1 La denuncia y la muerte del fiscal:
El entierro de Nisman profundiza el dolor por la falta de esclarecimiento sobre los hechos de su denuncia y sobre los aspectos vinculados con su muerte.
Nos muestra un estado gris, ineficaz, vaciado en sus capacidades y envuelto en sospechas sobre malas prácticas.
La Presidenta volvió a reivindicar el Pacto con Irán, que fuera el instrumento fundamental de la denuncia del Fiscal quien puso en clave jurídico-penal lo que habíamos expresado políticamente durante el debate del Congreso. Ese Pacto es el intento del Gobierno por conceder a los sospechosos iraníes la posibilidad de eludir la justicia nacional. Han quedado demostradas las negociaciones secretas y públicas que lo antecedieron y lo precedieron.
Los ex cancilleres de Néstor Kirchner, Jorge Taiana y Rafael Bielsa, dijeron que muchas veces antes Argentina había recibido propuestas similares para pactar la impunidad a cambio de comercio. Y que todas fueron rechazadas por el ex Presidente.
Cristina Fernández, en un inexplicable giro de 180º, habilitó esas negociaciones y acordó con Irán la conformación de una Comisión de la Verdad que trastoca los principios de memoria, verdad y justicia. El fracaso se debió a que el reglamento de Interpol impidió el levantamiento de las notificaciones rojas sin acuerdo del mismo juez que las había solicitado. Irán perdió interés y sacó el tratado de su agenda parlamentaria pese a la aprobación de la Argentina. Hoy se conocen escuchas telefónicas (que no han sido negadas) en las que festejan operadores del gobierno y acusados iraníes la firma de ese Pacto en los mismos términos en que antes se había considerado inadmisible.
El fiscal denuncia por este encubrimiento a la Presidenta de la Nación y al Canciller y muere a horas de dar a conocer sus fundamentos en el Congreso de la Nación. Su muerte está cargada de sospechas y vuelve la mirada hacia un gobierno que se ha ocupado más en lanzar acusaciones infundadas, mostrar contradicciones e intentar cambiar el eje de la atención, que en lograr el esclarecimiento del hecho para despejar dudas y dar una respuesta creíble a los familiares y a la ciudadanía.
2 El Gobierno es responsable por la muerte y quiere cambiar los ejes del debate:
Sería muy grave que la muerte del Fiscal Nisman quedara impune. La justicia debe asegurar una marcha independiente y trasparente del proceso para evitar que el mensaje sea: «no se puede investigar al poder». Estamos frente a un crimen de estado, donde la única responsabilidad indubitable hasta ahora es la de la propia custodia del Fiscal, desentendida de su tarea durante tantas horas como para que ni siquiera un auxilio a tiempo hubiera podido evitar el desenlace. La Policía Federal y la custodia, -dependientes de un Ministerio de seguridad a cargo de una persona inexistente y de un histriónico personaje más propio de una serie televisiva que de una secretaría que debe velar por la vida de las personas-, faltaron con negligencia, impericia o complicidad a las funciones que tenían asignadas, y sea donde sea que se encuentre la autoría del disparo es a ellos a quienes correspondía evitarlo.
El Gobierno no acepta hacerse responsable, ni rendir explicaciones. Ni siquiera la Presidenta ha tenido la grandeza de mostrar dolor o condolencias. Niegan y esconden a sus funcionarios para que no puedan ser interpelados por el Congreso. Se han tapado los oídos, los ojos y la boca. En una nueva muestra de la concepción autoritaria y soberbia en el ejercicio del poder, prefieren distraer la atención intentando cambiar los puntos en debate.
No pueden hacerlo: la sociedad argentina está impactada y consternada por la muerte; siente zozobra frente a un gobierno desconcertado. La respuesta oficial acrecienta el miedo, la confusión y la indignación.
En esos intentos está la instalación de un proyecto para modificar la Secretaría de Inteligencia el mismo día que se da a conocer su escalafón salarial (decreto 129/2015) sin rendir cuentas sobre lo que han hecho en más de 11 años de gobierno, con un poder absoluto, manejando el área con gente de absoluta confianza. En esa misma línea, oportuna y malintencionada, la propuesta de un nuevo miembro para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3 El proyecto de modificación de la ley de inteligencia:
Entraña errores, mentiras, hipocresía e intentos de distracción.
