Categoría: Compromisos Progresistas

Fortalecer la Agencia Municipal de Empleo como mecanismo de intermediación entre los comercios y empresas del Municipio y los jóvenes desempleados a partir de la creación de un Registro Municipal de Empleo Joven y el otorgamiento de beneficios tributarios a las empresas que contraten jóvenes por un período no menos a dos años.

Crear, dentro de la Dirección de Juventud un área específica de asesoramiento y promoción para la creación de Centros de Estudiantes.

Creación de la Asesoría Municipal Contra el Abuso Escolar y Laboral (bulliyng y mobbing), para acabar con estas prácticas mediante un equipo preparado de profesionales para el asesoramiento, la consulta y el tratamiento, así como para la realización de charlas y actividades.

Creación de un cuerpo de profesionales en materia de Régimen Penal Juvenil para el asesoramiento y tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal que les garantice las garantías constitucionales y estándares internacionales en la materia ante una legislación nacional que en al materia debe ser reformada, puesto que hoy algunas de sus disposiciones están en contraposición a la Constitución y los Tratados Internacionales.

Creación del Concejo Deliberante de la Juventud, como iniciativa que pondere la participación directa de los jóvenes en la diagramación de políticas públicas. El programa, tiene dos etapas: la primera la etapa de discusión en los últimos años del secundario en las escuelas públicas y privadas del distrito de las problemáticas, propuestas y proyectos que surjan de los jóvenes; y la segunda etapa, a partir de la elección democrática de un Concejo Deliberante de la Juventud entre todos aquellos alumnos, tendrá lugar en el Recinto del H. Concejo Deliberante, y pondrá en tratamiento los aquellos proyectos.

Creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, para gestionar políticas para el alto rendimiento deportivo. Contará con: Laboratorio de biomecánica, laboratorio de fisiología del ejercicio, laboratorio de entrenamiento y motricidad y laboratorio de análisis de la competencia.

Creación del Programa del “Bono Cultural” que pretende democratizar el acceso a la cultura centrando la atención en la demanda, subsidiándola a partir de un sistema de “vales culturales” expresados en moneda nacional, a fin de contrarrestar la desigualdad real de oportunidades en términos de asistencia, participación y acceso. Las artes y la cultura deben ser consideradas como un bien público y como tal, debe ser garantizado mediante políticas públicas.

Construcción del Skate Park “El vagón” con el objeto de constituir un lugar para el desarrollo de actividades de patín y bicicleta, además de skate.

Instalación del Estudio de Grabación Municipal con un doble objetivo. Por un lado brindar propuestas de formación que abarcan diversos oficios y herramientas del mundo de la música y otras artes (talleres de grabación en estudio, sonido, producción, prensa, periodismo, cine, fotografía, diseño gráfico, canto). Por otro lado, se posibilitará acceder a una grabación de un simple con dos temas, con calidad profesional, a aquellos músicos que no tuvieron la oportunidad de grabar su “disco debut”.

Creación del Salón de Usos Múltiples Municipal, equipado para la realización de diversas actividades del ámbito de la cultura y al recreación (ferias de emprendedores, exposiciones artísticas, presentación de grupos musicales, etc.) para ser usado por los y las jóvenes en particular, y los vecinos y vecinas de Morón en general.

PROPUESTAS ABORDADAS POR NUESTROS LEGISLADORES

• Acceso a la Primera Vivienda
• Promoción del Empleo Joven
• Programa por el “Bono Cultural”
• Reforma del Régimen Penal Juvenil
• Ley de Asignación Universal por Hijo
• Creación del Boleto Estudiantil Universal
• Ley de Juventudes
• Ley de Promoción y Creación de Centros de Estudiantes
• Despenalización de la Tenencia y del Consumo

Acceso a la Primera Vivienda

El proyecto de ley propone mecanismos para facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes de entre 18 y 35 años de edad que no califiquen para un crédito bancario. Esta línea de créditos a tasa preferencial será alcanzada mediante subsidios y reintegro del IVA. Paralelamente habrá una línea de créditos más accesibles destinada a jóvenes jefas o jefes de hogar; o con estudios en curso; o con discapacidad. En el mismo sentido, el proyecto contempla el establecimiento de un cupo del 40% en los planes de vivienda nacionales destinados a los jóvenes y el establecimiento de micro-créditos colectivos para no menos de tres jóvenes vecinos. Por último, se contempla impulsar un sistema de ahorro-previo para la adquisición de a primera vivienda a partir de una caja de ahorro de cuota y plazo fijo mayor a 2 años, recibiendo al finalizar los intereses con un subsidio del 20%.

