Ni Una Menos

Al grito de “Ni Una Menos”, cada 3 de junio miles de mujeres y disidencias se reúnen en las calles de todo el país para pedir que paren de matarlas. Fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente argentina de 14 años que se encontraba embarazada, el que dio inicio a este movimiento que luego se extendió tanto en países latinoamericanos como europeos.

El Diccionario de la Real Academia Española define al feminicidio como el “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”1. Esta violencia sexista recorre todos los rincones del mundo, y la República Argentina no resulta ser la excepción de la regla. Según el último estudio estadístico realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Argentina muere una mujer por razones de género cada 35 horas.

El informe de la CSJN muestra, basándose en causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, que durante el 2021 se cometieron un total de 251 femicidios, entre ellos 5 trans-travesticidios y 20 vinculados (aquellos cometidos con el fin de causarle sufrimiento a una mujer en un contexto de violencia de género).

Algunos datos relevantes obtenidos del estudio son:

  • El 62% de estos asesinatos fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima.
  • Estos femicidios provocaron que, al menos, 245 personas quedaran huérfanas.
  • Por lo menos 42 de estas mujeres anteriormente habían efectuado una denuncia contra sus agresores.
  • Tras cometer el crimen, 43 femicidas se suicidaron, mientras que 18 intentaron hacerlo sin éxito.
  • 25 formaban parte de una fuerza de seguridad.
  • Un 69% de los 231 casos de femicidio directo (155), aún se encuentra en investigación, e 13% (28) están en juicio, mientras que el 15% de las causas (34) fueron archivadas. Sólo el 3% (7) ya tienen sentencia condenatoria.
  • Se cometieron, según este informe, 20 femicidios vinculados.
  • Chaco (2,43), Santiago del Estero (2,22) y Tucumán resultaron las provincias con mayor tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres. La provincia de Buenos Aires contiene un 32% de los femicidios directos que ocurrieron en 2021. La violencia de género atraviesa a todo el país, aunque pueden observarse algunas diferencias regionales: “en Tierra del Fuego y en La Pampa no hubo ni un femicidio durante el 2021 y la tasa es 0. Hay que evaluar si se puede llegar a tasa 0 de femicidios con una fuerte inversión y estrategia de prevención y atención en violencia de género”2.
  • El 31% de las mujeres fueron violentadas y asesinadas mediante el uso de armas blancas, el 25% mediante armas de fuego, mientras que un 24% murió como consecuencia de la fuerza física que utilizó su agresor.

Este estudio menciona que, durante el año pasado, en comparación al 2020, hubo una disminución de los casos registrados por femicidio. Según la información arrojada, el descenso de casos a lo largo del 2021 fue de un 13%. Sin embargo, desde el Observatorio “Ahora que sí “Nos Ven”, se afirma que la cifra de los últimos 6 años no ha sufrido cambios significativos. Este observatorio menciona que los femicidios del 2021 fueron 256.

Teniendo en cuenta la “modalidad del hecho”, podemos observar que, en su mayoría, estos crímenes son cometidos utilizando armas. Al menos un 25% de estas armas utilizadas son de fuego. Las mujeres de nuestro país sufren desproporcionalmente los efectos de la tenencia y uso de armas de fuego: “el 99% de su tenencia se encuentra en manos de los hombres”3. En Argentina aún hay circulación ilegal de armas, armas no registradas, violencia y muertes provocadas por las mismas. Nos urge promover más y mejores mecanismos de control de armas, así como evitar los discursos que invitan a más violencia armada.

