Inicio Foros COMUNICACIÓN ¿Qué pasó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

Este debate contiene 0 respuestas, tiene 1 mensaje y lo actualizó  Maria Florencia Andrada hace 4 años.

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    Maria Florencia Andrada
    Jefe de claves

    La sociedad en el medio

    Por Milton Damián Copparoni (1)

    La oposición política, el campo, Bergoglio y hasta un sector del sindicalismo fueron señalados en diferentes oportunidades como destituyentes, golpistas o enemigos del pueblo argentino por la retórica maniquea del gobierno peronista de los Kirchner; pero definitivamente Clarín fue el enemigo al que ese gobierno le dedicó más energías y recursos. La Ley de Medios es un claro ejemplo de cómo el kirchnerismo puso agendas progresistas al servicio de su proyecto autoritario. Tras el cambio de gobierno, la única noticia en este tema fue la puja entre el gobierno y la oposición por controlar el afsca como trinchera partidaria. La clave está en abandonar el análisis maniqueo y enriquecer el debate, para que retroceder no nos parezca un avance.

    Comprender la “ley de medios” (como se nombra popularmente a la ley de servicios de comunicación audiovisual), es imposible sin entender sus antecedentes, el contexto en el que fue sancionada, y la forma y finalidad con la que el gobierno peronista le dio aplicación. Este repaso debe servir para no caer en el mismo maniqueísmo que el gobierno anterior promovió en casi todos los temas que abordó.

    Del COMFER al AFSCA

    La ley 22.285, sancionada por el dictador Jorge Videla en 1980 establecía que el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión, organismo de aplicación de la ley) era integrado por miembros de las fuerzas armadas, de las fuerzas de inteligencia del Estado y representantes del empresariado. Además reconocía como límite de la libertad de expresión a los “asuntos de seguridad nacional”.
    La norma de Videla establecía a los medios de comunicación audiovisual como un servicio con fines de lucro, y no como un derecho humano, si lo vemos desde la óptica del derecho a la información consagrado por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado sólo podía participar en forma subsidiaria, en los ámbitos en los que no fuera rentable la prestación del servicio. Claramente aquella ilegítima disposición tenía la impronta de la época: fundamentalismo de mercado y totalitarismo político.

    Con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín fue el primero en intentar aprobar una nueva norma que democratizara el espectro radiofónico. La iniciativa, impulsada en el marco del Programa para la Consolidación de la Democracia, se encontró con la oposición de los principales medios del país (Clarín y La Nación) y no contó con el acompañamiento del peronismo, por lo que no prosperó.

    El gobierno peronista de Carlos Menem no sólo no avanzó en la democratización de los medios, sino que retrocedió, al privatizar los canales de televisión del Estado y permitir la concentración de medios. En aquella época, Clarín adquirió Canal 13 y Radio Mitre, fundó Multicanal y comenzó el camino de compra y fundación de medios de comunicación que lo terminaron convirtiendo en un conglomerado hegemónico en nuestro país. El gobierno de la Alianza también intentó, sin éxito, poner en discusión una nueva ley de medios.

    A pesar de lo que muchos eligen recordar, los gobiernos peronistas de la pareja Kirchner tuvieron una luna de miel inicial con el grupo Clarín. Tanto es así que en mayo de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner prorrogó mediante el decreto 527/05 todas las licencias de radio y televisión por 10 años más sobre los plazos que ya establecía la ley, permitiendo a los medios a los que se les otorgan licencia que obtengan los 15 años establecidos por la ley, más 10 años de renovación automática, más 10 años más establecidos por tal decreto. Es decir que un nuevo medio que obtenía una licencia podría explotar la frecuencia durante 35 años.

    A partir de esa medida, el grupo Clarín renovó el derecho a explotar la señal de Canal 13 hasta el año 2025 (ya que fue privatizada en 1990 por Menem), y Hadad la de canal 9 hasta 2019 (había sido privatizada en 1983 por la dictadura). Por aquellos tiempos a Kirchner no parecía preocuparle demasiado la concentración mediática del grupo Clarín, ni sus vínculos con la última dictadura.

    El conflicto del campo

    Pero el amor de Clarín con el gobierno no era más fuerte que el amor de Clarín con la Sociedad Rural y, en 2008, en oportunidad del conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno (2) Clarín realizó una cobertura claramente posicionada a favor de los productores agropecuarios.

