Mujeres, Armas y Violencia.


Stolbizer reunió a legisladoras, especialistas y organizaciones para debatir y promover un proyecto que crea un régimen de evaluación de las aptitudes psicosociales para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego. «Se requiere un estado eficaz en la prevención y el control, pero también un mayor compromiso ciudadano y de los medios de comunicación».

Margarita Stolbizer, a través de la ONG Bajo la Lupa, reunió esta mañana a legisladoras, especialistas y organizaciones con el fin de debatir sobre un proyecto para la creación de un régimen de evaluación de las aptitudes psicosociales para la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego y materiales controlados.

La falta de datos y estadísticas certeras sobre femicidios, homicidios a mujeres con armas de fuego, suicidios, ausencia de respuestas del estado al tema de las armas, falta de diagnóstico, e inexistencia de políticas públicas en Argentina ante estas problemáticas, fueron los temas más salientes.

La apertura estuvo a cargo de la Diputada Nacional Carla Pitiot que será la nueva autora y promotora del proyecto elaborado por Stolbizer y la Lic. Pía Devoto de APP (Asociación para Políticas Públicas). «La regulación sobre armas convencionales y municiones apunta a reducir el daño humano estableciendo mayores condicionantes y controles para el acceso a las armas».

Margarita Stolbizer se refirió así: «Los estados están comprometidos en el plano externo para impedir que las armas vayan a parar a manos de criminales, a países reconocidos como peligrosos. Pero internamente también deben actuar para impedir que caigan en manos de personas potencialmente peligrosas. El aumento de la criminalidad tiene que ver de manera directa con el acceso a las armas. Eso hace más peligroso al delincuente, pero también a cualquier persona que tenga un arma en su mano. Las armas no pueden ser quedar libradas a la lógica del mercado. Son el mayor riesgo de violencia, no el único. Establecer limitaciones al acceso es central para prevenir y evitar la violencia de género que hoy afecta a miles de mujeres que son víctimas de las armas en poder de los hombres, la mayoria de las veces dentro de sus propios hogares».

Expusieron sobre Violencia de Género y Armas de Fuego en Argentina, Aldana Romano y Julián Alfie del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Adrián Marcenac de la Fundación Alfredo Marcenac sobre 12 años en las políticas de armas, avances y retrocesos; y la investigadora del CONICET Alejandra Otamendi habló sobre Armas de Fuego y Femicidios: una amenaza constante. La charla tuvo el apoyo de PGA (Parlamentarians for Global Action) y fue moderada por María Pía Devoto de la Asociación para Políticas Públicas.

María Pía Devoto expresó que «La identificación del arma como objeto de violencia y la necesidad de su control es un fenómeno relativamente nuevo. También es nueva la relación de las mujeres con las armas y por eso faltan tantos datos para realizar informes. Nuestro objetivo con esta charla es hacer un pequeño impacto para cambiar la realidad»

Adrián Mercenac milita para el desarme desde que su hijo Alfredo fuera asesinado en 2006, cuando iba caminando por la avenida Cabildo con dos amigos y sin aviso ni explicación recibió tres disparos a mansalva. Adrián se convirtió en una suerte de fiscal de a pie que denuncia incansablemente el descontrol de las armas de fuego ,empezó su exposición con la frase de Bertol Bretcht «Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio”, «y lo obvio es que las armas matan y generan daño. En nuestro país hay 4 millones de armas sin control del Estado, sólo el 12% está registrada».

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) elaboró un informe sobre la incidencia de las armas de fuego en los casos de violencia de género y probó que el 98% de los usuarios de ese tipo de armas son hombres –el dato surge de las solicitudes de credencial de legítimo usuario que registra la ANMaC–, aunque son las mujeres quienes «resultan desproporcionadamente victimizadas en forma de homicidios y femicidios». De hecho, en la Argentina una mujer es asesinada cada 29 horas y uno de cada cuatro femicidios es cometido con un arma de fuego.

«Una de las cosas que más nos llamó la atención al hacer el estudio es que pese a que es sabido que la victimización por armas de fuego alcanza mayoritariamente a jóvenes de género masculino, la proporción de mujeres asesinadas o lesionadas es demasiado alta si se toma en cuenta que sólo el 2% de ellas es usuaria de armas», explicó Julián Alfie, investigador del INECIP y uno de los autores del informe.
Otra de las conclusiones más relevantes del informe remarca el efecto «invisible» del uso del arma de fuego como extensión del control del hombre sobre la mujer. «Estos son los casos más difíciles de estudiar porque no llegan a judicializarse, pero está claro que la presencia del arma en el hogar funciona como un medio de amenaza tácita o implícita, especialmente en las relaciones de pareja», remarcó.