Promoción del Empleo Joven

Este proyecto de ley está destinado a la población joven comprendida entre los 16 y los 29 años, que no cuenten con un empleo formal o se encuentren desempleados. El régimen a crear, contempla beneficios impositivos a las empresas que empleen jóvenes bajo las condiciones establecidas por el proyecto de ley por un período no menor a dos años. La incorporación de los jóvenes deberá realizarse en paridad de género, esto es 50% de asignación para cada sexo. Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional del Primer Empleo donde se inscriban los jóvenes y las empresas y un régimen de tutorías y de asesoramiento en las áreas de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en las diferentes instancias de la Administración Pública.

Programa por el “Bono Cultural”

El programa busca garantizar el acceso democrático a productos, bienes y servicios culturales considerados como un bien público, tales como representaciones de artes escénicas, conciertos de música, obras audiovisuales y cinematográficas, ediciones literarias, exposiciones de artes plásticas, actividades relacionadas con el patrimonio histórico y/o museos y/o cualquier otra manifestación de interés artístico y cultural. A tal fin, se establece un sistema de fomento mediante la entrega anual de un “Bono Cultural”, un vale de uso y con identificación personal equivalente a una suma en moneda nacional, destinado a conseguir el acceso total o parcialmente gratuito a los productos, bienes y servicios culturales antes descritos. Asimismo, se prevé un sistema de fomento a las producciones independientes, que serán destinatarias de un cupo preferencial en la asignación del Bono.

Reforma del Régimen Penal Juvenil

El proyecto establece un sistema legal específico en materia de responsabilidad penal juvenil, que garantice a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal las garantías constitucionales y estándares internacionales en la materia. De este modo, de establecerá un tratamiento adecuado y se establecerá una serie de sanciones alternativas. Asimismo, el proyecto contempla la derogación del decreto-ley 22.278/80 de la Dictadura Militar, cuyas disposiciones están hoy en contraposición a la legislación vigente y la Constitución.

Ley de Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) hoy está establecida por un Decreto presidencial y posee una jerarquía inferior a las leyes. Por tal motivo, nuestros legisladores han presentado un proyecto de ley para establecer por ley la AUH, las Asignaciones por Discapacidad y la Asignación por Embarazo, para que se constituyan en políticas de estado. Además, el proyecto prevé mecanismos de actualización automáticos, evitando así, que el incremento en el monto de las asignaciones dependa de una decisión presidencial, es decir para que no se trate de una “concesión” sino del ejercicio libre de un derecho.

Creación del Boleto Estudiantil Universal

El proyecto de ley establece la creación del Boleto Estudiantil Universal para el transporte público, automotriz y ferroviario, en todo el territorio nacional para los estudiantes de todas las modalidades y niveles de la educación pública. Para los niveles inicial, primario y secundario, se prevé un régimen de tarifa especial para los padres, madres o tutores de los menores de edad que viajen en calidad de acompañantes. Para los estudiantes del nivel superior (universitario y no universitario) se prevé una tarifa diferencial que alcance también el transporte de mediana y larga distancia, a fin de facilitar el retorno al hogar de aquellos estudiantes que residan fuera de las áreas urbanas.

Ley de Juventudes

Este proyecto surge de la necesidad de comenzar a pensar políticas juveniles que garanticen los derechos de los y las jóvenes que habitan el territorio Nacional. Hoy, no existe un marco legal que defina y vele por los derechos de las Juventudes. Argentina no ha firmado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, del año 2005, donde se enuncian los principales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que hacen al pleno desarrollo y disfrute de la condición juvenil. Por tanto es necesario instar una regulación para que el Estado reconozca los derechos humanos inalienables de todos los jóvenes, y se comprometa a respetarlos y garantizarlos. Así el Proyecto enuncia una serie de derechos tales como: derecho a la realización personal, derecho a la libertad e integridad personal, derecho a la identidad de origen y biológica, derecho a la intimidad y propia imagen, derecho a la igualdad y respeto por la diversidad, derecho a la educación, derecho a la cultura y arte, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna y al hábitat, derecho a la salud, derecho al ambiente y desarrollo sustentable y al derecho al ocio, recreación y deporte, entre otros.

Ley de Promoción y Creación de Centros de Estudiantes

En la Argentina existe una larga experiencia de organización estudiantil, este proyecto busca darle un marco legal a la organización estudiantil, promoviendo la participación y compromiso de los estudiantes con las problemáticas de cada uno de los colegios y la educación en general. Al darle un marco legal los estudiantes podrán organizar sus Centros de Estudiantes sin interferencias por parte de las autoridades educativas ni de los gobiernos de turno.

Despenalización de la Tenencia y del Consumo

Las políticas públicas deben contribuir a un tratamiento integral de las adicciones, resultando como corolario de estas, la descriminalización de los consumidores de estupefacientes a través de la modificación a la Ley 23.737, recogiendo así los fallos de la Corte Suprema de justicia de la Nación en la materia. Alrededor de 1200 jóvenes son procesados anualmente por tenencia en la Argentina, solo una de cada diez causas por drogas son delitos de narcotráfico: la situación actual coloca a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad frente al sistema penal y es ineficaz para combatir al verdadero narcotráfico.