En la investigación llevada a cabo por el Observatorio AQSNV, también aparecen cuestiones alarmantes como las siguientes:

  • 1 de cada 4 víctimas de femicidios había realizado, al menos, una denuncia, o contaban con medidas de protección. Esto comprueba que, ante estos hechos, los actores judiciales no asistieron ni contuvieron a las víctimas de forma efectiva. Es claramente visible la falta de perspectiva de género en las instituciones responsables de controlar que estos crímenes jamás sucedan.
  • 1 de cada 10 femicidios es cometido por personal de las fuerzas de seguridad. Las personas e instituciones que son responsables de cuidarnos, muchas veces son las que terminan victimizándonos. Necesitamos, como país y sociedad, pedir y realizar muchos cambios y avances en las fuerzas de seguridad/armadas de Argentina.
  • El 60% de estos asesinatos transcurren en la propia vivienda de las víctimas. Es por esto que es fundamental un Estado interventor que esté cerca de la gente y se preocupe por responder a las urgencias de la sociedad, fomentando “iniciativas que promuevan la protección de las mujeres y LGBTI+ y que posibiliten el acceso a la vivienda, a la educación y a un empleo formal que garantice su autonomía económica”4.
  • Las infancias no quedan al margen de esta situación violenta. Según este último informe, al menos 181 niños/as perdieron a sus madres víctimas de femicidio. A su vez, en muchos casos presencian los reiterados abusos y ocasiones de violencia previos/durante el hecho.
  • Existe una subrepresentación en las cifras de los transfemicidios. Dentro de esta investigación se argumenta que los medios de comunicación no valoran las vidas de los travestis y trans de igual manera que la del resto de las personas. Es por esto que se necesitan políticas públicas que nos igualen a todas y todos.

En lo que respecta al presente año, “Ahora que Sí Nos Ven” publicó el día 2 de mayo en Twitter la actualización del Registro Nacional de Femicidios 20225. Allí se tienen en cuenta los femicidios cometidos desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Las cifras que pueden observarse son:

  • 104 femicidios en lo que va del año.
  • 1 femicidio cada 28 horas.
  • 75 intentos de femicidio.
  • 4 transfemicidios/travesticidios.
  • Las parejas y ex parejas de las víctimas representan un 59% del total de los casos. El 88% de los casos fueron ocasionados por un integrante del círculo íntimo de la víctima.
  • El 62% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.
  • 4 de estos femicidas son policías y 1 es militar.
  • 28 de estos agresores se dieron a la fuga y 15 se suicidaron.
  • 16 mujeres asesinadas habían realizado, al menos, una denuncia y 7 de ellas contaban con alguna medida de protección.
  • Al menos 93 niños/as quedaron sin madre como consecuencia de estos hechos.
  • 31 de estos crímenes son “femicidios vinculados”.

El momento de realizar las transformaciones es ahora. Las cifras demuestran que la violencia de género no frena y que es necesario que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, trabajen con responsabilidad para encontrar soluciones y estrategias efectivas que terminen con tanta muerte y dolor.

La lucha del Ni Una Menos hoy continúa y ruega por la eliminación de todas las desigualdades y por una vida libre de violencias y temores. Se pide por la aparición con vida de Guadalupe Lucero y de Tehuel, entre otros/as desaparecidas en democracia. Se exige una reforma judicial con perspectiva de género, en donde las mujeres y disidencias sean protagonistas; se exige el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes, así como también de las capacitaciones estatales en materia de género.

A 7 años del primer encuentro masivo, hoy 3 de junio de 2022, las mujeres vuelven a las calles para exigir que su vida deje de correr peligro por el simple hecho de ser mujer.

(1) https://dle.rae.es/feminicidio#ScsemAg

(2) https://www.infobae.com/opinion/2022/05/31/femicidios-hay-que-controlar-el-uso-de-armas-para-queno-haya-ni-una-menos

Avanzan las investigaciones por contaminación en los arroyos Ludueña y Saladillo

La Diputada Mónica Peralta se reunió con la fiscal María Laura Martínez quien lleva adelante la investigación por contaminación en los arroyos Ludueña y Saladillo

La legisladora provincial, Mónica Peralta (GEN)  se reunió con la fiscal a cargo de la Fiscalía extrapenal para la protección de los intereses generales de Rosario, María Laura Martínez, con el fin de conocer los avances sobre las causas referentes a contaminación ambiental en el arroyo Ludueña y  “ El Zanjón” del Saladillo que atraviesa la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez. El encuentro tuvo lugar durante el mediodía del lunes en el edificio de los tribunales provinciales de calle Balcarce y Pellegrini.