Por su parte, Aldana Romano también de INECIP expresó “Aunque la violencia de género tiene lugar con o sin armas de fuego, es necesario reconocer la especificidad de las armas de fuego en términos de los riesgos que éstas conllevan. A diferencia de otros instrumentos, una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales. Pero además, se diferencia en que se trata de un objeto ideado para matar. De allí la obligación de los estados de controlar sus usos y prevenir sus consecuencias”

A su turno, la investigadora del CONICET Alejandra Otamendi expresó que «En Argentina antes y después de las masivas protestas de mujeres, se han implementado varias medidas punitivas y preventivas en contra de la violencia de género. Sin embargo, el rol de las armas de fuego en esta violencia aún no ha sido lo suficientemente denunciado ni limitado. En efecto, se cree que el uso de las armas de fuego es menor para perpetrar la violencia contra las mujeres, pero, en los hogares son una amenaza constante hacia las mujeres».

Finalmente Stolbizer se refirió al hallazgo de un arsenal en Supermercados Coto: «El hecho es de una enorme gravedad. Por el lugar donde fueron halladas las armas, por el enorme calibre y las condiciones de restrictividad para su compra o tenencia. Pero lo más grave es que no existe información. Que se intenta ocultar el tema. Una vez más se protege a los poderosos. Esas armas pueden ser usadas en cualquier momento y por cualquiera. Fueron halladas casi de casualidad. Es una barbaridad que los medios de comunicación no deberían estar tapando, sino al contrario. Todos debemos cuidarnos y cuidar a nuestra ciudadania como a nuestros hijos: libres del riesgo de daño que significa que cualquier pueda acceder a armas sin control».

Desafuero de CFK


26/03/2018. Memorándum de Entendimiento con Irán.
«No se puede ser juez y parte. Los senadores que deben resolver el desafuero de la senadora Fernández de Kirchner podrían ser investigados e imputados en la misma causa por la responsabilidad que les cabe habiendo aprobado el Memorándum para liberar a los iraníes y garantizarles impunidad».

Margarita Stolbizer presentó hoy una nota a la Presidenta del Senado de la Nación, Gabriela Michetti y al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, indicando que los legisladores que votaron a favor del Pacto con Irán están inhabilitados para pronunciarse en el pedido de desafuero de la Senadora Cristina Fernández, teniendo en cuenta que algunos de ellos mismos podrían llegar a ser investigados y/o imputados en la misma causa, atento las responsabilidades que se investigan como parte del encubrimiento de los responsables iraníes del atentado a la AMIA.

En su calidad de Presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa, Stolbizer se enmarca en el acuerdo secreto de kirchnerismo con el país asiático, llamado Memorándum de Entendimiento, que fue firmado por Argentina e Irán. «El mayor cuestionamiento que pesa sobre el valor de ese acuerdo se relaciona con la decisión de sustraer a los imputados de la acción de la justicia argentina para someternos a una revisión a cargo de una Comisión especial por fuera de ese ámbito, así como el levantamiento de las órdenes de detención internacional emitidas a través de las alertas rojas mediante la inmediata comunicación a Interpol», expresó.

Según la ex legisladora, «pese a que el Memorándum contemplaba que ambos países se comprometían a girar el acuerdo a los sendos parlamentos para su aprobación, Irán no lo hizo en ningún momento, y en Argentina, por expresa disposición y directiva impartida por la entonces presidenta Fernández de Kirchner, el proyecto fue rápidamente enviado a la Cámara de Senadores y luego a la de Diputados, en donde tuvo una rápida sanción para su promulgación posterior por la titular del Poder Ejecutivo. No caben dudas que tanto el Poder Ejecutivo, como Legislativo tuvieron una acción positiva en la invasión de las atribuciones jurisdiccionales, dando vigor al acuerdo, primero con su firma y luego con la ratificación parlamentaria. De aquí surge la decisión judicial de ampliar la investigación hacia la determinación de la amplia responsabilidad que cabe sobre todos aquellos que fueron parte del grave acto de encubrimiento».

«La aprobación del pacto con Irán fue una orden directa de la ex presidenta a sus legisladores y hoy, quienes deben votar el pedido de desafuero realizado por el magistrado, son muchos de los mismos senadores que acataron las órdenes de CFK y fueron partícipes de la maniobra por la cual está procesada».

