Categoría: Causa Hotesur

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La empresa de Cristina, investigada por lavado de dinero. La justicia contencioso administrativa aceptó un amparo de la diputada Stolbizer: el ministerio de Justicia tiene diez días para darle datos sobre los estados contables de la firma y la multa de $ 3000 que le había impuesto.

Clarín – No hay agua que termine de apagar el fuego desatado en el Gobierno por las irregularidades en la empresa Hotesur, que le pertenece a la Presidenta y sus hijos y es investigada en la justicia por supuestolavado de dinero. Mientras el juez federal Daniel Rafecas tiene en sus manos la causa principal, un juez contencioso administrativo federal aceptó un amparo de la diputada Margarita Stolbizer, y ordenó que el ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de Hotesur y todas las actuaciones administrativas que existan sobre esa firma, además de dar detalles sobre el cobro de la multa de 3000 pesos que le habían impuesto a la empresa por no haber entregado en tiempo y forma sus balances anuales y la renovación de sus autoriades.

Con la firma del juez Pablo Cayssials, la sentencia responde a un pedido de acceso a la información pública y busca abrir el cepo informativo que impera en la Inspección General de Justicia desde 2012, cuando por orden del ex subsecretario de Coordinación y Control Registral del ministerio de Justicia, Ernesto Kreplak, el organismo encargado de controlar a todas las sociedades y organizaciones civiles registradas en la Capital Federal comenzó a negar el acceso a datos públicos correspondientes a las empresas cercanas al gobierno envueltas en denuncias o sospechas de corrupción.

Aquella decisión fue tomada a causa del escándalo Ciccone, para intentar coagular la fuga informativa que, tras la denuncia de Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele –supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boudou–, comenzó a sumar datos que relacionaban al Gobierno con la compra irregular de la imprenta por parte del desconocido fondo The Old Fund.

A través del entonces titular de la Inspección General de Justicia, Marcelo Mamberti, en el verano de 2012 se dictaron resoluciones y circulares que impidieron el acceso al expediente societario de The Old Fund –que luego desapareció y dos años después fue reconstruido sin muchos de los datos más importantes y comprometedores– y luego esa negativa se extendió al resto de las sociedades registradas en la IGJ: aunque se trata de información pública, el organismo decidió que sólo podían consultar sus carpetas quienes tuvieran un “interés legítimo” para hurgar en los entresijos societarios de las distintintas firmas. Una manera elegante de blindar la IGJ.

Pocas semanas más tarde, en mayo de 2012, Mamberti fue reemplazado por Norberto Berner, obediente cuadro de La Cámpora y delegado personal de Kreplak, quien comenzó a diseñar y controlar personalmente la estrategia para evitar que la sensible información que conserva la Inspección General de Justicia caiga en las manos equivocadas. En marzo de 2013, Berner fue reemplazado por Rodolfo Tailhade. Sólo un cambio de nombres.

Aunque irregular, el cepo informativo en el IGJ fue clave para ocultar las irregularidades de Hotesur, la empresa familiar de Cristina Kirhcner que comenzó a ser investigada por el juez Claudio Bonadio justamente porque no había presentado en tiempo y forma ante la IGJ sus balances, la renovación de autoridades y otros datos de notificación obligatoria. Esas irregularidades abrieron las puertas a una investigación más profunda sobre supuesto lavado de dinero, que ahora pasó a manos del juez federal Daniel Rafecas.

En busca de acotar el nuevo escándalo a la órbita administrativa, la IGJ –ahora dirigida por Martín Cormick, un abogado más preocupado por lavar la cara del organismo pero igualmente controlado por Kreplak– anunció una multa de 3000 pesos a Hotesur, como castigo por todas sus faltas.

La diputada Stolbizer presentó un amparo ante la justicia contencioso administrativa para que se conocieran los datos que la Inspección conserva sobre Hotesur, y si efectivamente la firma pagó la multa. El juez Cayssials le dio la razón y, además, obligó al organismo a informar sobre “los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones” que sobre la firma existan en la IGJ.

12/08/2015.

Pasada la elección, Margarita Stolbizer, Diputada y Candidata presidencial de Progresistas, realizó dos nuevas presentaciones en la Causa Hotesur. Aclaró que: «No hemos querido mezclar la cuestión judicial en la que se investiga a la familia presidencial, con el proceso electoral ni usufructuar de ninguna manera la participación en la causa, pero la investigación debe continuar y voy a impulsarla para que la justicia garantice el esclarecimiento y la verdad.»

