Córdoba 04/05/2018. El presidente del Partido GEN Córdoba disertará sobre el uso de la tecnología en la política y sus implicancias éticas. Lo hará junto a referentes de otras fuerzas políticas locales.
El 8 de mayo inicia la Diplomatura en Fortalecimiento Institucional de Partidos Políticos, un trayecto organizado conjuntamente por el Instituto Federal de Gobierno (dependiente de la Universidad Católica de Córdoba) y distintos Partidos Políticos locales. La Diplomatura tendrá una duración de 23 encuentros y se desarrollará hasta diciembre de este año, abordando ejes temáticos como gestión de gobiernos locales, gestión de partidos políticos, economía política y comunicación política. (+ info)
En la actividad de lanzamiento, el Presidente de la Mesa Provincial del Partido GEN, Fernando Machado, hablará sobre Tecnología, ética y política, junta otros referentes políticos locales como Rodrigo De Loredo (UCR), Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica), Guadalupe Beltrán (Partido Primero la Gente) y Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico).
La actividad será el martes 8 de mayo a las 17:30, en el auditorio de la Universidad Católica de Córdoba, sede Centro (Calle Obispo Trejo 323). La entrada es libre y gratuita pero requiere inscripción, la cual puede realizarse en el siguiente link: https://goo.gl/nyN4ph
26/04/2018. Marcelo Ferreira, Director de Relaciones Internacionales del GEN participará en Santiago de Chile de la reunión de la Alianza Progresista (Progressive Alliance) y de la premiación 2018 a la ex Presidenta Michelle Bachelet por su lucha por la libertad, la justicia y la solidaridad.
En la reunión se discutirá el plan de trabajo, está previsto abordar la situación de los países latinoamericanos en general y en particular de Brasil y mantener reuniones con líderes de la región.
Por Argentina participarán el Partido Socialista y el Partido GEN.
Alianza Progresista expresa su solidaridad con el pueblo y los jóvenes de Nicaragua
La Alianza Progresista expresa su solidaridad con el pueblo y los jóvenes de Nicaragua que están sufriendo una escalada represiva del régimen de Daniel Ortega.
Las protestas iniciadas la semana pasada por estudiantes universitarios y jubilados en contra de la reforma de la seguridad social que reduce las pensiones y despoja de derechos adquiridos a las personas, recibieron la respuesta represiva del gobierno.
Grupos armados con la displicencia de la policía y luego la policía misma, han reprimido violentamente las protestas.
La población ha reaccionado y en la mayoría de ciudades se vive una rebelión popular cívica.
Los partidos de oposición y la Iglesia Católica entre otros sectores de la sociedad han demandado el alto a la represión como condición para el establecimiento de una mesa de diálogo.
A pesar de que el presidente Ortega revocó las reformas de la Seguridad Social, la represión a las manifestaciones ya ha dejado al menos 30 muertos.
Ante esta situación, Alianza Progresista:
Demanda un cese a la represión contra el pueblo Nicaragüense y la liberación inmediata de los presos políticos.
El establecimiento de una mesa de diálogo.
Llama al gobierno de Daniel Ortega a restablecer la institucionalidad democrática y republicana y el respeto a los Derechos Humanos, garantía de la paz en democracia.
Alianza Progresista de las Américas: Declaración de compromiso contra la corrupción
En el marco de una profunda crisis civilizatoria, la humanidad vive las contradicciones de un capitalismo cada vez más global y deshumanizado, que niega la posibilidad de vivir dignamente a millones de seres humanos, y amenaza la convivencia y la paz a escala global.
Es en este contexto de incertidumbres que la derecha más reaccionaria y conservadora encuentra campo fértil para desmontar los avances conquistados por las luchas de la izquierda social y política.
Es por ello que las fuerzas socialistas y progresistas debemos asumir sin dilaciones la responsabilidad de defender las transformaciones alcanzadas en la región, haciéndolo con la convicción de que solo mediante la continua revisión, evaluación, y autocrítica de nuestros procesos se asegura el respaldo popular en tiempos de inestabilidades políticas, económicas y sociales.
La actividad política debe estar enmarcada en criterios éticos y basada en una concepción del poder como instrumento de creación de una sociedad justa y democrática, que rechaza la noción del poder por el poder mismo.
El acceso a los cargos públicos no puede ser objeto de intereses parciales o personales, ni es un privilegio. Es un servicio a los ciudadanos a los que se representa o gobierna y debe ejercerse con la mayor austeridad, responsabilidad y lealtad para con los representados.
