Autor: Manuel

20/03/2016
La diputada Margarita Stolbizer estuvo a cargo del cierre del Congreso que durante dos días analizó, con expositores especialistas, la mejora y actualización de herramientas para la prevención en materia de Lavado de Dinero. Fue presentada por el director del Congreso, Alberto Rabinstein También iba a participar la Jueza Federal, Sandra Arroyo Salgado pero por motivos que son de público conocimiento del día viernes, vinculados a la causa por la muerte del fiscal Nisman, no concurrió.

El congreso estuvo dirigido a Sujetos Obligados a Informar y Oficiales de Cumplimiento de distintos sectores como el Bancario, Bursátil, Seguros, Casas y Agencias de Cambio, Mutuales y Cooperativas.

Stolbizer señaló que: “los cambios que debemos producir no son solo normativos sino que fundamentalmente deben ser culturales. Hay un mundo cívico, con una sociedad e instituciones en el que gobiernan las mayorías con respeto por las minorías. Y hay otro mundo, el de la ilegalidad y el delito, organizado y armado, trasnacional.
Es necesario un estado fuerte, que actúe articulado con otros estados para luchar contra la trata, la venta ilegal de armas y el tráfico de sustancias. Tanto desde lo normativo como en el control de las fronteras así como en la cooperación entre países. También el sistema tributario y financiero tiene un rol central en esto”.

“Todo, nos obliga a plantear una agenda multilateral y a entender que la corrupción resulta central para que el comercio ilegal, el narcotráfico y demás delitos operen. De hecho más que por las fronteras o las pistas ilegales, este tipo de delitos ocurren por los pasos controlados a la vista de todos. Por tanto la complicidad, de funcionarios en los niveles judiciales, policiales y políticos ha sido fundamental para que los negocios tramposos que encubren lavado, actúen con impunidad. Quienes gestionan tiene que saber que la transparencia y el control, son la base desde la que podemos comenzar la lucha contra estos delitos”.

“Las nuevas tecnologías han abierto las puertas para que cada vez más se profundicen en tiempo real, los movimientos internacionales de los flujos financieros. Los paraísos fiscales, antes físico, pero ahora esencialmente virtuales, son parte del mundo en que vivimos”.
“Son problemas que no pueden resolverse hacia el interior de los países. La seguridad regional viene siendo amenazada por la irrupción de nuevos factores que alteran nuestra vida ciudadana e institucional. La producción y el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo constituyen una verdadera amenaza a la gobernabilidad democrática y a nuestras posibilidades de desarrollo con equidad”.
“El crimen organizado constituye un fenómeno multidimensional que debe ser enfocado de manera interdisciplinaria e integral en el diseño de las políticas públicas de prevención y persecución. A su vez, ante la acelerada trasnacionalización del fenómeno de la criminalidad económica (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos), no hay margen para acciones aisladas, que serán de por sí estériles si no se integran con los esfuerzos regionales y globales para atender a estos flagelos. La cooperación es indispensable”
.
“Se estima que en América Latina se lavan aproximadamente 400 mil millones de dólares al año, que representan un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, proveniente en gran medida del narcotráfico”.

“La estabilidad política, institucional y económica son condiciones fundamentales para alcanzar el ideal de una sociedad segura. Esa también es la condición más efectiva para luchar contra las organizaciones delictivas vinculadas a economías ilegales de alto rendimiento y a redes públicas y privadas de corrupción”.

Stolbizer concluyo: “Es por todos sabido que los Estados con una institucionalidad débil son los más indefensos frente al crimen organizado. La corrupción socava las instituciones democráticas y en el debilitamiento de las instituciones se cuela el crimen organizado”

Discurso de Margarita Stolbizer

Siempre me ha llamado la atención el abismo creciente que existe entre dos mundos. Uno es el que yo he dado en llamar el mundo de “lo cívico” y otro el de “lo incívico” o “no cívico”. Y estas dos esferas dicen e implican mucho.

“Lo cívico” es la civilización, en donde incluyo a la sociedad cuando se organiza en Estados. Es el avance de la ciencia y la tecnología, la empresa, la cultura y los derechos civiles, sociales y humanos. “Lo cívico” es la tolerancia, el pluralismo, el gobierno de mayorías que suma y respeta a las minorías. “Lo cívico” creo que es finalmente también la sociedad civil. Es el mundo empresario, los sindicatos y gremios, el mundo académico, las ONG, las cooperativas, los partidos políticos, las organizaciones vecinales y todos los grupos que forman parte del normal funcionamiento y desarrollo de la sociedad democrática.