En la República Argentina existen más de 7 millones de personas con alguna discapacidad.Si bien el INDEC en la última encuesta de hogares del año 2010 indicó que “las ´personas con dificultad o limitación permanente” alcanzan al 12,9 % de la población, la encuesta no se formuló adecuadamente lo que permite suponer que las cifras superan el mencionado porcentaje.

Recientemente el Congreso nacional, le otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidada través de la sanción de la Ley 27.044. Esto refuerza la asunción del compromiso por parte de nuestro país de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en dicha Convención.

Se impone, además, un gran cambio de paradigma respecto de las personas con discapacidad, que ya no son considerados objeto de beneficencia o asistencialismo sino sujetos de derecho que deben ser consultados, y participar en la toma de decisiones y formulación de leyes y políticas públicas que les atañen por ser los mejores expertos.

Es un camino que debe emprenderse transversalmente en todos los aspectos que hacen a la vida de las personas con discapacidad, y especialmente, dentro de este grupo,garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas y las mujeres, más frecuentemente vulnerados.

Por esto definimos los siguientes objetivos:

-Concientización de la población sobre el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendiendo especialmente a terminar con los prejuicios y la discriminación.

-Eliminación de barreras físicas y comunicacionales, estableciendo diseños universales accesibles y otras formas de accesibilidad física, así como formas de comunicación accesible como el sistema Braille, entre otros. Reconocimiento efectivo de la lengua de señascomo lengua de la comunidad sorda, difusión de su uso y existencia, presencia de intérpretes de lengua de seña donde sea necesario, uso de lenguaje simple y formas y modos alternativos y aumentativos de comunicación que aseguren el efectivo ejercicio de los derechos, convencidos de que el entorno es uno de los componentes que determinanel grado de discapacidad y, en muchos casos, la discapacidad misma.

-Se velará por el cumplimiento del derecho a la información, tanto en el plano de los medios masivos de comunicación, como el acceso a la información específica en temas de salud, obras sociales, empleo, escolaridad, cuestiones legales, etc.

-Capacitación profesional a nivel universitario y terciario no universitario, en forma transversal, incluyendo en el perfil sintético de la currícula universitaria los temas pertinentes referidos a las personas con discapacidad en todas las carreras, a fin de que cada profesional desde el inicio de su formación se encuentre imbuido en los principios de no discriminación, valoración de la diversidad, respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, igualdad de oportunidades, accesibilidad y demás principios enunciados en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad.

-Establecer la Educación Inclusiva en todo el territorio del país. Tendremos como objetivo que las personas con discapacidad se eduquen en la escuela pública común, convirtiendo las escuelas especiales existentes en centros de apoyo a los docentes de la escuela común, garantizando la permanencia, terminación de los estudios y la obtención de los títulos correspondientes, teniendo siempre la mira puesta en la inserción laboral. Se atenderá especialmente a la formación de docentes y otros profesionales de la educación y la salud para que actúen en el ámbito de la educación inclusiva.

-Garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a educación sexual y reproductiva y participen cada vez más activamente en la toma de decisiones que las afecten, en pie de igualdad con los demás.

-Erradicación de la violencia y el abuso sexual contra las personas con discapacidad, que son el grupo más vulnerable de la sociedad.

-Garantizarpara todas las personas con discapacidad que se encuentren cursando un embarazo, el cumplimiento de un protocolo de atención médica y psicológica que les permita comprender el proceso que están atravesando, incluyendo el momento del parto y la crianza del bebé.

-Dar cumplimiento en el ámbito del Estado nacional al cupo laboral del 4% para personas con discapacidad establecido en la ley. Asimismo crearemos los incentivos y daremos adecuada difusión a los ya existentes para que el número de personas con discapacidad trabajando en el ámbito privado sea cada vez mayor, tendiendo a la erradicación de la discriminación laboral por discapacidad.

-Garantizar la capacitación del personal del Estado que se desarrolle en atención al público para tratar con personas con discapacidad según su discapacidad.

-Poner en marcha programas de capacitación de oficios y ayuda a emprendimientos laborales independientes.

-Garantizar el derecho a la salud y a la rehabilitación de todas las personas con discapacidad, creando centros de rehabilitación que den atención a las personas que lo necesiten cerca de los hogares de quienes lo necesitan, en todas las áreas urbanas y rurales del país, teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas con discapacidad.

-Garantizar los derechos de las personas con discapacidad en materia de transporte de acuerdo a la ley, a fin de evitar las innumerables infracciones que se cometen en esta materia tan importante para el auto valimiento de las personas con discapacidad. Garantizando el principio de gratuidad y exigiendo a las empresas la completa accesibilidad del transporte en relación a los vehículos, puntos de acceso y descenso, y frecuencias, juntamente con el acceso razonable a los pasajes.