Debemos reconocer que nunca serán suficientes los esfuerzos por impedir que acciones aisladas guiadas por el interés egoísta, inevitablemente manchen nuestras estructuras y nuestra ética colectiva. Pero sí podemos comprometernos a trabajar para que nuestra respuesta frente a tales actos esté siempre a la altura de lo que nuestras sociedades esperan, y ello se hace asumiendo las responsabilidades colectivamente y aplicando todos los mecanismos disponibles sobre quienes sean responsables de dichos actos.
Nuestras organizaciones deben liderar la lucha por la transparencia y esto exige analizar sistemáticamente tanto los aciertos como los errores cometidos, sin margen para las excusas. Debemos ser implacables: ser vacilantes o tener doble moral nos deslegitima y nos condena. La derecha lo sabe, y por eso utiliza cualquier error o la tergiversación para acusar a nuestros gobiernos. No lo debemos permitir ni debemos dar margen a la mínima duda. Nuestra conducta en la función pública debe apegarse estrictamente a los valores que defendemos y a los intereses de las mayorías sociales.
La honestidad ha sido históricamente una seña de identidad de nuestro accionar como actores políticos pero también como individuos, determinando nuestras relaciones humanas, nuestra ética, y nuestro compromiso por avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, transformando la realidad desde lo cotidiano.
Por todo ello, no podemos permitirnos ceder ante los intentos de la derecha por instaurar en el imaginario colectivo la idea de que todo es lo mismo, de que no existen derechas e izquierdas, sino partidos políticos que actúan como corporaciones en función de sus intereses particulares.
Hacerlo, significaría renunciar a una de nuestras históricas banderas.
Diputado Sergio Abrevaya (GEN) C.A.B.A. Las conductas, por repetidas, tienden a transformarse en hábitos. Y que duda cabe que los piquetes lo son: en las últimas dos semanas, dos importantes protestas inhabilitaron parte de la circulación en Capital. Una de ellas, doce días atrás, impidió la circulación del Metrobus en pleno horario pico de ingreso a la Ciudad; la 9 de Julio quedó interrumpida de lado a lado. Y las calles fueron un pandemonio. Este miércoles, diferentes organizaciones sociales, cortaron 30 esquinas. Según un informe privado, los piquetes se dispararon en marzo y aumentaron un 40% en el país, en relación a febrero.
Estas protestas volvieron a poner en foco el grave problema que arrastra la Ciudad desde, al menos, 2001. Aquel año las calles y las avenidas se transformaron en el lugar en donde visibilizar el enorme conflicto social y económico que se venía gestando y que explotó en diciembre. Aunque la gente salió a la calle en todo el país, Buenos Aires fue el epicentro de las protestas. Aquellos sucesos y la represión policial dejaron un saldo de 38 muertos. ¿La sombra de «diciembre de 2001» se ciñe aún sobre la 9 de Julio? ¿Por qué no fue posible recuperar la civilidad y normalizar el derecho de protestar y el de circular?
Horacio Rodríguez Larreta: «Hay que modificar la legislación penal para poder detener a los violentos en las protestas»
Como se dijo, marzo fue un mes conflictivo en las calles. Hubo 517 piquetes en todo el país, 101 en la Ciudad y 122 en Provincia de Buenos Aires. En enero hubo 347: 64 en Ciudad y 71 en Provincia. Y en febrero fueron 369: 61 y 80, respectivamente. A nivel nacional, en los tres meses, fueron un total de 1.233. Según las estadísticas de la consultora Diagnóstico Político, se trata de «uno de los inicios de año más conflictivos desde 2009». Trabajadores estatales y organizaciones sociales fueron los principales protagonistas de estos cortes.
La conflictividad sigue en la calle, latente. Y no es que no haya habido ensayos y anuncios sobre métodos para contener los piquetes. El último fue el mentado «protocolo antipiquetes» que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en febrero de 2016. Envalentonado por el triunfo de diciembre en las elecciones, el PRO intentó dar cumplimiento a una de las demandas de los vecinos, ordenar las protestas para circular con previsibilidad. El protocolo debía ser puesto en marcha por todas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y porteñas. Básicamente, los efectivos debían intervenir en caso de que los manifestantes utilizaran palos, tuvieran las caras cubiertas o manipularan bombas molotov; y también cuando no permitieran la libre circulación.
Pablo Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y lleva años estudiando el fenómeno de las protestas. Sentencia: «En nuestro país no hay legislación relacionada con protocolos, no poseen una categoría jurídica y no tienen alcance legal para ser aplicados. Por otra parte, el Código Penal no permite que accionen las fuerzas de seguridad sin amparo judicial. A todo esto se suma que en las últimas marchas estuvieron interviniendo fuerzas de seguridad sin identificar, vestidos de civil, y el protocolo no menciona nada al respecto, de la misma manera que no dice si pueden usar armas de fuego o no. En concreto, todo es irregular, por eso, no es aplicable». Por otro lado, recordó que las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional se manifestaron críticas del protocolo.
