de posgrado.

El presupuesto destinado a las universidades creció, en valores corrientes, entre los años 2006 y 2012 más de un 400%, sin embargo en promedio el 90% de estos recursos se destinaron al pago de salarios, sin que se garantizase el funcionamiento de las instituciones ni su desarrollo. Cabe destacar que además la distribución discrecional de dichos fondos así como de los programas especiales, ha funcionado como un mecanismo de financiación alterno para distintos sectores políticos, generando un sistema de clientelismo institucional de carácter disciplinador que no solo vulnera la autonomía universitaria sino que ha permitido el crecimiento desigual e inequitativo en términos presupuestarios de las instituciones.

Objetivos:

• Ratificar el compromiso con las bases reformista de la universidad pública argentina (autonomía – cogobierno – extensión y vinculación con la comunidad –concursos docentes).
• Garantizar la igualdaden el ingreso, la permanencia y el egreso.
• Planificar la expansión de la educación superior y de la oferta académica acorde con el desarrollo económico y social de cada región.
• Garantizar el rol de la universidad pública en la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo tecnológico orientado a la resolución de las problemáticas sociales y para el desarrollo económico.
• Garantizar la transparencia en la gestión de las instituciones universitarias.

Propuestas:

• Derogación de la LES y sanción de una nueva Ley de Educación Superior, producto del consenso y diálogo con todos los actores del sistema.
• Aumento de la participación de la Educación en el PBI:y revisión de las pautas de asignación presupuestaria así como también el establecimiento de criterios transparentes y competitivos para la asignación de fondos con destinos específicos con el fin de garantizar la recomposición del equilibrio presupuestario estableciendo la relación ideal salarios- gastosde funcionamiento en un 85-15 del presupuesto y disponer de un fondo específico para obras de infraestructura garantizando la equidad en su distribución.
• Implementación de un Programa de Educación a Distancia nacional que promueva,y evalué propuestas educativas sustentadas en las TIC tanto en la modalidad a distanciacomo blended learning con el objetivo de acercar la educación superior y la capacitación continuaa un número mayor de jóvenes y adultos sustentada en el principio de calidad e innovación.
• Programa de ingreso, permanencia y egreso con calidad a la educación superior pública argentinamejorando el desempeño académico de nuestros estudiantes, fortaleciendo las acciones de ingreso,permanencia y egreso y promoviendo el seguimiento de nuestros graduados.
• Programa Integral de Bienestar Universitario: sistema de becas que cubran las necesidades de los estudiantes que permita potenciar sus posibilidades en el acceso, permanencia y egreso de los estudios superiores, material didáctico, ayuda económica, alimentación y transporte; tutorías para estudiantes dentro del sistema educativo superior; seguimiento institucional de los niveles de permanencia y deserción en el transcurso de cada carrera.
• Calidad educativa: recuperar la calidad de las actividades universitarias en términos de la enseñanza contemplando las dedicaciones docentes a la investigación y la extensión, la interdisciplinariedad curricular, la formación de profesionales, docentes e investigadores de alta cualificación a través del posgrado, el fortalecimiento de la formación ciudadana, la incorporación de las prácticas y saberes determinantes para el desarrollo profesional y el establecimiento de líneas de financiamiento específicas como política de incentivos a la mejora continua en la calidad y pertinencia de las actividades centrales universitarias: formación académica y generación y transferencia del conocimiento.
• Creaciónde nuevas instituciones universitarias: respondiendo a una planificación de expansión territorial y a una definición de la oferta académica orientada al desarrollo socioeconómico regional, y no a un sistema de prebendas políticas.
• Articulación con los distintos niveles de la educación en particular con la educación secundaria, de manera tal que se genere una sinergia entre ambos sistemas, respecto de competencias y saberes necesarios para el trayecto universitario.
• Formación docente: establecimiento de programas de formación de recursos humanos que contemplen la capacitación académica de los docentes en el más alto nivel de excelencia; la conformación de una masa crítica de profesores de tiempo exclusivo que puedan atender las cuestiones centrales vinculadas a la investigación, la actualización y la coordinación del currículo; la disposición de infraestructura apropiada para las principales actividades de la organización y la promoción de un ambiente académico en el cual se recompense y se valoren el esfuerzo y el compromiso de los docentes en su labor.
• Ciencia y Técnica:las mejoras cuantitativas implementadas en la última década son solo condiciones necesarias pero no suficientes para logar un incremento en la competitividad y el nivel de intensidad tecnológica de los bienes y servicios producidos en el país, por ello se deben orientar las nuevas políticas a la mejora de aspectos cualitativos con el fin de lograr una mayor articulación entre las capacidades científicas y el sector productivo para alcanzar un patrón de desarrollo sustentable y equitativo. Entre estos aspectos cualitativos se deben establecerse líneas prioritarias en torno apolíticas de incentivo al desarrollo de proyectos de investigación aplicada multidisciplinarios, promoción de proyectos de investigación orientados a la resolución de problemáticas regionales vinculadas al desarrollo, generación de espacios de articulación entre el sector público y privado para el desarrollo de proyectosde I+D en áreas de vacancia o líneas prioritarias, establecimiento de políticas de formación de recursos humanos científicos de manera articulada conlas Universidades y el conjunto del sistema científico tecnológico nacional y la articulación entre los distintos organismos de los fondos destinados a la investigación demanera tal que esa multiplicidad de recursos acompañen una política de desarrollo del sector.
• Extensión Universitaria:profundizar la relación universidad, empresa, sociedad civil y estado mediante el fortalecimiento de la extensión universitaria.
• Integración regional de la Educación Superior en el marco del MERCOSUR, América Latina y el Caribe.

