Categoría: Actualidad

«La ley, ante todo, debe desplazar a las discrecionalidades»

Ciudad de Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 –Poder Ciudadano presentó su publicación anual Corrupción y Transparencia, Informe 2015. El evento, contó con la presencia internacional de José Ugaz, Presidente de Transparencia Internacional; Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del diario La Nación, y la Diputada Nacional Margarita Stolbizer.

Siguiendo la línea del primer informe, Corrupción y Transparencia, Informe 2014, la presente publicación busca proponer reformas posibles para los desafíos que nuestro país tiene por delante en materia de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Este Informe 2015 que espera ser una agenda de trabajo y de reformas, recoge con actualidad y mirada crítica el objetivo que, desde hace más de 25 años, motoriza a Poder Ciudadano: aportar al fortalecimiento democrático en cada uno de sus elementos. La publicación invita reflexionar sobre distintas problemáticas de las instituciones democráticas en base a la convicción de que las instituciones deben estar por sobre las personas, la división de poderes debe ser real y no ficticia, y la división entre Estado, Gobierno, Partido Político y Sector Privado debe ser clara y estricta.

¿Qué se le puede exigir a la ciudadanía cuando la política no brinda mecanismos apropiados para combatir la corrupción? Partiendo del cuestionamiento disparador, el informe propone una reflexión sobre la corrupción a partir de casos resonantes como la Tragedia de Once- contando con la participación de María Luján Rey, madre de una de las víctimas-, la muerte del Fiscal Nisman , el origen, lógica y poder de los servicios de inteligencia y sus tensiones con las instituciones Democráticas; el escándalo de la FIFA y sus repercusiones en la AFA, la investigación de la AGN del Programa Fútbol para Todos; la independencia y democratización de la Justicia; el actual proceso de selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de selección de jueces, el papel del Consejo de la Magistratura y las subrogancias en los últimos años, entre algunos otros.

También conforman capítulos de este informe muchos de los temas centrales en los que Poder Ciudadano trabaja activamente como: la reforma electoral, la transparencia en materia de financiamiento político, la implementación del sistema de voto electrónico, la utilización ilegal de la publicidad oficial y la regulación de la utilización de los recursos públicos en períodos de campaña, las asignaturas pendientes en la implementación de la Ley de Ética Pública porteña y las consecuencias de la ausencia de un Código Electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un apartado especial es el destinado a la integridad y la lucha contra la corrupción en los niveles subnacionales. Se desarrollan las experiencias desarrolladas por la Fundación en 2015 en la provincia de Salta -en cuanto a la distribución de pauta publicitaria y la utilización de fondos reservados- y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cuál se desarrolló el diagnóstico de integridad basado en la metodología de Local Integrity System (LIS por sus siglas en inglés) desarrollado por Transparencia Internacional.

El Informe 2015 cierra con un capítulo que busca dar cuenta de la importancia y centralidad que posee la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción y las herramientas disponibles para hacerla realidad.

El Informe cuenta, nuevamente, con aportes de especialistas destacados en cada una de las temáticas, como José Ugaz, María Luján Rey, Claudio Savoia, Roberto Gargarella, Álvaro Herrero, Celeste Leonardi, Santiago Kovadloff, Roberto Saba, Juan Manuel Abal Medina, María Inés Tula, Delia Ferreira Rubio, Rosario Pavese, Fernando Bracaccini, Agustina De Luca, Juan Negri, Maximiliano Campos Ríos, Alberto Föhrig, Guillermo Jorge, Leandro Despouy, Gonzalo Guzmán Coraita, Roque Rueda y el equipo de Poder Ciudadano; todos sumando reflexiones y posibles respuestas a los dilemas que enfrenta nuestro país en este campo complejo.

Descargar Informe Corrupción y Transparencia 2015. Poder Ciudadano

02/08/16 – La Diputada Nacional y Presidente del Partido GEN, Margarita Stolbizer, presento un Proyecto de Ley que dispone la restitución de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a la provincia de Buenos Aires correspondientes al periodo 2006-2015.