    Fue entonces cuando el gobierno se enfrentó con el grupo clarín, acusándolo de mentir, tener prácticas de desinformación y manipulación mediática. Comenzó así un largo enfrentamiento entre el gobierno y la empresa más fuerte del país en materia comunicacional. A partir de entonces el kirchnerismo marcó una línea y separó periodistas oficialistas (militantes o populares) de periodistas opositores (destituyentes o desestabilizadores).

    678

    El lanzamiento del programa “6 por el 7 a las 8”, más conocido como “678”, fue el primer paso que el sector de empresarios e intelectuales alineados con el gobierno dieron en esta pelea. El programa, emitido por el canal de televisión público casi todos los días, consistía en un panel de intelectuales y periodistas que discutían sobre distintos informes editados en función de material de archivo televisivo. El proyecto le costó 150 millones de pesos al Estado en los 6 años que duró su transmisión, y funcionó como una fuente argumentativa de intelectuales orgánicos para bajar línea a los adherentes al gobierno, descalificar cualquier crítica y denostar a los opositores.

    Si bien el programa sirvió para desnudar las contradicciones e incoherencias de dirigentes políticos, antecedentes de empresas y empresarios (como ya lo hacían programas de archivo televisivo como TVR o PNP, pero con un enfoque político y en abierta defensa del gobierno nacional), finalmente se convirtió en una tribuna de defensores del gobierno y fue acusado de prácticas desinformativas, recortes maliciosos y descontextualizados y sectarismo oficialista a la hora de elegir a los invitados (lo mismo que criticaba a otros medios, pero en forma desembozada y a favor del gobierno).

    La agenda progresista

    Debilitado por el conflicto con el campo, y ante la inminente derrota electoral que sufriría en 2009 (donde el oficialismo cayó de 8.651.066 votos obtenidos en 2007 a 5.891.330 votos), el gobierno percibió el rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad y decidió salir a la disputa de los sectores urbanos y progresistas recogiendo varias iniciativas importantes para la agenda de la izquierda, muchas de ellas cajoneadas o ignoradas por el mismo oficialismo desde 2005 (cuando ya contaba con quórum propio). Algunas de ellas fueron la reestatización de Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF, el matrimonio igualitario, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, por supuesto, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sería una espada fundamental en su lucha contra Clarín por el control de las comunicaciones.

    El conflicto del campo le mostró al gobierno el protagonismo fundamental de los medios de comunicación en la disputa política, y que no podía depender de la voluntad del empresariado mediático para lograr el acompañamiento. El oficialismo se metió entonces en el terreno de las comunicaciones con el claro objetivo de hacerse del control de una buena porción del espectro comunicacional y debilitar a Clarín, a quien el kirchnerismo había convertido en el enemigo del pueblo argentino, el origen de todos los males.

    Fútbol Para Todos

    La primera medida del gobierno fue acordar con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino la televisación de los torneos de fútbol a través del sistema de televisión pública, asestando un duro golpe a los intereses del grupo Clarín, asociado por entonces con Torneos y Competencias para la televisación codificada de los espectáculos futbolísticos (por entonces, el contrato era por más de 70 millones de dólares, pero el gobierno duplicó esa suma).

    Lo paradójico del caso, es que, en nombre de democratizar los medios y acusando a Clarín de sus vínculos con la dictadura y de “secuestrar los goles”, el gobierno se asoció con Julio Grondona, quien había tenido claros vínculos con la última dictadura y desde entonces permanecía al frente de la AFA, además de que era objeto de múltiples acusaciones de manejos corruptos y autoritarios en la institución. Una vez más el pragmatismo del gobierno demostraba estar por encima de cualquier convicción ideológica que proclamara desde lo retórico.

    Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

    En el año 2004 el Foro Argentino de Radios Comunitarias convocó a sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, a conformar la Coalición por una Radiodifusión democrática, colectivo que produjo un documento que establecía los 21 puntos que debía contemplar una legislación democrática para esa actividad. Pero el gobierno (que ya contaba con mayoría automática en el Congreso) no atendió este reclamo hasta que su interés de poder se vio involucrado, una vez que el romance con el grupo Clarín se terminó.

    En agosto de 2009, luego de la derrota electoral del Frente Para la Victoria, el gobierno de Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto que recogía muchos de los puntos redactados por la Coalición, y que contaba con el polémico artículo 161 que establecía la caducidad de las licencias que el kirchnerismo había prorrogado unos años atrás, además de la obligación de desinvertir de los grupos concentrados de medios.

