Autor: Manuel

02/11/2017.
“Argentina debe mantener la defensa de los derechos humanos y el castigo a los crímenes de lesa humanidad como una política de estado”.

La Diputada Margarita Stolbizer preside la organización Parlamentarians for Global Action (PGA), que nuclea a más de 1400 legisladores de 143 países.

El objetivo principal es fortalecer la democracia, el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, para construir un mundo en paz como condición para el desarrollo y bienestar de los pueblos.

En tal carácter esta semana participó de la Conferencia Regional de Montevideo realizada en conjunto con la Cámara de Representantes de Uruguay, junto a Macarena Gelman (nieta del escritor Juan Gelman).

Hoy se realizó en la Cámara de diputados la reunión del Grupo Nacional de PGA en la que participaron los diputados Luis Petri, Carla Pitiot, Guillermo Snopek, Horacio Alonso y Lucila Crexell y durante la cual se recibió el informe del Secretario General Dr. David Donat Cattin, para la actualización de la agenda y los programas de PGA, especialmente el Programa de Paz y Democracia, Derecho Internacional y Derechos Humanos, y la organización del Foro Anual que se realizará próximamente en Milán sobre Extremismo Violento y Atrocidades masivas.

Por la tarde, el Grupo de Parlamentarios de PGA, con la Presidenta a nivel internacional Margarita Stolbizer y el Dr. Cattin mantuvieron una reunión con el Ministro de Justicia Dr. Germán Garavano y su equipo, a fin de dar continuidad al trabajo conjunto en colaboración con la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma.

«El Estatuto ha creado un sistema de justicia penal universal que solo funciona si las justicias nacionales se hacen cargo de penalizar los crímenes más aberrantes, como el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Y Si los países cooperan para asegurar la eficacia del funcionamiento de la CPI. Argentina ha mantenido desde la recuperación democrática, la defensa de los derechos humanos y el castigo de los crímenes de lesa humanidad como una política de estado que nos pone en el liderazgo de los países del mundo que luchan a favor de la democracia y en contra de la impunidad. En el último año, Argentina ha firmado ya dos convenios de cooperación con la Corte para protección de testigos y ejecución de sentencias. Es importante fortalecer el vínculo de nuestro país con la Corte Penal Internacional y para eso seguiremos impulsando la cooperación, como también la divulgación y la capacitación de funcionarios sobre el sistema de justicia internacional. No solo se trata de un sistema sancionatorio, sino especialmente preventivo, disuasorio y de reparación hacia las víctimas que tienen un papel central dentro del Estatuto”.

31/10/2017.
Margarita Stolbizer se encuentra desde ayer en Montevideo, como presidenta de PGA participa del Seminario Parlamentario sobre Justicia internacional, una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible en las sociedades pacíficas e inclusivas. Legisladores y expertos de diversos países intercambiaron y expusieron en paneles durante lunes y martes en el Sheraton Montevideo, donde se desarrollan las jornadas.

Stolbizer compartió acto de apertura de la conferencia con la diputada Macarena Gelman (nieta del escritor Juan Gelman), y el Presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay José Carlos Mahía. También la asesora de Naciones Unidas Graciela Dede y el Fiscal General Jorge Diaz Almeida. Participaron legisladores además de Argentina y Uruguay, de Chile Guatemala, Honduras, El Salvador; Costa Rica Ecuador, Paraguay y Bolivia.

«La diputada del Partido GEN señaló en su intervención que «La Justicia penal universal es preventiva, disuasoria, sancionatoria respecto de los crímenes más aberrantes y reparatoria para víctimas».

«Para los países de América latina es muy importante participar de un sistema de justicia universal para garantizar la no impunidad de los crímenes mas crueles. Y para que cualquier trasnochado sepa que esos delitos serán perseguidos en cualquier tiempo y lugar» y agregó: «Los crímenes que están incluidos en el Estatuto de Roma, como el genocidio y lesa humanidad son imprescriptibles para los países que firman parte, como Argentina. No se trata de una cuestión opinable ni revisable. Y los pactos internacionales son obligatorios de cumplimiento para las Naciones».