-Establecer políticas y acciones para reemplazar progresivamente la institucionalización de personas con discapacidad, asegurando apoyos para la vida en comunidad, como establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se brindarán desde el Estado los apoyos necesarios, entre otros, para fortalecer a la familia ampliada, de manera de lograr que los niños y adolescentes con discapacidad vivan en sus hogares y que los adultos desarrollen su vida incluso la formación de sus propias familias, en la comunidad, según sus preferencias y opciones informadas.

-Garantizar a las personas con discapacidad el acceso al deporte y la recreación, no dentro de un marco terapéutico de rehabilitación sino como derecho al esparcimiento en igualdad de condiciones con las demás personas.

-Garantizar el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad desarrollando programas de construcción de viviendas de diseño universal accesible, y fijando un porcentaje relevante en la distribución de las viviendas para las personas con discapacidad.

-Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a las actividades turísticas, exigiendo gradualmente a los centros y complejos turísticos de todo el territorio de la República diseños universales, otras medidas de accesibilidad física y formatos de comunicación accesibles que permitan a personas con discapacidades viajar y conocer el país.

-Implementar las medidas necesarias para contar con estadísticas confiables en materia de discapacidad que permitan ajustar las políticas públicas para el pleno cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

-Implementar un sistema de voto accesible para todas las personas con discapacidades.

Considerando que el voto es la culminación de un proceso de participación política de los ciudadanos, se tendrá especial cuidado en fortalecer la formación de las personas con discapacidad para participar en todas las instancias y ejercer sus derechos civiles y políticos. Entre otros: garantizar discursos, plataformas y toda información partidaria en formatos accesibles;promover la participación de las personas con discapacidad en los partidos,en laslistas para cargos electivosy en los cuadros técnicos; generar canales e instancias de encuentro de los candidatos con personas con discapacidad, así como lo hacen con empresarios, gremios, o con distintos sectores de la sociedad civil.

-Garantizar el derecho de las personas con discapacidad el acceso a la cultura, asegurando para ello la accesibilidad audiovisual, táctil, y otras formas que aseguren el acceso a la obra de que se trata ya sea cinematográfica, plástica, pictórica, etc.

-El Estado apoyará activamente la organización de las personas con discapacidad para defender sus derechos, difundirlos y formar en esta temática a más personas con discapacidad y sus familias, así como a profesionales e interesados en general. Reconocemos en las organizaciones de personas con discapacidad a los interlocutores de los distintos poderes del Estado para la generación de leyes, políticas y acciones de algún modo relacionadas con los intereses de las personas con discapacidad.

-Se creará una oficina para realizar el seguimiento del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, financiada por el Estado, que cumpla con el requerimiento de independencia del poder político y que garantice la participación de las organizaciones de personas con discapacidad.

“Artículo 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren lasa jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.”

La política ambiental a nivel nacional será pensada como parte integral y transversal de un modelo de desarrollo sustentable alternativo. Esto permitirá recuperar la idea del medio ambiente como derecho colectivo y revalorizar los recursos naturales entendidos como bienes comunes.

El mayor desafío será generar un cambio de paradigma en la implementación de las políticas de desarrollo. Habrá que re significar el valor ambiente para mejorar la calidad de vida de la sociedad y promover nuevas relaciones de producción y consumo. Y todo ello en el marco de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Asimismo, la profundización de los conflictos socio-ambientales en torno a los recursos naturales exige apostar por una democracia más participativa y solidaria, fortalecer los ámbitos gubernamentales e institucionales y generar los consensos necesarios para la toma de decisiones colectivas en torno al modelo de desarrollo deseado, y al uso y acceso de los bienes naturales.

Menos ambiente significa más pobreza y en este sentido, la equidad, la participación y la sustentabilidad serán los ejes nuestro programa dedicado a las propuestas ambientales.

El ambiente no reconoce fronteras económicas, políticas o jurisdiccionales. Por ello, debemos construir un modelo de desarrollo desde un enfoque eco sistémico, con una mirada integral del territorio y considerando sus condiciones naturales, económicas, sociales y culturales específicas.

Durante los últimos doce años, el modelo productivo argentino se basó principalmente en la extracción de recursos naturales, aprovechando los altos precios internacionales y a costa de concesiones, exenciones o beneficios a perpetuidad. Basta con observar la fenomenal expansión de la frontera sojera, la megaminería a cielo abierto y, recientemente, la “fiebre” por los hidrocarburos no convencionales para dar cuenta de que este modelo extractivo genera dependencia, socava nuestra soberanía, depreda nuestros recursos y bienes comunes, vulnerando derechos y generando pasivos ambientales que hipotecan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Actualmente, los hidrocarburos (petróleo y gas natural) representan un 90% de nuestra matriz energética. Hablamos de un modelo basado, casi exclusivamente, en combustibles fósiles -altamente contaminantes-, muy por encima de la media mundial.