Frente a esta situación el diputado Sergio Abrevaya (GEN) ingresó en la Legislatura un proyecto con el que busca incluir la «obstrucción de la vía pública» como un delito contravencional. Las sanciones prevén entre 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre $200 y $1.000.
«El protocolo es un conjunto de medidas internas de la Policía, como un organigrama. Lo que nosotros proponemos es una ley y una prohibición concreta: uno o dos carriles libres en calles y avenidas donde haya transporte público. Y el texto combina derechos: libertad de manifestar sin interrupción del tránsito. Creemos que, con una ley en la mano, para la Policía va a ser mas sencillo controlar un piquete», explicó. Según su visión, son tantos los cortes que pierden efecto porque «al gobierno deja de interesarle. En tanto muchos vecinos no entienden por qué es la protesta y finalmente la situación les genera un enorme rechazo». En ese sentido, Abrevaya valora que, por ejemplo, la organización Barrios de Pie, en las últimas protestas, haya dejado carriles liberados: «Si el piquete no te complica la vida, es más fácil tener empatía».
Durante años, el argumento del Gobierno local fue no disponer de policía propia para actuar en estos casos. Pero esa fuerza funciona desde enero de 2017. Habrá quien recuerde que, poco antes, el presidente Mauricio Macri le pidió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, frenar los piquetes.
Como había informado Clarín, hubo cruces dentro del macrismo por este tema: para funcionarios de Nación, el control depende de la Ciudad mientras que, según sus colegas porteños, el conjunto de reglas propuesta es inaplicable y los reclamos se dirigen, básicamente, hacia Nación.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad dijeron a Clarín off the record que trabajan “fuertísimo” en conjunto, que “hay menos cortes totales y que “se llegó a un acuerdo para que no se corte el Metrobus”.
Los agentes de policía porteños ya están. Queda por ver qué sucederá cuando, además, el Ejecutivo cuente con una ley.
18/04/2018. Margarita Stolbizer presentó hoy un escrito para ampliar la denuncia por presunta comisión de delitos en contra de la administración pública dentro del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). En esta oportunidad, se trata de la contratación de una empresa de Limpieza para la renovación de subestaciones de tendido eléctrico de media y baja tensión, donde se repiten los personajes y las maniobras de direccionamiento de las licitaciones y contrataciones hacia empresas que nada tienen que ver con las especificaciones técnicas necesarias para prestar el servicio que se está contratando.
El escrito fue presentado ante la Procuración de Investigaciones Administrativas y según se detalla en el mismo, el SubGerente de Servicios de Apoyo, Guillermo Strokach, le pidió al Departamento de Suministros que realice el proceso para la obra «Renovación de subestaciones y tendido eléctrico de media y baja tensión INTI – PTM» por un importe de $50 millones.
«Con solo mirar las especificaciones técnicas, surge con claridad la irregularidad de la contratación que hiciera el INTI de la empresa privada La Mantovana, es fácil advertir que la empresa que resulta contratada debería tener capacidad y un objeto acorde a la contratación, sin embargo mucha imaginación hace falta para determinar que una empresa de limpieza puede ser contratada para renovar subestaciones y tendido eléctrico», advirtió Stolbizer.
Esta empresa resultó adjudicataria de muchas obras a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo y solo por citar algunas, ya que se trata de cientos: reacondicionamiento y refuncionalización del «CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL» en un «PARQUE ECOTEMÁTICO DEMOSTRATIVO Y EXPERIMENTAL», la contratación de un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo para edificios de la Policía de la Ciudad; y contratación del «Servicio integral de Operación, Mantenimiento y Limpieza» a ser prestado en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según Stolbizer, las responsabilidades a investigar corresponden de manera directa a los funcionarios que desde Presidencia, Gerencia General, y Subgerencias
involucradas, que han tenido parte en el proceso de toma de decisiones que concluyera con la contratación de La Mantovana, lo que podría configurar algunas de las conductas tipificadas y reprimidas en el titulo de los delitos contra la administración pública y en el Código Penal.
«Estas decisiones en las contrataciones, implican un perjuicio grave para los empleados, para el Instituto y su sustentabilidad financiera. Hechos de esta naturaleza lesionan la credibilidad pública y social en las instituciones, y degradan el estado de derecho; investigarlos es un imperativo para la justicia como es para quienes lo denunciamos, una simple obligación en nuestro carácter de ciudadanos bregando por una mejor administración», finalizó Stolbizer.