Y frente a esto tenemos a lo “incívico”. Lo “incívico” es un grupo minoritario, pero es compacto y poderoso. Esta fuertemente armado en sentido figurativo y en la realidad. Carece de escrúpulos. Y por eso cree tener una ventaja. Cree que puede abusar impunemente de las ventajas de mundo: de los avances tecnológicos, de las fronteras abiertas, de los mercados libres. Son los traficantes, los criminales y los corruptos. Son los que desbaratan y corrompen con su accionar las buenas obras de “lo cívico”. Se mueven en canales que desarrollan para transportar sus bienes y servicios ilícitos, que hoy pueden ser drogas o armas, mañana migrantes o los activos fruto de la corrupción. Y esos delincuentes en forma más o menos consciente y organizada se ayudan, coordinan y apoyan.

Y es aquí donde entramos nosotros, hoy, aquí. Es aquí donde entran con fuerza los Estados, por ejemplo desde el aspecto internacional. Porque a estas cadenas de delincuentes, los Estados tenemos la obligación y necesidad de oponer nuestras propias cadenas.

Debe quedar claro que estos grupos delictivos actúan en forma global. Y esto no quiere decir que sus integrantes son extranjeros o que cada banda narco o de tráfico de personas es una filial extranjera. Es crimen organizado transnacional porque las chicas secuestradas aparecen como esclavas sexuales en otros países, porque las armas que usan los narcos a veces son traídas de países insospechados, porque las existencias de sustancias controladas para fines médicos y científicos aparecen en manos de un cartel mexicano y porque el funcionario de turno encargado de controlar esas sustancias recibió una coima por incumplir su deber que fue depositada en divisas en un banco extranjero. Y desgraciadamente acá estoy citando solo un caso de los doce años pasados y no un ejemplo hipotético.

Pero en estas palabras ya he esquematizado parte de la respuesta. Creo firmemente en el papel que los Estados tienen que cooperar, colaborar y coordinarse entre ellos.

Y aquí no estoy solamente hablando de la lucha contra el delito. Sabemos que vigilar las fronteras, controlar el espacio aéreo y marítimo, tener buenos documentos, legislación de avanzada que permita la persecución en caliente por ejemplo, es una parte esencial de la cooperación contra el delito organizado transnacional. Pero también lo son la asistencia jurídica recíproca, el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre jueces y fiscales, el entrenamiento para las aduanas y los sistemas de datos comunes o alimentados en forma común.

Los países se han ocupado de eso. Tanto en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de activos como contra el delito organizado transnacional tenemos instrumentos de avanzada. En el primer ámbito tenemos la Convención de Mérida y en el segundo la de Palermo, con sus tres protocolos contra la trata de personas, el trafico de migrantes y armas de fuego. Son instrumentos de avanzada estructurados esencialmente para fomentar y facilitar la cooperación interjurisdiccional. Adicionalmente hay elementos muy interesantes. Por ejemplo en lo que hace a la vinculación entre las esferas, porque no se puede concebir la lucha contra el delito sin combatir el blanqueo de sus resultados. En este ámbito la convención contra el delito transnacional es clarísima y bien al inicio, en su articulo quinto, penaliza el blanqueo del producto del delito y sugiere medidas concretas como la tipificación (artículo 7) y contra la corrupción (artículos 8. Y 9).

Tenemos un cuerpo normativo completo sobre el que hay que trabajar con algunas reformas. Pero lo que debe estar claro es que nuestros conflictos no se deben a la falta de normas sino al incumplimiento de ellas o a la implementación de las convenciones internacionales dentro del derecho local.

Fundamental también, es el tema del decomiso y un tema en que el mundo todavía está un poco dividido. Un motivo es el tema del retorno de los activos decomisados cuando ellos hubieran pasado a una jurisdicción diferente. Y pese a que la respuesta pueda parecer simple, no lo es. Es decir, puede ser fácil hablar de retorno cuando el dinero es claramente sustraído del Estado, porejemplo por funcionarios corruptos. Pero no es tan claro, y ahí es cuando entra el concepto de compartir o dividir esos activos en los que la comunidad internacional aun no esta de acuerdo, es cuando los recursos han sido propiedad de un grupo delictivo o de un grupo narco.