El actual esquema productivo también ha generado fuertes impactos en los principales centros urbanos del país a partir de la expulsión de la población rural hacia las ciudades. La falta de una política de planificación territorial y sustentable acentuó las condiciones de urbanización precaria sin garantizar la infraestructura y los servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las personas.

No sólo la matriz productiva o energética, sino el modelo industrial e inmobiliario en general responden a esta lógica carente de planificación; la que ha permitido el crecimiento de un mercadoinmobiliario con fines estrictamente especulativosque no se enmarca en ningún criterio de ordenamiento territorial, urbanístico, o política habitacional ni socioambiental.

Con los últimos acontecimientos a raíz de fenómenos climáticos, sobra destacar que nuestro país carece de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres. El marco normativo está fragmentado, conformado por algunas leyes y decretos sólo vinculados a la respuesta al desastre y no a su prevención.

El denominador común es un Estado ausente en el diseño, planificación y concertación de políticas públicas sustentables a mediano y largo plazo.

Esta improvisación, la falta evaluación de impactos y riesgos de los proyectos e inversiones productivas e inmobiliarias que se instalan sin contar con la debida licencia social,así como los débiles (cuando no nulos) controles estatales, tienen consecuencias irreparables.

Este injusto estado de situación genera y profundiza conflictos socio-ambientales. Se requiere incorporar una perspectiva humana de la economía que contemple las cuestiones ambientales, así como en toda política pública, para que la garantía del estado frente a los derechos humanos no implique necesariamente la réplica sobre la depredación sino la prevención y planificación para evitarla. El principio de solidaridad intergeneracional debe ser el punto de equilibrio entre el crecimiento económico y la protección y sostenibilidad ambiental

Proponemos

Establecer un plan de ordenamiento ambiental del territorio integral desde un enfoque ecosistémico, con el objeto de, entre otras cosas:

1. Diseñar e implementar un modelo de desarrollo en base a la equidad y la integración territorial,con el fin de reducir las brechas y desigualdades socio-espaciales, y bajo un vínculo relacional y funcional entre lo urbano y rural.

2. Proteger y recuperar la capacidad productiva de nuestros suelos, reduciendo la tendencia al monocultivo, promoviendo la diversificación productiva para evitar la excesiva dependencia del estado o de los estados provinciales de las actividades extractivas, y alentando el desarrollo de las economías regionales, atendiendo a la función social de la propiedad.

3. Generar un plan de identificación y protección de áreas clave para la conservación. Efectiva implementación de las leyes de preservación de bosques nativos, glaciares y ambiente periglacial. Crear los marcos regulatorios necesarios y consolidar la protección de humedales y acuíferos, confeccionando los inventarios necesarios.

4. Impulsar medidas de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático.Evaluar zonas de riesgos y vulner abilidad socio-ambiental y desarrollar planes de prevención.

5. Crear un sistema de gestión integral de riesgos de desastres y una red nacional con un fuerte carácter participativo a nivel federal e intersectorial, junto a provincias y municipios, para reducir las vulnerabilidades y hacer frente a las diversas amenazas a las que están expuestas las comunidades.

6. Generar, en colaboración y coordinación con las provincias y los municipios, un sistema integrado de redes de gestión y recolección de residuos sólidos urbanos, brindando apoyo técnico y financiero.

7. Garantizar de manera universal el derecho de acceso al agua potable, mejorando el servicio en calidad y regular el uso de acuerdo a las necesidades de consumo de las personas y de las unidades productivas. Gravar y sancionar los abusos y la contaminación por desechos domésticos, industriales y como resultado de la explotación de los recursos naturales. Implementar la cobertura universal de la infraestructura básica de servicios en todos los hogares.

8. Diversificar la matriz energética, mediante la incorporación de energías “limpias” alternativas y renovables, fijando metas de reconversión progresiva de las fuentes energéticas. Promover inversiones sostenibles que minimicen la reducción de las fuentes no renovables y contaminantes de energía y muestren los beneficios del largo plazo.

Garantizar el pleno cumplimiento de las instancias de participación y consulta ciudadana, ampliando los mecanismos de participación multisectorial, multidisciplinaria y multinivel en los procesos de toma de decisión para que toda actividad antrópica con potencial impacto ambiental cuente con la debida licencia social.

En particular y con el mayor de los énfasis, garantizar el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas, haciendo efectivos el mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos -como el Convenio 169 de la OIT-, promoviendo y practicando una verdadera cultura de respeto de su relación con la tierra.