Cabe recordar que el Dr. Bonadío dictó el procesamiento a Cristina E. Fernández de Kirchner, Héctor M. Timerman, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli Carlos A. Zannini, Angelina M. E. Abbona, Juan M. Mena y Andrés Larroque. Lo mismo se resolvió con relación a Jorge A. Khalil, Luis A. D´Elía y Fernando Esteche. A estas personas se las procesó por haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina , según lo resuelto en la investigación realizada en la causa N° 8.566/96 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado. Pero no fueron solamente las acciones de estas personas, sino que la aprobación parlamentaria del acuerdo fue determinante para el levantamiento de las alertas rojas que constituía la mayor preocupación del gobierno iraní. De ahí, la responsabilidad compartida que habrá de investigarse en cabeza de los legisladores que lo aprobaron.

Así como los jueces deben inhibirse de actuar en causas en las que tuvieren un interés directo, del mismo modo, los senadores que tienen el interés en el resultado del mismo proceso en el que podrían quedar involucrados, deben estar impedidos o inhabilitados para actuar en la consideración del desafuero solicitado por el juez Bonadío. Stolbizer considera que deben quedar inhabilitados para votar afirmativa o negativamente el pedido de desafuero de la senadora Fernández de Kirchner, todos los senadores que en igual cargo o siendo diputados en febrero del 2013, aprobaron el Memorándum firmado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Y hace expresa reserva de solicitarlo judicialmente si el Senado actuara de manera contraria a lo indicado. El impedimento debe regir tanto para la Comisión de Asuntos Constitucionales como para la votación de la Cámara en plenario.

«El Congreso de la Nación no es una guarida para quien haya delinquido. La protección constitucional que tienen los legisladores de ninguna manera los hace impunes. Lo que está en discusión es si todos los presuntos delincuentes deben responder ante la justicia o hay algunos que, por tener “chapa” de senadores o diputados, tienen un seguro. Nadie puede eximirse de responsabilidad por el hecho de estar sentado en una banca», finalizó.

Margarita Stolbizer pide que se investiguen irregularidades en el INTI


14/03/2018, Buenos Aires.
«Acompañamos a los trabajadores y advertimos que, por detrás del conflicto social, existe un intento de vaciamiento del estado y el ocultamiento de contrataciones poco transparentes que deben ser investigadas.»

Margarita Stolbizer presentó hoy un escrito ante la Procuración de Investigaciones Administrativas para que se investigue la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública dentro del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

«La política de persecución de los empleados públicos durante el kirchnerismo estaba motivada por un sistema de complicidades que expulsaba a quienes resistían convalidarlo. Hoy existe algo parecido: los despidos en el INTI también tienen como destinatarios a trabajadores, -algunos técnicos y profesionales con mucha antigüedad- que formulan observaciones y ponen límites a la contratación de obras privadas en las que se observan irregularidades, favoritismos y sobreprecios. Esas conductas podrían constituir delitos que deben ser investigados, y por eso nos presentamos ante la Fiscalía con competencia en delitos complejos, para que determinen ellos el encuadramiento que corresponda», aseguró la ex diputada.

Stolbizer presentó esta mañana una denuncia solicitando se investiguen una serie de irregularidades detectadas en el INTI a partir de la nueva gestión que encabeza Javier Ibañez. Se advierte sobre empresas que son beneficiadas por el mecanismo de la contratación directa, -o sea sin pasar por la licitación pública- usando la justificación de la urgencia. Sin embargo, ha transcurrido más de un año desde que debía estar terminada y no se ha cumplido ese plazo establecido, pese a que se le han aprobado ampliaciones y se le ha seguido pagando sin que pese ningún tipo de sanción sobre la empresa.

Ello se da también a partir del ingreso de nuevos funcionarios y familiares con los que se ha «corrido» al personal técnico de las decisiones operativas sobre adjudicaciones, controles, etc. en relación a las empresas proveedoras.

Asimismo, con motivo de los festejos del aniversario, se realizaron una serie de contrataciones por obras de arte, absolutamente injustificadas y sobrevaluadas, y se pagaron sumas importantes para la realización de videos institucionales pese a contar con equipos del propio Instituto en condiciones de realizarlos.

Según Margarita Stolbizer, hubo una serie de decisiones y medidas adoptadas por los funcionarios del INTI, que podrían configurar algunas de las conductas tipificadas y reprimidas en el título de los delitos contra la administración pública y en el Código Penal. En la mayoría de las contrataciones mencionadas es posible advertir pago de adicionales a las empresas sin suficiente justificación, sobreprecios en los costos, puesta en funcionamiento de oficinas paralelas para favorecer a las empresas contratantes, diferencias en las mediciones realizadas en las obras por los inspectores y los certificados abonados a las empresas.