Se trata de una compensación de deudas entre Nación y provincia de Buenos Aires atendiendo a la inconstitucionalidad que sobre esa retención ya declaro la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se encomienda al gobierno nacional que suscriba un convenio de reconocimiento para la restitución de las sumas que fueron retenidas de manera ilegal, y para eso se faculta al PEN a emitir bonos.

De este modo la provincia podrá volver a tomar deuda a tasas más bajas una vez producido su desendeudamiento con la Nación, a quien tampoco se le producirá una situación de déficit porque lo que hace es compensar.

Actualmente rige el acuerdo celebrado para el futuro, por el cual se pactó un esquema de devolución escalonado y progresivo durante los años 2016-2020 a razón de tres puntos por año calendario. Con igual ánimo de fortalecer financieramente a la provincia, el senador del GEN Jaime Linares ha propuesto un mecanismo para recuperar el fondo del conurbano a través de una ley especial.

La situación financiera de la provincia es delicada. Emite deuda para pagar amortizaciones e intereses. Eso incrementa stock de deuda sin aumentar recursos.

El proyecto de Stolbizer permitirá mejorar dicha situación, y conseguir buenas condiciones para proyectos de inversión pública, especialmente dirigidos a infraestructura social.

«Mi intención es colaborar desde el Congreso para ayudar a la Gobernadora Vidal y que, a través de una mejora en los recursos, se puedan atender las muchas necesidades que tiene nuestro territorio y nuestros vecinos. Se trata de resolver una situación injusta por una retención ilegal».

La diputada y presidenta del Partido GEN se notifico del sobreseimiento dictado por el juez Villafuerte Ruzo en la causa iniciada en el año 2008 durante la crisis del campo por la participación en un acto público en la ruta 9, San Pedro, en apoyo a los reclamos de las organizaciones y los productores agropecuarios.

01/08/2016. En aquella oportunidad, en la Provincia de Buenos Aires se llevaron a cabo muchos cortes de ruta por parte de los productores agropecuarios en protesta por la Resolución 125 que aumentaba las retenciones de manera confíscatoria.

Originada en un informe de la policía bonaerense, se inició una causa judicial penal que tramito en el juzgado federal 2 de San Nicolás a cargo del Juez Carlos Villafuerrte Ruzo quien, recientemente, el 26 de junio pasado, dicto el sobreseimiento de todos los imputados entre los que también se encontraban los dirigentes agropecuarios Eduardo Buzzi, Mario Llambias, Hugo Biolcatti, Mario Barbieri, Luciano Miguens y Raúl Victores.

Stolbizer se notificó esta mañana de la resolución judicial, que no ha quedado firme aún por apelación de la Fiscalía interviniente.

También en la ciudad de San Nicolás, Stolbizer realizó actividades partidarias, atendió a la prensa y recorrió el edificio histórico del Concejo Deliberante junto al diputado provincial Jorge Leonardo Santiago y los concejales Adriana González y Pablo Amanino.

Lorena Zapata PARA LA NACION

Mientras el Gobierno espera una definición de la Corte Suprema sobre las cautelares que frenaron los aumentos de tarifas, el Congreso se prepara para dar batalla en ese campo. Ya son casi 100 los proyectos de ley de todos los bloques en respuesta al creciente malestar social. Con 47 propuestas entre las dos cámaras, el Frente Para la Victoria (FPV) se alza como el gran impulsor del debate. Por su parte, los bloques de los opositores Margarita Stolbizer y Diego Bossio tienen 11 y seis cada uno. La paradoja es que hasta el oficialismo presentó siete iniciativas mientras que son tres las llegadas desde el espacio de Sergio Massa, aunque de menor magnitud. La «propuesta alternativa» llegará en las próximas semanas.

Una veintena de proyectos plantea declarar nulos los decretos presidenciales que fijaron las subas. Otros 13, dictar la emergencia por un plazo de 180 días a cuatro años o hasta que tengan lugar las audiencias públicas, y retrotraer los precios del gas y la luz a febrero. Mientras que el grueso proyecta librar del pago o fijar tarifarios especiales para determinados sectores sociales o regiones del país. El debate está planteado y será protagonista en el Congreso a partir de agosto.

