Autor: Manuel

23/11/2016.
La diputada del GEN Margarita Stolbizer viene insistiendo desde hace varios años con un proyecto de ley que pretende eliminar la prohibición para la actualización de las cuotas alimentarias, afectadas por la inflación. Finalmente se aprobó en la sesión de Diputados de hoy y pasará al Senado para dar sanción definitiva.

«El problema más grave de la economía para los argentinos es la inflación: por su persistencia, por su carácter indomable y por sus efectos sociales, especialmente en los sectores más vulnerables que no tienen mecanismos de defensa. Uno de esos impactos es el que sufren las mujeres que son las que mayoritariamente reclaman el valor de la cuota alimentaria para sostener a los hijos menores a su cargo. Con la prohibición actual, los jueces no pueden actualizar las cuotas. Entonces tienen que iniciar reclamos judiciales, lo que genera además de demoras, tensiones y conflictos familiares y una litigiosidad que llena los tribunales de pleitos que podrían y deberían evitarse.»
«Hablamos de una prestación alimentaria, que afecta el principio rector del «interés superior del niño», según lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, recogido en la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño 26.061 vigente en nuestro país.»

«Debemos tener presente que estamos hablando de obligaciones alimentarias, que por su carácter y su finalidad responder al principio de respeto de los derechos humanos y deben permitir la atención de las necesidades del beneficiario para llevar adelante una vida digna y poder desarrollarse integralmente”.

Actualmente se cuenta con fallos que permiten la fijación de cuotas «escalonadas», que es una forma de establecer una pauta de actualización encubierta; otros jueces han optado por imponer al progenitor obligado, el pago directo de determinados rubros, lo que, en los hechos, implica asumir su mayor costo pero que, en cualquier caso, no alcanza a resolver el problema del mayor costo de los gastos cotidianos, o compra de ropa o de comida. Pero en todos los casos ello sucede luego de recorrer el largo camino del proceso judicial de aumento de cuota alimentaria, debiendo entablar demanda, producir prueba -muchas veces dificultosa- y recibir sentencia. Es por demás conocida la lentitud de los procesos judiciales y, mientras tanto, el beneficiario de los alimentos que no puede procurárselos por sí mismo, es el afectado en sus derechos.
En nuestro país, donde el aumento de los precios es un problema constante en la vida de la población, muchos sectores sociales están amparados por distintos mecanismos, como los trabajadores lo hacen en sus paritarias, o la ley actualiza dos veces al año las jubilaciones, o lo hace el gobierno respecto de otras prestaciones a su cargo cuando sufren el retraso por la inflación.
Mediante esta propuesta, las cuotas alimentarias quedaran exentas de la prohibición de actualizar o indexar que pesa sobre todas las obligaciones de dar sumas de dinero.»

21/11/2016.
La diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia porque desde el Ministerio de Planificación se alimentó a la organización TUPAC AMARU con millones de pesos con el objetivo aparente de proyectos habitacionales pero que en realidad se trataba de una pantalla para inyectarle fondos públicos a una organización que era utilizada para realizar piquetes y cortes de calles como medio de extorsión y amenazas. Las viviendas prometidas no eran entregadas en tiempo y forma ya que la mayoría se adjudicó con manejos arbitrarios y mafiosos y en muchos casos sin estar terminadas a pesar de haber recibido el pago total por la obra.

Stolbizer se refiere a TUPAC AMARU en la provincia de Mendoza, organización social que se empoderó gracias al kirchnerismo, en la etapa de Cristina Fernández, y logró que le aprobaran en ocho años un poco más de 1.000 viviendas en la provincia (entre las terminadas y las que siguen en ejecución). La Tupac se comprometió a construir miles de viviendas en diferentes barrios de distintas localidades de la Provincia, recibiendo miles de millones de pesos, fondos recibidos en el marco del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria.