«Estas decisiones implican un perjuicio grave para los empleados, para el Instituto y su sustentabilidad financiera. Hechos de esta naturaleza lesionan la credibilidad pública y social en las instituciones, y degradan el estado de derecho, investigarlos es un imperativo para la justicia como es para quienes lo denunciamos, una simple obligación en nuestro carácter de ciudadanos bregando por una mejor administración», finalizó Stolbizer.

«Hay que reagrupar el Progresismo pensando en la educación, el trabajo y el papel del Estado»


Buenos Aires 09/03/2018.
STOLBIZER Y EL PARTIDO GEN EN PLENA ACTIVIDAD.
«Hay que reagrupar el Progresismo pensando en la educación, el trabajo y el papel del Estado. El Centenario de la Reforma Universitaria será uno de los ejes que vamos a tomar para discutir el proyecto de País»

Esta semana el Partido GEN ha realizado una serie de actividades para reposicionar al progresismo en el debate político y social.

Durante el ultimo fin de semana todos los militantes participaron de diversas jornadas de reflexión e todo el país sobre la identidad, el ideario, acciones y estrategias. Ello puso en valor el sentido de pertenencia y la necesidad de dar fuerza a una alternativa de fuerte contenido progresista y ético. » El gobierno es puro maquillaje. Celebramos que tomen la agenda de género que nosotros impulsamos desde hace años, pero no es creíble en un gabinete que no tiene mujeres. Igual que con el discurso de transparencia que se contrapone a los negocios y conflictos de intereses de los funcionarios.»

El lunes pasado el Plenario Nacional recibió en Rosario al Gobernador de Santa Fe Miguel Lifchitz. Y hoy Stolbizer encabeza un Plenario de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de 9 de julio, junto a sus autoridades Ricardo Vázquez y Marianela Lopez, donde también se reunirán los concejales del Partido GEN.
«En los años en que no hay competencia electoral, los Partidos se deben replegar a reflexionar para prepararse, formar a sus cuadros políticos y demostrar que pueden hacer las cosas mejor.»

Además, esta semana se puso en marcha un grupo de presentación con expertos y se aprobó una declaración que pone eje para este año en el centenario de la reforma universitaria. La actividad central se realizará en la Universidad de Córdoba y también en otras de distintas provincias.
Otro grupo ya prepara una presentación para comparar el modelo educativo de la Ciudad de Bs As y el de Santa Fe: «Una diferencia fundamental que nos distancia es que ellos ni creen en el estado. Y nosotros pensamos que no es el mercado el que puede garantizar iguales posibilidades. por eso defendemos la educación pública, la innovación y el trabajo.»

Stolbizer solicitó investigar contrataciones del Ministerio de Modernización


LA EMPRESA CONTRATADA NO POSEE EMPLEADOS, TIENE COMO ÚNICOS INGRESOS LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD, Y SUS SOCIOS ERAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL MOMENTO DE GANAR LA LICITACIÓN.

«Debe investigarse a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con los deberes que las leyes les imponen. Y debe revisarse un mecanismo de contratación poco transparente»

Buenos Aires, 6 de Marzo. Margarita Stolbizer ha cuestionado la sobreutilización del mecanismo de contratación de empresas privadas para realizar las tareas que deberían estar a cargo de los empleados públicos. «Se prescinde del estado para que algunas empresas privadas hagan buenos negocios. Resultan ser amigos o parientes y se les exime de cumplir las leyes al tiempo que se les otorgan contratos millonarios. Algunos mecanismos son demasiado parecidos a los usados en el gobierno anterior: las empresas se crean al solo efecto de contratar con el estado.»

La denuncia presentada está referida a una contratación del Ministerio de Modernización para que la consultora realice la tarea de «seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización.» fue la única empresa presentada en la licitación que se le adjudicó por un monto de $ 1.260.000.

Los estados contables de la empresa Labcom SA demuestran que ha ganado varias licitaciones públicas y que sus únicos ingresos declarados durante los años 2016 y 2017 provienen de la administración pública nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no registra empleados ni contratación de aseguradora de riesgos del trabajo y no registra aportes de ningún tipo.

“Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados registrados. Esta información puede comprobarse solo al analizar los estados contables de la empresa en los cuales no existen rubros que estén destinados al pago de cargas sociales o salarios. Tampoco surge información en los organismos tributarios y de seguridad social tal como puede comprobarse en base de datos públicas, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones públicas impulsadas desde el Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires.”, explicó Stolbizer.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. Sus socios son Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. El primero de ellos era titular de Nación Fideicomisos al momento de ganar la licitación.