Respuesta a Carrió, sobre revisar juicios

Stolbizer expresó que: «El sistema creado por el Estatuto de Roma no es solo una Corte Internacional sino el mandato que pesa sobre los países para tener una justicia eficaz y comprometida en la persecución y castigo de los crímenes más aberrantes. Así ha sido para Argentina como una política del estado durante todos los gobiernos desde la recuperación democrática».

En ese sentido la diputada del Partido GEN rechazó absolutamente la pretensión de Carrió de revisar los juicios en los que se ha condenado a los militares responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

«Este Gobierno no puede interrumpir una decisión del pueblo y de todas las gestiones anteriores para que no haya impunidad. No hay posibilidad de revisar los juicios, los delitos son imprescriptibles y no pueden ser indultados. Ganar una elección no les vale para decir cualquier cosa y pretender cambiar la historia».

Mi deber como diputada nacional es efectuar una denuncia cuando estoy en presencia de un posible delito. No soy juez o fiscal para juzgar a nadie. Cuando tomé conocimiento de hechos que podían constituir delitos en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Regional Venado Tuerto, con la intervención de una ONG de dicha ciudad, puse en conocimiento de la Justicia y posteriormente la causa fue impulsada por el fiscal Franco Picardi y la instruye el Juez Sebastián Casanello.

Ahora bien, me llama la atención la supuesta aclaración efectuada por el Sr. Ministro de Energía y Minería.

A mí no me pesa que un gobierno elegido democráticamente se maneje bajo los estándares de transparencia. Todo lo contrario, lo celebro y lo apoyo. Lo que sucede es que cuando los funcionarios públicos en lugar de elegir cambiar las prácticas irregulares, cuestionadas y denunciadas en múltiples oportunidades, deciden continuar con las mismas en contra de lo prometido a la ciudadanía, siento que debo no solo alertar sobre esta desviación sino también denunciarlas. Máxime cuando se repiten maniobras que la justicia se encuentra juzgando, con la conmoción que ello significa para la ciudadanía.

Invito al Sr. Ministro a leer el llamado a indagatoria que se efectuara en el marco de la causa conocida como Rio Turbio donde recientemente se dispuso la detención de Julio De Vido. En primer lugar, allí los denunciantes, es decir los interventores de YCRT, atacaban un convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el YCRT y la UTN cuyo aparente objeto resultó ser la cooperación entre ambas instituciones, en particular la prestación de cursos de capacitación, trabajos de investigación, asistencia técnica y profesional por parte de la UTN al YCRT en temas vinculados a esa área, dictados por dicha Universidad, así como todo tipo de apoyo profesional y técnico. Ahora invito también a leer los convenios suscriptos por el actual gobierno y advertir, tal como hice yo, que son idénticos.

En el marco de la causa Rio Turbio, la SIGEN realizo una auditoria y allí pudo determinar que el convenio realizado entre el Ministerio, la Universidad y la Fundación, implicaba que recibieran una retribución del 10% sobre el valor de los contratos que ejecutara la Facultad y concluye que así triangulaban las prestaciones contratadas y eludían los procedimientos de selección que fija la normativa vigente. Me pregunto por qué en el caso de De Vido era una triangulación que eludía los procedimientos y en el caso del Señor Ministro Aranguren es legal y de acuerdo a una práctica habitual de la administración pública.

No puedo a esta altura y pese a las aclaraciones brindadas, encontrar las diferencias con las prácticas llevadas a cabo por el kirchnerismo, donde se multiplicaron los convenios con diferentes universidades nacionales que permitieron, en muchos casos, “ejecutar programas” de diverso interés que simplemente permitieron liquidar facturas por servicios contratados sin licitación y con un laxo control. Hay múltiples ejemplos de casos que derivaron en denuncias penales. No voy a extenderme en relatarlas.

