Inicio Foros INTERNACIONALES COLOMBIA: Perspectivas rumbo a un futuro incierto.

Este debate contiene 0 respuestas, tiene 1 mensaje y lo actualizó  Maria Florencia Andrada hace 3 años, 11 meses.

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    Maria Florencia Andrada
    Jefe de claves

    Por Carlos Pellegrini – Colombia.

    El pasado 26 de Septiembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño, alias ‘Timochenko’, sellaron un histórico acuerdo que intentó poner fin a 52 años de guerra, el conflicto armado-insurgente más prolongado en el hemisferio. Sin embargo, ese intento no resistió el paso por las urnas este domingo donde, mediante un plebiscito y con más del 60% de ausentismo, el 50,2% de los votantes le dijo “NO” a la paz y esta opción triunfó por menos de medio punto porcentual sobre la que ratificaba el compromiso firmado la semana pasada.

    Colombia es una de los pocos países en las cuales sobrevivió el proyecto guerrillero que se abrió con la Revolución Cubana más allá de los años ochenta. Hoy, en el siglo XXI, parecería extemporánea la continuación del conflicto pero las causas de su persistencia son las mismas raíces que le dieron origen y que continúan irresueltas: el acceso a la tierra y a un sistema político democrático por parte de la enorme masa campesina. Agravado esto en las últimas décadas, en que la acción armada guerrillera perdió buena parte de su aprobación social, por la ausencia de una propuesta de paz que garantice la plena reinserción de los insurgentes y sus bases sociales en la economía y la política colombiana de forma pacífica, democrática y duradera. Los intentos pasados fueron truncados como el de 1990, cuando se produjo el bombardeo de la sede central del Secretariado de las FARC en pleno proceso de paz, o como durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) cuando los “diálogos del Caguan” no fueron acompañados de una tregua bilateral y cada enfrentamiento por fuera del área de acuerdo debilitó la mesa de diálogos a la par que el gobierno iniciaba un plan de fortalecimiento del aparato militar con financiación y auspicio de EE.UU. conocido como “Plan Colombia”. Luego vendrán los largos años de Uribe y su estrategia de “combate total” que acabará en fracaso total y miles de muertos más en el conflicto. Ayer Colombia se encontró ante una nueva disyuntiva histórica y rehusó querer elegir resolverla de una vez por todas por la vía de la paz, tal como lo demuestra el resultado del referéndum. Lo más doloroso, es que tal iniciativa fue realizada dentro de los marcos democrático–constitucionales.

    El acuerdo, a lo largo de sus 297 páginas, recorría los puntos esenciales para encauzar un proceso transicional en toda su plenitud, abordando temas tales como el desarrollo agrario y rural, la participación política, los cultivos ilícitos y la “cuestión de las víctimas”. Veamos sucintamente algunos puntos:

    • a. La entrega de las armas y la desmovilización de las fuerzas insurgentes en un plazo de 180 días como punto de partida del proceso. Estará supervisada por una misión especial de la ONU y otros organismos internacionales.
    • b. En lo relativo a la cuestión agraria, que fue un componente central en el inicio del conflicto hace ya más de medio siglo, se contempla la creación del Fondo de Tierras para lograr la “democratización” del campo colombiano en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
    • c. Otro elemento importante es la reconversión de los cultivos ilícitos a partir de tareas de planeamiento, capacitación y asesoramiento estatal, a fin de trabajar en la reinserción dentro de los cauces de la economía legal de los cultivadores que hoy encuentran su sustento económico en esas actividades ilegales.
    • d. En cuanto a la participación política, prevé la plena reintegración de las FARC, una vez desmovilizadas, en el sistema político de partidos con las suficientes garantías de seguridad para sus miembros y de ejercicio de las libertades políticas.
    • e. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias han aceptado concluir cualquier relación que, sirviendo a los fines de la insurrección armada, se hubiere establecido con el narcotráfico y otras organizaciones del crimen organizado.
    • f. En lo relativo a las víctimas, se contempla la creación de una jurisdicción especial encargada de esclarecer y sancionar las graves violaciones de los Derechos Humanos bajo los criterios de la Justicia Transicional.

    Desde luego, el pacto implicaba un frágil sistema de concesiones mutuas y distaba de ser acabadamente “perfecto” para cada una de las partes: la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar el sistema político injusto y corrupto fue dejada a un lado, representando un golpe para la izquierda; a las FARC se le garantizaban diez escaños en el Parlamento por los próximos dos períodos legislativos aunque no llegue al número de votos necesarios para ello, lo que significaba un revés para la derecha; el paramilitarismo de derecha y los cuadros medios e inferiores de la guerrilla no hubiesen podido ser juzgados… Es precisamente en esa cualidad de “imperfección mutua” donde radicaba la importancia de su firma, el compromiso de llevarlo a la práctica y su potencialidad para resolver un conflicto de tan larga data. No es casualidad sino necesidad que los actores involucrados sean un político de derecha y exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, yun ex estudiante de la Universidad Soviética de Moscú con ampliación de estudios en Cuba y entrenamiento militar en Yugoslavia, el Comandante en Jefe ‘Timochenko’. Cada uno de ellos tuvo que –y tendrá aún– que hacer un enorme esfuerzo al interior de sus grupos políticos para cerrar filas en torno a los compromisos por la paz.