El Senado ya dio el primer paso. En la última sesión antes del receso invernal, aprobó por amplia mayoría un pedido al Gobierno para que anule el aumento de las tarifas de gas. Ahí, el propio jefe del FPV, Miguel Ángel Pichetto, anunció que a partir de agosto su bloque impulsará el tratamiento en comisiones de un proyecto del chubutense Mario País, con la firma de otro 25 senadores, que declara la «nulidad absoluta e insanable» de las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron las subas de luz y gas.

El FPV encabeza el ranking. Sólo en la Cámara alta tiene 23. La formoseña Graciela De la Rosa pide tarifas diferenciales para las pymes y las entidades sin fines de lucro. Mientras que la rionegrina Silvina García Larraburu propone dictar la emergencia energética para las entidades de bien público, cooperativas y clubes de barrio, y para los usuarios patagónicos.

En Diputados, el kirchnerismo tiene en carpeta dos docenas de proyectos que plantean desde la suspensión de los incrementos por 180 días hasta la declaración de emergencia energética para organizaciones sindicales, instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología, y asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y universidades nacionales, pasando por la creación de tarifas especiales para pymes, bomberos voluntarios, cines y teatros públicos, y usuarios que sean electrodependientes por razones de salud. Aun así, el jefe del bloque, Héctor Recalde, aseguró que el objetivo es acordar con otros bloques una ley de consenso y convocar en el corto plazo a una sesión especial.
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«Esta es una cuestión de Estado, no partidaria y tampoco judicial. Necesitamos dar una respuesta desde la política. Por eso le planteamos a los 35 bloques restantes juntarnos y avanzar con un proyecto unificado que retrotraiga las tarifas a febrero y cree una comisión que analice cómo salir de esto», explicó Recalde. Pero si ello no resulta y el Senado avanza más rápido, la estrategia sería similar a la utilizada para la ley antidespidos: esperar una media sanción del Senado y darle curso en Diputados lo antes posible.

Si de consensos se trata, Stolbizer tiene la clave que podría congregar a propios y ajenos -el massismo, su aliado de última hora, y el kirchnerismo-. Es que su proyecto aglutina varios de los reclamos opositores: deroga los aumentos de las tarifas de luz, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros, y fija un plazo de 180 días para la realización de una auditoría integral de las empresas productoras, generadoras, transportadoras y distribuidoras de estos servicios.

A su expediente se suman otros diez que impulsan sus compañeros de interbloque. La senadora Magdalena Odarda quiere que el Gobierno presente ante el Congreso un cronograma gradual de actualización tarifaria del servicio de gas, que deberá aprobarse por ley. La diputada socialista Alicia Ciciliani, que se fije una tarifa social universal para jubilados, beneficiarios de planes sociales y veteranos de Malvinas. Y Victoria Donda busca prohibir la interrupción de los servicios básicos por falta de pago para las asociaciones sin fines de lucro.

Lo curioso es que el Frente Cambiemos ocupa el tercer puesto del podio con siete iniciativas de reforma. «Nosotros no le escapamos a ninguna discusión. Estamos dispuestos a dar el debate», afirmó el diputado Pro Eduardo Amadeo.

Entre las propuestas oficialistas se destacan la del senador radical Luis Petcoff Naidenoff, que impulsa un régimen de tarifa social y acceso solidario a los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas natural para «los usuarios actuales y potenciales en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad». En tanto, otros promueven tarifarios diferenciados para universidades y usuarios residenciales de varios departamentos de la provincia de Mendoza, la región patagónica y del NEA.

El espacio político liderado por el gremialista Oscar Romero y el ex director de la Anses Diego Bossio cuenta con seis proyectos, entre los que se destaca el impulsado por el presidente de la comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto, el único que propone una aplicación gradual. Fija un cronograma de un 33% a partir del 1° de este mes, llegar al 66% el 1° de enero de 2017 y al 100% en 1° de julio de 2017. Estos cuadros tarifarios regirían hasta el 31 de diciembre de 2017.

