San Juan, 18/09/2018.
Hizo que el gobernador diera marcha atrás con el convenio fraudulento firmado con Minera Pelambres, ahora vamos por la remediación y la responsabilidad de los funcionarios.
El recurso de queja deducido por el Dr. Mariano Molina Mrad, en representación de la demandada, en autos Nº FMZ 13033/2014/3/RH3 caratulados: “INCIDENTE DE RECURSO DE QUEJA EN AUTOS XSTRATA PACHON S.A. c/ MINERA LOS PELAMBRES s/ CIVIL Y COMERCIAL- VARIOS”, contra la providencia denegatoria del recurso de apelación, cuya fotocopia obra a fs. sub 50 de la presente queja; y CONSIDERANDO: I.- El recurso de queja es el remedio procesal tendiente a obtener que el Tribunal competente para conocer en segunda instancia, tras revisar la decisión tomada por el juzgador, revoque la providencia denegatoria de la apelación, la declare admisible y eventualmente disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan. II.- Ello sentado, cabe mencionar que la denegación del recurso se fundó en la inapelabilidad de la resolución que admite la intervención de terceros (art. 96 C.P.C.C.N.). (fs. sub. 50) Contra ello, el recurrente interpuso recurso de queja por apelación denegada, en los términos del art. 282 y ss. del Código Procesal. Fundamenta que considera el auto interlocutorio que apela no se limita a decidir una mera intervención de terceros y causa un gravamen actual e irreparable. Alega que la decisión que se ataca importa una alteración sustancial del objeto, naturaleza y alcance del proceso, y una modificación indebida de la litis ya constituida. Se agravia de que la resolución apelada admitió y dio curso a pretensiones que han devenido en abstractas, desconociendo los límites derivados del requisito constitucional del “caso” o “controversia”. Sostiene que la legitimación extraordinaria de los Sres. Solanas y Seguí para intervenir en este proceso como terceros, en los términos del artículo 43 de la CN y 30 de la LGA, se produjo contrariando todas y cada una de las pautas y límites sentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el reconocimiento de esta legitimación especial y extraordinaria. Por último, explica que la regla de la inapelabilidad de las resoluciones que admiten la intervención del tercero establecida en el art. 96 del CPCCN encuentra asidero en que no causen gravamen. Circunstancia que no acontece en autos.
Fecha de firma: 18/09/2018 Firmado por: OLGA PURA ARRABAL – GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS – ALFREDO PORRAS, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Firmado(ante mi) por: PABLO OSCAR QUIROS, Secretario de Cámara
III.- Que la queja ha sido interpuesta en legal tiempo y forma (arts. 283 y 284 del C.P.C.C.N.), razón por la que corresponde analizar la viabilidad de la apelación deducida. Que al respecto, considera esta Sala que corresponde rechazar la queja interpuesta, por los fundamentos que a continuación se explicitan. Liminarmente, señalaré de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que trataré sólo los puntos atinentes a la composición del litigio teniendo en cuenta que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121). Cabe precisar, que la exégesis de una norma legal requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, por lo que, no se debe prescindir de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y coherencia con el sistema del que forma parte la norma (Corte Suprema, Fallos 303:579 y 310:464); máxime en cuestiones como la que se discute en la especie, donde se trata de determinar la procedencia del recurso de apelación, que por ser un medio legal de defensa, su limitación debe ser interpretada con carácter restrictivo (cfr. esta Sala, causa 20.944/96 del 19.9.96; Loutayf Ranea, «El recurso ordinario de apelación en el proceso civil», 1989, T. 1, págs. 53 y sigtes.). IV.- En tales condiciones, y con relación a los agravios formulados por la recurrente, cabe mencionar, en primer lugar, que ésta sostiene que la resolución de fs. sub. 41/6, cuya apelación denegada constituye del objeto de esta queja, no sólo admite la intervención como terceros de los Sres. Fernando Solanas y Diego Seguí, lo que resulta inapelable en virtud de lo dispuesto por el art. 96 del CPCCN. Sino que además declara inoficiosas las peticiones de los mismos respecto de la nulidad del acuerdo marco, de investigar a los funcionarios que celebraron el acuerdo y de librar oficio a la unidad fiscal para la investigación fiscal de delitos contra el medio ambiente. Asimismo ordena correr traslado de la solicitud de intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de la Nación y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Fecha de firma: 18/09/2018 Firmado por: OLGA PURA ARRABAL – GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS – ALFREDO PORRAS, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Firmado(ante mi) por: PABLO OSCAR QUIROS, Secretario de Cámara
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Ahora bien, con relación a la inapelabilidad de la admisión de la intervención del tercero prevista en el art. 96 del CPCCN, no cabe apartarse del principio sentado por la norma, en cuanto la primera interpretación de la ley es su letra. Es que, “La potestad judicial de interpretar el derecho vigente no habilita al juzgador a decidir discrecionalmente la aplicación o no de una norma al caso concreto que ésta regula por una cuestión de diferente criterio con relación a la política seguida por el legislador lo único que autoriza a los jueces a no aplicar una norma, es la verificación de una manifiesta tensión entre la misma y una norma constitucional, supuesto en el cual necesariamente debe declarar su inconstitucionalidad en el caso concreto” (Gagliardini, Leonardo Daniel y otros s. Robo calificado – Recurso de casación /// Tribunal Superior de Justicia, Córdoba; 07¬feb-2013; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Córdoba; RC J 740/14). Que, nuestro Máximo Tribunal ha señalado que, “Cuando la letra de la ley es clara, debe aplicarse más que interpretarse” (CSJN, Fallos 311: 1042; 312: 2078). Corrobora este aserto que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (CSJN, 340: 644). Que, con todo, la Corte tiene dicho que, para la interpretación de las normas que rigen un caso, “los textos legales no deben ser considerados, a los efectos de establecer su sentido y alcance, aisladamente, sino correlacionándolos con los que disciplinan la misma materia, como un todo coherente y armónico, como partes de una estructura sistemática considerada en su conjunto y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por aquellos” (Fallos: 338:962, entre muchos otros). En síntesis, en el análisis de la respuesta que deba proyectarse a la cuestión traída a conocimiento del Tribunal debe recordarse que es propio de la interpretación de las normas jurídicas indagar lo que ellas expresan, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento efectuando una interpretación razonable y sistemática de los principios comprometidos (Fallos: 241:227; 244:129; 262:283; 315:2157; 330:3426; 331:2550; 338:1156; entre otros).