Fortalecer el rol y las capacidades estatales en materia de control ambiental:

-Articular con las jurisdicciones locales la realización de evaluaciones de impacto ambiental y de impacto ambiental estratégico o acumulativo (de acuerdo a las particularidades del área de influencia).Así como monitoreos periódicos.
-Implementar un programa de acción permanente para asegurar la plena vigencia de los principios preventivo y precautorio, especialmente en proyectos de explotación minera e hidrocarburífera.

-Prohibición de la megaminería contaminanteque por su escala de producción provoque grandes alteraciones geológicas o hidrológicas (alto consumo de volúmenes de agua, movimiento de grandes volúmenes de suelo), o utilice sustancias tóxicas como el cianuro, cianuro de sodio, ácido sulfúrico y toda otra sustancia considerada peligrosa. Reconversión de los proyectos en marcha, sujetos a una nueva evaluación de impacto ambiental, garantizándose la instancia de participación ciudadana.

-Prohibición del uso de la técnica de la fractura hidráulica. Suspensión de proyectos en ejecución. Realización de inventarios y auditorías ambientales en zonas de afectación.

-Regulación y fiscalización del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas en general para toda actividad productiva en función de las mejores prácticas y estándares internacionales.

Implementar herramientas de transparencia y acceso a la información ambiental, para mejorar la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas, así como el control ambiental.

Desarrollar una política de educación ambiental que impulse la valoración de los bienes comunes y conductas sustentables con el ambiente; promueva nuevas relaciones de producción y consumo; y genere estrategias de comunicación sobre la temática ambiental, con el objetivo de fortalecer una ciudadanía informada, consciente y crítica de las problemáticas ambientales.

Compromiso firmado

1. Promover una política nacional de cuidado para la primera infancia.

Promover la corresponsabilidad tanto entre el estado y la sociedad, como entre los varones y las mujeres, de la crianza y cuidado de los miembros del hogar.

Programa Nacional de Cuidados de la Primera Infancia, para niños de 0 a 5, para el pleno desarrollo de la primera infancia. Se hará obligatoria la existencia de centros de cuidado de 0/4 años que permitan la conciliación familia-trabajo, tanto en ámbitos públicos como privados. Creación de centros integrales de cuidado infantil a partir de los 45 días hasta los 3 años de vida. En estos centros se contará con recursos para desarrollar intervenciones en salud y nutrición que aseguren el desarrollo integral y el bienestar de los sujetos protegidos.

Oferta de servicios de cuidado con altos estándares de calidad, promoviendo especialmente el acceso de las familias más vulnerables. Profesionalización de las cuidadoras y educadoras a cargo de los servicios, atendiendo la calidad de sus empleos. Impulsar la implementación de subsidios que faciliten la contratación de servicios de cuidado por parte de personas en actividad.

Garantizar servicios de cuidado públicos y gratuitos, así como el acceso a Centros de Desarrollo Infantil y Lactarios, tanto en el ámbito público como privado.

Redistribución de las tareas del hogar y de cuidado, no solo en el ámbito familiar sino también entre las familias, el estado, el mercado y la comunidad. Provisión de servicios de cuidado infantil por parte del Estado otorga legitimidad y reconocimiento a estas tareas, evidenciando su carácter de trabajo, facilitando su «desfamiliarización» y creando oportunidades para las mujeres de inserción en el mercado del trabajo formal. Legislación sobre las responsabilidades familiares a los fines de una participación equitativa de las mujeres en el mercado de trabajo. Reforma a la Ley de Contrato de Trabajo para que los establecimientos con 100 o más trabajadoras o trabajadores mantengan una sala maternal y guardería infantil para hijos e hijas hasta los 5 años.

Ley de tenencia compartida de los hijos, teniendo a cargo la madre y el padre en igualdad de condiciones las responsabilidades familiares. Se brinda al juez la herramienta para resolverlo.

Mayor cobertura de las licencias por maternidad y paternidad, incluyendo también a los familiares. Equiparar la licencia laboral, entre varones y mujeres, por nacimiento, adopción y cuidado de niños, niñas y adolescentes, familiar enfermo o con discapacidad.

2. Reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil.

Tomaremos iniciativas siguiendo el modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia y su extensión a todas las maternidades del país que atienden más de 1.000 partos por año, en articulación con el Programa Sumar y en el marco del proceso de regionalización de los servicios.

3. Eliminar la desnutrición, mejorar la nutrición y reducir los casos de obesidad.

Fomento a las prácticas de alimentación sana como la lactancia materna hasta los dos años y la ingesta de alimentos saludables, además de promover la actividad física.

Mejora en las condiciones de vida, como el acceso al agua potable y saneamiento, importantes determinantes en el estado de salud y nutricional de la infancia.

Actualización de datos oficiales sobre el estado nutricional de la infancia y la adolescencia, la medición del costo de inacción, la implementación de políticas públicas de prevención, la promoción del diálogo con el sector privado en producción de alimentos y la concientización de la sociedad.