«Se deben sincerar las tarifas de todos los servicios públicos para pasar a un régimen en donde no se subsidie a las empresas, sino directamente a los consumidores», explicó Ziliotto. Y confirmó que mantienen negociaciones con el Frente Renovador y el progresismo. «En la habilidad para encontrar consensos estará la solución al problema», sentenció. A su propuesta se suma una de Romero que declara la emergencia por dos años y establece un régimen de tarifa social para los sindicatos, obras sociales y centros asistenciales sin fines de lucro. Y otra de Bossio que instituye una tarifa diferenciada de luz, agua y gas natural para los clubes de barrio y de pueblo.

Por su parte, quien ofició como uno de los principales árbitros del Congreso este año, el renovador Sergio Massa, aún no presentó la prometida «propuesta alternativa» pese a haber sido fue muy crítico con la actuación del ministro Juan José Aranguren. «Desde el Congreso, lo que podemos hacer es suspender los aumentos indiscriminados o indicarle al Ejecutivo las condiciones que debe reunir el incremento tarifario, pero no podemos fijar una tarifa por ley», se justificó la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. Y explicó que ellos son partidarios de citar en el Congreso a los funcionarios del Gobierno para que den explicaciones. La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, que conduce la correligionaria Liliana Schwindt, recibirá el próximo martes al titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), David Tezanos González.

Con todo, el Frente Renovador tiene tres propuesta presentadas en Diputados. Mirta Tundis quiere eximir a los mayores de 65 años del pago de intereses punitorios y resarcitorios por la mora en el pago de los servicios públicos y privados domiciliarios. También pensando en los jubilados, la diputada Cecilia Moreau busca regular los requisitos generales que deben cumplir para el acceso a la tarifa social. Mientras que Schwindt pretende derogar la ley por la cual se estableció un recargo sobre el precio de venta de la electricidad del 6% de las tarifas vigentes en cada período y en todas las zonas del país para financiar obras de infraestructura en la provincia de Santa Cruz. Así se espera un debate largo cuando lo que reclama la sociedad es inmediatez.

Por Julián Cañas para LA VOZ

La legisladora remarcó que las causas Hotesur y Los Sauces pueden complicar a la expresidenta. Anticipó que no habrá acuerdo en la conciliación judicial.

Margarita Stolbizer admite con una sonrisa que en su estadía en Córdoba sintió que la gente la reconoce por ser una de las dirigentes políticas que más denunció al kirchnerismo, incluso en el apogeo del poder de Cristina Fernández.

En su paso por Córdoba –vino a ver en acción a su hijo, el basquetbolista Nicolás Laprovittola, que juega con la selección nacional un torneo internacional en el Superdomo Orfeo–, la diputada nacional aseguró que no habrá acuerdo con Cristina Fernández en la audiencia de conciliación judicial que tendrán el lunes 8 de agosto.

Acérrima crítica del kirchnerismo, Stolbizer les pidió a la sociedad y al periodismo que no se “entretengan” con la novela del monasterio, en la causa judicial que involucra al detenido exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López. “Es caso central en la corrupción K y algunos lo toman como si fuera una novela de la tarde”, advirtió la legisladora bonaerense.

Aunque reconoce que hoy está más cerca de Sergio Massa que del macrismo, la legisladora bonaerense no le cierra las puertas a ninguna posibilidad electoral, pero aclara que recién en marzo del año que viene resolverá su futuro político, ya que el año que viene concluye su mandato como diputada nacional.

–Está citada a una mediación judicial con Cristina Fernández, ¿hay posibilidad de un acuerdo para evitar un juicio en su contra?

