30/08/2017.
La diputada Margarita Stolbizer solicitó se investiguen irregularidades en la suscripción de convenios en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a cargo de Juan José Aranguren, favoreciéndose a una asociación civil de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe (Asociación Tecnológica Venado Tuero- ATEVEN) a través de la Universidad Nacional. Particularmente solicitó que se investigue si podrían encontrarse encuadrado en los delitos de malversación de caudales públicos (Art. 260 CPN) incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), sin perjuicio de aquellos que puedan surgir de la investigación.
Se trata de convenios sin motivaciones legales y fundamentos jurídicos que los validen como también de una irregular intermediación de una entidad civil para el manejo de fondos públicos.
El objeto del convenio es la realización y coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo. Se establece que la Universidad es la única responsable de la planificación, ejecución y puesta en marcha de las tareas apropiadas para el cumplimiento del convenio y mantiene indemne al ministerio de los reclamos de terceros. La regional Venado Tuerto se comprometía a afectar personal idóneo y especializado aportando los recursos técnicos necesarios.
Lo importante para destacar es que los pagos no se realizarían a la Universidad Tecnológica Nacional ni tampoco esta última facturaría por los servicios prestados. Sino que el dinero se depositaria en una cuenta corriente a nombre de una asociación civil de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. El Ministerio de Energía abonaría más de 13 millones de pesos en la cuenta de la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN). Y seria esta asociación fantasma y desconocida quien emite las facturas correspondientes a lo convenido. Esta intermediación provocaría un sobrecosto: el 10% del total del convenio corresponde a GASTOS ADMINISTRATIVOS, tal como surge de las facturas que se acompañan.
El Ministerio de Energía y Minería le informo a Stolbizer en abril de 2017 la nómina de personal afectado al convenio aquí denunciado, con detalle de sus salarios que van desde los 10.000 a casi 50.000 pesos. Y el detalle de los trabajadores que supuestamente prestaron servicios en el Ministerio citado pero a cuenta del convenio con la UTN Venado Tuerto y la ONG ATEVEN presenta aún más irregularidades. Así podemos encontrar, para citar algunos ejemplos, una gran cantidad de jubilados de más de 70 años o personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa o quienes tienen domicilio en otra o aquellos que al mismo tiempo se desempeñaban en relación de dependencia de alguna empresa relacionada con las tareas que desde el Estado debían realizar.
El monto total abonado a la facultad regional Venado Tuerto a través de la ONG ATEVEN hasta marzo de 2017 ascendía a la suma de 13.510.986. De este monto la ONG ATEVEN se llevó el 10%, es decir, 1.351.098 pesos. El referido convenio fue prorrogado por ADENDA I suscripta el 20 de diciembre de 2016. Y allí se amplía el presupuesto en 4 millones de pesos adicionales, manteniéndose el 10% de la facturación a favor de la facultad como gastos administrativos.
Estamos frente a un circuito de dinero bajo la máscara de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Venado Tuerto para «asistencia técnica» o «capacitación de personal». Pero, en realidad, se usa a una asociación civil de Venado Tuerto para tercerizar personal. Además, esta operatoria encarece los contratos bajo la justificación del ítem «gastos administrativos». Nos encontramos con convenios con cláusulas genéricas sin detalles precisos. Pero fundamentalmente sin cuentas claras y con transferencias millonarias manchadas por la intermediación de asociaciones civiles que no poseen ningún tipo de control
En los últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales. En realidad, se trataba de un mecanismo para vehiculizar partidas millonarias destinadas a universidades públicas alineadas con el discurso oficialista. En muchos casos se trató de un mecanismo para “ejecutar programas” de diverso interés que simplemente permitió liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Así, el Estado y sus universidades conformaron un esquema de financiamiento manejado de forma discrecional que se volvió una de las mayores incógnitas con respecto al manejo de los fondos públicos en el fin de ciclo kirchnerista.
«DE LA MISMA MANERA QUE CUESTIONAMOS EL DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS SIN CONTROLES A TRAVES DE LAS UNIVERSIDADES DURANTE EL KIRCHNERISMO, AHORA ES NECESARIO AMPLIAR LA INVESTIGACION POR LA PERSISTENCIA DE LA MISMA PRACTICA»
Con esta realidad heredada, a poco tiempo de asumir Mauricio Macri, el gobierno prometió avanzar con la revisión de irregularidades vinculadas con la metodología de contratación, como los convenios con las universidades. Una de las primeras medidas adoptadas por el Sr. Presidente se anunció como el fin de los convenios con las universidades públicas. A través del decreto 336/2016 se estableció que los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la Administración Pública Nacional y Universidades nacionales, provinciales o privadas, cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016, quedarían sin efecto a partir del 1° de abril de 2016.