COMPROMISO PROGRESISTA CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

La corrupción, que se extendió por los despachos de la política, mata y afecta nuestro desarrollo. Compromete tu vida y la de tus seres queridos. Ese círculo vicioso perverso de discrecionalidad, impunidad y corrupción nos hace menos iguales. La corrupción es el círculo perfecto de la indecencia y la desigualdad.

Algunos viven en mansiones y administran patrimonios imposibles de justificar. Se quedaron con la plata de los subsidios que se debían destinar a mantener y arreglar los trenes y por eso provocaron la muerte de 52 personas. Se quedaron con los sueños de miles de familias, que esperaba su vivienda con el desfalco que produjeron algunos de sus funcionarios, con Shocklender y un sector de las Madres de Plaza de Mayo a las que no tuvieron reparo en ensuciar y hacer cómplices de sus negocios. Boudou se quedó con la máquina de fabricar los billetes que vos necesitás para comprar los bienes para vivir mejor. Mintió, falsificó, gastó y mal-administró, incumpliendo con todos sus deberes. La presidenta y su socio Lázaro Báez (y varios más de los amigos empresarios) se beneficiaron con tanta plata en adjudicaciones de obras concedidas para armar una propia lavadora por donde sacar u ocultar el dinero. Porque el terrible problema del narcotráfico encontró cómplices corruptos para importar efedrina en cantidades exorbitantes, desarmando controles y favoreciendo el tráfico ilegal.

En la última década no hubo una sola norma de acceso a la información pública y se destruyó el sistema de declaraciones juradas patrimoniales. La publicidad oficial se repartió entre los amigos y la justicia fue manipulada y manoseada. Muchas de estas iniciativas fueron neutralizadas por el propio Poder Judicial.

El nuevo Código Civil y Comercial Unificado consagró avances en materia de adopción, matrimonio, filiación y fecundación asistida. Son avances que, indudablemente, van a repercutir en tu vida. Pero quedan muchas deudas pendientes. El nuevo Código no dice una sola palabra sobre el derecho de acceso al agua o el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente les pertenecen.

Lo mismo sucedió con la aprobación del Código Procesal Penal, que modificó el sistema inquisitivo por uno acusatorio. Este era un viejo reclamo. Sin embargo, dio lugar a una serie de abusos por parte del oficialismo, como la aprobación de una batería de leyes controvertidas como la del Ministerio Público Fiscal o la de Subrogancias. Se le otorgó cada vez más poder a la cabeza del Ministerio Público, el único poder constitucional que no se somete a ningún control externo, y en la vulneración del procedimiento constitucional de designación de jueces sin el cual no se puede garantizar su independencia, imparcialidad e inamovilidad.