4. Garantizar la obligatoriedad en salas de 4 y 5 años y expandir la sala de 3.

Universalización de las salas de 3 y de 4 años garantizando estándares de calidad.

Política de recursos humanos para el nivel, ya que la planta actual es insuficiente. Prestigiar la profesión docente para que vuelva a ser una aspiración entre nuestros jóvenes. Solo se logrará con una mejora real de las condiciones de trabajo de nuestros maestros, lo que podrá ser acompañado además por campañas de comunicación. La caída en la aspiración a ser maestro dificulta la convocatoria de candidatos suficientes en varios distritos del país.

Garantías de espacios adecuados y los recursos necesarios para el sostenimiento e incremento de los servicios del nivel.

Disminución de las brechas de acceso interprovinciales y crecimiento con enfoque de equidad.

Jerarquización de la formación docente, con enfoque de equidad.

5. Garantizar la calidad e inclusión en la educación básica obligatoria (6-18 años).

Proponemos una revolución en la escuela secundaria. Cambio de paradigma pedagógico que supere el divorcio entre las nuevas generaciones y el molde escolar tradicional. No se puede seguir enseñando como hace 100 años. Hoy el maestro es un reproductor de conocimiento y el alumno es un pasivo receptor. La Argentina tiene que ir hacia una nueva lógica del saber escolar, donde el alumno sea protagonista y el docente su guía y orientador.

Debemos ir a un paradigma en el que las nuevas tecnologías funcionen como mediación entre ambos. Queremos alumnos que tengan cada vez más autonomía para incorporar información y producir conocimiento. Transformaremos la clase en un espacio donde se «aprende a aprender»; un lugar común donde los alumnos investiguen y docentes guíen, hagan presentes los conceptos faltantes, posibiliten la confrontación de diferentes perspectivas e incentiven la curiosidad de los alumnos, para que descubran y transiten el camino de la producción del conocimiento. Para esto necesitamos al maestro en una mismo escuela, con los mismos alumnos, con tiempo para trabajar junto a expertos en múltiples disciplinas para realizar este cambio de paradigma.

Dotar al Instituto Nacional de Formación Docente de la infraestructura, los recursos humanos y las tecnologías educativas más avanzadas para que los institutos de formación de todo el país constituyan a los profesores de enseñanza secundaria en los promotores del cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje.

Mejores condiciones de trabajo y bienestar para los docentes. Terminar con los docente-taxi, práctica extendida en la escuela secundaria. El nombramiento de los profesores secundarios debe ser por cargo docente, no por horas, para lograr que un maestro tienda a concentrar su tiempo de trabajo en una misma institución. Mejora en las condiciones de vida y trabajo de los maestros, garantizando un salario digno, con mayor participación del gobierno nacional en las discusión de la política salarial. Se facilitar los trámites burocráticos como autorizaciones para salidas didácticas y pedido de licencias, que hacen perder tiempo a los docentes. Garantizar el acceso a atención médica de calidad, e incentivar los docentes para que concentren horas en una misma escuela.

Convocar a 100.000 consejeros juveniles o tutores para visitar los hogares de los chicos que abandonaron la escuela. Cada consejero va a acompañar y orientar su inclusión en la educación obligatoria, apoyarlos académicamente y hacer el seguimiento de su nuevo trayecto educativo. En 2023 será real la universalización de la educación secundaria en Argentina.

Boleto Educativo, Gratuito y Universal para posibilitar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición socio-económica, acceder al transporte público para ir y volver a la escuela, colegio o universidad. El otorgamiento del BEGU tiene carácter universal y cubrirá la totalidad del trayecto que realiza el estudiante o el docente desde su domicilio hasta el establecimiento educativo que concurre. Es para el transporte público automotriz y ferroviario, en todo el territorio nacional para los estudiantes de todas las modalidades y niveles de la educación pública. Para los niveles inicial, primario y secundario, se prevé un régimen de tarifa especial para los padres, madres o tutores de los menores de edad que viajen en calidad de acompañantes. Para los estudiantes del nivel superior (universitario y no universitario) se prevé una tarifa diferencial que alcance también el transporte de mediana y larga distancia, a fin de facilitar el retorno al hogar de aquellos estudiantes que residan fuera de las áreas urbanas.

Ampliación de la práctica del deporte y la promoción de la salud física.

6. Proteger contra toda forma de violencia y abuso.

Prevención de las situaciones de violencia, garantizando la articulación entre los diversos sectores involucrados (salud, educación, protección), asegurando un piso de protección social, facilitando el acceso a la vivienda, a la salud y la educación.

Mecanismos de seguimiento efectivos ante la vulneración del derecho y sistemas de información que permitan dimensionar el fenómeno. Sumado a ello, es necesario redoblar los esfuerzos por la equidad de género, promoviendo adecuadas pautas de crianza de niñas y niños.