¿Si usted puede comprar en un negocio que está en la misma cuadra de su casa un insumo que necesita y pagar por el mismo $100, va a elegir contratar a un tercero (que vive a miles de kms de su casa) para que vaya a ese negocio y compre el insumo que necesita y por esa gestión le cobre un porcentaje? ¿No resultaría acaso perjudicial para su economía hogareña pagar de más por algo que usted puede comprar directamente? El mismo ejemplo se puede tomar con relación a los empleados que el Ministro menciona en su descargo: ¿acaso usted prefiere pagar de más para contratar empleados, pero con la garantía de poder tenerlos contratados en negro sin ningún tipo de beneficio social ni sindical ni vacaciones ni aguinaldo? Yo le pregunto al Sr. Ministro ¿si le parece bien que los empleados del Estado se encuentren precarizados? ¿Le pregunto si le parece bien que existan empleados con más de 15 años de antigüedad en su ministerio, que deban seguir facturando por sus servicios como un monotributista y debiendo suscribir diferentes contratos con las universidades o asociaciones amigas del funcionario de turno?

Quiero destacar una frase utilizada por el magistrado de la causa de Rio Turbio. Quizá pueda alertar sobre este tipo de contrataciones para revertirlas a futuro. El magistrado afirma: “En consecuencia, es posible advertir que la triangulación contractual realizada entre YCRT, la Facultad y la Fundación –constituida por miembros de la propia Facultad-, permitieron la disposición de fondos públicos sorteando “los diversos controles en materia de contratación”, generando así un perjuicio a las arcas del Estado Nacional”.

No he afirmado yo que el gobierno actual sea lo mismo que el anterior. Pero sí puedo asegurar que, en este caso como en varios otros, se repiten malas prácticas, se eluden normas y se violentan procedimientos preestablecidos. Y que todo ello importa una degradación de las instituciones que se habían prometido restaurar.

En el caso de la contratación de universidades públicas y asociaciones privadas usadas para el desvío de fondos en la contratación de servicios personales, no hay diferencias de procedimientos. Las hay en cuanto al volumen del dinero que se ha manejado en ambos casos, detectado en el gobierno anterior luego de más de una década pero que son parte de éste desde su inicio.

De ninguna manera mi posición frente a la repetición de prácticas debe ser interpretada como una convalidación de lo que se venía realizando desde el gobierno anterior. Ni que esa crítica pueda ser entendida como un intento de asimilar en otras cuestiones a un gobierno como a otro. Debe estar claro que los cuestionamientos que he formulado tienen que ver con una práctica irregular que se repite sin justificación alguna. Porque lo que debió haber hecho cualquier gobierno post kirchnerista era extremar las medidas de prolijidad y diferenciación en el manejo de los recursos públicos y la facilitación de los negocios privados.

Las causas por las que Julio De Vido está bien detenido exceden absolutamente el marco de los convenios firmados con universidades. Pero todos ellos están siendo investigados por constituir un apartamiento del marco de legalidad que debe tener la administración pública.

25/10/2017.
STOLBIZER: “Siempre fuimos coherentes frente a la corrupción, de cualquier signo político que fuera. Y no aceptamos un doble estándar para mirar los negocios que se hacen desde el estado. De Vido nunca debió entrar a este Congreso. Tenemos la atribución y la obligación de preservar este ámbito de los que quieren venir aquí a tapar con fueros y privilegios los actos ilícitos que han cometido”.

La diputada realizó un paralelismo entre el convenio con una universidad por lo que se investiga a De Vido y los que actualmente se firman en el Ministerio de Energía: «El mismo procedimiento, la misma maniobra, hasta la misma universidad. Solo difieren en el volumen del negocio».

