Educación de calidad para una Argentina con igualdad de oportunidades
Es imprescindible darle a la Educación la centralidad de la agenda política, porque solamente a partir de ello podrán abordarse eficazmente otros conflictos que hoy afectan a nuestra sociedad, como la pobreza, el desempleo, la precariedad o la inseguridad.
La educación pública argentina sufre un profundo proceso de degradación a pesar de los recursos destinados. En 2005, con la Ley de Financiamiento Educativo, se establecieron los mecanismos para llegar, en 2010, a una inversión educativa equivalente al 6% del PIB. Sin embargo, a pesar de los mayores recursos, el financiamiento nunca alcanzó esta meta y la ley no se cumplió.
Los resultados de la política educativa son negativos. En las pruebas PISA, la calidad de la educación Argentina pasó del primer lugar en América Latina en el 2000 al sexto en 2012. En matemáticas, la Argentina está entre los peores siete sistemas educativos de los 65 países evaluados en el mundo, entre los peores cinco en lectura y entre los peores ocho en ciencia. El deterioro de la escuela pública se refleja en un proceso de «privatización» de la educación: Argentina detenta el segundo nivel más alto de alumnos en escuelas privadas de la región. Solo el 44% de los alumnos terminan sus cursos en el tiempo estipulado y el 25% de nuestros alumnos se encuentran por debajo del mínimo esperado en materia de aprendizaje según las pruebas PISA y ONE.
Hay que marcar la desigualdad del sistema educativo argentino, su fragmentación, y el atraso que muestran sus contenidos, afectando la adaptación que debería exhibir con relación al tiempo y el espacio, a la realidad circundante, con sus conflictos y también con sus oportunidades. Su transformación debe apuntar a resolver estas cuestiones y a la construcción de una ciudadanía responsable con vocación colectiva.
El proyecto educativo de la Argentina debe contemplar una visión federal desde la cual atender las distorsiones que hoy registra nuestra amplia geografía y que se traducen en altos niveles de desigualdad en los índices de accesibilidad, de calidad y de resultados que tienen los diferentes sistemas educativos provinciales. La educación debe ser el instrumento de emparejamiento de las condiciones que niños, jóvenes y adultos tienen a través de la garantía del estado sobre el ejercicio de derechos y abrir las mismas posibilidades de progreso.
Es necesario jerarquizar la educación, haciendo lo propio con los docentes, con su formación y con sus ingresos. En simultáneo, hay que poner en deliberación horizontal a través de diferentes mecanismos de participación social, los contenidos del sistema en sus diferentes niveles. Y de este modo vamos a garantizar resultados diferentes, optimizando esfuerzos y construyendo una visión compartida de nación, en la que la Educación está inexorablemente vinculada con el proyecto de país y el modelo de desarrollo económico, productivo, social y humano.
El gran desafío que nos planteamos es garantizar el acceso al conocimiento, al saber. Ampliar y mejorar las calificaciones y habilidades para llevar adelante un proyecto de crecimiento colectivo que redunde en oportunidades efectivas para las personas y las comunidades. Para eso, también es necesario pensar en la educación extra-áulica, y las formas más modernas de transmisión de culturas, valores y conocimiento, como son los medios de comunicación, el acceso a las nuevas tecnologías y la interacción social y familiar. El papel que hoy desempeñan las organizaciones sociales, la televisión o internet no pueden soslayarse de un proyecto educativo nacional que no puede quedar cerrada solamente a un programa de educación escolar. Y para eso, habrá que pensar en la redefinición de una democracia participativa, solidaria, con capacidad para ser parte efectiva en la transmisión de los ejemplos y saberes, poniendo a la persona y sus derechos como el eje principal de las políticas públicas.
Por eso es que nuestra agenda contempla la Educación como un compromiso fundamental en la Argentina basada en los principios de Igualdad y Decencia.
Definimos los siguientes objetivos:
- Lograr en todo el país una educación pública de calidad orientada a formar ciudadanos autónomos con posibilidades de progreso en la vida.
- Transformar en profundidad los métodos de enseñanza en la escuela secundaria incorporando el uso de las nuevas tecnologías y lograr que los chicos sean el centro y los protagonistas en el aula.
- Restablecer el vínculo entre la escuela y el conocimiento disponible, comenzando por la ciencia, la tecnología y las humanidades. Promoveremos el desarrollo del pensamiento científico, la investigación y la revalorización del conocimiento como construcción social y colectiva. Incluiremos la dimensión artística en todos los niveles y modalidades de la educación y herramientas democratizadoras para el bienestar colectivo y el mejoramiento de las condiciones de vida.
- Integrar la educación superior, propiciando una sinergia entre las instituciones terciarias y las universidades e incorporando criterios de planificación que articulen con las necesidades regionales o locales.
Y nos comprometemos a:
- Modernizar el Ministerio para transformar la educación
Vamos a reformular el Ministerio de Educación para recuperar con la capacidad técnica necesaria para producir información válida, evaluar los logros de los alumnos y de las políticas que se llevan a cabo. La recuperación de la educación precisa una institución que genere un cambio profundo de un sistema que está agotado y hay que refundar.