Pero esto es solamente un acto, un aspecto muy importante si se me permite, de la lucha contra el delito organizado transnacional y el lavado de activos. Y Argentina tiene un cuerpo profesional que esta negociando y coordinando las negociaciones en este y otros temas, como es el servicio exterior de la nación. A ellos y a los funcionarios que negocios por nuestro país hay que darles un mandato claro y un ejemplo nacional, porque como me comentaba un diplomático argentino, en estos años hablar por Argentina de la lucha contra el delito y la corrupción era como hablar de la luz del sol en lo más oscuro y frio de la noche.

Y para ello tenemos que tener un Estado profesional, con una agenda común, abierto a la sociedad para recibir y transmitir ideas e información, Y ahí nos vamos acercando a mi primera conclusión, porque como demuestra la historia, el derecho, la política internacional y aun las tecnicalidades de cada esfera de las que nos ocupamos, la lucha contra la corrupción y contra el delito organizado transnacional requiere un fuerte compromiso político al mas alto nivel. Y en todas las esferas, desde la prevención y la educación hasta el enjuiciamiento, muy especialmente, y también en el castigo a todos los participantes.

Siempre más lavado implica más delito, ganancias ilícitas, más inseguridad y más violencia. Aunque no necesariamente la sanción de las normas o la persecución del lavado signifique menos violencia o menos delito. Para eso, hay que tener una política criminal integral, y una visión estratégica de cómo actuar frente al delito.

Debe ser motivo de una agenda estatal, nacional y regional. Contra el lavado y contra los delitos que generan el dinero que después se lava.

La lucha contra estos delitos tiene aspectos legales, judiciales y también administrativos, sin los cuales lo anterior es insuficiente.

Los esquemas tributario y financiero deben armarse con el fin de evitar la proliferación de actividades ilícitas y no para favorecerlas. Sobre este punto también es que hay que pensar en una agenda regional que debe ser severa, sistémica y estratégica para que pueda ser parte de una lucha eficaz contra el lavado. Y para eso debe contemplar: mecanismos de estabilización macroeconómica regional con recursos propios para enfrentar escenarios de volatilidad; expansión del comercio intrarregional, con optimización de recursos locales y mayor valor agregado en la producción; promover desarrollo económico y social con inclusión; consensuar políticas de flujos de capitales, desestimando los de corto plazo y dando prioridad a destinos productivos; intercambio de información financiera y fiscal para romper espacios grises en la regulación de los países; buscar mayor estabilidad financiera para tener más autonomía con relación a economías centrales y promoviendo y fortaleciendo las monedas locales para el intercambio regional.
Un aspecto central a tener en cuenta es que hablamos en la mayoría de los casos de delitos complejos de organizaciones criminales trasnacionales.

El capitalismo es global y nuestra obligación es pensar globalmente aunque actuar localmente, especialmente frente al flujo de capitales internacionales y acciones ilícitas que se derivan de ese flujo de capitales.

El crimen organizado constituye un fenómeno multidimensional que debe ser enfocado de manera interdisciplinaria e integral en el diseño de las políticas públicas de prevención y persecución. A su vez, ante la acelerada trasnacionalización del fenómeno de la criminalidad económica (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos), no hay margen para acciones aisladas, que serán de por sí estériles si no se integran con los esfuerzos regionales y globales para atender a estos flagelos. La cooperación es indispensable.

Se estima que en América Latina se lavan aproximadamente 400 mil millones de dólares al año, que representan un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, proveniente en gran medida del narcotráfico.

La estabilidad política, institucional y económica son condiciones fundamentales para alcanzar el ideal de una sociedad segura. Esa también es la condición más efectiva para luchar contra las organizaciones delictivas vinculadas a economías ilegales de alto rendimiento y a redes públicas y privadas de corrupción.

Es por todos sabido que los Estados con una institucionalidad débil son los más indefensos frente al crimen organizado. La corrupción socava las instituciones democráticas y en el debilitamiento de las instituciones se filtra el crimen organizado.

Hoy somos parte de una crisis del capitalismo a escala global. Lo mismo acontece con el delito de lavado. Entonces la lucha política debe articularse de manera global. Porque los capitales financieros internacionales son globales, y también el terrorismo es global, como el lavado de dinero.