“Es un encuentro muy valioso cuya finalidad es conocer el estado de las causas relacionadas a contaminación ambiental en los arroyos Ludueña y Saladillo generado por algunas industrias químicas y cárnicas entre otros rubros, instaladas en uno de los cordones industriales de nuestra provincia”, indicó Peralta.

Durante la actividad, la Fiscal Martínez, puso en relieve la intervención en las investigaciones sobre contaminación ambiental y explicó que se dan a través de la “legitimación activa de la fiscalía”, la cual habilita al organismo a tomar acciones en relación a situaciones como las que atraviesan los arroyos Ludueña y Saladillo.

Además, aclaró que en ocasiones como la del “Zanjón del Saladillo”, la fiscalía se hace presente ante  denuncias de vecinos y en otros casos por solicitud que se dan en el marco de la procuraduría.

En cuanto al estado de las causas, Martínez explicó que la interposición de la demanda civil por prevención de mayores daños y por recomposición ambiental, propone un plan de remediación con la supervisión del Ministerio de Ambiente de la provincia.

No obstante, la fiscal aclaró que no existen protocolos para la remediación de daños ambientales y ejemplificó con el caso de la provincia de Mendoza en relación a la contaminación del riachuelo.

En ese marco, el prosecretario de la fiscalía, Santiago Pascual explicó: “este tipo de demandas ambientales generan un efecto rebote donde las empresas van acomodando su conducta a las normas legales durante el tiempo que llevan los procesos” y aclaró que en este tipo de causas solicitan como medida que se les aplique a quienes generaron contaminación un daño punitivo haciendo eje en el consumo sostenible y para que a futuro les sea desfavorable a las empresas no contemplar la contaminación en los costos de producción.

Por su parte la diputada del GEN aclaró: “hace tiempo que venimos planteando la responsabilidad extendida a quienes producen en sintonía con lo que nos planteaba la fiscal Martínez y Santiago Pascual” y agrego: “tenemos que erradicar la irresponsabilidad que tienen ciertos sectores productivos de hacer las cosas por fuera de las normas y esperar a que alguien se de cuenta, los denuncie, los controlen y luego tomarse un tiempo para adecuarse a una normativa que de antemano conocían”.

“Tomando en cuenta que el informe brindado por el mismo Ministerio de Ambiente de Santa Fe expresa que solo un poco más del 1 por ciento de las empresas tienen aprobado el estudio de impacto ambiental estamos en un grave problema a la hora de hablar de control”, remató Peralta.

Además la representante de la cámara baja provincial explico que “es fundamental que el gobierno central delegue facultades y recursos de control a municipios y comunas en lo que respecta a los estudios de impacto ambiental y a la planificación de estudios estratégicos ambientales como así también distintos protocolos de remediación ante daños en el ambiente, causados no solamente por los privados sino también por la ausencia de políticas públicas como por ejemplo las obras de saneamiento”.

 “Es importante comprender qué el agua que tomamos y el aire que respiramos más los productos que consumimos se ven afectados por una forma de producción que no preserva la salud de las personas y el cuidado del ambiente”, reflexionó.

Sobre la contaminación y saneamiento del arroyo Ludueña y “El Zanjón” del Saladillo que atraviesa la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez, la fiscalía informó que muestras de estudios arrojaron la presencia de “bacterias coliformes fecales” que suelen estar relacionadas con desagües cloacales y residuos de industrias frigoríficas, los cuales ponen en riesgo la salud haciendo peligroso el contacto con el agua, la tierra y las vías respiratorias de las personas que transitan o viven en inmediaciones. 

Al respecto, la legisladora del GEN también presentó proyectos  vinculados (números de los proyectos aparte) a estos temas al tiempo que visitó las cuencas en el momento en que se radicaran las denuncias para constatar con fotos y vídeos la situación.  