El pedido de investigación involucra al ex ministro de planificación Julio De Vido y al ex secretario de. Obras Publicas, José López, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran surgir por las irregularidades dentro de la cooperativa de Mendoza. Los delitos cometidos por los funcionarios serían la violación de sus deberes, malversación de los recursos públicos, esta comprobado que el Ministerio autorizaba transferencias millonarias con bajos niveles de ejecución de las viviendas que eran pagadas en su totalidad, dejándose al arbitrio de la señora Rojas y su familia una adjudicación discrecional, vinculada con prácticas que en nada se condicen con la atención de necesidades y prioridades sociales.
Entre las pruebas sugeridas, la diputada Stolbizer pide solicitar informe al Ministerio para comprobar los ilícitos y la magnitud de los dineros que fueron destinados a la Cooperativa, allanamiento en el. Instituto provincial de la vivienda e informes patrimoniales sobre la familia que manejaba esos recursos.

«Otra vez nos encontramos con una práctica que fue recurrente durante el gobierno anterior: el sometimiento de los más pobres como clientes tributarios del sistema político, las entregas millonarias de dinero sin control, sin Marcos regulatorios ni transparencia. Así es como los que han resultado perdedores en la década ganada por los funcionarios kirchneristas, son justamente los sectores y hogares más vulnerables, más necesitados, algunos de los cuales siguen esperando una respuesta del estado mientras los líderes del movimiento llenaban sus bolsillos.»

H. Cámara de Diputados de la Nación

SESION ESPECIAL
A fin de considerar el siguiente temario:

1. PROYECTO DE LEY. PROTECCION A VICTIMAS DE DELITOS. REGIMEN. (EXPTE. 1879-D-16)

2. DECLARACION DE OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA NIÑOS/AS DE TRES (3) AÑOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. (EXPTE. 13-PE-16) OD 812

3. PROYECTO DE LEY. REGISTRO DE INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR. CREACION. (EXPTE. 25-PE-16) OD 719

4. PROYECTO DE LEY. CODIGO PENAL DE LA NACION. MODIFICACIONES, SOBRE PORTACION, TENENCIA, ACOPIO, ENTREGA, FACILITAMIENTO Y TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS Y ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA. (EXPTE. 7120-D-16)

5. 78-S-15 PROYECTO DE LEY. CARRERAS DE PERROS, CUALQUIERA SEA SU RAZA. PROHIBICIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. (EXPTES. 78-S-15, 2228-D-15 Y 1928-D-16) OD 809

6. PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE TRANSFIERE A TITULO GRATUITO UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL, A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ASISTENCIA AL CELIACO DE LA ARGENTINA FILIAL SANTIAGO DEL ESTERO – ACELA -. (EXPTE. 101-S-15)

No me siento tironeada, hay más especulación que lo real, mi relación con Cambiemos es institucional, con Massa tenemos un acuerdo parlamentario. No estoy pensando en una alianza tipo electoral. Massa tiene muy buenos legisladores, Graciela Camaño, Marco Lavagna, no es una oposición que tira piedras al gobierno. Todos los proyectos de ley salieron mejorados. Marca que el Gobierno tiene madurez de recibir críticas y mejoras, y lo mismo en la oposición.

Hay sectores que no les importa colaborar, buscan que el Gobierno fracase, no es una buena forma de construir. Son grupos pequeños, las declaraciones de Fernando Esteche es parte de una Argentina minúscula y violenta. La intolerancia sobre todo, de por sí es violenta, y nos hace perder la riqueza del pensamiento diverso.

Soy crítica de algunas cosas de este gobierno, pero le concedo que haya provocado un cambio de clima, no se intenta disciplinar el pensamiento de todos. El Gobierno logró bajar las tensiones.

Hay un error conceptual de la pobreza. La forma de enfrentarla es la educación y combatir el trabajo precario, la informalidad laboral. El sistema educativo es reproductor de esa pobreza, el abandono escolar es altísimo. Debemos romper ese círculo vicioso.

Estaba preparada para un mal resultado electoral, porque la gente priorizó que no sigan los que estaban gobernando. Me llamo la atención desde lo psicológico desde lo filosófico un voto tan fuerte en sentido negativo y no en sentido positivo. Ya resolví ese conflicto. No debo cometer el error de pensar que mis ideas son las mejores y no las puedo llevar a cabo con nadie y sí trabajar para que puedan llegar al Gobierno.