Las nuevas tecnologías han abierto las puertas para que cada vez más se profundicen en tiempo real los movimientos internacionales de los flujos financieros. Los paraísos fiscales, antes físico, pero ahora esencialmente virtuales, son parte del mundo en que vivimos.

Son problemas que no pueden resolverse hacia el interior de los países. La seguridad regional viene siendo amenazada por la irrupción de nuevos factores que alteran nuestra vida ciudadana e institucional. La producción y el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo constituyen una verdadera amenaza a la gobernabilidad democrática y a nuestras posibilidades de desarrollo con equidad.

Esto nos impone una agenda multilateral que aborde también el desarme, el control y comercio de armas; las tensiones sociales como consecuencia de la pobreza y la desigualdad; las migraciones, la discriminación y la xenofobia como señales de intolerancia y violencia en la anticipación del acto terrorista.

La globalización y el control de las fronteras. La necesidad de repensar la cooperación internacional. Y ahí en medio de todo esto el delito de lavado de dinero destinado a la financiación de actividades ilegales, o al encubrimiento de ellas con la transformación de las ganancias hacia el circuito legal.

Si se quiere abordar con seriedad el tema del lavado de activos y las inversiones provenientes de recursos ilícitos, la respuesta del Estado debe ser integral y centrarse en la eficacia de la intervención. Y la eficacia está asociada al poder de mercado, a que el gobernante no esté asociado en la ganancia del delito, a atacar el lucro de esas organizaciones criminales y círculos corruptos.

El crimen organizado se nutre y expande gracias a sus capitales y al descontrol en su seguimiento, a la opacidad del sistema. Por ello es necesario abordar la base material de la criminalidad: la rentabilidad. Hablamos de niveles de rentabilidad que sólo pueden explicarse por la ilegalidad misma de estos mercados.

Para terminar, quiero abordar dos cuestiones a veces soslayadas del debate público, pero imprescindibles:
La primera tiene que ver con el mundo real en que se dan nuestros debates. Venimos hablando de la necesidad de ordenar los marcos normativos y administrativos vinculados con la actividad financiera. Pero no podemos ignorar que nuestros países, en particular en América Latina, están marcados por la economía informal, con altos porcentajes de la población que están en la precariedad laboral y sin acceso al sistema bancario. Estas cuestiones que tanta importancia tienen al momento de discutir estas cuestiones deben formar parte de una política de prioridad gubernamental atento las implicancias que tienen desde lo social, lo humano y también frente a la necesidad de garantizar marcos institucionales para el combate de los delitos.

El otro aspecto, tan actual y lamentable a nuestra política local, tiene que ver con el poder, con la corrupción dentro de los estamentos gubernamentales, la afectación del principio republicano de la división de los poderes y la independencia de la justicia. Si hay impunidad, que es la renuncia a impartir justicia por parte de quienes están obligados a hacerlo, si la investigación de los delitos de corrupción tiene un promedio de duración de 14 años, y si la corrupción cuenta con altos niveles de tolerancia social, no podemos engañarnos respecto de que los cambios puedan provenir solamente de los aspectos normativos o la buena voluntad en el uso de las tecnologías que nos acercan al desarrollo.

La lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino el camino imprescindible para garantizar derechos y una mejor calidad de vida a todas las personas.

La corrupción impacta negativamente en el desarrollo y los derechos de las personas, redunda en más pobreza, más desigualdad, menos educación, salud o vivienda. Menos derechos.

Sobran ejemplos de que la corrupción y el vaciamiento del Estado impactan en la vida de las personas. Las pérdidas se miden en vidas humanas, en calidad educativa, salud, vivienda e infraestructura básica, trabajo, seguridad.
El aumento de la corrupción pública y privada, el avance de la criminalidad compleja y sus vasos comunicantes con el delito común, la connivencia entre crimen organizado, fuerzas policiales y grupos políticos, tienen efectos multiplicadores violencia, desigualdad, marginalidad.

Es necesario recuperar la cultura de la institucionalidad y la transparencia. La corrupción es inadmisible en todos sus niveles. No existen márgenes de tolerancia. Y para ello hay que dar el ejemplo de arriba hacia abajo, sin hipocresía.