Vale destacar que «El Zanjón», como se denomina la zona donde se presentaron los mayores daños ambientales, nace al Oeste de la Avenida San Martín y desemboca en el Arroyo Saladillo, cerca del barrio «La Isleta» y frente al Parque Sur de Rosario, que luego se incorpora al río Paraná.

“El ambiente es un bien de incidencia colectiva, por eso valoro este encuentro con la fiscalía la cual, no depende del MPA, sino de la procuraduría provincial, que debe destinar más presupuesto en función de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”, concluyó Peralta.

Stolbizer y el Bloque Encuentro Federal piden al Gobierno que reformule subsidios para beneficiar a los sectores de menores ingresos

Audiencias públicas por tarifas

9 de mayo de 2022- En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, los diputados del Bloque Encuentro Federal (JxC) elevaron una presentación al secretario de esa cartera, Darío Martínez, en la que proponen reformular los subsidios de las tarifas de gas y electricidad con el fin de favorecer a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.

La nota fue presentada por Margarita Stolbizer, presidenta del bloque, y lleva las firmas de Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Los legisladores plantean en ella que resulta prioritario establecer un esquema de subsidios energéticos que auxilie a quienes menos tienen ya que el esquema actual, que asigna beneficios de manera generalizada a los usuarios, termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos en la medida en que los subsidios que estos reciben son financiados -en parte- por emisión monetaria.

El esquema actual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de menores ingresos. Según la información proporcionada por Energía para las audiencias públicas más del 70% de los subsidios en energía eléctrica y en gas natural se destinan a los deciles de población en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos servicios.

“Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no lo necesitan, siempre deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente a los sectores con menor ingreso disponible”, sostuvieron los diputados en la presentación.

Por último, los diputados llamaron la atención sobre la falta de precisiones respecto a los criterios de segmentación que se utilizarán para establecer el nuevo esquema de subsidios. Si bien en los informes que se brindaron para las audiencias públicas se establece que se aplicarán variables socioeconómicas y espaciales, “los cruces de datos para precisar los alcances en cada región de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían estar resueltos”, señalaron los legisladores.

Nota Audiencias Tarifas Servicios Públicos

El Gobierno bonaerense pretende desligarse del contralor de una medida propia a sabiendas de su fracaso

El Gobernador que fue Ministro de Economía y no controló la inflación pretende que lo hagan los Intendentes persiguiendo comerciantes.

La diputada provincial del GEN en Juntos, Natalia Dziakowski criticó la iniciativa del Gobierno bonaerense que pretende «desligarse del contralor de una medida propia, a sabiendas de su fracaso». No sólo rechazamos el control de precios sino que utilizan el discurso de la autonomía municipal sólo cuando les conviene políticamente».

La legisladora bahiense cuestionó la propuesta que faculta a los intendentes a tener «poder de policía» ante la detección de que en un comercio no se cumpla con los acuerdos de precios, siempre y cuando ese comercio en cuestión esté adherido a Precios Cuidados.

«Ahora, ante el nuevo programa del Gobierno, que ya mostró un fracaso contundente, se incorpora apercibimientos, multas, decomiso de mercadería, clausuras, quitas de concesiones, licencias y en caso de ser proveedor del Estado la baja de tal condición por cinco años».

«El control de precios, claramente, no es una responsabilidad de los Municipios sino del Gobierno Nacional en primera instancia y del de la Provincia, pero de ninguna manera le compete a los estados comunales»

«El Frente de Todos levanta la bandera de las autonomías municipales sólo cuando les conviene para desligarse de su ineptitud, en este caso para controlar la inflación, pero se niega sistemáticamente a aprobar en aspectos determinantes para la vida diaria de los vecinos de la Provincia».

DECLARACIÓN DE LA MESA NACIONAL DEL PARTIDO GEN

Buenos Aires, Abril 18 de 2022

INSTITUCIONALIDAD QUEBRADA: El índice de inflación es más que un dato frío que aumenta mes a mes.