–Ninguna posibilidad de conciliación. Se trata de una obligación de mediación judicial, previa al juicio por daños y perjuicios que me entabló la expresidenta. Busca un resarcimiento económico. Está claro que yo no voy a aceptar ningún tipo de acuerdo, porque las denuncias que presenté fueron con documentos que son públicos. Lo único que hice fue llevar a la Justicia elementos que pueden ser pruebas de un posible delito. Estoy muy tranquila. Cristina eligió una estrategia de ir al ataque y me demandó para tratar de sacarme plata. Ella está procesada y denunció hasta a un juez (Claudio Bonadio). A veces, me piden que brinde explicaciones por las denuncias que presenté, pero en realidad la que está imputada es ella, no yo.

–Según su criterio, ¿cuáles son las causas en las que Cristina estaría más comprometida?

–Sin dudas, Hotesur y Los Sauces. Hice denuncias sobre estos temas, sobre la base de documentos de la propia declaración patrimonial de la expresidenta. Son dos sociedades absolutamente truchas. Por ejemplo, en Los Sauces los únicos clientes son Lázaro Báez y Cristóbal López. Ella ha dicho que tiene todo declarado. Que estén declarados esos bienes no significa que sean legales. Hay que investigar el origen de la obtención de estos bienes. Yo hago una advertencia a los medios de comunicación y también a la sociedad. Por ahí noto que algunos se entretienen con el tema del convento, de las monjitas. Esa causa es central, porque José López no era un funcionario cualquiera. Era uno de los principales cajeros de la estructura corrupta que armó Néstor Kirchner y que Cristina no desmanteló. El episodio López es fundamental y no se debería tomar como una novela de la tarde en su tratamiento.

–¿Cree en estos jueces que cajonearon muchas causas?

–Tengo expectativas positivas por varias razones. Evidentemente, hubo muchos jueces cómplices con el kirchnerismo en el poder. Le garantizaron impunidad durante más de una década. Pero ahora hay algunos elementos nuevos que me llevan a ser optimista acerca de que podemos tener resultados en el Poder Judicial. Hay arrepentidos que ahora aportan datos como (Leonardo) Fariña, cuando antes no lo hacían. Están los hechos escandalosos y desopilantes, como José López, que fue encontrado con nueve millones de dólares, o el hijo de Báez contando millones de dólares en una financiera. También, las cajas de seguridad de Florencia Kirchner rebalsando de dólares. Pero, además, están todos los informes que produce el propio Gobierno, que ayudan a los jueces. Es decir, hay un contexto muy favorable que colabora para que tengamos resultados judiciales. Otra cuestión muy importante es que ahora hay una sociedad que reclama. Es muy positivo que la gente demande y presione para que la Justicia funcione.

–¿Será candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires?

–Sinceramente, hoy no estoy pensando en las elecciones legislativas del año próximo. Mire, la gente votó cinco veces el año pasado y ahora no podemos estar pensando en candidaturas, cuando recién van siete meses de esta nueva gestión. Creo que este año es para trabajar en todos los niveles y no pensar en las urnas. Nuestro partido, el GEN, no tomará ninguna decisión electoral hasta marzo del año que viene, y trabajaremos en el Congreso para tratar los problemas de la gente.

–¿Le ve futuro político al kirchnerismo?

–El kirchnerismo es una expresión del peronismo, y el peronismo tiene una gran capacidad para reciclarse. En el justicialismo, no perdonan a los que pierden, por eso creo que el kirchnerismo no tiene futuro político. Pero los peronistas fueron menemistas, duhaldistas, kirchneristas. Ahora, están buscando a un próximo referente.

–¿Y Cristina Fernández tiene futuro en la política nacional?

–Cristina no tiene futuro político, no sólo por las causas judiciales, sino por razones políticas. Hasta su propio partido, que es el PJ, la rechaza. En estos viajes que hace a Capital Federal la esperan los militantes de La Cámpora, pero el peronismo le da la espalda y no la acompaña absolutamente en nada. Esa es la demostración de su pérdida de poder.