En realidad Cristina me da pena, de haber creído que ella decía que iba por la calidad institucional. Ella dijo que soy burra y mala por los movimientos sospechosos en sus cuentas, a partir de eso se hicieron allanamientos en el Banco de Santa Cruz, que desaparecieron 22 plazos fijos de la noche a la mañana, y son los que aparecieron en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. Lo que hizo enojar a CFK que la puse en evidencia. No sólo hizo desaparecer sus plazos fijos sino que trató de insolventarse fraudulentamente.

Del Moro: ¿Nunca la política te quiso comprar?.

Vivo en la misma casa hace 25 años, no soy pobre, no me falta nada, tampoco me sobra. Tengo un buen auto, no tengo carencias. Mi primer cargo público fue ser concejal. Empecé a militar desde muy chica. Fueron 4 años particulares, fui denunciante de Juan Carlos Rousselot y Mauricio Macri por la construcción de cloacas, pero jamás tuve alguna propuesta para que cambie mi voto.

15/11/2016.
Diputados avanza en el proyecto de Stolbizer de eliminar la prohibición para actualizar las cuotas alimentarias. La Comisión de Justicia lo tratará el jueves para ingresar al recinto antes de fin de mes.

La diputada del GEN Margarita Stolbizer viene insistiendo desde hace varios años con un proyecto de ley que pretende eliminar la prohibición para la actualización de las cuotas alimentarias, afectadas por la inflación. Finalmente será discutido en la Comisión de Justicia el próximo jueves. Y de aprobarse pasaría al recinto antes de finalizar el período ordinario de sesiones.

Promueve la modificación de la ley de convertibilidad N° 23.928 que impide la indexación por variación de precios o costos. Años más tarde, la ley de emergencia económica n° 25.561, sucesivamente prorrogada y hoy vigente, actualizó la redacción de esas normas, pero mantuvo expresamente la prohibición de la actualización o indexación.

Debido al desarrollo de la economía argentina y las sucesivas alzas de precios que se registraran en los bienes y servicios, las obligaciones alimentarias quedan rápidamente depreciadas. Esto produce una acumulación de reclamos judiciales en los tribunales de familia.

En estos casos, tanto por la falta de actualización de la cuota alimentaria, como por los conflictos que esos procesos generan, siempre resulta perjudicado el menor, afectándose el principio rector del «interés superior del niño», según lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, recogido en la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño 26.061 vigente en nuestro país.

Hemos dicho que los acuerdos no suelen ser fáciles y la falta de previsión legislativa incrementa la conflictividad y el litigio. Esto se confirma al observar la enorme cantidad de procesos judiciales en marcha en los cuales se reclama el aumento de la cuota alimentaria. Allí el progenitor que tiene a su cargo la tenencia del niño (generalmente la madre) se ve obligado a litigar, producir prueba e incurrir en gastos y pérdida de tiempo para lograr que se mantenga el valor de una cuota cuyo carácter alimentario se vincula con la subsistencia y la dignidad de sectores vulnerables.

Esta litigiosidad impacta además, la mayoría de las veces, en la calidad de la relación familiar, generando situaciones de tensión y enojo que nuevamente son sumamente perjudiciales para el menor.

«Debemos tener presente que estamos hablando de obligaciones alimentarias, que por su carácter y su finalidad responder al principio de respeto de los derechos humanos y deben permitir la atención de las necesidades del beneficiario para llevar adelante una vida digna y poder desarrollarse integralmente.
Sin embargo, la obligación alimentaria, de la cual mayoritariamente son beneficiarios los niños, ha quedado desprotegida frente a la inflación. Y para eso es necesario desarmar los impedimentos que tienen los jueces para fijar mecanismos automáticos de actualización de las deudas que se ven deterioradas por los aumentos de precios.»

