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Ley de convivencia en Vía Pública

Diputado Sergio Abrevaya (GEN) C.A.B.A.


Las conductas, por repetidas, tienden a transformarse en hábitos. Y que duda cabe que los piquetes lo son: en las últimas dos semanas, dos importantes protestas inhabilitaron parte de la circulación en Capital. Una de ellas, doce días atrás, impidió la circulación del Metrobus en pleno horario pico de ingreso a la Ciudad; la 9 de Julio quedó interrumpida de lado a lado. Y las calles fueron un pandemonio. Este miércoles, diferentes organizaciones sociales, cortaron 30 esquinas. Según un informe privado, los piquetes se dispararon en marzo y aumentaron un 40% en el país, en relación a febrero.

Estas protestas volvieron a poner en foco el grave problema que arrastra la Ciudad desde, al menos, 2001. Aquel año las calles y las avenidas se transformaron en el lugar en donde visibilizar el enorme conflicto social y económico que se venía gestando y que explotó en diciembre. Aunque la gente salió a la calle en todo el país, Buenos Aires fue el epicentro de las protestas. Aquellos sucesos y la represión policial dejaron un saldo de 38 muertos. ¿La sombra de “diciembre de 2001” se ciñe aún sobre la 9 de Julio? ¿Por qué no fue posible recuperar la civilidad y normalizar el derecho de protestar y el de circular?

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Como se dijo, marzo fue un mes conflictivo en las calles. Hubo 517 piquetes en todo el país, 101 en la Ciudad y 122 en Provincia de Buenos Aires. En enero hubo 347: 64 en Ciudad y 71 en Provincia. Y en febrero fueron 369: 61 y 80, respectivamente. A nivel nacional, en los tres meses, fueron un total de 1.233. Según las estadísticas de la consultora Diagnóstico Político, se trata de “uno de los inicios de año más conflictivos desde 2009”. Trabajadores estatales y organizaciones sociales fueron los principales protagonistas de estos cortes.

La conflictividad sigue en la calle, latente. Y no es que no haya habido ensayos y anuncios sobre métodos para contener los piquetes. El último fue el mentado “protocolo antipiquetes” que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en febrero de 2016. Envalentonado por el triunfo de diciembre en las elecciones, el PRO intentó dar cumplimiento a una de las demandas de los vecinos, ordenar las protestas para circular con previsibilidad. El protocolo debía ser puesto en marcha por todas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y porteñas. Básicamente, los efectivos debían intervenir en caso de que los manifestantes utilizaran palos, tuvieran las caras cubiertas o manipularan bombas molotov; y también cuando no permitieran la libre circulación.

Pablo Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y lleva años estudiando el fenómeno de las protestas. Sentencia: “En nuestro país no hay legislación relacionada con protocolos, no poseen una categoría jurídica y no tienen alcance legal para ser aplicados. Por otra parte, el Código Penal no permite que accionen las fuerzas de seguridad sin amparo judicial. A todo esto se suma que en las últimas marchas estuvieron interviniendo fuerzas de seguridad sin identificar, vestidos de civil, y el protocolo no menciona nada al respecto, de la misma manera que no dice si pueden usar armas de fuego o no. En concreto, todo es irregular, por eso, no es aplicable”. Por otro lado, recordó que las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional se manifestaron críticas del protocolo.

Frente a esta situación el diputado Sergio Abrevaya (GEN) ingresó en la Legislatura un proyecto con el que busca incluir la “obstrucción de la vía pública” como un delito contravencional. Las sanciones prevén entre 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o una multa de entre $200 y $1.000.

“El protocolo es un conjunto de medidas internas de la Policía, como un organigrama. Lo que nosotros proponemos es una ley y una prohibición concreta: uno o dos carriles libres en calles y avenidas donde haya transporte público. Y el texto combina derechos: libertad de manifestar sin interrupción del tránsito. Creemos que, con una ley en la mano, para la Policía va a ser mas sencillo controlar un piquete”, explicó. Según su visión, son tantos los cortes que pierden efecto porque “al gobierno deja de interesarle. En tanto muchos vecinos no entienden por qué es la protesta y finalmente la situación les genera un enorme rechazo”. En ese sentido, Abrevaya valora que, por ejemplo, la organización Barrios de Pie, en las últimas protestas, haya dejado carriles liberados: “Si el piquete no te complica la vida, es más fácil tener empatía”.

Durante años, el argumento del Gobierno local fue no disponer de policía propia para actuar en estos casos. Pero esa fuerza funciona desde enero de 2017. Habrá quien recuerde que, poco antes, el presidente Mauricio Macri le pidió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, frenar los piquetes.

Como había informado Clarín, hubo cruces dentro del macrismo por este tema: para funcionarios de Nación, el control depende de la Ciudad mientras que, según sus colegas porteños, el conjunto de reglas propuesta es inaplicable y los reclamos se dirigen, básicamente, hacia Nación.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño y la Policía de la Ciudad dijeron a Clarín off the record que trabajan “fuertísimo” en conjunto, que “hay menos cortes totales y que “se llegó a un acuerdo para que no se corte el Metrobus”.

Los agentes de policía porteños ya están. Queda por ver qué sucederá cuando, además, el Ejecutivo cuente con una ley.

Fuente: Clarin

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Publicado en Actualidad, CABA, Sergio Abrevaya