1. Argentina transita casi 40 años de vida democrática ininterrumpida. La preservación del estado de derecho y la vigencia plena de los derechos humanos son valores compartidos y sostenidos por el conjunto de nuestra Nación. No han estado exentos de crisis que, por el contrario, se repiten de manera recurrente, ni períodos de inestabilidad. Sin embargo, aún de las situaciones más graves, hemos logrado salir adelante. Y esto ha sido así por el gran acuerdo político y social en torno al funcionamiento de las instituciones de la democracia y la república. Y justamente lo que ha venido deteriorando nuestra convivencia y nos ha apartado del sendero de crecimiento y desarrollo, ha sido el debilitamiento de esas mismas instituciones, afectando gravemente la credibilidad y la autoridad que deben regir el funcionamiento de la Nación y las certezas sobre el trayecto hacia el futuro.

2. Décadas en las que alternaron periodos de estabilidad económica, de recesión, de crecimiento económico, o de alto o bajo desempleo, pero lo que se mantuvo constante es el incremento sin pausa de la pobreza y la disminución de las condiciones de vida para la mayoría. A la falta de oportunidades económicas, se le agrega el abandono de la aspiración política que concibe a la educación como igualadora y vehículo de progreso social. La paradoja democrática se expresa en un incremento permanente del gasto social en el presupuesto al mismo tiempo que se incrementa la pobreza.

3. Junto a la pobreza, y la falta de crecimiento, encontramos la inflación. Casi el 58% de los menores de 14 años son pobres y la inflación escala al 60% anual. Solo 16 de cada 100 alumnos terminan la escuela secundaria con un nivel aceptable. Son dos fenómenos tan vinculados que reflejan hoy la fotografía más cruel y realista de la Argentina. Por detrás de ello se encuentra la inexistencia de instituciones que se encuentren en capacidad de aportar soluciones y un gobierno enfrascado en su conflictiva interna sin hacerse cargo de las responsabilidades que le corresponden.

4. En el estado democrático de derecho las instituciones del poder se contrapesan, se equilibran y de ahí deviene el sistema de normas que rigen la vida en sociedad, la economía y todos los indicadores de los que depende el desarrollo. Hoy tenemos instituciones quebradas, inútiles, desarticuladas. Empezando por la crisis del vínculo nada menos que entre quienes ejercen la máxima representación del poder institucional: Presidente y Vice que ni siquiera se hablan. No se trata de una cuestión personal, es un quiebre institucional. El Presidente y la Vicepresidenta han perdido la unidad de sustentabilidad de su propuesta, y lo peor, la credibilidad de sus acciones. Al hacer pública sus diferencias, sus peleas, sus disputas de poder, la sociedad se hunde aún más en desesperanza. Nada parece importar, se puede seguir en el poder sin buscar estar a la altura de las circunstancias, al contrario, se persiste en aumentar el divorcio entre la política, el gobierno, con la sociedad en general.

5. La inflación nos expresa el aumento del índice de precios en 6.7% el último mes. Demuestra la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Pero también pone en evidencia de qué manera nuestra moneda, el símbolo de nuestra economía nacional, también se ha fracturado.

6. Un juez que falla en el sentido de que una toma de tierras no es un delito (y sin perjuicio de la ineficacia del estado para resolver los problemas sociales y de carencias y de vivienda, que son previos), está mostrando un fuerte quiebre nada menos que entre la ley y quienes tienen que hacerla respetar. Claro, sería un dato menor en un país donde hay procesados por delitos de corrupción que ocupan cargos desde los cuales también pretenden tergiversar la acción de la justicia en la aplicación de las leyes. ¿No estamos también aquí frente a una institucionalidad quebrada en los intentos de manipulación de las causas judiciales?

7. Organismos como la UIF, la AFIP o la Oficina Anticorrupción, que forman parte del sistema institucional en reaseguro de los mecanismos de control y de ordenamiento de la economía y la política, renuncian a querellar en aquellas investigaciones judiciales de delitos contra la administración pública para no enfrentar a los decisores que desde la política partidaria también son dueños de sus destinos.