Actualmente se cuenta con fallos que permiten la fijación de cuotas «escalonadas», que es una forma de establecer una pauta de actualización encubierta; otros jueces han optado por imponer al progenitor obligado, el pago directo de determinados rubros, lo que, en los hechos, implica asumir su mayor costo pero que, en cualquier caso, no alcanza a resolver el problema del mayor costo de los gastos cotidianos, o compra de ropa o de comida. Pero en todos los casos ello sucede luego de recorrer el largo camino del proceso judicial de aumento de cuota alimentaria, debiendo entablar demanda, producir prueba -muchas veces dificultosa- y recibir sentencia. Es por demás conocida la lentitud de los procesos judiciales y, mientras tanto, el beneficiario de los alimentos que no puede procurárselos por sí mismo, es el afectado en sus derechos.

La diputada Stolbizer no establece un tipo de índice para la actualización, porque muchas veces estas cuestiones dependen de la especificidad de cada familia y es posible que las partes puedan encontrar de común acuerdo una forma útil para mantener el poder adquisitivo de la obligación alimentaria; o bien, si no hay acuerdo, puede hacerlo el juez, luego de escuchar a las partes y valorar la prueba, pero realizándose este trámite por única vez, porque la cláusula de actualización regirá para el futuro.

13/11/2016.
Las diputadas Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt denuncian despidos de técnicos en el Ministerio de Energía y las decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas.

Ex miembros de la empresa Panamerican Energy (PAE), hoy funcionarios del Ministerio de Energía, que deberían controlarla, la eximieron de una serie de obligaciones que ahora deberá cubrir la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, lo ponen los ciudadanos. Los funcionarios que cuestionaron dicha medida, fueron despedidos.

Las Diputadas Nacionales Margarita Stolbizer (GEN) y Liliana Schwindt (Frente Renovador) impulsan una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo por la decisión de poner fin a las contrataciones de varios empleados del área profesional/técnica del Ministerio de Energía, Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Subsecretaría de Refinación y Comercialización, Dirección de Gas Licuado.

Sin ninguna justificación, se ha dispuesto despedir a tres profesionales con 13 y 15 años de antigüedad. La decisión les fue comunicada mediante un extraño procedimiento casi intimidatorio y no permitiéndoseles ingresar a posteriori a sus lugares de trabajo. Se sospecha que los funcionarios a cargo podrían utilizar argumentos falaces para acusar arbitraria e ilegalmente a los empleados, con la intención de descalificar su trabajo y sacarlos del área por haber mostrado sus diferencias con algunas decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas.

«La empresa Panamerican Energy (PAE) parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política. Lo fueron con el gobierno anterior. Y lo vuelven a ser con el actual. Aunque hoy es más grave porque dentro del mismo gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan. Porque lo que hacen es asegurarles un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos. Este gobierno le exime a las empresas que pongan lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos.»

Los productores deben realizar un aporte anual de producto en el mercado interno destinado a las garrafas que usan los sectores más vulnerables que no acceden al gas de red. Una vez cubierto ese mercado interno destinado a las garrafas, el productor puede destinar el resto de su producción adonde más le convenga, o bien puede exportarlo. Eso es lo que le proporcionará su mayor rentabilidad. Esos cupos de aportes son establecidos por la Secretaría de Energía. Si no cumplen, la misma autoridad sanciona a las empresas.

«Lo extraño se produce cuando los mismos funcionarios (todos ex PAE) , sin ninguna fundamentación, dispensan a la misma empresa de la obligación de aportar el volumen destinado al mercado interno. Y entonces ese volumen interno lo tiene que aportar (por disposición administrativa) la empresa estatal ENARSA, o sea, se va a financiar con recursos públicos.»

«La consecuencia de todo esto, es que los grandes ganan más y los pobres ponen más, por el encarecimiento del precio de la garrafa para el consumidor.»

«Y la persecución de los trabajadores se enmarca en esta denuncia de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Energía, por haberse negado a firmar las referidas resoluciones. Lo que cuestionamos severamente en el gobierno anterior, como la mala práctica de la persecución de los trabajadores que no aceptaron ser cómplices de la corrupción, se repite ahora cuando se llega a dejar sin su empleo a profesionales con experiencia, trayectoria, cargas de familia, pero que se constituyeron en miradas de atención sobre lo que está pasando.»

Las diputadas Stolbizer y Schwindt han solicitado información al Ministerio y llevaran adelante una serie de medidas administrativas, legislativas, sin descartar alguna posible intervención judicial.