La justicia es hoy más lenta, más anticuada y más ineficaz. Es decir, es menos justa. No te brinda lo que precisás en el momento que lo precisás. La incorporación de nuevas tecnologías en el servicio de justicia, así como la oralización del procedimiento civil, o el establecimiento de tribunales de menor cuantía, son algunas de las asignaturas pendientes.

Tenemos que volver a poner en valor los principios constitucionales que le dan valor y fortaleza a la justicia. Tenemos que garantizar juntos su autonomía. Tenemos que concretar el sueño de todos: acceder una justicia independiente, imparcial y de calidad, incorporando, especialmente, a los sectores históricamente excluidos. Tenemos que impulsar un cambio ético que termine con la corrupción y la impunidad. Vamos a hacerlo juntos.

Por eso, nuestros objetivos son:

• Desarrollaremos una democracia sin impunidad, que garantice la justicia y la efectiva investigación de los hechos de corrupción.
• Promoveremos la transparencia en el sector público, haciendo efectivo el control ciudadano e introduciendo reformas en el sistema de control vigente para que sea oportuno y eficaz. Construiremos un estado de puertas abiertas, con pleno acceso a la información pública.
• Impulsaremos el cumplimiento de la Constitución Nacional, la independencia de los poderes del estado y la vigencia de la república como los pilares de un Estado moderno, solidario y eficiente. Fortaleceremos el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades electas.
• Desarrollaremos una serie de políticas públicas para mejorar el funcionamiento de la justicia y hacer de la misma un auténtico servicio y no una potestad. Promoveremos normas de funcionamiento de los tribunales que faciliten el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, que aseguren un trato igualitario, garantizando el acceso real de los sectores más vulnerables y asegurando a las víctimas protección integral.
• Realizaremos una evaluación integral del estado del Poder Judicial a fin de evaluar las reales necesidades internas del sector, que implicarán un diagnóstico certero desprovisto de connotaciones políticas.
• Recuperaremos el papel del Ministerio de Justicia como protagonista e impulsor de las políticas públicas en el área, en lugar de la función recaudadora y financiadora de campañas del oficialismo, que desempeña actualmente.

Nos comprometemos para los primeros 100 días:

• Revisión integral de la gestión precedente en orden a la detección y posterior denuncia de los hechos de corrupción en la función pública. Se abrirá una instancia de recepción de denuncias y de recopilación de información que dependa directamente de Presidencia de la Nación, encomendando la promoción de acciones y seguimiento a órganos de control fortalecidos y autónomos.
• Cosa juzgada írrita. En esta instancia se revisarán las decisiones judiciales que hayan cerrado investigaciones por hechos de corrupción que involucrasen a funcionarios del gobierno anterior. En caso de decisiones fraudulentas o falta de seriedad en las investigaciones, se promoverá la reapertura de las causas y se promoverá la responsabilidad de jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados.
• Creación de un mecanismo de protección y promoción de los denunciantes y testigos de buena fe de actos de corrupción en el ámbito estatal y privado.
• Creación del contrato de fideicomiso ciego para regular la cesión obligatoria de la administración del patrimonio de los funcionarios públicos mientras duren sus mandatos o sus cargos.
• Derogación de las últimas modificaciones comprendidas en las leyes de reforma judicial que han quitado transparencia a la presentación, la elaboración y la justificación de las declaraciones juradas de funcionarios.
• Promoción e implementación de una ley de acceso a la información pública, que abarcará a los tres poderes del estado, organismos extra-poder, empresas y sociedades del estado y concesionarios de servicios públicos mediante un régimen sencillo y gratuito.
• Creación de un sistema de control y chequeo de los subsidios públicos a través de una página web que concentre la información de todos los organismos públicos que otorgan subsidios a personas, organizaciones civiles y empresas.
• Entrega de los organismos de control a la oposición, como garantía del desarrollo de políticas de contrapeso entre los poderes públicos.
• Revisión de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la Nación.
• Restricción del espectro de los secretos bancario, profesional y bursátil, de modo que no sean oponibles a las investigaciones desarrolladas por los fiscales y por la Oficina Anticorrupción, ni a la AGN.
• Establecimiento de auditorías y registros sobre la utilización de gastos reservados, cuya utilización se restringirá a aquellos casos en que resulten imprescindibles para la defensa nacional.
• Creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso de la Nación que provea asistencia en la aprobación y seguimiento del presupuesto nacional. La oficina realizará proyecciones del endeudamiento público para asegurar una política de deuda sustentable y responsable.
• Creación de una Red Federal de Control Público que vincule a los organismos de control nacionales con sus pares provinciales y municipales, y que permita realizar intercambios de información y atender pedidos de colaboración entre las distintas jurisdicciones.
• Derogación de la ley de subrogancias. Solo podrán subrogar jueces de la misma instancia que tengan acuerdo del Senado.
• Reforma del Consejo de la Magistratura. Se impulsarán reformas en el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura tendientes a garantizar el pluralismo, una composición equilibrada, así como a consolidar el funcionamiento del Consejo en lo referido a sus diferentes funciones. Se propondrán reformas en los procesos de selección y de enjuiciamiento de los jueces. Se propondrá retornar a la integración de 20 miembros como se estableció en un principio, modificándose algunos de los aspectos referidos al quórum, a la integración de la segunda minoría del congreso.
• Revisión de las modificaciones legislativas aplicables al Poder Judicial y evaluación de las necesidades del sector a fin de garantizar la correcta administración de Justicia. Ello requiriendo el consenso de los diferentes actores involucrados (Colegios, Asociación de Magistrados, Jueces, Gremios, Fiscales, entre otros).
• Creación de un proceso judicial sumarísimo en materia previsional, que garantice una adecuada liquidación de las jubilaciones en un tiempo breve.
• Puesta en marcha de la justicia comunitaria con competencia en varias materias y por sumas monetarias menores.
• Creación de una policía especial a cargo del Ministerio Público Fiscal que asegure un mejor entendimiento entre los agentes fiscales a cargo de las investigaciones y los efectivos policiales y que evite la indebida influencia en las investigaciones por parte del Poder Ejecutivo.

Nos comprometemos para el mediano plazo:

