02/11/2016.
La diputada Margarita Stolbizer expresó que el voto negativo del Interbloque Progresistas se fundamenta en que aun con los cambios de último momento, este régimen que busca establecer un sistema de financiamiento para las grandes obras de infraestructura solo garantiza el negocio a las grandes empresas.
«Argentina necesita un plan nacional e integral de desarrollo que incluya una perspectiva estratégica vinculada con el mediano plazo y también con nuestras capacidades y realidades productivas, necesidades y recursos».
“Retomar las políticas de privatizaciones de la década del 90 habla claramente del fracaso, porque una vez más el interés privado y la garantía de rentabilidad de los grandes grupos económicos se imponen al interés general y al de los sectores populares”.
“El proyecto parte de la aceptación de la incapacidad del Estado para contratar, y entonces es así como se decide privatizar. No se puede volver al «Estado bobo» de los 90, porque eso genera costos sociales y genera pobreza y exclusión”, expresó la diputada.
Grandes obras, solo para grandes empresas
Por ejemplo, si se quisieran construir 100 mil viviendas, una opción sería que el Estado hiciera 100 licitaciones de 1.000 viviendas cada una, repartiendo entonces el trabajo, descentralizando la operatoria, con menos requisitos de acceso para que muchos más pudieran llevar adelante este tipo de obras e ingresar en el sistema. En este caso sería mucho más probable que participen empresas pequeñas, aquellas que hoy sostienen el empleo formal y protegido.
En cambio, la otra opción ‑que es la que defiende y promueve esta iniciativa‑ garantiza que uno solo pueda construir las 100 mil viviendas. El costo final incluso podría ser el mismo, pero en el primer caso el Estado puede descentralizar la ejecución, priorizar la participación de empresas provinciales o locales y dar participación a más cantidad de mano de obra dentro de determinado sistema de construcción.
Privatización del derecho público
Además este proyecto transita en una vía opuesta a las reformas que se introdujeron en el último tiempo al Código Civil y Comercial. Se trataba de normas que habían implicado un avance notable en la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué rumbo tomamos con esto? Salimos de la constitucionalización del derecho privado para ir a la privatización del derecho público. Eso es lo que estamos haciendo, porque no solamente se privatiza el sistema de contratación del Estado sino que también estamos privatizando el acceso a las normas y al derecho.
Esta norma viola el principio de igualdad de todos ante la ley, instituyendo una cantidad de excepcionalidades que son incompatibles con los cambios que el nuevo gobierno ha anunciado. Si las mujeres que buscan actualizar una cuota alimentaria que quedó aplastada por la inflación tienen prohibida la indexación, no se les puede facilitar a los grandes empresarios cobrar sus créditos indexados. Si hay que reformar las leyes que sean para todos y especialmente deberían incluir a los más débiles y no a los más poderosos.
Hay otra cuestión que es tan grave como esta. Todo el mundo sabe que en la Argentina nadie puede cobrar sus créditos si no es a moneda nacional. Los que tienen contrataciones a precio dólar solamente pueden hacerlo con moneda nacional a la cotización oficial. Sin embargo, este proyecto otra vez establece una norma de excepcionalidad para las empresas que contraten por este sistema: ellas sí van a poder cobrar contante y sonante los billetitos verdes. Quiere decir que otra vez nos encontramos frente a la discrecionalidad y la desigualdad consagrada en una ley sancionada por el propio Congreso de la Nación.
Hay que discutir un proyecto de país, restituyendo el imperio de la Constitución, las normas y las instituciones como reglas que amparen la igualdad en derechos a todas las personas.