    El punto relativo al tratamiento de las violaciones de Derechos Humanos es, quizá por la perspectiva argentina de la mirada del proceso, uno de los más importantes para pensar el éxito de cualquier avance en el proceso de paz en el largo plazo, y más aún luego del revés sufrido ayer. Después de doscientos setenta mil muertos y ocho millones de víctimas a causa del conflicto armado, entre los que se incluyen casi sesenta mil desaparecidos y siete millones de desplazados internos, la construcción de la paz no parece ser posible si no es ligado a la Justicia Transicional. Tal noción remite a la segunda post-guerra para dar cuenta del proceso de juzgamiento de los altos responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y a partir de las décadas del ´80 y ´90 adquirió mayor relevancia internacional y profundidad teórica como consecuencia de la recuperación democrática en América Latina y el genocidio en Ruanda. Es importante resaltar que la justicia transicional no es un tipo especial de justicia, sino una forma de aplicar la justicia ordinaria en contextos extraordinarios. Sus principios rectores son:(a)la búsqueda irrestricta de la verdad;(b) la aplicación de justicia contra los responsables; (c) la puesta en práctica de medidas de reparación materiales y simbólicas para las víctimas;(d) y la aplicación de reformas institucionales para democratizar el estado y constituir una garantía de no repetición.

    Es menester señalar que, por el propio contexto en que surge, la justicia transicional enfrenta una tensión interna irreductible (ejercicio de justicia ordinaria/situación extraordinaria de aplicabilidad) que provoca que las presiones para la ejecución de la justicia ordinaria resulten necesariamente insatisfechas. El escenario para quienes levantan las banderas de la anti-impunidad, por menos honestas y sinceras que sean, está abierto.

    Y así fue en Colombia. Mientras víctimas como Íngrid Betancourt y eminentes referentes de los Derechos Humanos y la Paz del mundo llamaban a votar por el “SI” y esta opción se impuso en las urnas en las regiones más castigadas por el conflicto, fue la derecha la que más se refugió en la consigna “no a la impunidad”. En un lema que aquí no arremete contra los excesos en el accionar del Estado en el conflicto, ni al quehacer ilegal de los grupos paramilitares de derecha, sino contra la cláusula del acuerdo que amnistiaba a los cuadros medios e inferiores de las FARC y creaba tribunales especiales de justicia transicional para los altos dirigentes guerrilleros. Son quienes llamaron a votar por el “NO” en el plebiscito embanderados tras el ex presidente Álvaro Uribe y plantean una “victoria total” sobre las FARC, recordado a la “pacificación del territorio nacional” intentada por el también conservador Guillermo León Valencia en la década de los sesenta que fue planteada como una forma de cerrar de una vez por todas el capítulo de la violencia política y que sólo trajo décadas más de conflicto. Más allá de esconderse tras las banderas de la presunta “impunidad al terrorismo” que implicaría el acuerdo, las objeciones de estos sectores son más profundas: la derecha colombiana, que en sus diversas variantes ha monopolizado los resortes del Estado desde acuerdo bipartidista de 1958 que dio origen al Frente Nacional (liberales y conservadores), se aterroriza con el ingreso de unas FARC desmovilizadas en la arena política-institucional y teme perder su hegemonía en el mediano plazo. Por ello intentó e intenta boicotear el acuerdo, aun cuando éste le podría ser servil para asegurar sus negocios al revestir al país con la tan anhelada “seguridad para las inversiones”.

    El fantasma del M-19 aún está flotando en la memoria de la derecha colombiana. Este movimiento guerrillero surgido a raíz del fraude de las elecciones presidenciales de 1970 comenzó su desmovilización y entrega de armas en el proceso de paz de 1990 cuando su exigencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución (la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales ni daba espacio de representación a las minorías) fue aceptada. En las elecciones de convencionales constituyentes obtuvo el segundo lugar, obteniendo el 27% de los escaños, menos de diez puntos porcentuales que los obtenidos por el Partido Liberal Colombiano, y en su debut electoral para las presidenciales obtuvo un tercer lugar, en lo que representó un duro golpe para la derecha en lo que respecta a su monopolio político del Estado. La consecuencia de ello fue el asesinato de Carlos Pizarro, candidato a la Presidencia de Colombia del partido de la guerrilla desmovilizada “Alianza Democrática M19”, en un episodio que encierra vinculaciones con el servicio secreto del estado y el fin de la reinserción de los insurgentes en el sistema político.

    El triunfo del “NO” este domingo ha significado el quebranto de un camino transicional, pero no todo está perdido. El presidente Santos, ha asegurado que el cese bilateral del fuego seguirá vigente y se intentará buscar una salida alternativa al conflicto. En el ínterin, el principal desafío del pueblo colombiano será entender la justicia como una función reparativa y constructiva, no como un instrumento de venganza. Si logran superar este escollo, la transición hacia la paz retornará a senderos seguros. Es evidente que de haberse refrendado, el acuerdo no hubiera sido garantía por sí solo para avanzar en las transformaciones sociales necesarias en el camino de la paz. Es por ello que conviene referirse a él como una oportunidad, una posibilidad. Si se hubiera impuesto el «SI» la paz habría sido un proceso trabajoso y de largo plazo. Pero siempre habríamos estado más cerca del futuro pacífico que con el resultado que arroja ahora el triunfo del «NO».A pesar del fracaso del domingo, la historia no puede repetirse en Colombia nuevamente en lo que respecta al cese del dialogo, el entendimiento y el acuerdo: la paz y la transición debe ser el camino a transitar. El precio de lo contrario sería impagable en sangre de vidas humanas regada en la tierra y en la dignidad del hombre en ese país.

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