• Diseño e implementación de un Plan Federal Anticorrupción, a través de la creación de un Consejo Federal de Transparencia y Combate a la Corrupción con capacidad para coordinar, consensuar y articular, junto a las autoridades provinciales, las políticas nacionales de transparencia y lucha contra la corrupción.
• Rediseño institucional de la Oficina Anticorrupción implementándose mecanismos que garanticen su independencia. En primer lugar, reubicación fuera de la órbita del Ministerio de Justicia con rango de Secretaría de Estado o Ministerio Nacional. En segundo lugar, debe garantizarse la selección objetiva, por concurso y con participación ciudadana del Jefe de la Oficina Anticorrupción, que deberá tener mandato fijo y contracíclico. De igual manera, deberán aplicarse estos mecanismos para la selección de los directores de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Promoción de Políticas de Transparencia.
• Creación de dos nuevas áreas dentro de la Oficina Anticorrupción, manteniendo sus facultades de investigación y de promoción de la transparencia: una encargada de llevar adelante la instrucción de los sumarios administrativos más importantes y otra encargada de promover la recuperación de activos provenientes de la corrupción.
• Elaboración de un Registro Nacional de Sociedades y Fideicomisos y de un Registro de la Propiedad Inmueble Nacional con el objetivo de contar con una base de datos única de información que evite maniobras para encubrir hechos de corrupción.
• Promoción de una nueva legislación en materia de anticorrupción empresarial con el objeto de sancionar los hechos de corrupción en sede administrativa sin tener que esperar los tiempos de la justicia penal.
• Promoción e implementación de una ley de lobby, para regular la gestión de intereses, transparentar y dotar de iguales oportunidades a todos los sectores en el proceso de toma de decisiones estatales.
• Reforma del sistema de contrataciones públicas con el fin de incorporar nuevos procedimientos para la selección de contratistas y el establecimiento de la obligatoriedad de publicar y abrir a discusión los prepliegos en todas las licitaciones del estado, como así también de puntajes adicionales en las licitaciones a aquellas empresas que adopten reglas de compliance (conformidad) y estén sometidas a reglas generales y controles en esta materia. Serán públicas todas las adquisiciones estatales a través de la ampliación de la información obrante en la web Argentina Compra.
• Promoción e implementación de una ley de control de la publicidad oficial que la regule de manera efectiva y que asegure la prohibición de su uso durante las campañas electorales, a la vez que obligue al gobierno a presentar, junto con el presupuesto, un Plan Nacional de Publicidad y Comunicación oficial, que también explicite la distribución de la pauta.
• Política de gestión de la información para la construcción de una idea común acerca de lo que significa la información pública, con énfasis en la producción y preservación de la información como un bien público. Coordinación de acciones con otros organismos vinculados con la gestión de información, como el Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
• Política de gobierno abierto y transparencia activa, como parte de la política de gestión de la información, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que toda la información sobre la gestión del Estado esté accesible en formatos de datos abiertos y reutilizables, como una forma de promover la participación, la transparencia y la ética pública.
• Rediseño institucional de la Sindicatura General de la Nación para establecer límites a la dependencia que tiene del Presidente de la Nación. Deberán establecerse, al igual que en el caso de la Oficina Anticorrupción, mecanismos para garantizar independencia de su titular, que deberían incluir un período para la presentación de apoyos e impugnaciones. Asimismo, deben establecerse mecanismos de coordinación con las instancias de auditorías internas y con la Auditoría General de la Nación.
• Promoción de un funcionamiento eficaz y la independencia técnica de los órganos de control interno, especialmente de la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Promoción de un proceso de transparencia en la toma de sus decisiones y aplicación de procedimientos. Esto mismo aplica respecto de la Unidad de Información Financiera y demás organismos que de él dependen.
• Fortalecimiento de los organismos de control externo existentes, entre otros la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los entes reguladores de servicios públicos, la Unidad de Información Financiera, dotándolos de independencia y autonomía de cualquier otro poder o autoridad de la Nación.
• Fortalecimiento del funcionamiento de las comisiones especiales del Congreso para el seguimiento y control de la ANSES, los organismos de seguridad e inteligencia y las empresas del estado.
• Creación en todas las dependencias del Poder Ejecutivo de la Nación y en otros organismos claves de oficinas de transparencia que promuevan normas y prácticas éticas dentro de su órbita. La Oficina Anticorrupción será la encargada de coordinar y controlar las acciones de estas oficinas.
• Disolución del vínculo clandestino entre la Agencia Federal de Inteligencia y la Justicia Federal.
• Construcción en el ámbito del Ministerio de Justicia de un Centro de Acceso a Derechos para fortalecer la negociación de los conflictos y relevar necesidades jurídicas de la publicación, aumentar el acceso a la justicia y promover la alfabetización jurídica.
• Implementación de un programa de mejora de la calidad del servicio de justicia con el objetivo de reducir la duración de los procesos, profesionalizar la atención al público y aumentar el acceso a la información pública judicial. Extensión del uso de las nuevas tecnologías para simplificar el trámite de los expedientes, acelerar los tiempos del proceso y ahorrar importantes costos. Simplificación de los procesos ante la justicia de la seguridad social, para que los juicios previsionales culminen en un tiempo razonable.
• Modernización del Código Procesal Civil y Comercial para adecuar los procesos judiciales a principios de legalidad, oralidad, celeridad, informalidad, inmediatez y razonabilidad.
• Implementación del nuevo Código Procesal Penal promoviendo reformas a la ley de Ministerio Público Fiscal que corrijan la concentración de poder en la cabeza del Ministerio Público y aseguren adecuados y eficaces controles.

COMPROMISO PROGRESISTA POR LA JUSTICIA Y LA TRANSPARENCIA