Hemos visto en los últimos años como se ha destruido esa institucionalidad abriendo paso a la corrupción naturalizada como parte del gobierno; capitalismo de amigos, nueva burguesía empresaria de las obras públicas y el juego, un Vicepresidente procesado por coimero, la cooptación y el disciplinamiento de la justicia, el financiamiento ilegal de la política, la opacidad. Con terribles costos sociales y humanos.

Los videos conocidos en los últimos días, -y que ojalá provoquen una reacción acorde con la gravedad de lo que se muestra- son la puesta al desnudo, con obscenidad, de lo que se ha permitido en esta década: concesiones irregulares, tramposas, sobreprecios, facturas truchas, complicidades del banco oficial, negocios hoteleros o del juego (como las más grandes y reconocidas universalmente actividades lavadoras), relaciones con el poder o con los poderosos. Esto es lo que nos ha pasado, o más bien lo que ha pasado frente a los ojos de una sociedad que, hasta tener el agua al cuello, prefirió mirar para otro lado.

La perspectiva ética como parte de la política y de la cultura, es aquello que se define por lo que impera en nuestras decisiones frente a la vida, eligiendo lo bueno por sobre lo malo, el bien colectivo por sobre el individual, la búsqueda de Lo Justo, no pueden estar por fuera de nuestras consideraciones en este tipo de eventos.

Muchas gracias.

«¿Si era tan fácil negociar, si se las sabe todas, por qué no lo resolvió? Por qué no arreglaron dignamente como dicen ahora que saben hacerlo en lugar de dejarnos semejante balurdo?». «No se ponen colorados hablando de los jubilados después de haber pasado todos estos años apelando las sentencias para no pagarles».

15/03/2016
La diputada Margarita Stolbizer durante su intervención en el recinto expresó que: Argentina se enfrenta a un problema recurrente en su historia reciente: la falta de dólares. Acceder al mercado interno para conseguirlos no resolverá los problemas estructurales de nuestra economía. Para salir de esta situación de emergencia e iniciar un camino de crecimiento no dependemos del acuerdo con los holdouts sino del acuerdo que los dirigentes políticos seamos capaces de alcanzar para superar las trabas.»

Cada vez que nos quedamos sin dólares, el gobierno anterior respondió de la peor manera: cepo cambiario. Empeorando la situación. Entonces regaló reservas BCRA y apreció el tipo de cambio para sostener una economía con crecimiento nulo, aumento en desempleo y alta inflación. Después de la derrota 2013, en el 2014 cambió su estrategia: devaluación y endeudamiento externo para conseguir dólares Arreglo con el club de Paris (pésimo), con CIADI y REPSOL. Arreglos malos y caros. Tuvieron una visión caprichosa y soberbia.

«Nuestra economía necesita conseguir dólares si quiere evitar mayor costo social por el ajuste. Única forma de conseguir: endeudamiento externo. El arreglo con los holdouts es necesario para acceder al mercado de crédito. El arreglo ni es bueno ni es justo. Y es caro!. Pero Hay alternativa? Lamentablemente no.»
Para Stolbizer sin embargo, “Habilitar el acceso a dólares, será el fin de nuestros problemas y nos asegura entrar en un sendero de crecimiento hacia una vida digna para todos? NO! Endeudarnos no nos significa resolver los problemas estructurales de nuestra economía”.

“De qué depende, entonces? De la política que se lleve adelante durante los próximos años y de saber elegir el camino. Se trata de no repetir historias. No se puede tomar deuda para seguir beneficiando a nuevos ganadores con más fuga de capitales. Los dólares tienen que servir para reforma nuestra estructura productiva, aumentar y mejorar infraestructura, financiamiento de exportaciones, diversificar y fortalecer la matriz energética y definir una dinámica macro para reducir la inflación y aumentar la certidumbre hacia adelante.»

“Para eso hablamos de reconstituir institucionalidad, recuperación del rol del Congreso en la asignación de recursos y gastos, ejercicio de las tareas de control y regulación. Por eso esperamos poder discutir la derogación de los superpoderes, la creación de una comisión bicameral”.
Los “superpoderes”, que tuvieron su origen en circunstancias de crisis política-institucional, se consolidaron por más de una década como una práctica de discrecionalidad en el manejo del poder y los recursos públicos. Como resultado de ello: la sociedad y el Congreso excluidos de la toma de decisiones sobre el Presupuesto, el destino de los recursos públicos y, en definitiva, la toma de decisiones sobre el rumbo político del país.

