COMPROMISO PROGRESISTA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

En Argentina la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones continúa siendo una asignatura pendiente. Si bien a lo largo de las últimas décadas las mujeres hemos conquistado una serie de mejoras en la condición jurídica y legal, es evidente que persiste una importante brecha entre dicha situación y la realidad objetiva que aún nos impide alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades.

La separación y diferencial valoración de las esferas privada y pública siguen operando como matriz de desigualdad que se perpetúa en el tiempo, asignándonos a mujeres y varones roles culturalmente impuestos, permaneciendo intactas las relaciones asimétricas de poder que generan la violencia, la discriminación y la cosificación de las mujeres. El principal desafío es generar un cambio cultural que elimine los prejuicios y los mandatos impuestos que en la actualidad sostienen y reproducen el machismo, y por lo tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres.

A pesar de las conquistas de las últimas décadas queda mucho por hacer. Desde 2008, 1.808 mujeres fueron asesinadas víctimas de la violencia de género y cada 30 horas una mujer es ultimada a manos de un familiar, pareja o expareja. A su vez, nos hemos convertido en un país de origen, de destino y tránsito para las víctimas de las redes de trata. Y los avances legislativos no han logrado cambiar dicha situación que se agrava de manera persistente.

Hoy la clandestinidad del aborto es la principal causa de la mortalidad materna. La penalización vigente no disuade a las más de 500.000 mujeres que cada año interrumpen embarazos no deseados en absoluta ilegalidad y desprotección, poniendo en riesgo su salud, su libertad, su integridad y su vida. Esta práctica las expone también a tratos crueles e inhumanos y a ser víctimas de violencia institucional. Esta punición promueve un mercado negro millonario que, además de lucrar con la vida, la salud y la autonomía de las mujeres, conspira para que todas accedan a procedimientos seguros.

El sesgo de género se hace evidente al observar las tasas de desocupación, precariedad y desigualdad de ingresos. Las mujeres están expuestas a una mayor subocupación horaria en el mercado laboral debida, principalmente, a la desigual organización del cuidado del hogar entre los miembros de la familia. Las mujeres siguen siendo minoría cuando se trata de cubrir u ocupar puestos jerárquicos.

Definimos los siguientes objetivos:

  • Fortalecer al estado hasta que logre una presencia contundente en lo que hace a la eliminación de toda forma de discriminación, independientemente de su género, elección sexual, creencias, edad, etnia o ideología.
  • Disminuir sustancialmente la violencia de género entendiendo que constituye una de las principales violaciones de los derechos humanos. Bajar las tasas de femicidio será nuestra prioridad.
  • Consagraremos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo porque en la Argentina que queremos la salud sexual y reproductiva les pertenece.

Por eso, nos comprometemos en los primeros 100 días:

  • Regularizar por Ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    Vamos a regular y legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las normas internacionales de derechos humanos reconocen la necesidad de avanzar hacia la despenalización. De conformidad con ello ayudaremos a que mujeres y niñas puedan acceder a la atención de su salud basada en la prevención y adopción de decisiones independientes, protegiendo el derecho a la vida, a no ser discriminadas, a la integridad física y a la libre elección de su proyecto de vida personal y familiar. Esta iniciativa reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo de manera legal, segura y gratuita en los servicios del sistema de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad, sean éstos de gestión pública o privada, sin autorización judicial previa alguna. De manera complementaria, daremos cumplimiento a la implementación de los protocolos de atención de abortos legales a nivel nacional. Reglamentaremos la Ley 25.929 de Parto Respetado y monitorear la atención especializada antes, durante y después del parto.

  • Declarar el Estado de Emergencia Nacional por Violencia de Género.

    Declararemos la Emergencia Nacional en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional. Haremos efectiva implementación de la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y pondremos en marcha un equipo interdisciplinario responsable para su seguimiento y cumplimiento.

  • Empleo y políticas de cuidado.