Luciano Elizalde es investigador del Conicet, y comparte en condominio hectáreas en Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri a través de Tykey SRL. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas como entrega de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en 2015.

Y el tercer socio, Luciano Alejandro Alonso se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas ya que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad”, aseguró Stolbizer en su denuncia.

«Las normas de contrataciones con la administración pública y de servicios de consultoría en ámbitos estatales, así como la Ley de Etica en la función pública, intentan proteger a la administración pública en general, tratando de preservar la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidas por el acto arbitrario de los funcionarios que se involucren para obtener un beneficio personal o bien un beneficio para un tercero. Se ha violado la ley de contrataciones del estado, la que regula la contratación de consultorías privadas y la ley de ética pública. Los funcionarios podrían estar incursos en la comisión de delitos penales y por eso estamos pidiendo la investigación de los hechos denunciados».

«El Gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir”, finalizó Stolbizer.

La denuncia será investigada en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío

INTERVENCION DE HOTESUR: El fiscal Pollicita aceptó el pedido de Stolbizer


Es necesario que la justicia siga reaccionando frente a los intentos de burlar sus decisiones por parte de la familia Kirchner, dispuesta a entorpecer las investigaciones de los hechos de corrupción. HOTESUR es la sociedad usada como base del circuito económico usado por Néstor y Cristina Kirchner y basado en la actividad hotelera para canalizar dinero proveniente de los pagos realizados por el empresario Lázaro Báez, el amigo, socio, tal vez testaferro, que fue más beneficiado por las decisiones políticas del matrimonio en sus respectivas presidencias.

Esta sociedad fue la punta de la investigación realizada por Margarita Stolbizer y Silvina Martinez, cuando detectaron las irregularidades de la entidad sobre la que la entonces Presidenta Cristina Fernández declaraba en el 2012 un paquete accionario de casi $ 10 millones.

Esa primera investigación permitió detectar que la sociedad no presentaba balances, no llevaba libros en legal forma, no actualizaba directorio ni pagaba tasas. Y hasta tenía un domicilio falso. A partir de esos datos, se llegó a la conclusión de que Hotesur administraba el Hotel Alto Calafate, usado para disimular los pagos realizados por las empresas de Lázaro Baez bajo la apariencia de alquiler de habitaciones y salones.

Hotesur constituye la punta para desenmascarar los sucios negocios de los Kirchner con la obra pública. Por eso esta causa judicial está emparentada con aquellas donde se investigan las irregularidades en las licitaciones de obras, en la ruta del dinero K y también con Los Sauces, la otra sociedad, de actuación similar dedicada al alquiler de inmuebles y otras operaciones sospechosas con los mismos grupos empresarios.

A la muerte de Néstor Kirchner, su esposa y sus hijos Máximo y Florencia adquirieron el manejo de los negocios y percibieron los pagos con dinero de origen ilegal.
La Sra.de Kirchner en una primera maniobra que denunciamos como de «insolvencia fraudulenta» transmitió a sus hijos la totalidad de su patrimonio, dinero, acciones, inmuebles. Hicieron sospechosas transferencias de dinero entre cuentas de los miembros de la familia y también hicieron ocultamiento de parte del patrimonio.

Pero rápidamente la justicia detectó la situación y dispuso medidas cautelares que, sin embargo, fueron una y otra vez, quebrantadas por los mencionados: constituyeron un condominio para ocultar las transferencias. Cobraron alquileres millonarios desviados del del control judicial. Instruyeron al contador Manzanares para cobrar los alquileres a través de otras cuentas bancarias y seguir burlando las decisiones judiciales. Múltiples y diversas maniobras demostraron la misma intención: distanciar el dinero que manejaban de su origen ilegal y simular esa condición ingresándolo al circuito normal.

El 20 de diciembre del 2017 se realizó la última asamblea (o parodia de asamblea) de Hotesur. No se hizo en el domicilio de la sociedad sino en el de Romina Mercado y no consta la convocatoria para su realización. Recordemos las tachaduras y adulteraciones de los libros que hasta fueron reconocidas x Manzanares actuando bajo las órdenes de Cristina Kirchner.
Esta nueva Asamblea viola las medidas cautelares dispuestas en la investigación judicial: la veeduría jurídico contable, la inhibición gral. de bienes, la prohibición de innovar en la sociedad. Y por supuesto, la distribución de utilidades que se encontraba absolutamente prohibida. Se ha dejado acéfala la sociedad con las renuncias de Romina Mercado y Rocío García, lo que constituye un grave perjuicio para la sociedad y para el estado en el intento de recupero de activos.