La discusión es sobre lo que vendrá después de la ley y el acuerdo.
“El Ministro de Economía manifestó que piensa a 20 años. Es auspicioso porque sin pensamiento estratégico no se resuelven los problemas que tenemos. Pero qué es lo que están pensando? (se quedarán tantos años??) Queremos que nos cuente qué es lo que están pensando en el cortísimo plazo que tenemos encima. Empleo informal sin paritarias, golpeados frente al incremento de los precios!!! La economía real, la de todos los días, la economía de los ciudadanos cuando viajan, cuando compran, cuando comen. Hay componentes de esa economía que no se resuelven con el acuerdo con los holdouts”. «Esperamos contar con el nuevo oficialismo que antes reclamaba junto a nosotros, para derogar esos superpoderes y recuperar nuestro papel como representantes del pueblo. Queremos un parlamento que discuta una agenda del siglo XXI, saliendo de las urgencias para darle una base moral al crecimiento de la Argentina.»

Intervención de MARGARITA STOLBIZER EN LA SESIÓN PARLAMENTARIA DEL 15/03/2016

Diputados de diferentes bloque políticos llevaron a cabo una jornada de deliberación sobre el problema mundial de las drogas y la posición Argentina frente a la asamblea de Naciones Unidas

Stolbizer: «No estamos tratando de ir a un debate estéril sobre el cuestionamiento frente a lo que fue la guerra contra las drogas versus la regulación del Estado, se trata de encontrar una visión integral, global, equilibrada y estratégica. El enfoque debe ser multidisciplinario y para eso hemos reunido hoy a los tres poderes del estado para contribuir con un debate urgente y necesario, debiendo poner a las personas y sus derechos como eje central de la política pública.»

14 de marzo. La jornada se realizó desde la mañana en el Salón Azul del Senado de la Nación. Luego de la apertura a cargo del Senador Federico Pinedo, la Diputada Margarita Stolbizer como organizadora del evento, hizo la presentación. «Las convenciones de Naciones Unidas de 1961, 1972 y 1988 son la piedra angular del sistema internacional de fiscalización y control de drogas ilícitas. Pero es tiempo de revisar y actualizar estrategias, reconociendo el fracaso que ha significado en todos estos años el aumento de la conflictividad, el consumo, el tráfico y la violencia generada por la narcocriminalidad.»

La próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas que se reunirá en abril en Nueva York destinará sus deliberaciones a abordar el problema mundial de las drogas. A fin de participar en la preparación de la posición Argentina, el Congreso Nacional realizó entonces esta jornada de la que participaron Ministros, legisladores, funcionarios, representantes extranjeros y expertos.

La diputada manifestó que “Así como el problema de las drogas hoy es tema central en la agenda mundial, también debe serlo en Argentina, con una visión integral, técnica, buscando la eficacia de las medidas y no simplemente un impacto efímero. El Congreso tendrá durante el año muchos debates sobre esta cuestión, ahora estamos adelantando y acompañando la posición de nuestro país en la próxima Asamblea de la ONU.» Y agregó que: “la jornada de hoy no se trata solo de un debate parlamentario sino integral. Han participado miembros de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, legisladores, etc. Venimos de políticas erráticas y de un Estado que ha ido mostrando contradicciones. Hay un debate que cruza el problema del narcotráfico y es el de la corrupción .Ahi debe también, estar el compromiso de todas las fuerzas políticas”.

Durante la tarde, Stolbizer presentó a la Ministra de Relaciones Internacionales, Ingeniera Susana Malcorra. La canciller señaló en su intervención que: “solo con una visión global y abarcativa se puede abordar el tema de la droga. Los derechos humanos tienen que estar en el centro del asunto. El ataque a las drogas debe ser una responsabilidad compartida con la región y con el mundo. El narcotráfico tiene vinculación con el financiamiento de grupos extremistas. Nuestra prioridad es el ataque al narcotráfico pero también la protección y prevención en los consumidores. Debemos cruzar información con los otros países y ocuparnos también del financiamiento y el blanqueo de dinero. Allí radica la búsqueda de una solución”.

Del encuentro participaron además, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr Ricardo Lorenzetti, los Ministros de Seguridad Patricia Bullrich; de Justicia Germán Garavano. El Coordinador de Naciones Unidas en Argentina René Valdez; el experto Juan Tokatlian,, el Ministro de Salud de Jujuy Dr. Mario Fiad y el titular de la Sedronar Roberto Moro.