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No obstante ello, resulta conveniente detenerse un momento en este punto para brindar respuesta a los argumentos que sostiene la quejosa respecto a que el sustento normativo en que se basa el decisorio en cuestión, es erróneo y arbitrario (cuarto fundamento de la queja), que le causa un gravamen actual, real, cierto e irreparable, alterando sustancial e indebidamente el objeto, naturaleza y alcance del proceso, en grave violación del principio de congruencia (primer fundamento). Al respecto, se estima que no le asiste razón a la recurrente en virtud de que la intervención voluntaria de terceros ¬en cualquiera de sus versiones- en un proceso en trámite, por aplicación del principio dispositivo, debe circunscribirse al contenido objetivo y subjetivo dado por la pretensión promovida. Así pues, la gestión procesal reconocida por el ordenamiento al tercero, impide la interferencia en la voluntad del demandante y la modificación de los elementos constitutivos de su pretensión (art. 93 del CPCCN). En efecto, no se vislumbra de qué modo la participación de los terceros pueda causar un gravamen irreparable a la demandada, teniendo en cuenta que la órbita de actuación de los mismos se encuentra circunscripta a la tarea de control con la finalidad de evitar que la desidia o impericia de las partes conspiren contra la preservación del ambiente. A mayor abundamiento, cabe destacar que es el mismo Juez, el encargado de compatibilizar la existencia de estos actores sociales –legitimación amplia del art. 30 de la ley 25.675¬ con la garantía de debido proceso legal. Por otra parte, tampoco es atendible la crítica referida a que la resolución apelada admitió y dio curso a pretensiones (como el retiro de la escombrera) que han devenido abstractas (segundo fundamento de la queja); pues de la simple lectura de la providencia se advierte que el Sr. Juez “aquo” –contrariamente a ello- desestimó las peticiones de retiro de la escombrera, de declaración de nulidad del acuerdo marco y de investigación de los funcionarios que celebraron el acuerdo, en virtud de que la primera constituye el objeto de la pretensión de fondo de la actora y, las demás, porque entendió que carecen de interés actual. Finalmente, respecto al reproche consistente en el apartamiento de las reglas adjetivas que garantizan la regularidad del procedimiento, como de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia (tercer fundamento), cabe señalar que esta última únicamente ha restringido la intervención
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de terceros en aquellos casos en que, por las circunstancias particulares, conllevaba una extralimitación del thema decidendum. Específicamente, el Máximo Tribunal ha dicho: “los jueces deben actuar con particular energía para hacer efectivos los mandatos constitucionales relativos a la materia —art. 41, Constitución Nacional”. (Corte Suprema de Justicia de la Nación • 20/06/2006 • Mendoza, Beatriz S. y otros c. Estado Nacional y otros • LA LEY 11/07/2006 ¬ AR/JUR/1945/2006). En cuanto a que la resolución de fs. sub 41/6 también decide sobre la inoficiosidad de dos solicitudes de los terceros intervinientes y, ordena correr traslado del pedido de intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de la Nación y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no se advierte que ocasione a la recurrente un gravamen irreparable, tal como lo requiere el artículo 242 inc. 3º del CPCCN. Es que, tanto la declaración de inoficiosidad como la orden de traslado, aun cuando está inserta en una resolución que tiene forma de auto interlocutorio, son providencias simples, dado que éstas sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución, conforme lo dispone el art. 160 del CPCCN. Por lo que, no puede considerarse que lo resuelto en los puntos II y III de la resolución de fs. sub. 41/60, constituya una sentencia interlocutoria, atento a que el art. 161 del CPCCN, define a la misma como aquellas que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. En consecuencia, cuando se provee la presentación de fs. sub. 30/37 y sin sustanciación se declara inoficiosa la petición de nulidad del acuerdo marco, de investigación a los funcionarios que celebraron el acuerdo y de librar oficio a la unidad fiscal para la investigación de delitos contra el medio ambiente, y se confiere a las partes de la solicitud de intervención de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se ha emitido una providencia simple que no causa gravamen irreparable y por lo tanto, es como hemos referido inapelable de conformidad con el art. 242 inc. 3º del código de rito. Que en las condiciones expuestas, no se advierten razones que justifiquen apartarse del principio general de la inapelabilidad normado por el art. 96 del CPCCN, por lo que corresponde rechazar el recurso de queja deducido a fojas sub 51/60 por el representante de Minera Los Pelambres
Fecha de firma: 18/09/2018 Firmado por: OLGA PURA ARRABAL – GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS – ALFREDO PORRAS, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Firmado(ante mi) por: PABLO OSCAR QUIROS, Secretario de Cámara
y confirmar la denegatoria del recurso de apelación dispuesta a fojas sub 47, conforme a los fundamentos dados. Por ello, SE RESUELVE: NO HACER LUGAR a la queja por apelación denegada de fs. sub. 51/60. Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.