Hay que tratar de no embarrar la cancha, la gente el año pasado terminó cansada de votar tantas veces’. ‘Estamos con una agenda de los problemas de la gente’. ‘A mi me pasa, que me cansa el tema de las denuncias, la competencia política es buena, pero tiene que ser sobre la base de demostrar que mis propuestas son mejores que la de los otros (…)

ENTREVISTA A DIPUTADA MARGARITA STOLBIZER POR JAVIER MÉNDEZ ARAYA PARA EL MERCURIO

Cuando comienza a estrecharse el cerco judicial contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el lado acusador hay un nombre que se repite: Margarita Stolbizer. La diputada del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN, izquierda) ha llevado la delantera en las denuncias contra la ex Mandataria y su entorno, impul-sando con datos que han resultado certeros las causas que más complican a Cristina, incluyen-do una por “asociación ilícita”.

La ex Presidenta está complicada por varios casos de corrup-ción en la época de los gobiernos kirchneristas (2003-2015), en los que está imputada por presunto lavado de activos (la Ruta del dinero K), investigada por las operaciones supuesta-mente fraudulentas de los hoteles que tienen los Kirchner (Hotesur), así como por presunto lavado de dinero en una sociedad inmobiliaria (Los Sauces). Además, está procesada por un caso de “administración infiel” en perjuicio del Estado por la venta de dólar futuro a través del Ban-co Central a un valor no conve-niente para Argentina, al final de su mandato.

En contacto con “El Mercurio”, la abogada de 61 años habló sobre los polémicos casos de corrupción, cuyos detalles salen cada día a la luz y asombran a la opinión pública argentina, como el del ex viceministro kirchnerista José López, que intentó ocultar casi 9 millones de dólares en un convento.

—Los casos de corrupción que se han destapado en Argentina son muy numerosos, y siguen apare-ciendo. ¿Cree usted que hay o hubo una cabeza o un jefe en to-dos estos delitos?

“La corrupción se ha extendido notoriamente durante los últimos gobiernos del matrimonio Kirchner. No hay en la memoria democrática de la Argentina otro gobierno con tantos funcionarios enriquecidos.
Al mismo tiempo, la característica de gestión era el centralismo, el manejo ultravertical de todas las decisiones. Ni siquiera existían reuniones de gabinete. Por estas razones, yo creo que primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández fueron los líderes indiscutidos de ese sistema de corrupción que funcionaba por debajo y del que ellos fueron beneficiarios. Los niveles de complicidad de funcionarios, organismos, solo se explican si recibían órdenes superiores y tributaban en ese sentido”.

—¿Cuándo comenzó la corrup-ción a este nivel? ¿Cree usted que hubo una “política de Estado” para robarse las platas públicas?

“Antes de llegar al gobierno nacional, Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz, con las mismas personas y prácticas que trasladó al gobierno central de forma inmediata con su llegada a la Presidencia, en 2003. Existía un plan deliberado y un sistema ‘institucionalizado’ y extendido. El matrimonio Kirchner ‘institucionalizó’ la corrupción”.

—¿Qué debiera hacerse con las platas públicas robadas?

“Es necesario que el Estado accione para recuperar los activos que se fueron por la corrupción. El Congreso se encuentra debatiendo una ley de extinción de dominio, que desvincula esa acción respecto del proceso penal y de los imputados. Cuando un bien ha sido usado para cometer hechos de corrupción por ejemplo, un avión para trasladar plata de lavado o es el producto de esos hechos, el Estado puede accionar para quedarse con ellos, sin necesidad de que exista una condena o que la persona titular de los bienes sea la misma condenada. Porque han proliferado las sociedades offshore y los prestanombres. Con el dinero de los corruptos se podría asegurar a todas las personas el acceso al agua potable y alcantarillado, por ejemplo”.

—Usted presentó una denuncia contra la ex Presidenta Cristina Fernández como supuesta responsable de una “asociación ilícita” formada para delinquir con las obras públicas en las causas Hotesur y Los Sauces. ¿Cuáles son sus antecedentes?