No se puede debatir a las patadas, haciendo uso y abuso de la mayoría parlamentaria, una reforma estructural para regir por varios años y con nuevos gobiernos. Es necesario un debate amplio, profundo, con base técnica, consulta de expertos nacionales e internacionales, incluir la cuestión en la agenda regional del Mercosur, y por sobre todas las cosas, reunir el consenso de una política de estado (con acuerdos políticos y sustentabilidad temporal).
No puede tratarse de un mero cambio de nombres (de Secretaría a Agencia). Es necesario discutir lo que ha pasado ahí adentro durante todos estos años. Se ha politizado el área de inteligencia para ponerla al servicio de operaciones, extorsiones y manejo discrecional de recursos reservados (desde donde tal vez hayan salido los que D’Elía usaba para financiar la presencia de barrabravas en los actos kirchneristas).
La inteligencia se maneja hoy desde la secretaría, tanto como de las fuerzas armadas, las policías provinciales, federal, gendarmería, prefectura y servicio penitenciario. Y Milani solo, en un país sin hipótesis de conflicto, maneja más plata que toda la SI, lo que implica la convalidación de sus acciones de espionaje interno.
Este gobierno quebró un acuerdo democrático para que la inteligencia de las fuerzas armadas no pudiera operar internamente sobre las personas y alimentó la lucha de facciones demasiado vinculadas con las facciones internas del partido gobernante, dispersas hoy entre otras opciones electorales. Por eso la interna en la SI, tanto como la violencia política imperante también tiene que ver con la interna del PJ y sus posicionamientos electorales. Y así puede terminar siendo la disputa de este año.
La actual Secretaría de Inteligencia debería disolverse, revisar todos sus componentes y la acción durante los últimos diez años, poner en cabeza de la tarea a la Comisión Bicameral de seguimiento que debe reunirse con urgencia y en cabeza y mayoría de la oposición parlamentaria.
También se pretende -según el mismo anuncio de la Presidenta- cambiar la dependencia del organismo de las escuchas (OJOTA) pasando al área de la Procuración General (Gils Carbó). Hemos rechazado esto por tratarse de una funcionaria cuestionada y denunciada por irregularidades y manipulación en la designación de fiscales y en la asignación de causas. Pero además, el propósito es impropio desde lo jurídico. La Procuración representa la tarea acusadora en un proceso donde solo el juez debe tener un accionar imparcial. Por lo tanto, poner en manos de una parte del proceso las escuchas (pruebas fundamentales en la investigación) implica un desequilibrio intolerante frente a las garantías que el proceso debe resguardar. Es como si el cuerpo de peritos pasara a depender de los fiscales o los defensores. Es imprescindible resguardar tan sensible sector del estado de cualquier intento que podría quitar las garantías que requiere su funcionamiento.
4 Conclusiones:
Exigimos que se trabaje con eficacia, independencia y transparencia para avanzar en el esclarecimiento de las causas de investigación del atentado a la AMIA, en la denuncia presentada por el fiscal Nisman y en su propia muerte, garantizando el funcionamiento de la justicia con una cooperación de los otros poderes que nunca implique su interferencia en acciones impropias. Frente a un crimen de estado se requiere una respuesta del estado. Esas investigaciones deben seguir. No podemos cargar para siempre las dudas sobre las muertes.
Nos comprometemos a impulsar un debate serio y profundo sobre la inteligencia del estado, para que el debate de una nueva ley en sustitución de la actual, sea el resultado de un trabajo y un fuerte consenso político, social y académico. En tanto, nos oponemos a todos los intentos por distraer la atención buscando eludir las responsabilidades que el gobierno tiene por el desmanejo de las áreas clave del gobierno, por el pacto con Irán y sus terribles consecuencias, y por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Entendemos que Argentina debe rediscutir una política internacional basada en el respeto irrestricto hacia la democracia y la república, los derechos humanos y las libertades públicas. Y en ese marco debe avanzar hacia el diseño de un nuevo paradigma que nos ubique frente a todas las naciones del mundo, ofreciendo previsibilidad, respeto y marcos legales inalterables.
Vamos a contribuir a reconstruir confianza en las instituciones democráticas. Hay que terminar con la sensación de un gobierno desbordado y un país donde cualquier cosa es posible, o donde un grupo de mafiosos tiene en vilo al conjunto de la sociedad. Vamos a ser una alternativa política seria, comprometida con los derechos de las personas y con el futuro de la Nación.
MARGARITA STOLBIZER
Presidenta Partido GEN