    Si bien la nueva norma fue sancionada después de una serie de foros organizados por el oficialismo en más de 18 distritos del país, al llevar la iniciativa al Congreso se promovieron una aprobación “a libro cerrado” denunciando que la oposición solo intentaba dilatar la discusión; mientras que gran parte de la oposición rechazó la actitud y se retiró del recinto (solo otorgaron quórum fuerzas menores como el socialismo y el juecismo).

    El texto de la ley

    Más allá de la discusión en torno a la forma de sanción y al oportunismo pragmático del gobierno, la norma tiene puntos positivos, muchos de ellos ya incluídos en el proyecto de Alfonsín.

    Para comenzar, la nueva ley es fruto de las instituciones de la república, y por lo pronto cuenta con más legitimidad que la anterior, dictada por un gobierno de facto; pone límites a la concentración de medios. reconoce a la comunicación como un derecho humano (por extensión del derecho a la información, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13), y no como un servicio con fines de lucro; elimina los límites a la libertad de expresión basados en asuntos de seguridad nacional y elimina la participación de militares, espías y empresarios del órgano de aplicación, estableciendo además el control parlamentario de su funcionamiento. Además otorga una participación igualitaria para medios estatales, medios con fines de lucro y medios de la sociedad civil sin fines de lucro. Abre la participación a entidades públicas y universidades. Reduce de 24 a 10 el máximo de licencias. Limita en cuotas de mercado y número las licencias de tv paga. Reduce de 15 años a 10 años las licencias de servicios de comunicación audiovisual.

    Por otra parte, hay aspectos criticables en la norma.

    El tercero de los 21 puntos de la Coalición por una radiodifusión democrática habla de “garantizar la independencia de los medios de comunicación” impidiendo “cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos”, así como también prohibir por ley “la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas”. Este punto claramente no fue recogido por la norma kirchnerista, que siguió distribuyendo con una discrecionalidad escandalosa y la clara intención de condicionar mediante premios y castigos económicos a los medios alineados con el gobierno. Lejos de garantizar la independencia, el gobierno promovió el control de los medios mediante la pauta oficial gracias al silencio de la norma.

    Este punto fue particularmente abordado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que declaró, por mayoría, la constitucionalidad de la norma. En ese documento, la Corte recomienda al Estado nacional evitar la asignación discrecional de la pauta oficial mediante “políticas públicas transparentes”.

    Según un análisis estadístico de Chequeado.com (3), en base a datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, los grupos Veintitrés, Telefe, Albavisión (Canal 9), Uno y La Página (Página 12), fueron las cinco empresas de medios que más fondos recibieron en el reparto de la pauta del Gobierno nacional entre el primer semestre de 2010 -primer año luego de la sanción de la LSCA- y el mismo período de 2012, la última estadística publicada. Se trata, en la mayoría de los casos, de medios con líneas editoriales afines al oficialismo. Una empresa periodística opositora a la gestión actual, como el Grupo Clarín, se encuentra en el octavo lugar del ranking entre los grupos que más publicidad recibieron, pero en ese período vio reducidos sus ingresos por pauta oficial en casi un 90 por ciento.

    El quinto punto del mismo documento, habla del pluralismo y la promoción de la diversidad como “objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión” y el punto 12 sostiene que “Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales” y agrega que el Estado debe garantizar “la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional”. Aquí tampoco fue recogida la propuesta de las organizaciones sociales, ya que los medios estatales fueron usados, como nunca antes, como herramientas de propaganda oficialista, llegando por momentos a confundir Estado con gobierno y gobierno con partido oficialista.

    Otro aspecto criticable de la norma fue la composición de las autoridades del organismo de aplicación, AFSCA, cuyo directorio de siete integrantes era fácilmente controlable por el partido de gobierno de turno (2 miembros designados por el poder ejecutivo, 3 miembros elegidos por la primer, segunda y tercer minoría parlamentaria y 2 miembros elegidos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual), desvirtuando la idea de un organismo autónomo y autárquico con desfasaje en su mandato respecto del poder ejecutivo nacional.

