Durante el extenso proceso electoral, la sociedad pidió cambios, haciendo responsable a la política por una crítica situación económica y el mal funcionamiento de un Estado que no da respuestas. De ahí resulta la necesidad de avanzar en medidas y reformas que permitan reencontrar un camino de crecimiento y desarrollo. Las prioridades del nuevo gobierno deben estar orientadas en ese sentido para que dentro de un plazo razonable puedan verse mejoras relacionadas con la baja de la inflación, la disminución de la pobreza y la generación de empleos de calidad.
Sin embargo, el envío de un DNU con 300 reformas al sistema legal y económico resulta un muy mal comienzo porque impide el debate, incumple la ley, genera confusión y preocupación. El decreto solo puede aprobarse o rechazarse en su conjunto y no puede ser modificado. Expresa la inconstitucionalidad propia de una norma que requiere la existencia de necesidad y urgencia, o sea la imposibilidad de convocar al Congreso para su tratamiento, situación que no se encuentra dada.
El Presidente anuncia al mismo tiempo que convocará a sesiones extraordinarias la próxima semana y por tanto desaparece la imposibilidad de que este conjunto de normas que se quiere cambiar o derogar pueda ser tratada como dispone la Constitución para la sanción de las leyes en ambas Cámaras del Congreso.
Argentina necesita instituciones sólidas y confiables, una economía estable, sin sobresaltos, que pueda sostenerse a mediano y largo plazo. No es un incentivo a la inversión que se necesita para crecer y crear trabajo, estar dependiendo de una norma que puede ser dejada sin efecto, reemplazada o cambiada.
Es importante avanzar hacia los cambios necesarios para ordenar la economía y el funcionamiento del Estado, sin embargo al evaluar algunas propuestas parecen viables a ese interés y otras podrían ser contrarias al mismo. No se hace con atropello ni con motosierra sino con diálogo, acuerdos y la Constitución en la mano.
El Decreto no cumple con los mínimos parámetros de constitucionalidad en sus aspectos formales y tampoco puede ser acompañado en una mezcla de contenidos que, pese a las buenas intenciones que expresa, no aseguran para las personas que se evitarán perjuicios y retrocesos que agraven la crítica situación que se vive.
Instamos al Presidente de la Nación a convocar de manera inmediata a sesiones extraordinarias y a enviar todas sus iniciativas como proyectos de ley para ser tratados en el marco de lo que establece nuestro estado democrático de derecho.
Somos respetuosos de la voluntad popular y estamos dispuestos a colaborar con la sanción de los instrumentos que entendamos útiles para alcanzar una Argentina de desarrollo con educación, producción y trabajo.
Gonzalo Toselli
Secretario General
Sergio Abrevaya
Presidente