Medidas alternativas a la institucionalización de chicos y chicas sin cuidados parentales, garantizando su derecho a vivir en una familia, ya sea a través de la revinculación familiar, con medidas de acogimiento familiar u otras modalidades, y mejorando los mecanismos de adopción. Garantía que las instituciones tengan estándares de calidad y supervisión externa que fomenten el desarrollo personal y la inserción familiar y comunitaria de los niños, niñas y adolescentes que vienen en las instituciones.

7. Promover la participación de los adolescentes en las políticas públicas y en los medios.

Promover, fortalecer y sistematizar la participación de los jóvenes dentro de las instituciones importantes para su día a día y tomar en cuenta su opinión en las discusiones y la conformación de las políticas públicas contribuye con el crecimiento del país.

Desarrollo de iniciativas que faciliten a los adolescentes y jóvenes, en particular los más vulnerables, el ejercicio de su derecho a la ciudadanía, convocándolos para participar en los procesos que los afectan, permitiéndoles comprometerse con el cambio social mediante experiencias innovadoras tanto en entornos digitales como presenciales en la escuela, el barrio y la comunidad. Se requiere, para alcanzar este objetivo, una fuerte articulación del estado y la sociedad civil y la promoción, apoyo y creación de redes que promuevan la participación ciudadana de los chicos y chicas.

8. Prevenir el embarazo no planificado en adolescentes.

Dotar a los y las adolescentes, especialmente los que se encuentran en mayor desventaja, con un modelo de salud amigable y validado todavía está pendiente. Para esto, sería necesario contar con información confiable, verificable y segmentable de la tasa de fertilidad adolescente y el porcentaje de adolescentes que cuenta con prestaciones de servicio de salud.

Es también prioritario fomentar la participación de las y los adolescentes en la planificación y evaluación de los servicios de salud que los atienden, así como trabajar en la promoción y protección de sus derechos y en analizar los factores determinantes que conducen a embarazos en edades tempranas.

Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos,

9. Impulsar la sanción de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a la Convención de los Derechos del Niño.

Aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que no disminuya la edad de imputabilidad, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. De la misma manera, aplicarán medidas alternativas, como la justicia restaurativa, las instancias de mediación y la justicia comunitaria.

Creación de un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas acordes.

10. Garantizar el acceso universal al sistema de protección social.

Auténtica universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social para niños, niñas y adolescentes removiendo las barreras existentes en los mecanismos de coordinación dentro y entre los sectores afectados. Inclusión de otros grupos poblacionales como los hijos e hijas de trabajadores autónomos, los monotributistas, y los niños de familias migrantes, entre otros.

Medición continua de la incidencia de la pobreza infantil que tenga en cuenta todos los determinantes y su multidimensionalidad. Expansión de la cobertura del Certificado Único de Discapacidad en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

11. Incrementar la inversión social en Infancia, especialmente en poblaciones vulnerables.

Creación de instrumentos de monitoreo, análisis y planificación de la inversión dirigida a la niñez tanto a nivel nacional como provincial para una mejor asignación presupuestaria y orientación de las políticas públicas, teniendo en cuenta además de su tendencia, su distribución precisa para las áreas cruciales, su eficiencia y su impacto, permitiendo valorar los progresos y señalar las debilidades para una adecuada toma de decisiones.

Blindaje a los recursos para la inversión social, garantizando que los niños, niñas y adolescentes no se vean afectados en los momentos de desaceleración o decrecimiento económico.

Incremento en un 10% la participación de la inversión social destinada a la niñez consolidada (nivel nacional más provincial) en el gasto público total, apoyando particularmente a las provincias más desfavorecidas, para lograr un proceso de convergencia que mejore significativamente la equidad de las asignaciones en todo el país.

12. Fortalecer e institucionalizar los sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Creación de sistemas nacionales y provinciales de monitoreo y evaluación de los derechos de la niñez para una administración de recursos y una implementación de políticas públicas más efectiva. Estos sistemas tendrán en cuenta, particularmente, todas aquellas situaciones y grupos de mayor riesgo, como aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, abuso, trabajo infantil en ámbitos rurales, con discapacidad, entre otros.

Monitoreo y evaluación permanente de gestión del conocimiento estratégico para la toma de aquellas decisiones públicas que afectan la calidad de vida de las chicas y chicos. También, en torno a aquellas temáticas invisibilizadas que hacen al goce y ejercicio de derechos. Esto ayudará a que el estado (en sus diversos niveles jurisdiccionales) haga plenamente efectivo el enfoque de derechos, acorde a los estándares de calidad, sustentados en información confiable.

Implementación de una agencia nacional o sistema institucionalizado de monitoreo y evaluación de políticas públicas orientadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.

Designación de un Defensor de la Infancia.