Por lo tanto, entendiendo que corresponde INTERVENIR LA SOCIEDAD HOTESUR, STOLBIZER lo solicitó y hoy fue aceptado por el Fiscal Pollicita, estando a la resolución del Juez Julian Ercolini.

La causa está también en condiciones de ser cerrada, con pruebas suficientes, para su elevación a juicio oral en el que finalmente sean juzgados los responsables de maniobras ilícitas en perjuicio del estado y como encubrimiento de otros delitos, lavándose el dinero de origen ilegal.

«LOS ARGENTINOS NECESITAMOS UN SISTEMA DE JUSTICIA QUE FUNCIONE EFICAZMENTE Y A TIEMPO, PARA QUE LOS QUE COMETIERON DELITOS PAGUEN POR ELLOS Y DEVUELVAN EL RESULTADO DE LOS ILICITOS CON LOS QUE SE HAN ENRIQUECIDO PERSONALMENTE. DEBIENDOSE TAMBIEN APLICAR LA SANCION CONSTITUCIONAL DE SU INHBILITACION PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS», afirmó Margarita Stolbizer

Stolbizer solicitó intervención de Hotesur



03/02/2018. Causa Hotesur.
Margarita Stolbizer solicitó la intervención de Hotesur para evitar artilugios atento a las últimas maniobras para burlar la justicia realizadas por la familia Kirchner, como ocurrió con los dolares en la caja de seguridad de Florencia Kirchner o la insolvencia de CFK.

«El 20 de diciembre de 2017 se realizó una maniobra en relación a la empresa Hotesur SA, simulándose la realización de una asamblea general ordinaria y extraordinaria. Esta asamblea fue totalmente simulada ya que no solo se realizo en un lugar diferente a la sede social inscripta, tratándose del domicilio de Romina Mercado sino que tampoco se volcó en libros rubricados. Al respecto, cabe destacar que al contrario de lo que se manifestara en el acta de asamblea, la sociedad contaba con libros que fueron tachados y adulterados, tal como se comprobó en los correspondientes peritajes realizados en la causa y conforme surge de la declaración del contador Victor Manzanares de fecha 12 de diciembre de 2017», explicó Stolbizer.

«Por otra parte, realizaron esta asamblea sin noticiar al juzgado ni a los veedores designados y manifiestan que lo harán posteriormente. Ello porque las decisiones adoptadas en dicha asamblea violan las medidas cautelares expresamente dictadas en la causa, como es el reparto de dividendos».

«En el acta faltaban los datos del representante legal, había divergencia de los datos de inscripción insertos en el formulario, ausencia de datos de actas de
órgano de Gobierno, entre otras deficiencias».

«El 30 de junio del 2017 se resolvió la designación de veeduría jurídico contable respecto de las empresas Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA, la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar la composición accionaria como así también de distribuir dividendos. Ello por cuanto los fondos manejados por dichas empresas serían de origen ilícito ya que provendrían de maniobras realizadas con recursos provenientes de las arcas del Estado, y de allí entonces la relevancia de que se adopten medidas tendientes a su protección».

Según Margarita Stolbizer: «Mediante estos artilugios, ademas, dejan acéfala a la empresa Hotesur, perjudicando el normal giro de la misma y en definitiva intentando perjudicar las posibilidades de recupero de activos productos del ilícito de la corrupción. En relación a ello, requerimos que en forma inminente se designe un interventor que cumpla las funciones de administrador.tal como ocurre en la sucesión de Néstor Kirchner y en la empresa Los Sauces SA.»

«No se trata de la única maniobra de los miembros de la familia Kirchner para burlar a la justicia. Otra de las maniobras para evadir medidas judiciales tuvo que ver con ocultar el dinero. Ya alertamos como todo el dinero en efectivo de la sucesión de Néstor Kirchner estaba alojado en unas cajas de seguridad en el Banco Galicia Casa Central, a nombre de Florencia Kirchner, quien no era investigada hasta ese momento en causa judicial alguna. Rápidamente la justicia encontró dichos fondos y actualmente se encuentran embargados ascendiendo a casi 5 millones de dólares. Se trataba de una nueva maniobra para que la justicia no pudiera embargar dicho dinero, cuando pesaban diferentes causas judiciales que investigaba el origen de la fortuna familiar», finalizó.

SE ADJUNTA COPIA DE LA PRESENTACIÓN

Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA»


02/02/2018. Stolbizer presentó la ONG «BAJO LA LUPA» promoviendo un recurso de amparo por inconstitucionalidad del mega decreto 27/2018.

El decreto de necesidad y urgencia n° 27/2018 firmado por el presidente Macri y sus ministros es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza. Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del congreso”.