    Su implementación

    Más allá del texto, hay aspectos a considerar respecto a la implementación. Es indiscutible que creció la cantidad de medios sin fines de lucro y estatales, pero hay que analizar las denuncias de discrecionalidad y discriminación en el otorgamiento de licencias y de pauta publicitaria que mellan el principio libertad de expresión y equidad, contemplados en el artículo 2 de la norma aprobada.

    Pero la distribución de la pauta no es el único aspecto en el cual el gobierno ejerció una discriminación ilegal (contraria a lo establecido en la ley). En la adecuación a la ley el gobierno también mostró favoritismos y permitió, en diciembre de 2014, que Telefé y Telefónica de Argentina figuren como prestatarias separadas (2), cuando es sabido que ambas empresas son parte del mismo grupo, al pertenecer a Telefónica de España.

    La designación de un presidente que esté desfasado del mandato del poder ejecutivo nacional es una idea positiva solo si quien desempeña el puesto es, como lo establece la norma, una persona de alta calificación profesional en materia de comunicación social, con una reconocida trayectoria democrática republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes; todo lo que Sabatella demostró no ser, no solo por no contar con ningún diploma en la comunicación social, sino además porque se comportó como un opositor intransigente dispuesto a usar el organismo como una trinchera partidaria. La norma prevé un organismo autónomo y autárquico, es decir independiente, no un órgano en manos de la oposición.

    La nueva ley de medios era necesaria, una idea progresista de tener un sistema de servicios de comunicación audiovisual acorde a los valores de la democracia. Orientada por las recomendaciones de las organizaciones de periodistas y organizaciones sociales, implicó un texto claramente superador del anterior, aunque intencionalmente se ignoraron algunos puntos debido a la intención del gobierno de hacer de la norma un arma más para el control y disciplinamiento de voces.

    Hasta el momento, no ha dado los frutos que debiera, porque el gobierno descuidó sus aspectos positivos, empeñado en la aplicación de las normas que hacían a sus intereses políticos. Falta otorgar más licencias, promover más voces, producir más contenidos nacionales, extender el alcance del sistema a más rincones del país, devolverle a la norma los puntos que le fueron amputados, hacer su aplicación más coherente con su espíritu, y promover algunos debates que fueron eludidos, como el de la convergencia tecnológica.

    Del AFSCA al ENACOM

    La aplicación de la norma por parte del gobierno kirchnerista ha sido autoritaria, irresponsable y mal intencionada, pero eso no nos puede hacer creer que lo mejor es volver atrás, olvidándonos que casi la totalidad de la norma fue inspirada por la lucha de los profesionales y las organizaciones sociales.

    La medida adoptada por el gobierno actual, de modificar la ley por decreto (aun cuando fuera posteriormente ratificada por una Cámara del Congreso) sin el debate parlamentario y social que corresponde, tuvo más que ver con sacar a Sabatella y Berner del tablero político, que con solucionar los problemas de la norma, impulsar su efectiva aplicación o democratizar el espectro radiofónico. Los nuevos funcionarios son designados por el Poder Ejecutivo y los bloques parlamentarios, sin requisitos de antecedentes en el tema ni participación de organizaciones sociales vinculadas a ese campo.

    Por otra parte, la decisión desregula el servicio de televisión por cable, eliminado el tope de licencias y favoreciendo la concentración mediática, al tiempo que vuelve a permitir la transferencia y venta de licencias, desdibujando el margen de control de las prestatarias por parte del Estado.

    Es difícil olvidarnos tan rápido del enfrentamiento que contaminó una causa legítima, pero debemos recordar también que, más allá de esas pujas de poder, en el medio está la sociedad; una sociedad que necesita de los medios para informarse, expresarse y consolidar esta democracia.

    (1) Periodista, Técnico Universitario en Comunicación Social. Diplomado en Periodismo Político. Ex director del periódico radical “Intransigencia”.
    (2) En enero de 2008, el Ministerio de Economía de la Nación dictó la resolución 125/08 que establecía un sistema de retenciones móviles a la exportación de productos agropecuarios, lo que generó el rechazo del sector y un conflicto con cortes de ruta que puso al país al borde del desabastecimiento.
    (3)http://chequeado.com/ultimas-noticias/sabbatella-nada-de-eso-la-asignacion-discrecional-de-la-pauta-oficial-sucede-en-la-argentina/
    (4) La ley establece en su artículo 24, impide que las empresas extranjeras o prestatarias de servicios públicos sean titulares de medios audiovisuales en nuestro país

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