8. El Presidente envió un amplio listado de temas para que el Congreso tratara en sesiones extraordinarias. No solamente ninguno alcanzó siquiera a entrar en debate, sino que tampoco el Ejecutivo tuvo el apoyo de su propio bloque oficialista para llevar adelante la negociación con el FMI y no ha logrado hasta el presente abril (lo que se prolongará con seguridad a mayo) y no ha logrado ni una sola sesión en diputados ni la sanción de una sola ley. La Nación se sostiene en el sistema de representación que la Constitución asigna a las Cámaras del Congreso. Ahí también existe una fractura que impide hoy el funcionamiento de esta institución tan central de la república.

9. El listado de los malos ejemplos sería interminable. Estamos frente a una institucionalidad quebrada que la vuelve también ineficaz para enfrentar los graves problemas que atraviesa el país y sobre los que no se advierte ninguna reacción responsable sino que todo parece transitar en una desgracia sin salida y un futuro sin destino.

10. Es necesario fortalecer la política, recuperar su credibilidad como instrumento de transformación, ofrecer un proyecto político sólido, coherente y basado en amplios consensos y achicar la brecha que existe hoy con la sociedad. Para todo eso se necesitan instituciones, pensadas como reglas y como derechos, fuertes, creíbles, con liderazgos ejemplares que puedan reconstruir las bases de una democracia social comprometida con el bien común. Argentina tiene las condiciones para alcanzar el sueño de una matriz productiva que asegure trabajo digno con ingresos suficientes, educación de calidad y una buena base en la ciencia, la tecnología y la innovación, para terminar la pobreza y asegurar el desarrollo federal y sustentable.

 

Presidenta, Margarita Stolbizer
Secretario General, Sergio Abrevaya

Stolbizer reclama la urgente reforma del Consejo de la Magistratura

“Argentina necesita un sistema de justicia independiente, autónomo, imparcial, que funcione de manera transparente, eficiente y con capacidades plenas. Solo de esta manera se garantizan derechos y se puede activar un modelo de crecimiento y desarrollo para recibir inversiones, generar empleo y combatir la pobreza”, Stolbizer

La diputada nacional y presidenta del Bloque Encuentro Federal (JxC), Margarita Stolbizer, se pronunció acerca de la urgencia de resolver la reforma del Consejo de la Magistratura: “El kirchnerismo hará todo lo posible para no cumplir el fallo de la Corte sobre el equilibrio que debe tener el Consejo de la Magistratura. Siempre entendieron el poder al margen de la ley. Así lo ejercieron y así lo necesitan para seguir durmiendo las causas de la corrupción”.

Respecto del tiempo transcurrido desde el fallo de la Corte en diciembre 2021, la diputada expresó: “Ya estamos en abril, la Cámara de Diputados debe constituir las comisiones y aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura para volver al Senado con mayoría calificada para recuperar el equilibrio que le quitó la ley declarada inconstitucional por la Corte en diciembre”.

Para finalizar, Stolbizer manifestó: “Como los otros estamentos, el Congreso debe designar representantes para integrar el Consejo en equilibrio, según dice la Constitución”, y agregó que esas representantes “deben ser mujeres para avanzar hacia una composición paritaria”.

Stolbizer propone crear Justicia Federal Ambiental

«Las reformas que se deben impulsar en el sistema judicial tienen que apuntar a garantizar derechos y no impunidad. Necesitamos tribunales ambientales especializados para evitar que se sigan multiplicando los conflictos que afectan la vida y la salud de las personas, el ambiente y los recursos naturales”, Stolbizer.

Atenta a la multiplicación de los conflictos ambientales que afectan en nuestro territorio y a la orfandad de conocimiento específico en el tema ambiental por parte de los jueces de los tribunales ordinarios de todo el país quienes, en general, tienen otras especialidades y materias, la diputada y presidenta del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, junto a los diputados Emilio Monzó, Sebastián García De Luca y Domingo Amaya, presentó un proyecto por el que solicita la creación de la Justicia Federal para la Protección del Ambiente.