Durante la sesión de hoy en la que la Cámara de Diputados que se aprobó el desafuero a Julio de Vido, la diputada Margarita Stolbizer fundó el voto a favor de la aceptación de los pedidos formulados por los Jueces Rodríguez y Bonadío y expresó que «Hemos sido coherentes frente a los actos de corrupción, y mantenemos el mismo compromiso por evitar la impunidad, sin importar el color político del funcionario que los cometa. La búsqueda de impunidad a través del acceso a una banca es un artilugio incompatible con el diseño institucional que pretendemos. El escrutinio de la voluntad popular, la cantidad de votos obtenidos en una elección, no redime, bajo ningún punto de vista, al candidato electo de los delitos que haya cometido. Cuando el objetivo de ser una persona con capacidad para ser electa se confunde con la posibilidad de evadir o eludir a la justicia sólo por el hecho de asumir una banca de legislador, el Congreso está en atribución y en obligación de impedir que este lugar se transforme en una guarida de funcionarios corruptos. Por ese motivo, y porque De Vido no es el único, ni un caso aislado, es que propusimos, como un gesto político, que todos renunciemos a nuestros fueron como un compromiso para que nadie pueda escudarse en inmunidades o privilegios y ponernos en un pie de igualdad ante la justicia como cualquier otro ciudadano. Debemos honrar la representación que se nos ha concedido y no usarlas para eludir la acción de la justicia.»

Desde hace tiempo Stolbizer viene planteando la necesidad de un gran acuerdo por un Nunca Más de la Corrupción: «porque es necesario refundar al estado y terminar con los nichos de impunidad de los funcionarios corruptos. Hay que decir nunca más a los desvíos y abusos del poder y la impunidad en todas sus formas, porque los costos se traducen en privación de derechos, en desigualdad en el acceso y ejercicio de los derechos humanos».

Pero también aprovecho a remarcar el paralelismo entre los mecanismos de contratación que existieron durante el kirchnerismo y que permanecen inalterables. «El Presidente de la Comisión y miembro informante diputado Tonelli nos ha dicho hoy que se trata de una maniobra sencilla, contrataban a la universidad que derivaba a una fundación o asociación vinculada y así hacían el desvío de los recursos del estado. Quiero decirles que hoy eso es exactamente igual. La diferencia no es de procedimiento, porque es el mismo. Solo los diferencia el volumen de los negocios. Durante el kirchnerismo, el estado y las universidades conformaron un esquema de financiamiento ilegal manejado de forma discrecional. Por eso, una de las primeras medidas del Presidente Macri fue anunciar el fin de los convenios con las universidades públicas y a esos fines firmó el Decreto 336 del año 2016. Ese decreto se dictó como una medida eficaz y de punto final a la contratación de empleados públicos mediante la «triangulación» con las universidades». Pero un año después se habían registrado más de 400 convenios, destacándose la inexistencia de motivaciones legales y fundamentos jurídicos que validen esa forma de contratación que, entre otros efectos, genera sobreprecios en tiempos en que el poder ejecutivo habla de achicar gasto público».

La Diputada Margarita Stolbizer presentó en agosto pasado un pedido de investigación penal sobre la contratación en concepto de asistencia y capacitación firmada por el Ministro de Energia Ing.Juan José Aranguren y la Universidad Tecnológica Regional Venado Tuerto que a su vez terceriza con la Asociación Tecnológica Venado Tuerto ATEVEN). Se recuerda que la contratación por la que se investiga a De Vido es también con la UTN Regional Santa Cruz y la fundación del mismo nombre. La causa promovida tramita ante el Juez Sebastian Casanello y ya se produjeron allanamientos.

Finalmente Stolbizer expresó que: La reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que «La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Y aquí en Argentina ya hemos visto los costos sociales y humanos que ha tenido la corrupción. Esa realidad nos interpela, como interpela a los jueces. Pero quienes hoy gobiernan deben saber que la justicia siempre investiga hechos del pasado y que, entonces, en algún momento también van a caer sobre lo que ustedes están haciendo hoy. No se puede aceptar un doble estándar para evaluar los hechos según quien los cometa. No es diferente nuestra posición frente a hechos iguales de unos y otros, ni la elección popular los legaliza para hacer cualquier cosa. Votamos a favor del desafuero de quien nunca debió haber entrado a esta Cámara, pero sabiendo que debemos sanear esta institución para que nunca nadie más la use para ampararse en privilegios y eludir la acción de la justicia. Queremos construir una nueva cultura ética y política».

Parafraseando a Eduardo Galeano «¿Acaso la justicia es ciega de un solo ojo?. Hay que terminar con la impunidad del poder, político y económico. Hay que terminar con los negocios que se hacen con el estado amparados en la legitimidad que otorga la voluntad popular.