- Queremos saber qué educación tenemos
Vamos a crear una mega evaluación de los alumnos para contar con un diagnóstico profundo y veraz de la situación de la educación en la Argentina, garantizando el libre acceso de expertos a la información para que colaboren en la solución de problemas.
- Vamos a garantizar el derecho a estudiar.
Vamos a realizar un relevamiento de la infraestructura educativa y de los docentes para garantizar el cumplimiento efectivo de los años de instrucción obligatoria. Hoy, si todos los chicos fueran a clase, no alcanzarían las escuelas ni los docentes. Sin esta información es imposible concertar con las provincias un plan que permita lograr una oferta adecuada a sus necesidades reales. También creemos en la necesidad de universalizar la educación inicial como mecanismo de promoción de la igualdad en la primera etapa del desarrollo infantil.
- Elevar la Calidad de la Formación Docente
Dotar al Instituto Nacional de Formación Docente de la infraestructura, los recursos humanos y las tecnologías educativas más avanzadas para que los institutos de formación de todo el país constituyan a los profesores de enseñanza secundaria en los promotores del cambio del paradigma de enseñanza-aprendizaje. No hay revolución de la escuela secundaria sin una transformación del docente y sus métodos. Nuestra política central es capacitar a los docentes existentes en servicio, para que la capacitación asegure cambios en la práctica.
- Vamos a destinar el 6% a la educación, de cumplimiento efectivo y sin perjuicio de su elevación al 8% si se contempla el financiamiento de la educación universitaria y el presupuesto destinado a ciencia y técnica.
El Presupuesto público destinado a la Educación es una prioridad para nuestras políticas públicas, pero la única forma que esa prioridad se haga efectiva es, ejecutar el Presupuesto a base de un PLAN.
- Vamos a cambiar la forma de enseñar para terminar con la injusticia de las escuelas para ricos y las escuelas para pobres
Nuestro paradigma pedagógico ya tiene 150 años de antigüedad. Hoy el docente es un reproductor de conocimiento y el alumno es un pasivo receptor. Debemos ir hacia una nueva lógica del saber, donde el alumno sea protagonista y el docente su guía y orientador. Un paradigma en el que las nuevas tecnologías funcionen como mediación entre ambos. Queremos alumnos que tengan cada vez más autonomía para incorporar información y producir conocimiento. Vamos a transformar la clase en un espacio donde se “aprende a aprender”, un lugar común donde los alumnos investiguen, donde los docentes guíen, hagan presentes los conceptos faltantes, posibiliten la confrontación de diferentes perspectivas e incentiven la curiosidad de los alumnos para que descubran y transiten el camino de la producción del conocimiento.
- Vamos a construir entre todos la educación que queremos.
Vamos a convocar desde el Poder Ejecutivo, al Congreso, las 24 jurisdicciones y los actores gremiales y académicos a la formulación de un PLAN que fije metas, plazos y financiamiento para la transformación institucional de las escuelas, la inclusión socioeducativa y la reducción de las desigualdades de recorridos y de logros de los alumnos. Constituiremos mesas de concertación y acuerdo de políticas educativas que garanticen una amplia representación política y sectorial. La experiencia muestra la necesidad de pensar políticas educativas a largo plazo que se sostengan en el tiempo.
- Vamos a repensar la doble jornada escolar, apuntando a una ampliación de calidad, con objetivos y contenidos claros y de cumplimiento efectivo.
No se trata de prolongar más tiempo una escolarización que evidentemente no responde a las necesidades de la época. Es necesario planificar esa doble jornada para que ese tiempo sea útil para el desarrollo de capacidades cognitivas, creativas, comunicativas y artísticas, desde otra forma de la enseñanza-aprendizaje.
- Vamos a ir a buscar a los chicos que se fueron.
Convocaremosa 100.000 consejeros juveniles o tutores para visitar los hogares de los chicos que abandonaron la escuela, acompañar y orientar su inclusión en la educación obligatoria, apoyarlos académicamente y hacer el seguimiento de su nuevo trayecto educativo para que en el 2023 se haga efectiva la universalización de la educación secundaria en nuestro país.
- Vamos a impulsar una segunda reforma universitaria.
Vamos a consensuar una nueva Ley de Educación Superior en acuerdo con los rectores de las universidades nacionales, los representantes estudiantiles y las organizaciones de trabajadores docentes y no docentes. Buscamos asegurar la autonomía y autarquía de las instituciones de educación superior, la gratuidad de los estudios de grado, la integración del sistema entre las universidades y los institutos de educación superior así como su debido financiamiento, la elevación de la titulación de los profesores, el aumento de la proporción de profesores concursados, la eliminación de la docencia sin retribución económica, la ampliación del porcentaje de docentes con dedicación exclusiva y semiexclusiva, y el establecimiento de un servicio social universitario obligatorio de 20 días hábiles como tramo de formación obligatoria para todos los estudiantes de las universidades nacionales.