Stolbizer aseguró que “existen sobradas normas en materia ambiental, pero es necesario garantizar el conocimiento técnico para su adecuada aplicación. También se requiere contar con tribunales y funcionarios especializados que materialicen esas normas y hagan operativo el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece derechos para las personas y obligaciones para el estado”.

“La creación de una Justicia Federal Ambiental contribuiría a la preservación, el cuidado y el respeto al ambiente”, expresó la diputada nacional, quien explicó que el proyecto presenta un esquema de cinco circunscripciones, cada una con su correspondiente Juzgado Federal Ambiental de Primera Instancia y Fiscalía Ambiental Federal de Primera Instancia. Además, se propone la creación de Fiscalías Ambientales Adjuntas en todas las provincias y la posibilidad de suscribir convenios con Universidades Nacionales. En cuanto al nombramiento de los magistrados y funcionarios se estipula la paridad de género en la conformación de los Tribunales Ambientales.

“Estamos llamados a brindar más eficacia al funcionamiento del poder judicial cuando se trata de temas específicos que requieren el tratamiento por tribunales especializados y con la capacidad de comprender la conflictividad. Porque por detrás de esas situaciones están las personas, los ambientes y el conjunto de derechos que la Constitución manda a proteger”, culminó la presidenta del Bloque Encuentro Federal.

1467-D-2022 Proyecto Stolbizer Justicia Federal Ambiental

Fuego en las islas: ¿cuál el estado de la causa que se tramita en Entre Ríos?

Mónica Peralta busca conocer los avances en la causa que investiga los incendios en las islas frente a Rosario

La legisladora se reunió con el Juez Federal Daniel Alonso a los fines de determinar la situación de los expedientes vinculados a los incendios en las islas del delta del Paraná. El encuentro tuvo lugar en el Juzgado Federal Número 2 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos

“Vinimos a Entre Ríos para conocer de primera mano la instancia en que se encuentra la denuncia que realizó la ciudad de Rosario en relación a las quemas intencionadas en el delta del Paraná”, expresó la legisladora y destacó que: “En 2020 Rosario hizo una denuncia penal y en julio de ese año, como no había ningún avance, se constituyó como querellante, además, la ciudad amplió la denuncia en varias oportunidades”.

En ese sentido, agregó: “la causa a la fecha no muestra avances, no hay imputados ni procesados por las quemas con lo cual tampoco se elevó a juicio”. En el expediente CPE 840/2020 a cargo del Dr. Daniel Edgardo Alonso se investiga las quemas intencionales en el Delta del Río Paraná y la posible comisión del delito de asociación ilícita calificada con la finalidad de llevar adelante dichos incendios.

Asimismo, en el marco de las causas que tiene el magistrado, se descubrieron obras y modificaciones sobre los terrenos en jurisdicción de Victoria que implican un importante impacto sobre el ecosistema, realizadas por empresarios de la zona, con maquinaria pesada incautadas por el juez al día de la fecha.

Al respecto Peralta explicó: “por un lado, le manifestamos al juez la necesidad de celeridad en estas causas y por otro al Congreso Nacional la responsabilidad de sancionar la ley de Humedales que se viene trabajando desde hace más de 10 años” y explicó: “la misma, sin dudas, daría un marco normativo a funcionarias y funcionarios judiciales a la hora de instruir una investigación o dictaminar las tantas causas iniciadas en relación a las quemas del humedal del delta del Paraná”.

También, la diputada remarcó: “en un contexto en el cual se plantea a la hidrovía como obra central para el desarrollo económico del país, supuestos que habría que discutir en profundidad, nos preocupa cuales son las exigencias que el Estado Nacional tendrá con los concesionarios a los fines de preservar el ambiente”.