El primer escrito reclama la ratificación de la competencia en los tribunales federales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y que se rechace el planteo presentado por Romina Mercado (Presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Fernández de Kirchner) para que la causa vaya a parar al Sur donde su propia hermana es fiscal. «La incompetencia para llevar la causa a Santa Cruz sería una medida absolutamente ilegal y arbitraria. Ya han cometido el abuso de sacar al juez Bonadío como juez natural de la causa. Ahora llevarse la causa al sur sería otra garantía de Impunidad.»

El argumento de Stolbizer es de la competencia territorial basada en los diferentes domicilios de la sociedad, todos en Capital Federal. Y de la misma manera, la investigación iniciada que pretende avanzar sobre las contrataciones/licitaciones de obras públicas que han generado el dinero ilegal, dependen del Estado Nacional y también por esto la causa debe tener asiento en esta Ciudad.
«Ha sido en la Ciudad de Buenos Aires donde se han tomado tomas las decisiones de la sociedad, según consta en las actas que fueron secuestradas y están en la causa. El Juez Bonadío ya había rechazado el planteo de la incompetencia. La causa debe quedar en la jurisdicción donde está actualmente.»

El otro escrito presentado en el día de hoy, es la recusación del Juez de Cámara Eduardo Freiler por violar la garantía de imparcialidad que debe brindar el magistrado del proceso. El mencionado juez es primo de Patricio Ricardo Pereyra Arandia quien a su vez es el esposo de Romina Mercado, sobrina del matrimonio Fernández-Kirchner. Si bien el parentesco no constituye causa de inhibición procesal, existe una manifiesta relación de amistad entre la familia Kirchner y el mencionado magistrado a quien muchos incluso dicen haber visto compartiendo reuniones íntimas en casa de aquellos. Pereyra Arandia ha sido además Director de Hotesur y es actualmente apoderado de Idea SA que es la sociedad que administra los hoteles de la familia Kirchner.
«Se advierte que el Dr. Freiler debió inhibirse de intervenir en la presente causa y no puede dejar de mencionarse que ya intervino en varias instancias, votando a favor de los intereses de quien tiene un grado de parentesco y amistad. El juez debió apartarse y no lo hizo, vulnerándose el principio de imparcialidad».

«En su edición de hoy Perfil describe con precisión el parentesco existente entre el magistrado y el mencionado Pereyra Arandia y especialmente el vinculo de amistad que el mismo tiene desde hace años con la familia presidencial. Sin embargo, debió apartarse y no lo hizo, lo que constituye una grave falta en el desempeño de sus funciones. Cabe recordar que el mencionado juez, que funciona como un brazo ejecutor de la Casa Rosada ya dictaminó el archivo de la denuncia del Fiscal Nisman (promovida luego por los fiscales Pollicita y Moldes) y recientemente resolvió la remoción del Juez Claudio Bonadío, en un fallo sobre el que ya hemos presentado apelación por considerarlo desproporcionado, ilegal y arbitrario.»

22/07/2015.

En su calidad de denunciante y también presentada como querellante en la Causa Hotesur, Margarita Stolbizer, candidata presidencial por PROGRESISTAS, se presentó a reclamar la preservación de las pruebas recolectadas por disposición del Juez Claudio Bonadío el lunes pasado en Santa Cruz.

«El Juez ha hecho lo correcto en el camino de lo que debe ser: buscar la verdad. Y para eso, junto con el fiscal Stornelli, dispusieron medidas para obtener la documentación que permitirá cotejar la existencia de hechos que podrían configurar una serie de delitos cometidos desde las sociedades denunciadas y pertenecientes a la familia Kirchner. Del procedimiento realizado la semana pasada en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos y El Calafate), se ha remitido a Buenos Aires a través de la Policía Metropolitana, una cantidad de elementos documentales de gran utilidad para la investigación. Sin embargo, al día de hoy, nada se sabe sobre la localización de esa documentación ni bajo qué custodia se encuentran ni cuál será su destino.»

«La medida sancionatoria contra el juez que investiga los negocios del poder ha sido desproporcionada y arbitraria. Pero lo que agrava la situación es la posibilidad de que por esa vía se terminen perdiendo las pruebas sobre los movimientos económicos, comerciales y financieros de las sociedades que servirán como prueba para el esclarecimiento de los delitos que se investigan.»

«La decisión de la Sala I debe tener siempre el efecto suspensivo para su ejecución que tienen las medidas hasta tanto se sustancien los recursos que pueden darle firmeza o venzan los plazos para la apelación de la medida. Por esta razón, actualmente debería estar en suspenso en razón de la feria judicial y también porque en mi carácter de denunciante y pretensa querellante he presentado un recurso de apelación para su revocatoria. Deberá por lo tanto, primero resolverse ese recurso. Y en tanto se defina quién será el juez actuante, hay que preservar esas pruebas documentales tan valiosas. Eso es lo que he pedido en el día de hoy», puntualizó Stolbizer.