03/09/2018.
El gobierno debe sentarse con todos los sectores políticos y de la economía. La emergencia en la que estamos lo obliga a buscar con urgencia: a) frenar el traslado de devaluación a los precios, b) frenar la ansiedad de salvar los ahorros en dólares.
El gobierno fue el mayor promotor de la inflación aumentando de manera descomunal las tarifas de servicios, de la de la empresa estatal Aguas Argentinas y del transporte; combo que impactó en toda la economía interna. Hoy importa frenar esas subas, y en lo posible bajar las actuales, para empezar a construir una barrera entre la depreciación del peso frente al dólar y lo que los argentinos debemos afrontar en la economía de todos los días.
El gobierno tiene que ocuparse de la economía interna con más urgencia que del frente internacional. Se tiene que preocupar por los precios y la economía real de quienes tienen que pagar sus cuentas. Si atiende con prioridad esas preocupaciones tiene la oportunidad de demostrar que escucha y recuperar algo de la confianza que perdió.
El nuevo valor del dólar permite restituir el valor de las retenciones a las exportaciones primarias sin causarle perjuicio económico al campo, al tiempo que debe instaurarse la obligación de liquidar divisas antes de los 180 días.
No se puede seguir vendiendo dólares a la especulación o a la desesperación. Se deben dar señales muy fuertes de que el peso vale en la economía interna, y no se deprecia frente a lo que tenemos que pagar todos los días. Y eso se hace recomponiendo paritarias y frenando la suba de precios. Puede inyectar más pesos en el mercado, con su espalda financiera ante el nuevo valor que licúa el déficit del Ejecutivo. Sin embargo, es necesaria la reactivación de la economía real que solo se logra equiparando la pauta salarial a la inflación.
Si el estado, primer formador de pesos con tarifas, detiene su inflación, puede sentarse con las alimenticias a exigir lo mismo, y así sector por sector: dialogar con cada sector productivo para contener el impacto del nuevo valor de la moneda a lo que exclusivamente influye en el costo de los productos de manufactura argentina.
El Banco Central informó que en julio se vendieron 3900 millones de dólares y se fugaron 4400. Hace falta que el Banco Central opere urgente en el sistema financiero y obligue a bajar las tasas usurarias que triplican la inflación en las tarjetas de crédito. También debe solicitar a los países destinatarios los nombres de quienes recibieron dólares en forma de depósito o compras en los últimos dos años, para gravarlos a límites casi confiscatorios. En un año regalaron más de 30 mil millones de
dólares, superando el rescate hasta ahora del FMI. La única medida que se les ocurrió fue triplicar las LEBCAS que nos heredó CFK a tasas del 60%.
Los K en el 2008 promovieron la fuga de 24 mil millones de dólares con un dólar que atesoraron mas de un millón de argentinos, o los viajes a dólar bajo de los dos Gobiernos de CFK, con su consiguiente devaluación del 230% entre 2012 a 2015. En las dos fórmulas rematamos dólares baratos que resultan necesarios para la actividad
económica.
Del 26% de pobres del Gobierno anterior pasamos al 34% y sin inversiones, resultando un país inviable que convive con la inmoralidad de casi 400 mil millones de dólares de argentinos que fugaron de la economía argentina para ser colocados en el exterior. Se debe imponer una nueva legislación, como en los países del primer mundo que regule la salida de la moneda extranjera, con gravámenes. Pero sobretodo es el precio el que la desalienta.
Las empresas de energía han vuelto a ganar millones, así como los bancos no pararon de acumular ganancias, mientras que la Argentina y los argentinos estamos al borde de la peor crisis económica de los últimos años. Debemos echar manos a la teoría del esfuerzo compartido de la Corte Suprema en 2002, por la que los grandes ganadores se empezarían a hacer cargo de parte de esta crisis.
