Establece los principios, bases y reglas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana en las cuestiones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. (Proyecto de Ley).
Establece mecanismos para hacer más eficaces los mecanismos de rendición de cuentas, control y participación; y se asegura los estándares establecidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. (Proyecto de Ley).
Establece el Juicio por Jurados para los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. (Proyecto de Ley).
Establece la modificación del Código Penal, sobre responsabilidad de los miembros de estas organizaciones, cuando ellas administraran o custodiaran caudales o efectos públicos. (Proyecto de Ley).
Establece un mecanismo por el cual los funcionarios deben entregar la administración de sus bienes a un fideicomiso que, con total independencia, tome las decisiones sobre el patrimonio del funcionario, para evitar que existan privilegios en las políticas públicas que beneficien el patrimonio de los mismos. (Proyecto de Ley).
Establece mecanismos para facilitar la realización y desarrollo de las actuales audiencias públicas y les da mayor eficacia al instrumento de conclusiones. (Proyecto de Resolución).
Establece mecanismos para que se conozcan públicamente los encuentros y objetivos que mantienen funcionarios públicos con personas que representan un interés determinado, en el proceso de discusión, elaboración y sanción de leyes y otras normativas. (Proyecto de Resolución).
Establece que los funcionarios que ocupen cargos electivos, ministros, secretarios y subsecretarios de estado, quedan sujetos a Juicio de Residencia por 12 meses a partir de la finalización de su mandato o cese de sus funciones, por el cual no podrán abandonar el país por un plazo mayor a los 30 días, salvo que hubiera autorización del órgano competente. (Proyecto de Ley).
Establece la eliminación del secreto fiscal en los procedimientos tributarios cuando se trate de funcionarios públicos, de cualquier nivel. (Proyecto de Ley).