“vamos a solicitar a la justicia la revisión del instrumento y la declaración de su inconstitucionalidad por no existir las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la constitución nacional y la jurisprudencia de la corte suprema de justicia de la nación”.

Margarita Stolbizer, Presidenta de la ONG Bajo la Lupa, presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia N° 27/2018 de “Desburocratización y Simplificación”, porque no existen las condiciones que justifiquen su excepcionalidad para derogar o modificar esas diferentes leyes.

«Se quebranta así el principio de legalidad esencial en el Estado de Derecho, base de la República, que es la división de poderes, cuyo quebrantamiento pondría al gobierno en un peligroso camino de autoritarismo, que la ciudadanía y la justicia no pueden consentir», explicó la presidenta de Bajo la Lupa

Según Stolbizer, el Decreto No 27/2018 modifica cuestiones sustanciales que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, se realizan cambios en el régimen de embargo de la cuenta sueldo perjudicando a los trabajadores, se establece una reducción de sanciones a empresas que hayan evadido leyes laborales y tributarias en materia de cargas sociales y a las que no hayan registrado o hayan registrado defectuosamente a los trabajadores. El trabajo en negro no solo perjudica a los trabajadores directamente afectados, que se ven privados de aportes, que no tienen ART, que no tienen obra social y que en poseen peores condiciones que los trabajadores registrados, sino también al sistema de seguridad social en su conjunto, porque la Anses no percibe los aportes y las contribuciones con que se financia. Estas modificaciones, además, terminan por perjudicar a los empleadores que cumplen con la ley y pagan lo que es debido.

«El DNU 27/18 tiene graves deficiencias a la hora de justificar la urgencia de sus disposiciones, además, varias de ellas no se vinculan con las aducidas “desburocratización” y “simplificación”, y otras tantas ni siquiera requerían el dictado de un decreto de este estilo.Otros artículos, aluden en efecto a la “simplificación”, aunque es difícil encontrarles coherencia jurídica: la habilitación de los camiones con doble acoplado, la ampliación de las facultades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para labrar actas de infracción en rutas nacionales, la introducción de cambios respecto a la apelación de las decisiones del
ENARGAS».

«El PEN ha asumido de modo inconstitucional facultades legislativas que le están vedadas, ya que no se cumplen las condiciones o requisitos que determina la Constitución Nacional para sortear la intervención del Congreso y habilitar esa prerrogativa reservada para situaciones de excepcionalidad. Se alteran las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano fijado por la Constitución Nacional, que estipula que las leyes solo se dictan
y modifican mediante una ley del Congreso Nacional».

El DNU 27/2018 por su manifiesta ilegalidad, es inconstitucional y debería ser invalidado por la Justicia.

En cuanto a la legitimación del amparo presentado, Stolbizer explicó que: «así como todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución para acatarla, están también igualmente habilitados para defenderla cuando entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo la amenaza cierta de ser alterada de manera diferente a la que prevé». Por otro lado, en el propio estatuto de la ONG BAJO LA LUPA se establece que su objeto es promover valores éticos, individuales y colectivos, para construir un mundo y una sociedad en paz, basada en el principio de igualdad y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, e impulsar un funcionamiento de las instituciones en orden a la Constitución Nacional, transparencia en la gestión pública e independencia de la Justicia.

El amparo fue presentado junto a la copia del estatuto y acta constitutiva de la ONG BAJO LA LUPA y el decreto 27/18 publicado en el boletín oficial el 11 de enero de 2018 y se solicitó la tramitación ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

La ONG «BAJO LA LUPA» es integrada por Stolbizer como Presidenta, la abogada Silvina Martinez, Evangelina Gutkin, Silvana Arruti y el ex Diputado Omar Duclós, y ya fue presentada ante la inspección General de la Justicia .

Cambiemos: la coherencia entre el decir y el hacer


23/01/2018. Opinión. Margarita Stolbizer.

Llama la atención la simplificación intencional que hace el Gobierno del episodio Triaca, algo que a otros nos conmueve y preocupa. Sacarlo de la escena puede dar el resultado buscado: que se corte rápidamente como tema de medios y de bares. Tal vez ahí radica parte del problema, porque la subestimación del conflicto implica la voluntad de disculparlo y convalidarlo como práctica.