Asimismo el Monseñor Jorge Lozano por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, presentó el documento firmado por todas las fuerzas políticas denominado «Lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico.»
También estuvieron presentes los legisladores que forman parte del grupo parlamentario participante en la audiencia de naciones unidas, diputados Maria Gabriela Burgos, Eduardo Amadeo, Alejandro Grandinetti, Guillermo Snopek.
[wpsgallery]
FOTOS: PRENSA STOLBIZER

14/03/2016
La diputada Margarita Stolbizer adelantó que dará quorum en la sesión para el tratamiento del acuerdo con los holdouts y votará afirmativamente el dictamen consensuado de mayoría. «Sabemos que se trata de un pago injusto como consecuencia de una sentencia injusta. Pero también sabemos que es la única salida posible en estos momentos para evitar un ajuste y poder encarar un sendero de crecimiento para la Argentina. Lo que necesitamos saber es que el esfuerzo vale la pena y que el resultado será aprovechado en el mejor sentido para el interés y el bienestar general. Para eso es imprescindible que el Congreso recupere sus atribuciones y que se termine con la delegación de atribuciones que durante muchos años el Legislativo ha hecho a favor del Poder Ejecutivo.»

El Bloque GEN ya había propuesto en años anteriores la modificación del artículo 37 de la Ley 24156 de Administración Financiera y ahora Stolbizer presentó nuevamente un proyecto con el propósito de que el Congreso recupere la centralidad en materia presupuestaria, poniendo fin al esquema de los “superpoderes” que comenzó con las sucesivas delegaciones extraordinarias en cabeza del Jefe de Gabinete de Ministros previstas en las Leyes de Presupuesto (2004 a 2006), y se cristalizó como una herramienta de carácter permanente mediante la reforma del artículo 37 de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por Ley Nº 26.124 del año 2006.

La Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación en su artículo 75 inciso 8 la potestad de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas.

Sin embargo, en opinión de Stolbizer: la institucionalización de la práctica aludida a lo largo de más de una década vulnera seriamente el espíritu y el texto de la Constitución Nacional, al dotar al Poder Ejecutivo, y en particular al Jefe de Gabinete de Ministros, de facultades especiales para reasignar partidas presupuestarias a discreción, con la sola limitación de que se reservan al Congreso aquellas decisiones que afecten el monto total del Presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. Cabe hacer la salvedad de que aquellas decisiones que pudieran significar un incremento en gastos reservados y de inteligencia, continuaron siendo –ineludiblemente– materia privativa del Congreso.

Así, los “superpoderes”, que tuvieron su origen en circunstancias de crisis política-institucional, se consolidaron como una práctica de discrecionalidad en el manejo del poder y los recursos públicos. Esto adquiere suma gravedad porque implica excluir a la sociedad y al Congreso de la toma de decisiones sobre el Presupuesto y los destinos de la Nación, exacerbando el presidencialismo y debilitando la democracia representativa.

La gestión kirchnerista ha basado su gestión en el manejo discrecional y centralizado de los recursos y los gastos del Estado, atentando contra el equilibrio de poderes y la vigencia de criterios de equidad, justicia y transparencia en el manejo y asignación de recursos del Estado. En este sentido, también se ha hecho uso y abuso de los más diversos mecanismos o instrumentos. Hablamos de una subestimación constante del Presupuesto que permitía contar con una enorme masa de recursos excedentes de la que se disponía a través de la delegación de emergencia, los DNUs y el manejo discrecional de los ATNs.

Stolbizer fundamentó la iniciativa en que “La experiencia indica que es necesario fijar límites a la discrecionalidad del poder. No se trata de poner ataduras al Poder Ejecutivo, sino de hacer efectivas las premisas más elementales del sistema republicano y democrático, con un rol central del Congreso en la deliberación, planificación y decisión sobre el destino de nuestros esfuerzos y recursos, reincorporando los principios ordenadores de la Ley de Administración Financiera en cuanto a la distribución del gasto y las finalidades”.
«Vemos como alentador que el actual gobierno, que durante los años anteriores venia reclamando al igual que nosotros frente a las arbitrariedades que el Ejecutivo cometia por la discrecionalidad que le concedia la norma, ahora acepta esta discusión que vendrá a reparar los desfasajes que las instituciones de la república vinieron padeciendo».