18/04/2018.
Margarita Stolbizer presentó hoy un escrito para ampliar la denuncia por presunta comisión de delitos en contra de la administración pública dentro del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). En esta oportunidad, se trata de la contratación de una empresa de Limpieza para la renovación de subestaciones de tendido eléctrico de media y baja tensión, donde se repiten los personajes y las maniobras de direccionamiento de las licitaciones y contrataciones hacia empresas que nada tienen que ver con las especificaciones técnicas necesarias para prestar el servicio que se está contratando.
El escrito fue presentado ante la Procuración de Investigaciones Administrativas y según se detalla en el mismo, el SubGerente de Servicios de Apoyo, Guillermo Strokach, le pidió al Departamento de Suministros que realice el proceso para la obra «Renovación de subestaciones y tendido eléctrico de media y baja tensión INTI – PTM» por un importe de $50 millones.
«Con solo mirar las especificaciones técnicas, surge con claridad la irregularidad de la contratación que hiciera el INTI de la empresa privada La Mantovana, es fácil advertir que la empresa que resulta contratada debería tener capacidad y un objeto acorde a la contratación, sin embargo mucha imaginación hace falta para determinar que una empresa de limpieza puede ser contratada para renovar subestaciones y tendido eléctrico», advirtió Stolbizer.
Esta empresa resultó adjudicataria de muchas obras a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo y solo por citar algunas, ya que se trata de cientos: reacondicionamiento y refuncionalización del «CENTRO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL» en un «PARQUE ECOTEMÁTICO DEMOSTRATIVO Y EXPERIMENTAL», la contratación de un servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo para edificios de la Policía de la Ciudad; y contratación del «Servicio integral de Operación, Mantenimiento y Limpieza» a ser prestado en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según Stolbizer, las responsabilidades a investigar corresponden de manera directa a los funcionarios que desde Presidencia, Gerencia General, y Subgerencias
involucradas, que han tenido parte en el proceso de toma de decisiones que concluyera con la contratación de La Mantovana, lo que podría configurar algunas de las conductas tipificadas y reprimidas en el titulo de los delitos contra la administración pública y en el Código Penal.
«Estas decisiones en las contrataciones, implican un perjuicio grave para los empleados, para el Instituto y su sustentabilidad financiera. Hechos de esta naturaleza lesionan la credibilidad pública y social en las instituciones, y degradan el estado de derecho; investigarlos es un imperativo para la justicia como es para quienes lo denunciamos, una simple obligación en nuestro carácter de ciudadanos bregando por una mejor administración», finalizó Stolbizer.