El sostenimiento de Jorge Triaca, más que la solidaridad con el amigo, es la necesidad de autodefensa frente a la grave irregularidad que implica el uso del Estado como botín cuando aparece como la consecuencia no reconocida de la embestida contra los gremios. O sea, lo que podamos sacarles a los gremios en esta pelea (con su justificada intervención) podemos ponerlo al servicio de nuestras propias filas: manejar recursos, nombrar militantes, parientes, y hasta sostener a los empleados propios y domésticos de los ministros. Hasta ese punto llega la confusión del manejo de recursos y negocios públicos con el aprovechamiento privado; algo que vimos y denunciamos durante el kirchnerismo y que Cambiemos está perfeccionando. Con la tranquilidad que brindan una sociedad y un entorno mediático que están demasiado dispuestos a tolerar con el simple objetivo de no volver atrás.

Deberíamos pensar seriamente que ese riesgo no es solamente el regreso de los derrotados en las últimas elecciones, sino de una concepción del manejo del Estado, que es lo que efectivamente habría que desterrar. Este episodio demuestra que, pese a los resultados electorales, estamos lejos de ganar esa batalla.

El presupuesto, con su asignación de gastos y recursos, es la radiografía de una gestión. El gabinete es también una expresión de identidad. Porque sus integrantes fueron designados por decisión personal del Presidente promoviendo a las personas de su confianza y que serán dignos representantes de su propio pensamiento y vocación.

Triaca no es solo un hábil negociador con aquellos a quienes tiene de contraparte en su escritorio y a los que conoce demasiado desde mucho antes de llegar al gobierno. El ministro es uno de esos funcionarios que lleva grabado el ADN del partido que gobierna. No es un aliado circunstancial. Lo que hace y dice no son posturas aprendidas de asesores extranjeros. Se sienta, negocia, habla, decide y putea de acuerdo con esa misma identidad. El trato con el personal que lo asiste no parece ser casual, sino más bien una forma de entender las relaciones laborales o de servicio.

Triaca está al frente de una cartera que debe promover el trabajo digno, registrado. Pero en su actividad hace lo opuesto. Pone en práctica una conducta repetida en las acciones de este Gobierno: «Haz lo que digo, no lo que hago». Y tal vez se pueda entonces pensar que también eso es parte de su genética. Tal vez eso sea lo que lo hace tan parecido a su propio líder.

Porque también Macri se planta para indicarnos: «Hay que cumplir con el Estado». Y ellos no cumplieron, aunque piden a otros que sí lo hagan. Por eso es que puede nombrar a un ministro y sostenerlo sin importar que haga exactamente lo contrario a lo debido y prometido. El escándalo del Correo, sobre el que tanto se habló y luego tanto se silenció, tuvo un origen: Macri dejó de pagar al Estado el canon que debía por la explotación del negocio. Por eso fue tan insostenible que, al llegar al poder, sus funcionarios salieran a negociar la deuda con el grupo familiar. Esa deuda impaga representa hoy varios miles de millones de pesos.

El jefe de gabinete habló del «error» de Triaca, entendiendo que no corresponde solicitarle la renuncia. No importan ni el insulto a la empleada ni su condición de precariedad en el empleo. Tampoco que se haya usado un sindicato intervenido por él mismo para pagarle un mejor salario. El Gobierno, que dice querer recuperar el valor de la palabra, convalida que un funcionario que debe promover el trabajo formal y la transparencia en la gestión pueda estar haciendo todo lo contrario.

No se trata del ministro de Ciencia o de Defensa. Es el que nos predica sobre el trabajo en blanco, pero contrata en negro. En cualquier país serio ya sería un ex ministro.

Sin embargo, lo más complejo del hallazgo por detrás del insulto y la precariedad laboral ha sido el uso de los fondos de un sindicato intervenido para solventar los gastos privados del ministro interviniente. No resiste análisis. Para combatir las bestialidades del Caballo Suárez al frente del SOMU, el ministro de Trabajo y la interventora, hoy senadora, aprovechan y disponen para designar parientes, militantes y hasta para pagar el personal que trabaja en su propia casa. Aquí ya la pretensión de ser un país serio se me cae a pedazos, ya no resiste formar parte de este análisis.

Así pretenden convocar a inversores: con un gabinete que tiene sus dineros fuera del país y un ministro que actúa de manera exactamente contraria a lo que dice y lo que debe. Parece difícil el desafío para la Argentina. Al menos si Cambiemos no decide de una vez abandonar el doble discurso para empezar seriamente a cambiar la historia. Al menos si no recuperamos como sociedad la voluntad de exigir mejores prácticas y asumimos que sin una verdadera transformación ética no habrá despegue económico ni mejoras sociales. Reconocer, como lo dice la filósofa española Adela Cortina, que la ética sirve para crear ejemplaridad y para que todos podamos vivir mejor.

Fuente infobae