Durante los últimos años y en especial durante la campaña electoral, me separaban de Cambiemos tantas cuestiones como también me habían identificado con ellos. Me separaba una visión del estado sin ideas. Me acercaba la defensa de la institucionalidad y el estado de derecho.
Cuando ellos ganaron la elección, esperé ver plasmado en el nuevo gobierno, -compartiendo la esperanza de la mayoría de los argentinos-, una fuerte vocación y apego a la norma, sin riesgo de que se repitieran los atropellos que juntos habíamos denunciado durante el kirchnerismo.
Con dureza y convicción he denunciado cada acción que violentaba la división e independencia de los poderes, o que implicaba un comportamiento fuera de la norma y de la ética.
Es por eso que, con ánimo de cooperación es que voy a seguir poniendo el mismo énfasis en la observación de los pasos equivocados, como en el aplauso de los que lo merezcan. Porque así se construye el diálogo y la confianza y así se afianza el nuevo gobierno, para no ser rehén de las prácticas extorsivas de los responsables de los desastres que vivimos (como acaba de ocurrir en la Provincia donde La Cámpora le ha puesto un freno a las necesidades presupuestarias de los bonaerenses con la sola intención de complicar la gestión de la Gobernadora Vidal).
Con esa intención manifesté mi crítica a los decretos para designar por comisión dos miembros a la Corte Suprema de Justicia. No fue casual que ninguno de los juristas más prestigiosos (que habían sido impulsores del cambio de gobierno) ni fueran consultados ni avalaran la medida. También dije que más allá de la discusión jurídica, había existido un enorme error político que abroqueló al FPV y les «permitió» decir: «ahora todos somos igualitos».
Acompaño designaciones, medidas, gestos, cambios en serio. Muchas de las decisiones del Presidente Macri me representan. En particular la medida anunciada ayer por el Ministro de Economía para poner fin al blanqueo de capitales, una de las vías más importantes para la instalación local de los carteles internacionales de la droga. Y un buen comienzo para implementar un plan de lucha contra el narcotráfico.
Pero es necesario advertir que ninguna buena razón o explicación justifica violar la Constitución. No solamente los Decretos de Necesidad y Urgencia deben justificarse exactamente en esas dos pre-condiciones, sino que están absolutamente vedados por el art.99 inc.3 para ser utilizados en materia penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos.
Cuando se habla de materia penal, ésto comprende: el derecho penal de fondo, o sea el mismo código penal; la norma de forma, o sea el código procesal; y el aspecto ejecutivo, o sea la norma de ejecución de la pena. O sea, está absolutamente claro, que el DNU relacionado con el código procesal penal queda fuera de las atribuciones constitucionales del Presidente para usar este mecanismo excepcional.
Sería también muy importante que el Congreso discutiera las reformas a la ley reglamentaria de los DNUs, los decretos reglamentarios y los de promulgación parcial, para poner los límites que en conjunto quienes fuimos oposición reclamamos en los últimos 12 años de gobierno.
La gobernabilidad no es dar gestos de autoridad andando por la banquina. Al contrario, es adquirir la fortaleza necesaria con base en el diálogo y la cooperación, en el funcionamiento del sistema constitucional de derecho que nos rige, y en la atención prioritaria como garantía de la democracia, de los derechos humanos en plenitud.
Eso es lo que esperamos los argentinos: la existencia de una Justicia independiente que asegure derechos y marque los límites del poder, la puesta en marcha de la capacidad transformadora del estado para garantizar a todas las personas en condiciones de igualdad, sus posibilidades de desarrollo y felicidad.
Esos son, además, mis deseos para el año que se inicia.
¡Muchas Felicidades!