“Voy a comentar mi denuncia: primero analicé la declaración jurada de la señora de Kirchner. Allí consta que ella es titular de acciones en las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. Fui a buscar antecedentes de Hotesur, y encontré que no pagaba impuestos, no presentaba balances, no actualizaba directorio y tenía un domicilio falso. Entonces comencé a averiguar qué negocios hacía esa sociedad: administraba el Hotel Alto Calafate. Y allí encontré que un empresario amigo, socio de la familia, contratista de obras públicas, ganaba todas las licitaciones y había cobrado miles de millones de pesos: Lázaro Báez, quien le pagaba habitaciones del hotel sin que fueran ocupadas. El juez ordenó allanamientos, y se fueron corroborando los hechos.

Los Sauces es una sociedad que solo tiene dos clientes: Lázaro Báez y Cristóbal López, empresarios contratistas del Estado que fueron discrecionalmente beneficiados con negocios millonarios. Ellos simulaban alquiler de inmuebles de la sociedad Los Sauces y pagaban sumas millonarias a la familia Kirchner. Primero se investigaba enriquecimiento, cohecho, lavado de dinero. Pero luego yo hice un pedido para que se ampliara a la asociación ilícita, porque no son hechos aislados, sino que, como dice nuestro Código Penal, hay tres o más personas asociadas con la finalidad de cometer delitos”.

—Usted también denunció que tanto Cristina Fernández como su hijo Máximo habrían omitido declarar dinero en plazos fijos y una caja de seguridad con US$ 2,2 millones y otra con US$ 2,4 millones. También está el caso de Florencia Kirchner, a quien encontraron una caja de seguridad con US$ 4,6 millones. ¿Qué le parece el caso y de dónde consiguió usted toda esta información?

“El dinero hallado en la caja de seguridad de Florencia Kirchner no se puede justificar, ni siquiera contando lo que recibió por herencia de su padre. La caja fue abierta porque yo presenté al fiscal un pedido para que se observaran las cuentas de la familia, porque existían movimientos sospechosos. No me equivoqué. El dinero que la madre tenía depositado en plazos fijos había desaparecido. Pareció una maniobra para insolventarse si es que pasó a la cuenta de su hija.

Pero de todos modos la ilegalidad no está en el movimiento, sino en el origen del dinero. Nunca obtuve una prueba de manera ilícita ni me la han dado los jueces. Pero yo (como otras personas, políticos, periodistas, etcétera) recibo información de personas que quieren colaborar. Muchas son anónimas. Cuando creo que algo tiene fundamento, lo presento a la justicia. Eso hice. Recibí un papel con el listado de las cuentas. Unos días después también lo publicó el diario Clarín. Yo lo presenté inmediatamente al fiscal para que lo investigue”.

—Cristina Fernández le lanzó duros ataques calificándola a usted de “mala” y “burra”. ¿Qué puede decir usted de esos comentarios?

“Creo que se sintió muy molesta porque tuvo que salir a dar explicaciones sobre su fortuna y sobre la compra de dólares para aprovechar el levantamiento del cepo cambiario que ella dispuso por muchos años. Y eso hace que se le vaya derrumbando el relato. Engañaron a los argentinos muchos años hablando de un modelo progresista, nacional y popular. No hay progresismo compatible con la corrupción. Y ahora se empieza a desnudar esa mentira. Sería bueno que diera explicaciones, pero como no tiene forma de defenderse ni de explicar su fortuna, ha decidido atacar a quien la denuncia”.

—¿Piensa que si Cristina Fer-nández es encontrada culpable de los delitos que se le acusan irá a la cárcel?

“No lo sé, y tampoco está en mi ánimo. No es eso lo que me motiva. Creo que es importante para los argentinos saber que existe la justicia, que se puedan esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, se determinen las responsabilidades y, sobre todo, que se pueda recuperar el dinero de la corrupción. La pena a aplicar será una decisión de los jueces”.

Ver Entrevista impresa El Mercurio 28/07/2016

No soy enemiga de CFK, solo cumplo con mi deber de funcionaria pública. Las declaraciones de Bonadio me parecieron correctas. El procedimiento no está para pensar que pueda ir presa de manera inminente. Quisiera poder estar hablando hacia adelante (…)

Parte 1

Parte 2