    Crearemos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que contribuirá a que las familias puedan resolver el conflicto de conciliación de la vida laboral, reproductiva y familiar. Equipararemos la licencia laboral, entre varones y mujeres, por nacimiento, adopción y cuidado de niños, niñas y adolescentes, familiar enfermo o con discapacidad. Promoveremos la corresponsabilidad tanto entre el Estado y la sociedad, como entre los varones y las mujeres, de la crianza y cuidado de los miembros del hogar. Garantizaremos servicios de cuidado públicos y gratuitos, así como el acceso a Centros de Desarrollo Infantil y Lactarios, tanto en el ámbito público como privado. Impulsaremos la implementación de subsidios que faciliten la contratación de servicios de cuidado por parte de personas en actividad. Vamos a legislar sobre las responsabilidades familiares a los fines de una participación equitativa de las mujeres en el mercado de trabajo.

  • Gabinete mixto.

    Aseguraremos la paridad de género en los cargos ejecutivos a fin de promover y garantizar la participación de mujeres y varones en los ámbitos de decisión, de manera igualitaria.

  • Cuerpos colegiados mixtos.

    Aseguraremos la paridad y alternancia de género en la integración de las listas a cargos electivos. Promoveremos la incorporación sistemática de la perspectiva de género en todas las instituciones y en el diseño y ejecución de las políticas públicas, teniendo por objetivo la equidad de género mediante el empoderamiento de las mujeres.

  • Creación del Ministerio de la Igualdad.

    Crearemos el Ministerio de la Igualdad que tendrá a su cargo el diseño, la implementación, la ejecución y el monitoreo de políticas públicas en materia de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres, empoderamiento y equidad de género y erradicación y prevención de toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres. Este ministerio será el responsable de la articulación, coordinación y supervisión de estas políticas con el resto de los organismos gubernamentales a fin de transversalizar la perspectiva de género en la formulación de todas las políticas de Estado.

  • Estadísticas de género públicas y confiables.

    Garantizaremos la provisión, producción y divulgación de la información estadística a fin de elaborar, evaluar y difundir políticas públicas en esta materia. Para esto se instrumentarán mecanismos participativos con las organizaciones de la sociedad civil, universidades y las distintas áreas y niveles de gobierno.

A mediano plazo, nos comprometemos a:

  • Información sobre salud sexual y derechos reproductivos al alcance de todos.

    Pondremos en marcha programas de información sobre salud sexual y derechos reproductivos dirigidos a las juventudes, en todo el territorio nacional, para el ejercicio de una sexualidad segura, sin riesgos de enfermedades ni embarazos no deseados. Crearemos la Consejería Integral en Anticoncepción y las Consejerías de pre y postaborto en todo el territorio nacional. Garantizaremos a la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y reproductiva.

    Implementaremos cabalmente la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional, tanto en establecimientos de enseñanza pública como en los de gestión privada. Y ejecutaremos políticas de salud sexual y reproductiva que promuevan la salud sexual de todas las personas en el marco de la Ley de Salud Sexual vigente.

  • Protección integral a las víctimas de violencia de género.

    Fundaremos Casas Refugios para la atención integral de mujeres que han sido víctimas de violencia por razones de género en el ámbito familiar y para personas que dependan de ellas. Estas instituciones proporcionarán albergue de manera temporal como así también la manutención tanto de las mujeres como de sus hijos/as y apoyo especializado de profesionales que contengan y acompañen en la búsqueda de alternativas estables.

  • Lucha sin cuartel contra la Trata de Personas.

    Desarrollaremos un plan nacional contra la trata y explotación de personas. Combatiremos integralmente este delito apuntando directamente a desarticular las redes y terminar con sus vinculaciones políticas, judiciales y policiales. Coordinaremos acciones con las autoridades competentes -según la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas- y las distintas jurisdicciones, destinadas a la prevención, protección y asistencia integral a las víctimas.

  • Protección Integral a las víctimas de Trata.

    Abriremos centros para mujeres víctimas de trata de personas con fines explotación sexual y laboral, a los efectos de cumplimentar con la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus víctimas. Estos centros brindarán atención integral con equipos interdisciplinarios especializados con el objetivo de trabajar la recuperación emocional y social de las víctimas; también proveerán patrocinio jurídico gratuito.

  • Ayuda económica para víctimas de violencia de género.

    Además de implementar y promover la Red Nacional de asistencia integral a mujeres víctimas, crearemos un Programa de asistencia y ayuda a la víctima de violencia de género mediante una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso. Esta ayuda será otorgada en casos de emergencia y coordinada por equipos psicosociales de profesionales.

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