En relación a esto Peralta dijo que “no se puede solo pensar en la hidrovía e instó a que desde el plan PIECAs se haga una evaluación técnica sobre cómo hacer que los canales del humedal recuperen el agua y llamó a que las jurisdicciones que integran dicho plan se reúnan para cumplir el decreto de la corte suprema del 2020”.

El 11 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó su competencia en un amparo colectivo ambiental e hizo lugar a una medida cautelar sobre el Expediente Nº 468/2020.

Allí, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los municipios de Victoria y Rosario, y el Estado nacional recibieron la orden de constituir un Comité de Emergencia Ambiental para la prevención, control y cesación de los incendios. Debería tener base en el PIECAS y desde allí consensuar medidas como: declaraciones de emergencia ambiental, intensificación de controles y apoyo al combate de los incendios.

A dichas observaciones Peralta sumó la necesidad de avanzar en la implementación de una base permanente para brigadistas y que los mismos, cuenten con transporte aéreo adecuado para realizar su labor: “Es inconcebible que desde Nación no se hayan enviado los recursos necesarios para que los brigadistas puedan realizar sus tareas en caso de incendio, desde helicópteros especiales hasta tecnología para monitoreo más allá de los faros de conservación que tienen un alcance muy limitado”, dijo.

“Algo que queda claro es la falta de apoyo para los juzgados federales como por ejemplo el del juez Alonso que maneja un gran número de causas y además, tiene a su cargo más de 120 mil hectáreas. Los recursos con los que cuenta son altamente escasos ya que apenas logra cubrir una mínima parte de sus necesidades, por eso el Estado nacional debe intervenir fuertemente en recursos con los que las provincias no cuentan más allá de los trabajos que vienen realizando”, explicó Peralta.  

Finalmente la legisladora concluyó: “los trabajos realizados hasta la fecha a nivel estatal son insuficientes puesto que el del Delta del Paraná continúa siendo diezmado por una crisis ambiental sin precedentes que tiene al ser humano como su primer responsable: incendios intencionales que arrasan cientos de miles de hectáreas, sequías pronunciadas y bajantes históricas del río, sumado al potencial dragado de la vía navegable y su impacto en nuestro ambiente y ecosistema; siguen siendo la cara más oscura en los desmanejos de los recursos naturales en Santa Fe”.    

CONGRESO DEL PARTIDO GEN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2022

Nos volvimos a encontrar después de dos años.

El pasado sábado 26 de marzo en la ciudad de La Plata se llevó a cabo la reunión del Congreso GEN de la Provincia de Buenos Aires.

Un espacio de intercambio y reencuentro donde debatimos sobre la necesidad de construir un Estado eficaz y moderno con eje en el desarrollo económico, que fomente la participación ciudadana y garantice la transparencia. Un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo e inteligente.

Agradecemos la presencia y las palabras de los dirigentes de Juntos por el Cambio que nos acompañaron:
Senador Andres De Leo @andresdeleo_ok, Diputado Maximiliano Abad @maxi.abad, Guillermo Montenegro, Intendente de Mar del Plata, @gmontenegro_ok y al Diputado Sebastian Garcia de Luca @sebagdl.

Porque aspiramos a que la coalición de la que formamos parte, llegue preparada con un programa de gobierno transformador para la provincia, es que valoramos formarnos, y poder debatir.

Es fundamental el aporte de nuestros militantes, porque es en ellos donde los proyectos y las ideas necesitan corporizarse.

Por ello los convoco a que todos juntos como militantes nos apropiemos de este proyecto que queremos para la nación y para la provincia de Buenos Aires.

Los militantes somos los que ponemos el corazón a las ideas y al debate, los que llevamos la acción a través de las cosas que hacemos cuando creemos en ellas.

Necesitamos trabajar para reconstruir desde esta coalición las expectativas y la esperanzas de que hay un mañana.

Y eso se hace cuando los militantes le ponen a la acción política el corazón. Esto es lo que necesitamos y hacia allá vamos!

📸 @pabloaharonian